Carlos Javier Valenzuela Gastélum
Expediente 629/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Javier Valenzuela Gastélum
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado en el sentido que es cierto el acto reclamado, asimismo, remite copia de las constancias relativas al expediente 157/2019 de su índice. Documentales que por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el señalar las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve para el desahogo de la prueba confesional de hechos propios a cargo de Desire Hernández. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que ha operado cambio de situación por lo siguiente: La parte quejosa reclama la fecha señalada para el desahogo de la prueba confesional de hechos propios a cargo de Desire Hernández; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre pasado, el apoderado legal de la parte actora se desistió del desahogo de la confesional para hechos propios convertida a testimonial singular a cargo de Desire Hernández, a lo que la Junta responsable acordó de conformidad lo solicitado. En ese sentido, impera cambio de situación jurídica, pues el oferente de la prueba se desistió de su desahogo; por ende, se consumaron de modo irreparable las violaciones que pudieran haberse cometido respecto de la omisión que la parte quejosa reclamó, pues ya no es posible el desahogo de la prueba sin afectar el nuevo estatus autónomo que impera a través del acuerdo en el que se desistió de esa prueba. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues son de manera clara y evidente las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veintidós de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de este año. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, al que anexa testimonio de la resolución dictada por la Superioridad en la queja 73/2019. Así de la resolución dictada por el Tribunal de alzada se advierte que se resolvió lo siguiente: PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el juicio de amparo 629/2019, donde desechó la demanda de amparo presentada por Carlos Javier Valenzuela Gastélum, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en aquella ciudad. Acúsese su recepción; en cumplimiento a lo resuelto por el tribunal colegiado, se admite a trámite el presente juicio de amparo. I. Quejoso. Carlos Javier Valenzuela Gastélum. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídanse informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matera de desindexación del salario mínimo,. VI. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, se tienen como pruebas la documental que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ella, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. VII. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remita, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables y autoridades con carácter de tercero interesado, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de las autoridades responsables que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o los quejosos proporcione su denominación correcta. VIII. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matera de desindexación del salario mínimo. IX. Tercero interesado. Se reserva a proveer sobre el posible tercero interesado hasta que se cuente con las constancias que en apoyo a su informe rindan las autoridades responsables. X. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Por último, se autoriza la utilización y consulta del expediente electrónico a la parte quejosa por conducto de su autorizado, en el entendido que la clave de su autorizado es "Ramonduenas69" y su Clave Única del Registro de Población (CURP) es DUDR690623HSLXLM02. Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por José Ramón Dueñas Delgado, apoderado legal de Carlos Javier Valenzuela Gastélum, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el dos de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, intégrese a estos autos una de las copias exhibidas y remítase el aludido recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, residente en Mazatlán. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuatro de julio del año en curso, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa José Ramón Dueñas Delgado, en su carácter de apoderado legal de Carlos Javier Valenzuela Gastélum, el auto de dos de los actuales, por las razones expuestas en la misma. En atención a lo anterior, se autoriza la utilización y consulta del expediente electrónico a la parte quejosa por conducto de su autorizado, en el entendido que la clave de su autorizado es "Ramonduenas69" y su Clave Única del Registro de Población (CURP) es DUDR690623HSLXLM02. Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema.
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