CARLOS JIMÉNEZ DE LOS SANTOS y Otros.
Expediente 1055/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- CARLOS JIMÉNEZ DE LOS SANTOS y Otros.
- Carlos Jiménez de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II MESA III APRAL. 1055/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: .En las relatadas consideraciones, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que en observancia al citado numeral, en relación con el diverso 945 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: El Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, deberá remitir de inmediato el oficio que ordenó enviar en auto siete de septiembre de dos veinte, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de requerir el informe solicitado por la parte actora, o en su caso, emita las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento del laudo, dictado en el juicio laboral ****/2014 (4) de su registro. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio número 8816 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, remitió copia con firmas autógrafas del auto dictado el treinta de noviembre siguiente, así como del oficio número 8817 dirigido a la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Documental por la cual la responsable requirió a dicha Comisión a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, le brindará la información que le fue solicitada respecto a la cuenta bancaria que tiene aperturada la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, a fin de conocer el estatus de la misma. Información que volvió a requerir mediante oficio 195 de catorce de febrero de dos mil veintidós, y que a través de diversas gestiones realizadas por la responsable, fue nuevamente recibido mediante el diverso oficio número 1045 de uno de julio de dos mil veintidós, por el Gerente de la Institución Bancaria Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander. Luego, mediante oficio ****de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, remitió copia con firmas autógrafas del proveído de diecisiete de octubre de ese año, emitido en el expediente laboral ****/2014, de cuya lectura se desprende que nuevamente giró oficio al ****** a fin de que dicha institución bancaria le diera respuesta a lo solicitado en el diverso oficio 195 de catorce de febrero de esta anualidad, al cual le adjuntó copia certificada del correo electrónico remitido por esa Junta a la Especialista adscrita a la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, apercibiéndola que en caso de no cumplir le haría efectivo el medio de apremio consistente en una multa equivalente a quince veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte comunicó que instruyó al actuario adscrito a dicha Junta para que en compañía de la parte actora dentro del juicio laboral de origen, se constituyera en el domicilio de la demandada y en formal diligencia le requiriera el pago por la cantidad de *****, o en su defecto le embargara bienes exclusivos de su propiedad suficientes para garantizar la condena decretada, levantando el acta correspondiente a dicha diligencia. En seguimiento a ello, mediante oficio 292 de veinticuatro de enero del presente año, la responsable Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, adjuntó copia con firmas autógrafas de la diligencia de fecha dieciocho de enero del presente año, relativa a la ratificación del convenio y pago celebrado entre el actor y aquí quejoso ******, con la demandada Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca", por conducto de su apoderado legal, de cuya lectura íntegra se desprende que la Junta responsable aprobó el convenio que celebraron dichas partes, con lo cual tuvieron por cumplida la condena decretada dentro del juicio laboral ****/2014 (4), de su estadística. Ahora bien, dado que en dicha diligencia el aquí quejoso solicitó el plazo de tres días para manifestar lo que a sus intereses conviniera, una vez que obtuviera el cobro del pago obtenido a su favor, por tanto, se requirió a la autoridad responsable para que informara si el actor dentro del juicio laboral ****/2014 (4), de su estadística realizó manifestación alguna o bien informara el estado que guarda dicho asunto, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda en el presente asunto. Finalmente por diverso oficio ****de veinte de abril del presente año, la responsable remitió copia con firmas autógrafas del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, del que se conoce que ordenó el archivo del expediente laboral *****/2014 (4) de su estadística, como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia jurídica para su prosecución, en virtud del convenio celebrado por las partes. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que la autoridad responsable remitió el oficio que ordenó enviar en auto siete de septiembre de dos veinte, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de requerir el informe solicitado por la parte actora, y además emitió las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento del laudo, dictado en el juicio laboral *****/2014 (4) de su registro. Y si bien, de lo antes expuesto, se advierte que el conflicto de índole laboral se terminó con motivo del convenio que celebraron las partes, lo trascendental es que se dio cabal cumplimiento al laudo en sus términos. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
SECCIÓN II MESA III A PRAL. 1055/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso registro 1105 córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos Vistos los autos, se advierte que por acuerdo de siete de marzo del presente año, se requirió la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que informará si el quejoso *** dentro del juicio laboral ***/2014 (4), de su estadística, realizó manifestación respecto al cobro del pago obtenido a su favor o en su caso informará el estado que guarda dicho asunto, lo anterior a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda en el presente juicio de amparo, sin que hubiere comunicado lo relativo, pese a que quedó debidamente notificado el nueve de marzo siguiente. Se requiere cumplimiento Bajo ese contexto, de conformidad con el ordinal 192 de la ley de la materia mediante oficio, requiérase a la autoridad responsable Lic. Carmen López Montesinos -dato obtenido del informe justificado rendido en autos-, Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, cumpla con dicho requerimiento y remita la constancia respectiva. Precisándole que los efectos del fallo: ".En las relatadas consideraciones, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que en observancia al citado numeral, en relación con el diverso 945 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: El Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, deberá remitir de inmediato el oficio que ordenó enviar en auto siete de septiembre de dos veinte, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de requerir el informe solicitado por la parte actora, o en su caso, emita las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento del laudo, dictado en el juicio laboral 316/2014 (4) de su registro." La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Precisión sobre superior jerárquico No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostenta en la actualidad, lo informe mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibimiento Se le apercibe a la autoridad responsable que de incumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le hará efectiva una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. Requerimiento a parte quejosa Bajo ese mismo contexto, de conformidad a lo establecido en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2º, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste si con motivo de la diligencia de fecha dieciocho de enero del presente año, celebrada dentro del juicio laboral 316/2014 (4), del índice de la Junta responsable, está conforme con el cobro del pago obtenido a su favor por la condena decretada dentro de dicho juicio laboral, ello a fin de acordar lo que conforme a derecho procede en este asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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