Carlos Jesús Vargas Vallejo
Expediente 525/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Carlos Jesús Vargas Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, así como el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, una vez que se cuente con las constancias de notificación relativas a este acuerdo, devuélvanse los autos al área de proyecto a fin de que se emita la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese; y por lista a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, anexo al cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 148/2018 de su índice; estese a lo resuelto por el Tribunal Auxiliar que determinó: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************, contra el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, reclamado Congreso de la Unión y Presidente de la República, respectivamente. (.)" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones respectivas y hágase del conocimiento a las partes. De igual manera, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia al cuaderno principal en que se actúa. Ahora bien, atento a lo anterior y al estado procesal de los autos de los que se advierte que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia tres de noviembre de dos mil dieciséis, reservando acordar lo conducente al cumplimiento de la misma una vez que se tuviera conocimiento de la resolución que a bien tuviera emitir el Órgano Colegido revisor, situación que ya aconteció, en consecuencia se provee: ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, a efecto de atender lo resuelto por este Juzgado de Distrito, es necesario precisar lo siguiente: En la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección a *************; en para los efectos siguientes: "(.) TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. NOTIFÍQUESE, EN TÉRMINOS DE LEY." De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en su calidad de autoridad responsable vinculada al cumplimiento, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: REGISTRO OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN JUICIO DE AMPARO QUEJOSO 7670/2015 3703/2015********** 7683/2015 3709/2015********** 7807/2015 3771/2015********* 7835/2015 3785/2015********* 8011/2015 3874/2015*********** 9269/2015 4495/2015********** 9272/2015 4496/2015********** 9274/2015 4497/2015*********** 9276/2015 4498/2015*********** 9277/2015 4499/2015********* 9281/2015 4501/2015********* 9286/2015 4503/2015********** 9290/2015 4505/2015*********** 9304/2015 4511/2015*********** 9310/2015 4514/2015********** 9315/2015 4517/2015********** 9324/2015 4522/2015********* 9327/2015 4523/2015******** 9329/2015 4524/2015********** 9689/2015 4702/2015********** 9692/2015 4704/2015*********** 9695/2015 4705/2015*********** 9697/2015 4706/2015********* 9698/2015 4707/2015********** 9700/2015 4708/2015********** 9705/2015 4711/2015********** 10157/2015 4935/2015********* SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítaseles copia de la ejecutoria enviada por el tribunal Colegiado oficiante, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1.- La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. JUICIO DE AMPARO QUEJOSA RFC 3703/2015********** 3709/2015*********** 3771/2015********* 3785/2015*********** 3874/2015************ 4495/2015********** 4496/2015*********** 4497/2015************ 4498/2015********** 4499/2015*********** 4501/2015********** 4503/2015*********** 4505/2015*********** 4511/2015*********** 4514/2015*********** 4517/2015*********** 4522/2015********** 4523/2015********* 4524/2015********* 4702/2015********** 4704/2015*********** 4705/2015********* 4706/2015*********** 4707/2015********* 4708/2015********** 4711/2015********** 4935/2015********** Finalmente, atento al estado actual de los autos, se levanta la reserva decretada en proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo que una vez que la autoridad vinculada al cumplimiento dé cumplimiento al requerimiento aquí formulado, se tomará en consideración lo informado por la misma, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19 y, que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 7/2022 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Agréguese a los autos el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 3072/2014 y el toca relativo al amparo en revisión administrativo 237/2017 del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, del que deriva el cuaderno auxiliar 229/2018 del índice del órgano colegiado citado en primer término. Acúsese recibo. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar, que en el expediente auxiliar 229/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, derivado del amparo en revisión 237/2017 del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 3072/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, en los términos precisados en el penúltimo considerando de la presente ejecutoria. TERCERO. Se declaran sin materia los recursos de revisión adhesiva interpuestos por el Presidente de la República, por conducto de la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos y por el Jefe de Servicio de Administración Tributaria, a través del Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "3" de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (.)" Realícense las anotaciones respectivas y glósense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Asimismo, debido a que el Tribunal Colegiado oficiante, envía testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cual se encuentra glosado en el toca relativo al amparo en revisión 237/2017, de conformidad con el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de la ejecutoria para que obre agregada en autos. Ahora bien, resulta necesario señalar que el efecto que la Superioridad determinó al revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, es el siguiente: "(.) CUARTO. Reposición del procedimiento. Resulta innecesario analizar las consideraciones que sustentan el fallo recurrido y los agravios que en su contra se formulan, toda vez que, de oficio, se advierte, por una parte, que carece de eficacia jurídica la firma electrónica que se acompañó a la resolución recurrida, por lo que no es apta para demostrar el consentimiento de los funcionarios que participaron en su emisión y , por otra, al haberse emitido en un cuaderno de carios o genérico, no es dable considerar que dicha resolución refleja la decisión jurisdiccional del caso concreto, por lo que tampoco puede considerarse como una sentencia válida y, por ende, procede decretar su revocación y ordenar la reposición del procedimiento. (.) Con base en los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que la resolución recurrida carece de validez, pues la emisión de una sentencia genérica en un expediente genérico que se formó para resolver diversos juicios de amparo de una temática similar, sin observar las reglas previstas en la Ley de Amparo para el trámite de la acumulación, no puede considerarse como la sentencia que refleja la decisión del órgano jurisdiccional sobre el caso concreto. (.) En las relatadas consideraciones, como la determinación sujeta a revisión carece del consentimiento individual de los funcionarios que participaron en ella y fue emitida de manera genérica en un cuaderno distinto al expediente de amparo este Tribunal se encuentra impedido para reasumir jurisdicción al no existir un pronunciamiento válido en primera instancia, por ende, procede revocar la recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que una vez subsanada la irregularidad advertida, se resuelva el asunto en su momento y conforme en derecho corresponda, respetando los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación que rigen el dictado de las sentencias, expresando además los daros que permitan individualizar la sentencia recurrida con el asunto que se resuelve. (.)" En relatadas consideraciones, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria que nos ocupa, se provee lo siguiente: Como está ordenado y en cumplimiento a lo dispuesto por el Órgano Colegiado, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que se emita la sentencia que corresponda de acuerdo con lo determinado por la Superioridad. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación del presente proveído, previo acuerdo, túrnese este asunto, para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible, transite a la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de expediente electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se sugiere a las partes que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, a fin de que la tramitación electrónica se erija como eje rector en la tramitación de expedientes, considerando el riesgo sanitario derivado del virus COVID-19. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramita en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal www.firel.pjf.gob.mx para el cual se necita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 229/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa., derivado del amparo en revisión 237/2017 del índice del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, y en cumplimiento al punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19 y, que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 9/2022 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo indirecto 5152/2014 del índice de este juzgado auxiliar, y los cuadernos original y duplicado del incidente suspensión derivado del sumario constitucional en que se actúa y el testimonio de la resolución dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 146/2017. Acúsese recibo. Ahora bien, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar, que en el amparo en revisión 146/2017del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, se determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, contra el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y las reglas I.2.8.6., I.2.8.7 y I.2.8.8. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, impugnadas expresamente en la demanda de amparo; y en vía de consecuencia, respecto de los artículos 17-K, 42 fracción IX y 53-B, del código en referencia, al formar parte de un sistema normativo, pero sin haberse impugnado de manera destacada ni por vicios propios. (.)" Realícense las anotaciones respectivas y glósense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO En relatadas consideraciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en atención a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL EXPEDIENTE Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un sumario constitucional en el que, atento a lo resuelto en el amparo en revisión 146/2017del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, se negó la protección de la justicia federal por lo que una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo citado del referido Acuerdo, procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que la declaró firma, el presente proveído y los demás documentos que se considere necesario conservar. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, dado que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Atento a la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de septiembre de dos mil quince.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes
- Carlos Humberto Silva Platt1096/2016
- Carlos Ivan Castañeda Bedoya53/2020
- Carlos Iván Villanueva Rodríguez1935/2019
- Carlos Javier Garcia Zamudio856/2017
- Carlos Javier Marron Arreola592/2015
- Carlos Javier Muñoz Cortes1042/2022
- Carlos Jesús Vargas Vallejo587/2021
- Carlos Jimenez Retana533/2019
- Carlos José Delgado Arbitres y otros426/2023
- Carlos Julio García Antillón5165/2022
- Carlos Julio Robles Lugo240/2023
- Carlos Leal Melendez1490/2014