Carlos Leal Coronado

Expediente 313/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
313/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Leal Coronado

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. SE DECLARA FIRME RESOLUCIÓN. Como transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se impugnara la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse los registros condignos en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DISPOSICIONES ACERCA DEL DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, (1) archívese este expediente; asimismo, con apoyo en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es (2) destruible porque se sobreseyó en el juicio de amparo; y, de conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo referido, este asunto (3) no es de relevancia documental. De lo anterior, (4) háganse las anotaciones respectivas en la carátula del cuaderno...II

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 313/2021-II, promovido por Carlos Leal Colorado, ante Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con el secretario Francisco Alberto García Ramírez, sin la asistencia personal de las partes o de persona alguna que las represente; situación que no les depara perjuicio, ya que si bien, de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; a fin no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente la celebración de la presente de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en la presente audiencia, el presente asunto no está referido a ninguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o en el artículo 22 constitucional, en los que los alegatos pueden hacerse de manera verbal, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución. Habida cuenta que el artículo 5, fracción III, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, establece que las audiencias constitucionales puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Por lo que, se declara abierta la audiencia. Relación de constancias y pruebas. Acto seguido, la secretaria hace una relación de las constancias destacadas de autos entre las que se encuentran el escrito de demanda e informe justificado. La suscrita acordó: ténganse por relacionadas las constancias de este juicio para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el período probatorio. Se tienen como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Se cierra el período. Etapa de alegatos. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. La jueza cierra este periodo. Acto continuo, procede a dictar la siguiente resolución. SENTENCIA. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 313/2021-II, promovido por Carlos Leal Colorado contra una omisión de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y su presidente. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERA. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, porque la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 1199/2018. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, es presuntivamente cierto el acto reclamado, ya que la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y su presidente fueron omisos en rendir su informe justificado, a pesar de que fueron debidamente notificados de los oficios 2242-1 y 2242-2, mediante los cuales se les requirió para tal efecto, como se advierte de la constancia que corre agregada a fojas 14 de autos. CUARTA. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegaron causas de improcedencia, ni la suscrita advierte que se actualice alguna. Por ello, se procede al análisis de los conceptos de violación que se expresan, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia deje a la quejosa en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTA. Examen constitucional del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación. En ellos, el quejoso aduce que la junta responsable viola su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, debido a que ha omitido dictar laudo en el expediente 1199/2018. Esas alegaciones carecen de sustento, porque el quejoso no allegó al sumario elemento de convicción alguno con el cual demuestre sus afirmaciones y, por consecuencia, que la orden de privación de libertad reclamada sea inconstitucional. En efecto, el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 117. (.) III. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. (.) El precepto legal transcrito establece un principio de distribución probatoria en el juicio de amparo, conforme al cual, en aquellos supuestos en que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado, la carga procesal de acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso, siempre y cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo. Cabe señalar que un acto de autoridad es violatorio de garantías en sí mismo, cuando la Constitución Federal prohíba la realización del acto impugnado o no prevea la facultad de la autoridad para emitirlo o bien, cuando por su propia naturaleza sea contrario a los cánones constitucionales. En cambio, el acto reclamado no será violatorio de garantías en sí mismo, cuando pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto. Ahora, como ya se dijo, el acto reclamado en el presente juicio de garantías, consiste en la omisión a dictar el laudo correspondiente. De tal manera, conforme al principio de distribución probatoria establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso la carga de acreditar la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, pues la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su presidente, fueron omisos en rendir su informe justificado, a pesar de haber sido legalmente notificados de los oficios por medio del cual se les requirió para tal efecto. Sin embargo, el promovente del amparo omitió allegar al sumario medio de convicción alguno tendente a acreditar la inconstitucionalidad de la orden de privación de la libertad reclamada, lo que impide pronunciarse sobre el particular. Cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la suplencia de la queja en materia laboral, ello no significa que el juez de distrito tenga la obligación de recabar pruebas de oficio o bien, de liberar al quejoso de la carga de solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional, con la finalidad de aportar las pruebas que estime convenientes para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 del cuerpo de leyes en mención. Además, no debe perderse de vista que ninguna disposición de la Ley de Amparo constriñe a esta resolutora federal para emplear medios de apremio y obligar de alguna manera a la autoridad responsable a que rinda su informe justificado, acompañando necesariamente las constancias indispensables para resolver el asunto, ya que de lo contrario no tendría aplicación el párrafo tercero, del artículo 117, de dicho ordenamiento, que establece la presunción de ser cierto el acto reclamado cuando la responsable no rinda su informe en términos de ley. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 1a./J. 4/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página 13, Octava Época, que a la letra establece: "INFORME JUSTIFICADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO PARA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si bien es cierto que el artículo 78 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme al tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo." Entonces, el quejoso no quedó liberado de la carga procesal de aportar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del acto reclamado, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 121 de la Ley de Amparo previene que para efecto de que las partes pueden rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, las autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que le solicitaren, y si se negaren a hacerlo o no cumplieren con la debida oportunidad, la parte interesada solicitará al juez de distrito requiera a los omisos. En consecuencia, al no ser inconstitucional en sí misma la omisión reclamada, corresponde al quejoso la carga de aportar las pruebas necesarias para demostrar los hechos que, a su juicio, demuestran la inconstitucionalidad de ese acto. Por tanto, si no allegó medio de convicción alguno, esa omisión hace infundados sus motivos de inconformidad, ante la ausencia de constancias que demuestren las violaciones alegadas. Esta manera de resolver encuentra apoyo en la jurisprudencia VI. 1o. J/43 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 363, Octava Época, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "INFORME JUSTIFICADO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE RENDIRLO, DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO ESTE NO LO SEA EN SI MISMO. Cuando la autoridad responsable, a pesar de habérsele solicitado el informe justificado con la oportunidad debida para la celebración de la audiencia constitucional, omite rendirlo, y el acto reclamado no es violatorio de garantías en sí mismo, el quejoso está obligado a aportar las pruebas conducentes para demostrar su inconstitucionalidad, de manera que al no hacerlo así, debe fallarse en su perjuicio". En las relatadas condiciones, siendo infundados los conceptos de violación y no advirtiéndose motivo por el cual deba suplirse la queja deficiente, procede negar la protección federal solicitada contra la omisión a dictar el laudo en el expediente 1199/2018, por las razones expuestas en este considerando. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Leal Colorado, en contra de las autoridades y por los actos que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero de esta determinación

  3. Principal

    Previo CITATORIO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el(la) auto/resolución de 22 de MARZO de 2021, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. INFORMA REQUERIMIENTO. Agréguense los oficios y anexo de cuenta. Se tiene al Director Jurídico informando que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo ordenó, a la Directora de Normatividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA CON EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Se tiene a la Directora de Normatividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, remitiendo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada del acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno en el que se ordenó el archivo definitivo del expediente STPS-3.1*1S.2/0498/2020-2020, así como cédula de notificación realizada a Hamke Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tales constancias dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Bajo el apercibimiento de que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá lo concerniente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable...I

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