Carlos Javier Uribe Velázquez
Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 40 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Javier Uribe Velázquez
- Carlo Uribe Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno e intégrense los cuadernos incidentales respectivos. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; sin embargo, se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser depurado. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual quedó firme el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, por lo que, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efectos las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable *****************************************que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado, de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituyen: La omisión de la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), a los menores quejosos de identidad reservada de iniciales C.U.A y G.U.A., de once años con nueve meses y seis años con tres meses de edad, respectivamente; sin comorbilidades. Sin embargo, el once de enero de dos mil veintiuno, se publicó la Política Nacional De Vacunación Contra El Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, en el sitio web institucional https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf. En su contenido, se describen las recomendaciones del grupo técnico asesor de vacunas, los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación. De lo anterior, se precisa que de la consulta realizada a la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se advierte que al día de la fecha ya se encuentra habilitado el registro para que niñas y niños a partir de cinco años en adelante reciban el biológico contra el virus COVID-19, como se muestra enseguida: Registro que, conforme a la información proporcionada por el gobierno federal, se habilitó a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Información que constituye un hecho notorio para este juzgador, con apoyo en la jurisprudencia XX.2o. J/24 pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICA OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Conforme a lo anterior, se advierte que la omisión de incluir al grupo de edad al que pertenece los infantes quejosos en la Política Nacional de Vacunación dejó de surtir todos sus efectos a partir de la habilitación del referido registro para la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en niños y niñas de cinco años o más, lo cual implica que los efectos de la omisión reclamada han dejado de existir, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se actualizara una posible violación a los derechos de los directos quejosos; por lo que resulta evidente que los efectos de la omisión reclamada en la presente instancia constitucional han cesado. No obstante lo anterior, quedan a salvo los derechos de los menores de que se trata, dado que están en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página de internet aludida, en la fecha, hora y lugar que se programe para ello cuando así lo estimen conveniente. Por tanto, con la inclusión de los directos quejosos en el registro y agenda relativa al Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, resulta inconcuso que los infantes están en posibilidad de ser inoculados con dicho biológico, de modo que, cesaron los efectos del acto reclamado en el presente juicio de control constitucional, razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. En atención a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
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