Carlos Jesús Valdovinos Maldonado
Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Jesús Valdovinos Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que dicha sentencia que resolvió negar el amparo en el presente juicio de garantías promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la depuración de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciocho de abril de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez XXXXXXXXXXXXX, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez XXXXXXXXXX, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA. En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 670/2020-II, promovido por ****************... la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. ...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 670/2020-II, promovido por *******************, contra actos del Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O:... C O N S I D E R A N D O:... SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 77 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen el quejoso aduce, en esencia, lo siguiente: - Que la autoridad responsable no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, ni aplica conforme a la letra de la Ley, y por tanto no está fundando ni motivando la causa legal de su proceder. - Que el artículo 17 constitucional establece el derecho fundamental de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, por lo que se encuentra prohibido tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas a un litigio queden definidos, pues de otra manera la justicia tardía es una forma de injusticia. - Que, por lo anterior, la autoridad responsable debió observar los principios y términos que se prevén en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a efecto de respetar lo establecido en el citado precepto constitucional, en cuanto a una impartición de justicia pronta y expedita. - Que en transgresión al citado precepto, la autoridad responsable señala una fecha lejana para la celebración de la audiencia incidental, lo que conlleva la paralización del procedimiento familiar de manera prolongada, lo cual viola flagrantemente el principio de justicia pronta y expedita, puesto que se omite tramitar dicho procedimiento conforme a los plazos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, ya que en el acuerdo reclamado se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, fuera de los términos que refiere dicha codificación, esto es, después de seis meses aproximadamente. - Que por lo anterior se le deja en estado de indefensión. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los resumidos conceptos de violación, son fundados pero inoperantes. Lo anterior es así, en virtud que, la causa de pedir se encuentra correctamente expresada, y es justificado el perjuicio que le ocasiona al quejoso, el señalamiento lejano para la celebración de la audiencia incidental en el Incidente de Cesación de Pensión Alimenticia decretada en el juicio de origen, del cual emana el acto reclamado, por lo siguientes motivos: Así es, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala que toda persona tiene derecho a que le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes respectivas, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, esto es, garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de Justicia, entre los que están: a) El acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, al cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. b) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, c) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 constitucional se garantiza a favor de los contendientes, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Los Órganos Jurisdiccionales, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia civil deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus acuerdos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época, página 209, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, en el caso concreto, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 955 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, que señala: "Artículo 955. Los incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre que verse, y se citará dentro de ocho días, para audiencia indiferible, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte la resolución dentro de los tres días siguientes." De tal precepto, claramente se desprende que, en los incidentes -por cuanto a la materia familiar-, cualquiera que sea su naturaleza, si se promueve prueba, se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte sentencia interlocutoria dentro de los tres días siguientes. Sin embargo, no obstante lo establecido en dicha norma, debe tenerse presente que, constituye un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que derivado del virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad denominada "Coronavirus (COVID19)", debía calificarse la situación sanitaria como pandemia, por lo que, el Ejecutivo Federal emitió diversos acuerdos para hacer frente a la epidemia generalizada a nivel global, dentro de los cuales destacó la necesidad de adoptar medidas de resguardo, distanciamiento social y esquemas para continuar con las actividades catalogadas como esenciales, como es el acceso a la justicia. De lo que, como se indicó, resulta un hecho notorio para este juzgador que con motivo del fenómeno de salud pública mundial ocasionado por el virus COVID-19, se generaron una serie de respuestas y acciones desde los distintos Poderes de la Unión, así como de sus homólogos en las Entidades Federativas. Derivado de lo anterior, se tiene en cuenta que, mediante Acuerdo del Pleno 39-14/2020 emitido en sesión ordinaria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declaró la suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de términos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del dieciocho de marzo al veinte de abril de dos mil veinte. Posteriormente, el trece de abril del año en curso, se emitió el Acuerdo 03-15/2020, en el que el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión extraordinaria prorrogó la suspensión de plazos, términos y actividades de tal tribunal, del dieciocho de marzo al cinco de mayo del citado año. En sesión extraordinaria de trece de abril siguiente, se emitió el Acuerdo 06-15/2020, dejó sin efectos el Acuerdo V-15/2020, por lo que durante la vigencia del "Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México", se ordenó la continuación de las guardias presenciales de Juzgados Familiares de Proceso Escrito en turno. Posteriormente, el veintiséis de abril del año en curso, se emitió un Acuerdo V-19/2020, en el que prorrogó la suspensión de plazos, términos y actividades del Poder Judicial de la Ciudad de México, del dieciocho de marzo al treinta y uno de mayo del presente año. En diverso acuerdo de veinticinco de mayo del año que transcurre, mediante Acuerdo 25-17/2020, se autorizó la ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que inició el dieciocho de marzo, hasta el quince de junio de dos mil veinte. El nueve de junio del año en curso, se emitió el Acuerdo 03- 19/2020 en el que se extendió la suspensión de actividades ordinarias hasta el treinta de junio de dos mil veinte. En diverso aviso 3-22/2020 de veinticuatro de junio siguiente, se autorizó la ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que inició el dieciocho de marzo, para quedar hasta el treinta y uno de julio dos mil veinte. Luego, en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veinte, se emitió el aviso correspondiente, por el que se modificó el acuerdo plenario 05-19/2020, y se autorizó la reanudación de actividades en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta que el Consejo de la Judicatura así lo determinará. Lo anterior, de la mano del Acuerdo Volante V-31/2020, emitido con posterioridad, en fecha cinco de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se determinó procedente autorizar, con efectos a partir del seis de agosto de dos mil veinte y hasta en tanto se emitiera pronunciamiento diverso, la suspensión de términos procesales en Salas Civiles y Familiares, Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Proceso Oral, así como en los Juzgados Civiles de Cuantía Menor, única y exclusivamente respecto de los días en los que, los citados órganos jurisdiccionales, laboran y desarrollan sus actividades a puerta cerrada, en el entendido que, en los días que se labore a puerta abierta, los términos procesales correrán de forma normal. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, desde el diecisiete de marzo hasta el dos de agosto de dos mil veinte; que, a partir del tres de agosto del año en curso, reanudó sus actividades ordinarias, así como los plazos y términos procesales en los juicios que ante dicha instancia se substancian; por lo que, a partir de esa fecha se reanudó la actividad jurisdiccional y entre ellas la celebración de audiencias; sin embargo dicha actividad se realiza de manera intermitente, a partir del seis de agosto de la citada anualidad, suspendiendo términos y diligencias judiciales, en los días en que labore a "puerta cerrada". Así, este Juzgador no resulta ajeno a la evidente excesiva carga de trabajo y notorio retraso que la suspensión de labores y de plazos procesales decretada con motivo del fenómeno de salud y ante la contingencia sanitaria SARSCoV2 (covid-19), se originó. Por ende, en el caso concreto, el plazo de los ocho días previsto en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se vio en efecto violentado, dado el retardo en la celebración de la audiencia incidental correspondiente al trámite del incidente de origen, así como la evidente lejanía en el señalamiento de la fecha de desahogo respectiva. Sin embargo, si bien en el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el Incidente de Cesación de Pensión Alimenticia, promovido en los autos del expediente 1441/2015, el juez responsable señaló las once horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia incidental de pruebas; es claro que, aún y cuando resulta verídico, que a la promoción del amparo se advertía dicha fecha lejana para la audiencia incidental, ello no causa una afectación material al derecho sustantivo de la parte quejosa a recibir justicia, porque la omisión reclamada no puede determinarse generadora de una abierta o arbitraria dilación del procedimiento y menos, de una paralización total, como lo refiere el quejoso. Ello es así, dado que, en la fecha en que se presentó la demanda -trece de noviembre de dos mil veinte-, contra el acto reclamado que se analiza, implicaba una abierta dilación al procedimiento que, por ello, transgredía de manera material su derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, establecido en el artículo 17 constitucional, dado que en ese momento se excedía en demasía los ocho días naturales, que el precepto 955 citado, establece para la celebración de audiencia incidental, ante la contingencia sanitaria SARSCoV2 (covid-19). Sin embargo, debe tenerse presente que el día en que se emite la presente resolución, es el día señalado para la celebración de la audiencia incidental de desahogo de pruebas en el incidente de origen. En consecuencia, el retraso u omisión en la realización de los actos dentro del juicio, no afectaría el desarrollo del Incidente de Cesación de Pensión, ya que hasta en tanto quedara firme la presente resolución, descontando los diez días siguientes para el recurso de revisión, suponiendo que las partes no interpongan el recurso de revisión, previsto en el artículo 81 de la Ley de Amparo, la referida audiencia ya habría celebrado y hasta quizá resuelto en el fondo el incidente de que se trata. En consecuencia, se advierte que la concesión del amparo, no otorgaría ningún beneficio a la parte quejosa, es decir, en nada beneficiaría al peticionario de amparo declarar fundados los conceptos de violación, pues aun cuando se concediera el amparo y protección de la justicia de la unión, ya no podría retrotraerse el tiempo para así restituirle en el pleno goce de la garantía constitucional violada -la lejanía en el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia incidental-; por ende, se reitera los conceptos de violación son fundados pero inoperantes. Sirve de apoyo, por similitud de razón la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186, Cuarta Parte, Séptima Época, pagina 124, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que van al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso, y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." De lo expuesto, se concluye que al haber resultado fundados pero inoperantes los motivos de inconformidad, al no haberse quedado acreditado que el acto reclamado resulte arbitrariamente violatorio en perjuicio de la parte quejosa, de las garantías que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, y al no advertir este juzgado de Distrito que en el caso el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, así como tampoco existe alguna violación manifiesta de la ley que autorice a suplir la queja deficiente, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitados por Carlos Jesús Valdovinos Maldonado, contra la resolución que reclamó del Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***************, contra actos del Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, vía electrónica al quejoso y por lista al tercero interesado.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado ****************, a la presente instancia constitucional. Ahora bien, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y constancias anexas, dese vista al citado tercero interesado, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se ha emplazado a la presente instancia constitucional al tercero interesado xxxxxxxx; en tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, a efecto de evitar dilaciones procesales, túrnese de nueva cuenta el citatorio correspondiente con los insertos necesarios al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en calle xxxxxxx, debiendo cerciorarse si ahí puede ser localizado dicho tercero interesado, ya sea preguntando a los vecinos o llamando directamente a la puerta de dicho inmueble y practique su emplazamiento. Por otra parte, como del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó notificar dicho auto por medio de lista a las partes, sin embargo, en proveído veinticinco de marzo del mismo año, se autorizaron las notificaciones electrónica a la parte quejosa, en consecuencia, se ordena notificar a la parte quejosa vía electrónica el proveído de veintinueve de marzo del año que transcurre. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte tercera interesada, vía electrónica a la parte quejosa, y por medio de lista a las demás partes. AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. "En la Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio del Juez Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México y el escrito del quejoso XXXXXXX, presentado por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, XXXXXXX, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, proporcionan un domicilio donde puede ser localizado el tercero interesado XXXXXXX, ubicado en: - calle XXXXXXX. En esas condiciones, túrnese el citatorio respectivo al Actuario de la adscripción con los insertos necesarios, a efecto de que se constituya en el domicilio mencionado y, cerciorado si allí se localiza dicho tercero interesado, proceda a emplazarlo a la presente instancia constitucional. Ahora bien, toda vez que ya obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable, dese vista al citado tercero interesado con el mismo y las constancias anexas, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto al segundo domicilio que proporciona el quejoso, no ha lugar a tomarlo en consideración, pues dicho domicilio ya fue agotado mediante diligencia de doce de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al tercero interesado y por lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable".
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