Carlos Javier Reyna Cervantes
Expediente 268/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Javier Reyna Cervantes
Actuaciones
- Principal
mesa 4 Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por CARLOS JAVIER REYNA CERVANTES; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, la copia certificada del expediente 733/2017 (tres tomos), Cuadernillo de Incidente de reclamación de providencia cautelar (un tomo), Cuadernillo de Incidente de Reducción de Pensión Alimenticia, (un tomo), Cuadernillo de Incidente de impugnación de la documental pública "informe de trabajo social" por falsa e inexistente, emitido por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Centro (un tomo) y cuadernillo de Incidente de Modificación al Régimen de Convivencia Provisional (un tomo), que envió como anexos a su informe justificado, constancias que se manejaron por cuerda separada, constante de siete tomos. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 268/2020-4, promovido por Carlos Javier Reyna Cervantes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las que acompañó la parte quejosa en su escrito de demanda, consistente en: Copia simple de la audiencia y sentencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, relativa al juicio de amparo indirecto 1686/2019-2, del índice de este juzgado (fojas 8 a 13). Copia simple del oficio 412, de catorce de enero de dos mil veinte, signado por la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, derivado del expediente 733/2017 (foja 14). Copia simple de la cédula de notificación de diecisiete de enero de dos mil veinte, derivada del expediente 733/2017, dirigida a Carlos Javier Reyna Cervantes (fojas 15 a 23). Asimismo, con las remitidas por la encargada del despacho por ministerio de Ley del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco con residencia en esta ciudad, consistentes en copia certificada del expediente 733/2017 (tres tomos), cuadernillo de Incidente de reclamación de providencia cautelar (un tomo), cuadernillo de incidente de reducción de pensión alimenticia (un tomo), cuadernillo de incidente de impugnación de la documental pública "informe de trabajo social" por falsa e inexistente, emitido por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Centro (un tomo) y cuadernillo de incidente de modificación al régimen de convivencia provisional (un tomo), las cuales obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por la tercera interesada, mediante escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho (fojas 38 a 46 de autos). Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos presentados por la tercera interesada Ana Paola Abreu Bastar y se tiene por perdido el derecho a las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 268/2020-4, promovido por Carlos Javier Reyna Cervantes, contra actos del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el once siguiente, Carlos Javier Reyna Cervantes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veinte, emitida en el expediente 733/2017, en lo relativo al monto de la multa decretada en contra de Ana Paola Abreu Bastar. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco. 2 Director General de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 268/2020-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO A LA TERCERA INTERESADA. Mediante diligencia de trece de febrero de dos mil veinte, la actuaria judicial adscrita a este juzgado dejó citatorio de espera a la tercera interesada Ana Paola Abreu Bastar en el domicilio ubicado en calle Lagos número 38, paralela a la calle Lago Ilusión, entre calles Ernesto Malda y Loma, fraccionamiento Loma Bonita, colonia Lindavista de esta ciudad, para que dentro de dos días hábiles compareciera a este juzgado a emplazarse de autos; por lo que, al no acudir la citada tercera interesada a las instalaciones que ocupa este juzgado Tercero de Distrito en el plazo establecido, el dieciocho de febrero del presente año, se le emplazó por medio de lista que se fijó en los estrados de este juzgado en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo (fojas 31 y 32). CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Posteriormente, en Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el día de su aprobación veinticinco de mayo de dos mil veinte, se reformó el párrafo primero del artículo 1 del Acuerdo General 8/2020, para dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales del período del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, se hizo saber a las partes del presente juicio la reanudación de las actividades jurisdiccionales, plazos y términos procesales; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 733/2017, en lo relativo al monto de la multa decretada en contra de Ana Paola Abreu Bastar. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. El procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en representación de la Dirección General de Recaudación; al rendir el informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 733/2017, relativo al juicio Ordinario de Divorcio Incausado, promovido por Carlos Javier Reyna Cervantes, en contra de Ana Paola Abreu Bastar y su acumulado 589/2018, relativo al juicio de Controversia Familiar promovido por Carlos Armando Reyna Díaz del Castillo y Nora Patricia Cervantes Mendoza, en lo relativo al monto de la multa impuesta a la citada demandada; sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de prueba alguno a fin de desvirtuar dicha negativa. No es obstáculo a lo anterior, las documentales que obran en autos, pues con las mismas no se observa la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia: Común, Novena Época, Registro: 187728, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubor y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Aunado a que no corresponde a dicha autoridad emitir tales actos, toda vez que conforme lo establecen los artículos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, es una facultad exclusiva de la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, señalada también como responsable. Por ende, en lo tocante a los actos reclamados a la referida autoridad responsable procede sobreseer en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La encargada del despacho por ministerio de Ley del Juzgado Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, admite la existencia de los actos que se le reclama; lo cual se corrobora con el contenido del propio informe justificado y con las diversas constancias que adjuntó al mismo, consistentes en copias certificadas del expediente 733/2017 (tres tomos), cuadernillo de Incidente de reclamación de providencia cautelar (un tomo), cuadernillo de incidente de reducción de pensión alimenticia (un tomo), cuadernillo de incidente de impugnación de la documental pública "informe de trabajo social" por falsa e inexistente, emitido por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Centro (un tomo) y cuadernillo de incidente de modificación al régimen de convivencia provisional (un tomo), las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio propio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. En apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen el acto reclamado, de las que se advierte: El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, emitió un proveído en el que en su punto primero, requirió a la demandada en el juicio de origen, para que se abstuviera de sustraer del Estado de Tabasco, a su menor hijo de identidad reservada de iniciales C.E.R.A., bajo el apercibimiento de aplicarle una medida de apremio consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos cero centavos moneda nacional), a razón de $80.60 (ochenta pesos, sesenta centavos, moneda nacional), que es el valor de dicha Unidad fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acorde a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en relación con el numeral 69 del Código Fiscal de la Federación (foja 347 tomo I de las constancias del expediente de origen). Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil diecinueve, la aquí tercera interesada, hizo del conocimiento de la Juez responsable, que necesitaba ausentarse del Estado, porque tenía que viajar a la Ciudad de México, para inscribirse en una maestría en línea, para lo cual debía llevarse a su menor hijo (foja 1991 tomo II de las constancias del expediente de origen). Con lo anterior, la responsable dio vista a la contraparte (quejoso), por auto de diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 1997 a 1999 tomo II del expediente de origen), para que manifestara lo que a sus intereses conviniere; el cual al desahogar la vista ordenada, solicitó se aplicara en su contra la medida de apremio con la que fue apercibida, en virtud de no haber acatado el mandato contenido en el punto primero del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2064 y 2065 tomo II de las constancias del expediente principal). El tres de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable emitió un proveído en el que en el punto décimo tercero, decretó una multa en contra de la aquí tercera interesada, por el monto de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cero centavos moneda nacional), a razón de $84.49 (ochenta y cuatro pesos, cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), que es el valor de dicha Unidad fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acorde a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en relación con el numeral 69 del Código Fiscal de la Federación (foja 2279 a 2282 del tomo II de las constancias del expediente principal). Inconforme con la medida de apremio que le fue impuesta, la demandada del juicio natural, interpuso recurso de reconsideración, el cual fue admitido a trámite y resuelto interlocutoriamente el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable estimó infundados los agravios expresados y confirmó la medida de apremio decretada en contra de Ana Paola Abreu Bastar (2337 a 2354 del tomo II de las constancias del juicio principal). La demandada Ana Paola Abreu Bastar, inconforme con la determinación anterior, promovió juicio de amparo indirecto 1686/2019-2, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que en cumplimiento a dicho fallo, la juez responsable emitió nueva resolución el trece de enero de dos mil veinte (fojas 2863 a 2880 del tomo III de las constancias del juicio principal), en la que declaró parcialmente procedente el recurso de reconsideración que hizo valer la tercera interesada en contra del punto décimo tercero del proveído de tres de abril de dos mil diecinueve. La anterior resolución constituye el acto reclamado. SEXTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, el órgano jurisdiccional está constreñido a su estudio oficioso al tenor de lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, por lo que se estudiarán las invocadas por la tercero interesada y autoridad responsable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia". La tercera interesada Ana Paola Abreu Bastar, mediante escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo la que hace consistir en que el acto reclamado no afecta los derechos del quejoso, al no contar con un derecho tutelado, por lo que es claro que no se acredita el interés jurídico para solicitar la protección constitucional, pues es necesario que quien aduzca ser titular de un derecho, deba demostrar que se le causa en su esfera jurídica una afectación personal y directa. Del mismo modo, la encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, al rendir informe justificado, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que hace consistir en que los montos de la multa impuesta a la tercera interesada como medida de apremio, en nada afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia propuesta, prevista en el artículo 61, fracción XII, primera parte, con relación al numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acredita su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. La causal de improcedencia invocada, encuentra sustento en los artículos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Al respecto, es de tener en cuenta que el numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. del precitado ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el precepto legal de referencia dispone que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 51/2019, que conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Asimismo, señaló que atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, sostuvo, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, estableció que deberá acreditarse que: Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior porque consideró que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Pero para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse sólo por presunciones; atento a la jurisprudencia 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 17 del tomo 82, octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206338, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora, el acto concreto del quejoso es la sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente 733/2017, en lo relativo al monto de la multa decretada en contra de Ana Paola Abreu Bastar. La autoridad responsable en la resolución reclamada, estimó declarar procedente parcialmente el recurso de reconsideración que hizo valer la tercera interesada en contra del punto décimo tercero del proveído de tres de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, al realizar la individualización de la sanción impuesta, consideró que la imposición de la medida de apremio consistente en multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es lícita porque se encuentra dentro de la mínima y la máxima que establece el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en vigor; sin embargo sobrepasa lo razonable en función a que al multiplicar el número de unidades cien (100) el valor vigente (84.49), se obtiene la cantidad de $8,449.49 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cuarenta y nueve centavos moneda nacional), lo que perjudica a la infractora, porque en el juicio manifestó que se encuentra estudiando, además de que no se encontró justificado ingreso alguno; razón por la cual consideró que dicha multa resultó excesiva atendiendo el alto costo de la vida que impera en la actualidad, ya que se verá limitada para solventar otras necesidades personales, máxime que su conducta no ha sido reincidente. Razón por la cual determinó reducir la medida de cautelar a una multa de 100 a 10 Unidades de Medida de Actualización (UMA), vigente al momento de la comisión de la infracción en términos del artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Se reitera, el amparo carece de procedencia cuando el acto reclamado no invada la esfera jurídica del promovente del amparo, pues en tal evento no existe correlación alguna entre los efectos de dicho acto, con el interés jurídico del quejoso. Cabe citar, por analogía, la jurisprudencia VI. 3o. J/26, consultable en la página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Es pertinente hacer notar que esta obligación procesal es independiente de la existencia del acto reclamado, pues quien promueve el juicio de garantías debe observar en todo caso previamente su interés jurídico; dicho en otras palabras, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el quejoso acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados. Bajo ese orden de ideas se arriba a la conclusión de que el acto reclamado en esta instancia constitucional no le depara perjuicio actual y directo al quejoso, toda vez que de esa determinación no se advierte que se encuentre dirigida a su persona, dado que la multa se ordenó hacer efectiva a su contraparte. Por lo tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado le irrogue una afectación directa a su esfera jurídica, lo que no acontece en el presente caso, puesto que como ya se mencionó la medida de apremio consistente en una multa de 10 Unidades de Medida de Actualización fue impuesta a la contraparte del quejoso (demandada del juicio natural), por lo que afecta directamente y en forma exclusiva la esfera jurídica de Ana Paola Abreu Bastar, pues es ella quien en todo caso puedo haber resentido algún perjuicio y no el quejoso, dado que no resiente perjuicio alguno con dicha determinación; esto es, no implica la privación de algún derecho ni causa afectación a su esfera jurídica. En ese contexto, los efectos del acto reclamado no pueden pararle perjuicio alguno, en virtud de que en ningún momento resintió una afectación a algún derecho sustantivo. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 63 fracción V, del ordenamiento jurídico precitado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de las demás manifestaciones vertidas por la tercera interesada en su escrito de alegatos, presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, toda vez que resultó fundada la causal de improcedencia que hizo valer. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de doce de febrero de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Carlos Javier Reyna Cervantes, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero, en los términos de los considerandos tercero y sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Carlos Javier de los Santos Ortiz1234/2016
- Carlos Javier May Sánchez2267/2014
- Carlos Javier Reyna Cervantes1211/2022
- Carlos Javier Reyna Cervantes487/2020
- Carlos Javier Reyna Cervantes46/2021
- Carlos Javier Reyna Cervantes498/2020
- Carlos Jesús Álvarez León114/2017
- Carlos José González de la Cruz2467/2014
- Carlos José González de la Cruz2736/2014
- Carlos Lamoyi Martínez1264/2019
- Carlos Lamoyi Martínez426/2021
- Carlos Lamoyi Martínez1587/2021