Carlos Jesús Cervantes Sandoval

Expediente 1521/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1521/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Carlos Jesús Cervantes Sandoval
  • Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán
  • Carlos Jesús Cervantes Sandoval y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de quince de octubre del año en curso, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que respecta a los actos que consistieron en la incomunicación, tortura, desaparición forzada y privación de la libertad (detención), que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable a las autoridades señaladas como responsables, la cual tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado, para que cause ejecutoria el presente juicio de amparo, por cuanto que en este caso se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se les vulnera a las demás partes sus derechos con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a dichas autoridades el transcurso del término indicado. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se negó la suspensión provisional y por resolución de dos de enero del año en curso, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 1521/2018-IV, promovido por Guillermo Jesús Zapata Arceo a favor de Carlos Jesús Cervantes Sandoval, contra actos del Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 22 Constitucionales; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, Guillermo Jesús Zapata Arceo, solicitó el amparo a favor de Carlos Jesús Cervantes Sandoval, respecto de los actos que reclamó del Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, y otra autoridad. Segundo. Otorgamiento de suspensión de plano. Mediante acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere a los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la detención, incomunicación, tortura y desaparición forzada. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de demanda. En proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve se tuvo por no presentada la ampliación de demanda de amparo realizada por la parte quejosa mediante escrito de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que una vez que se integró el presente juicio de amparo se celebró la audiencia constitucional en los términos que anteceden. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la incomunicación, los malos tratos, detención o arresto administrativo y retención del vehículo tipo motocicleta. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, fue omiso en señalar si son ciertos o no los actos que se le reclaman; sin embargo, de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que únicamente son ciertos los actos reclamados consistentes en la detención del quejoso y de la motocicleta, de ahí que no se tienen por ciertos los demás actos de molestia, al no haber sido desvirtuados los actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, fue omiso en señalar si son ciertos o no los actos que se le reclaman; sin embargo, de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado las cuales ya fueron valoradas en líneas que anteceden, se advierte que únicamente son ciertos los actos reclamados consistentes en la detención del quejoso y de la motocicleta, por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Por su parte, el Director de la Policía Municipal de Yobaín, Yucatán, no rindió su informe justificado, no obstante de estar oportunamente notificado para ello, según se advierte del acuse de notificación que ampara la entrega del oficio 1377.IV con el que se le fue solicitado (foja104), sin embargo, se presumen ciertos los actos impugnados, toda vez que por el Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, se tuvo por cierto el acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso y la motocicleta; por lo que se tienen como ciertos los actos que se reclamó a ésta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 839, Tomo CXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente". Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Por lo que hace al acto reclamado consistente en la detención del vehículo tipo motocicleta, en el presente caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Ahora bien, a fin de explicar la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso mencionar que el impetrante alega que fue detenido y le fue retenida la motocicleta que llevaba el día de su detención; por lo que se estima necesario verificar si se encuentra demostrada la propiedad por parte del quejoso (interés jurídico), a efecto de establecer si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos. En ese contexto, para la defensa de la propiedad de dicho vehículo, es necesario precisar, en primer término, qué debe entenderse por interés jurídico; de esta manera, por tal ha de tenerse el derecho derivado de alguna disposición legal y que se pueda exigir de la autoridad determinada conducta al sentirse afectado por los actos de esa autoridad, ello de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, aplicada por analogía, visible en la página 173, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, tercera parte, Séptima época, cuyo rubro y texto establecen: "INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado. El numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Del dispositivo legal antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora bien, respecto a la condición de la parte quejosa con relación a la motocicleta materia de la litis, para determinar si el acto que reclaman le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que aun y cuando el quejoso reclama la retención de la motocicleta que le fue asegurada el día de su detención, se debe acreditar su propietario, o posesionario de manera legal, lo cual debe ser probado de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la Jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Ahora, en el presente caso la parte quejosa no ofreció ninguna probanza idónea y eficaz para acreditar que es propietaria o poseedora jurídica del vehículo retenido, por tanto, se considera que no tiene ningún interés jurídico para reclamar la devolución de la citada motocicleta. De ahí que, si en el presente caso se tiene que el solicitante del amparo vienen a quejarse de la retención del vehículo afecto al presente juicio de amparo, lo necesario es que acredite el interés jurídico o titularidad del derecho de propiedad que dice tener en torno al bien mueble ya descrito. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en presentar documento alguno que acredite la titularidad del bien que defiende en esta juicio; por tanto, no acredita ser el propietario del citado bien, lo que trae como consecuencia que no tenga ninguna afectación jurídica, y por tanto, su falta de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. II. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la detención del quejoso se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por el Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, anexas a su informe justificado, las cuales ya fueron valoradas en líneas que anteceden, se advierte que a las veinte horas del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, fue puesto en libertad el directo quejoso Carlos Jesús Cervantes Sandoval; esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el mismo veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, a las catorce horas con veintidós minutos, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso al quejoso en el goce de su derecho humano, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Cabe hacer la aclaración, que si bien es cierto que del informe relacionado con la suspensión de plano se aprecia que el quejoso iba a estar detenido veinticuatro horas relacionadas con una detención administrativa, sin embargo, de las constancias que remitió adjuntas a su informe justificado no se aprecia que se le haya impuesto sanción alguna, por tanto, es que se llegó a la conclusión de que cesó la detención al momento que fue liberado el quejoso, sin que pase inadvertido que del informe se haya dicho que fue en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guillermo Jesús Zapata Arceo, a favor de Carlos Jesús Cervantes Sandoval, en contra de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, autoridad señalada como responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas con diez minutos del quince de octubre de dos mil diecinueve. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

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