Carlos Jorge Mendez Cardenas
Expediente 605/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 02/08/2022
Partes del expediente
- Carlos Jorge Mendez Cardenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veinte de junio del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del acuerdo citado, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el original del presente expediente y del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede de lo que se advierte que feneció el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de dieciséis de mayo del año en curso, para que recogiera, acreditara haber entregado los edictos para su publicación y exhibiera el pago que amparara lo anterior; sin que a la fecha aconteciera. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de dieciséis de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b, 5°, fracción III, inciso b, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II.-El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Por su parte, el artículo 27, fracción III, inciso b, de la legislación de la materia establece: "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b).- Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se proporcione en que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último señalado para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." A su vez, el ordinal 5°, fracción III, inciso b, del mismo ordenamiento legal dispone: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b).- La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agravio o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. [.]." De dichos preceptos se colige que en los juicios de amparo, en caso de no poder realizarse el emplazamiento al tercero interesado en forma personal, el mismo se practicará por edictos a costa del quejoso, para lo cual se pondrán a su disposición los ejemplares correspondientes para que los recoja y publique en el Diario Oficial de la Federación y en el de mayor circulación de la República Mexicana. En caso de que el inconforme no acredite haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el procedimiento constitucional. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Y, es que las determinaciones que se adoptan en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, de ahí que la falta de su emplazamiento al presente asunto es atribuible al quejoso por la falta de publicación de los edictos y, por ende, torna improcedente el presente asunto pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la contienda a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, -a costa de la parte quejosa-, para lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada en cuestión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las nueve horas de esta fecha.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de la fecha como se determinó en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós; sin embargo, del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que aún no ha comenzado a transcurrir el plazo de veinte días concedido el dieciséis de mayo del presente año, al quejoso Carlos Jorge Méndez Cárdenas, para que acredite haber entregado los edictos correspondientes para lograr la localización de la tercera interesada Elba García Reynoso, para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior. En consecuencia, a fin de integrar correctamente el presente juicio, la audiencia constitucional se difiere y, se fijan las nueve horas del veinte de junio de dos mil veintidós, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibida la comunicación oficial de cuenta, registrada bajo el exhorto 248/2022-IV, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, formada con motivo del diverso 140/2022-I (número de orden 140/2022) de la estadística de este órgano jurisdiccional, mediante la cual, se encomendó emplazar a juicio, correr traslado con copia simple de la demanda, del auto admisorio y del auto de cuatro de febrero del año en curso, y requerir en los términos solicitados a la tercera interesada Elba García Reynoso. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación; se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista la totalidad de constancias que integran la comunicación de referencia, se aprecia que respecto del domicilio ubicado en Avenida de la Hacienda, número 130, Colonia Club de Golf la Hacienda, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, código postal 52959, obra una razón de imposibilidad de notificación, de once de mayo pasado, elaborada por el actuario judicial escrito a dicho órgano jurisdiccional, en la que refiere que al constituirse en el referido domicilio y cerciorada de ser el domicilio buscado, una persona del sexo masculino de quien refiere su media filiación, quien dijo ser residente del inmueble, a quien informó el motivo de sus visita, y manifestó: "el domicilio que refiere es éste, sin embargo aquí ya no vive la persona que busca". Luego, por cuanto al domicilio ubicado en Avenida Jinetes, 24, colonia Arboledas, Tlalnepantla, Estado de México, fue atendido por una persona del sexo femenino de quien refiere su media filiación, quien dijo ser residente del inmueble, a quien informó el motivo de sus visita, y manifestó: "el domicilio que refiere es éste, sin embargo aquí no vive ni trabaja la persona que busca". En ese sentido, y visto el estado que guardan los autos del presente juicio, es de precisarse que mediante auto de uno de abril del presente año, se requirió al quejoso a efecto de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercera interesada Elba García Reynoso. Luego, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, a fin de agotar las medidas de localización de la víctima referida y otros, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se requirió a las siguientes autoridades: 1. Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Valle de México Sur Zona Toluca. 2. Secretaría de Relaciones Exteriores en Toluca, Estado de México. 3. Secretaría de Finanzas en Toluca, Estado de México. 4. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 5. Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. 6. Director General del Instituto de la Función Registral del Gobierno del Estado de México. 7. Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de México "1", con sede en México (denominación actual y correcta). 8. Instituto Nacional Electoral, Delegación Estado de México. Para que investigaran en su base de datos el domicilio actual de la tercera interesada Elba García Reynoso, y comunicaran a este Juzgado de Distrito el resultado de dicha investigación; circunstancia que en su totalidad se desglosó en auto de veintisiete de abril del año en curso, y se ordenó emplazar a juicio a la citada Elba García Reynoso, en los domicilios que fueron proporcionados por dichas autoridades, esto es: 1.-Domicilio, Avenida de la Hacienda, número 130, Colonia Club de Golf la Hacienda, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, código postal 52959. 2.- Domicilio: Avenida Jinetes, 24, colonia Arboledas, Tlalnepantla, Estado de México. De lo cual, se libró atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionara a uno de los fedatarios de sus adscripción, a efecto de que se constituyera en los domicilios indicados y de acuerdo a los antecedentes de la demanda, se cercioraran de entrevistarse con la buscada, y de ser el caso, emplazara al presente juicio a Elba García Reynoso, en los domicilios proporcionados, respectivamente. De lo anterior, como se advierte de la recepción de la comunicación oficial de cuenta, y de la razón elaborada por el actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se evidencia la imposibilidad que tuvo para practicar la encomienda solicitada, misma que se describió en párrafos que anteceden. En esa tesitura, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este Juzgado de Distrito ha agotado los medios necesarios para lograr la localización de la tercera interesada Elba García Reynoso; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, y en aras de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena su emplazamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa. Por tanto, de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, se hará saber a la citada tercera interesada que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, la instauración de este juicio, así como el derecho que tiene de apersonarse al mismo si a sus intereses conviniere, requiriéndola para que señale domicilio en esta ciudad de Toluca, Estado de México para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto haga lo propio y déjese a su disposición copia de la demanda de amparo en la Secretaría I de este Juzgado de Distrito y del auto admisorio, haciendo de su conocimiento en el acto que comparezca a juicio la hora y fecha que se encuentre señalada para la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 38/2017 (10a.), publicada en la página 714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro y contenido son: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." Asimismo, la jurisprudencia P./J.22/2015 (10a), Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, Décima Época, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Además la jurisprudencia P./J.23/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo tanto, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se dejan a disposición del quejoso Carlos Jorge Méndez Cárdenas, los edictos, en el local que ocupa este juzgado, para que se presente a recogerlos; asimismo, se le requiere, para que dentro del plazo de veinte días computado legalmente, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior; apercibido que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en este juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), publicada en la página 1859, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." De igual forma, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), localizable en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo."
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