Carlos Javier Portilla Romo

Expediente 990/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
990/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos Javier Portilla Romo

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica de la firma electrónica de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte y manifiesta que presenta un incidente atípico de nulidad de notificaciones dada una nulidad de actuaciones, respecto de la sentencia dictada el veintitrés de septiembre, ello en razón de que se vio imposibilitado para tener acceso a su contenido en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, argumentando que el motivo fue que se subió de manera incompleta dicha sentencia y sin la versión pública, además de que manifiesta que el sistema de citas para revisar el expediente físico, a su parecer no es una opción viable ante la contingencia ocasionada por la pandemia de Covid-19, pues le representa un riesgo grave a la salud y vida de sus representantes y autorizados. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, cabe mencionar que el incidente de nulidad de notificaciones tiene como objeto examinar la legalidad de las notificaciones realizadas en el juicio de amparo, a través de un incidente de especial pronunciamiento, el cual se resuelve en forma autónoma al fondo del juicio de amparo, es decir, aquéllas que a decir del promovente, se realizaron en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia y la legislación que resulta aplicable de manera supletoria. Para efectos de la procedencia del incidente, es importante citar el contenido del artículo 68 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. Del primer numeral se advierte que, antes del dictado de la sentencia definitiva o bien con posterioridad a su dictado, las partes pueden pedir, en la siguiente actuación en que comparezcan, la nulidad de notificaciones cuando estime que no se realizaron en las formas y términos que se establecen las disposiciones que rigen el juicio de amparo; mientras que el segundo numeral establece que declarada la nulidad se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. Ahora, se establecen dos momentos procesales para la presentación de la nulidad aducida: a) Antes del dictado de la sentencia se puede pedir la nulidad en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. b) Una vez que se dictó la sentencia, sólo se puede pedir la nulidad de actuaciones efectuadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. Así, por regla general, la nulidad de notificaciones se puede presentar contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, debiéndose, por lo tanto, resolver antes de dictarse dicha resolución, a efecto de que el juzgador resuelva la cuestión efectivamente planteada. También se puede presentar después de dictada la sentencia, pero respecto a notificaciones que se aduzcan incorrectas, que se verifiquen en forma posterior a aquella. Ahora bien, para determinar si el presente incidente se interpuso dentro del plazo legal, el referido artículo 68 de la Ley de Amparo, dispone que antes del dictado de la sentencia se puede pedir la nulidad en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezca cualquiera de las partes. Sobre la interpretación que debe darse a dicha norma, en relación con la expresión "en la siguiente actuación en que comparezcan", al resolver la contradicción de tesis 133/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Además, en dicha resolución el Pleno del Alto Tribunal determinó, que si bien es cierto que la Ley de Amparo, no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones, también es verdad que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de tres días. Con base esas consideraciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número P./J. 23/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de octubre de dos mil dieciséis, con el número de registro 2012797, en la cual determinó que en términos del artículo 68 de la Ley de Amparo, el incidente de nulidad de notificaciones se debe de interponer por el interesado dentro del término de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, el cual debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal. Se impone destacar que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la anterior jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de carácter obligatoria para este Juzgado de Distrito. En el caso, el veintiséis de octubre de este año, el promovente interpuso recurso se tuvo por recibido el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Al respecto, el promovente en el escrito de cuenta manifiesta lo siguiente: a.2) La fecha en la cual tuvo conocimiento de cada una de las notificaciones impugnadas es: a.2.1) El 24 de septiembre de 2020 se tuvo conocimiento -limitado e incompleto- de la existencia del acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2020, mediante el cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto. De las manifestaciones realizadas por el promovente, se desprende que se hizo sabedor de la actuación presuntamente mal notificada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, fecha en que informa que checó las listas electrónicas de este Juzgado. Así las cosas, resulta evidente que desde la fecha en que se le publicó la lista electrónica que contenía la sentencia dictada en este asunto, la parte quejosa tenía conocimiento de la existencia de dicha actuación, misma que ahora pretende nulificar. No obstante ello, la parte quejosa se ostenta conocedora de dicha determinación, en la siguiente fecha: De la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el veinticuatro de septiembre siguiente. En tales condiciones, se tiene que la parte quejosa ingresó su promoción mediante el sistema electrónico del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiséis de octubre del año que transcurre, por lo que la promoción del incidente en se actúa resulta extemporánea. Lo anterior es así, pues a partir de la fecha en que se hizo sabedor de la determinación emitida en este asunto, debe computarse el término de tres días que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2; lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia número P./J. 23/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrita. En ese contexto, se precisa que de conformidad con los artículos 18, 22 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, dicho plazo de tres días, transcurrió del veintiocho al treinta de septiembre de dos mil veinte, descontándose los días veintiséis y veintisiete de septiembre del mismo mes y año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 del citado ordenamiento. Por lo tanto, si el escrito por el cual se interpuso el presente incidente de nulidad de notificaciones, se presentó electrónicamente mediante el Sistema Electrónico del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, tal y como se desprenden la evidencia criptográfica que se generó en la promoción registrada con el número 12481, es inconcuso que dicho incidente se promovió fuera del término legal establecido para ello; y por tanto resulta extemporáneo. En consecuencia, es improcedente el incidente de nulidad de notificaciones en que se actúa. Ahora bien por lo que hace a la nulidad de la notificación del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el que se determinó que la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de este año, causó ejecutoria, se hace extensivo el desechamiento pues la quejosa manifiesta que la misma, deriva de la nulidad de la notificación de la sentencia citada, es decir la reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Carlos Javier Portilla Romo, contra actos del Tesorero de la Ciudad de México y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 990/2020-VIII. En ese sentido, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.(Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en su escrito inicial de demanda, el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: No obstante lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que de lo que realmente se duele el quejoso es de lo siguiente: La omisión de acordar su solicitud de prescripción de los créditos fiscales reflejados en los sistemas electrónicos de las autoridades responsables por los periodos comprendidos entre el primer bimestre de dos mil siete (2007) y el sexto bimestre de dos mil trece (2013), la cual fue recibida por la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y registrada con el folio 22572. La omisión de acordar su solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México, la cual fue recibida por la Tesorería de la Ciudad de México, el nueve de abril de dos mil diecinueve, y registrada con el folio 05187. En ese sentido, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la interpretación de los preceptos transcritos, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades administrativas, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo. En esos términos, la improcedencia del juicio de amparo por no agotar el principio de definitividad, precisa de la actualización de los siguientes elementos: a. Que se trate de un acto emitido por una autoridad de la Administración Pública de la Ciudad de México o de sus alcaldías. b. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que tal suspensión se prevea con los mismos alcances que los determinados en la Ley de Amparo y que no se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva. e. Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. f. Que no sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. g. Que el medio de defensa se encuentre previsto en una ley y no sólo en un reglamento. En efecto, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual constituye un medio ordinario de defensa, conforme al artículo 3, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que prevé: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; En ese sentido, si bien, la promovente de amparo reclama la omisión de acordar su solicitud de prescripción de los créditos fiscales reflejados en los sistemas electrónicos de las autoridades responsables por los periodos comprendidos entre el primer bimestre de dos mil siete (2007) y el sexto bimestre de dos mil trece (2013), la cual fue recibida por la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y registrada con el folio 22572, así como la omisión de acordar su solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México, la cual fue recibida por la Tesorería de la Ciudad de México, el nueve de abril de dos mil diecinueve, y registrada con el folio 05187, al respecto, debe tomarse en consideración que el artículo 37 del Código Fiscal Federal, establece lo siguiente: "Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte." De lo anterior, se advierte que las solicitudes elevadas a las autoridades fiscales deben ser resueltas en un plazo de tres meses, por lo que, una vez transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente, y en su caso, interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, siempre y cuando no se dicte resolución, o bien, esperar a que se dicte la misma. En ese sentido, y toda vez que desde el veinticinco de febrero y nueve de abril de dos mil diecinueve, no ha obtenido respuesta, en el término establecido en el artículo 37 del Código Fiscal Federal, resulta evidente que las resoluciones de las solicitudes en comento deben entenderse en sentido negativo, constituyendo así una negativa ficta, por lo tanto, dichos actos son impugnables a través del juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad, pues a través de este medio de defensa, se puede lograr su anulación, modificación o revocación; bajo tales circunstancias, contrario a lo expuesto por el quejoso, no se puede decir que existe una violación al artículo 8 de la Carga Magna. Apoya lo anterior las tesis y jurisprudencia que establecen: NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, las reglas que rigen al juicio contencioso administrativo cuando se impugna una negativa ficta son: en la demanda de nulidad debe exhibirse copia de la instancia no resuelta; en su contestación deben expresarse los fundamentos y motivos en que se apoya la negativa; el actor puede ampliar su escrito inicial contra estos y el tribunal administrativo, al dictar su sentencia, debe resolver el fondo de la pretensión planteada, reconociendo la validez o declarando la nulidad de la resolución ficta. Así, cuando se reclama la negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicha figura es propia del juicio contencioso, ya que en este existe la posibilidad de que el particular amplíe la demanda una vez que en la contestación se le den a conocer las razones que sustentan esa negativa, circunstancia que no sucede en el amparo indirecto, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justificado, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado; y si bien es cierto que existe la diversa regla de que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, para que el quejoso amplíe su demanda contra esa complementación, también lo es que ello sólo opera tratándose de actos materialmente administrativos, no cuando se reclama una resolución recaída a un recurso. NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA POR LA OMISIÓN DE REALIZAR, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL DEPÓSITO SOLICITADO COMO SALDO A FAVOR EN LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012). El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica denominada negativa ficta, cuya naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad, ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, durante un plazo no interrumpido de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió desfavorablemente a los intereses de éste; circunstancia que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra esa determinación tácita. Por su parte, de la regla I.2.3.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, se advierte que las autoridades fiscales están obligadas a devolver, de oficio o a petición de parte, las cantidades pagadas indebidamente o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y que los contribuyentes pueden solicitar su devolución mediante la declaración correspondiente. Por tanto, cualquiera que sea la manera en que se realice la solicitud de saldo a favor, las autoridades quedan obligadas a proveer lo conducente en el plazo señalado, por lo cual, ante su silencio o, específicamente, ante la omisión de realizar el depósito solicitado como saldo a favor en la declaración anual del impuesto sobre la renta, se configura la negativa ficta. NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra. En ese contexto, como ya se precisó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que el solicitante de amparo, previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Incluso, este Juzgador advierte que en el juicio contencioso referido, se puede obtener la suspensión de los actos impugnados con los mismos alcances que la Ley de Amparo, razón por la cual, se cumple con la exigencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley referida y, en consecuencia, se vuelve obligatorio agotar ese medio de defensa. En efecto, al interpretar ese artículo de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, implica que la sola posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva -que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible- es únicamente un alcance que tiende a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. De hecho, la propia Segunda Sala ha sostenido que dicha disposición no tiene como propósito que el texto de la Ley de Amparo se repita en todos los demás ordenamientos, razón por la cual, si en el juicio contencioso se puede obtener la suspensión del acto impugnado para preservar la materia del juicio, es indudable que tiene los mismos alcances que la suspensión en el juicio de amparo. En efecto, en los artículos 71 y 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se prevé lo siguiente: "Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Instructor que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento con independencia de que posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de las personas. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó." "Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social, o si se contravinieren disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros." Como se ve, de dichos preceptos se advierte que por regla general, la suspensión del acto impugnado tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o bien, evitar que se continúe con su ejecución ya iniciada. Ese efecto de la suspensión en el juicio contencioso administrativo tiende a preservar la materia del juicio, evitando que se ejecute el acto reclamado o, incluso, si ya se comenzó a ejecutar tiene por efecto que se evite su continuación, justamente lo que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha interpretado por efectos restitutorios. Ahora bien, el hecho de que en los artículos transcritos se establezcan efectos específicos a la suspensión dependiendo del tipo de acto impugnado, no implica de modo alguno que se limite la procedencia de la suspensión para obtenerla con efectos restitutorios, sino que en estos casos, el legislador ha predefinido cuál es el alcance de la medida cautelar. Incluso, en la propia Ley de Amparo sucede lo mismo, pues aun cuando por regla general la suspensión puede tener por objeto preservar la materia del juicio -dotándola de efectos restitutorios-, lo cierto es que también establece efectos específicos a la medida cautelar dependiendo del tipo de acto reclamado, por ejemplo, en los artículos 151, 152 y 160 a 161 (materia penal), supuestos en los cuales no se podría otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios a pesar lo previsto en el artículo 147, segundo párrafo, de la propia ley. Así las cosas, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la negativa ficta en relación con su solicitud de prescripción de los créditos fiscales reflejados en los sistemas electrónicos de las autoridades responsables por los periodos comprendidos entre el primer bimestre de dos mil siete (2007) y el sexto bimestre de dos mil trece (2013), la cual fue recibida por la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y registrada con el folio 22572, así como respecto de su solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México, la cual fue recibida por la Tesorería de la Ciudad de México, el nueve de abril de dos mil diecinueve, y registrada con el folio 05187, debe considerarse que la normatividad que rige el juicio contencioso administrativo de la Ciudad de México, prevé los mismos alcances que la Ley de Amparo, atendiendo al tipo de acto, por lo que en esa instancia puede obtener la medida cautelar con efectos restitutorios, tal como lo prevé la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, este Juzgador estima que no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que respecto de la fundamentación del acto reclamado, por su propia naturaleza no podría exigirse una resolución formalmente dictada, puesto que el silencio negativo es una ficción legal que constituye un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública y no propiamente de una interpretación de la voluntad de la autoridad, por lo que no podría alegarse su carencia de fundamentación y motivación para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por ende cobra aplicación la jurisprudencia PC.I.A. J/107 A (10a.), de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTES DE IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en el juicio de amparo biinstancial se señala como acto reclamado la resolución negativa ficta de la autoridad administrativa, prevista en el artículo 89 aludido, debe observarse el principio de definitividad y, agotarse el medio de impugnación ordinario o el juicio de nulidad respectivo, puesto que el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, cuyo propósito es superar las consecuencias de la inactividad de la administración, abriendo la vía del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados. De lo contrario, se llegaría al extremo de considerar que dicha ficción legal sustituye la voluntad de la autoridad administrativa sin fundamento ni motivo; cuando en realidad simplemente resulta ser un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública y no propiamente una interpretación de la voluntad de la administración cuando, precisamente, lo que falta es esa voluntad administrativa; en consecuencia, no puede alegarse que la negativa ficta es un acto carente de fundamentación y motivación para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Asimismo, del escrito de demanda de amparo se advierte que no sólo se hacen valer violaciones directas a la Constitución Federal, sino también indirectas, relacionadas con la legalidad de la resolución negativa ficta combatida, a saber, el artículo 55 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." De igual manera, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. Aunado a lo anterior, debe hacerse hincapié en que por la propia naturaleza de la negativa ficta, inicialmente no puede constituirse como acto de aplicación de una norma general, puesto que se trata de una ficción legal, es decir, un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública, mas no un acto concreto en el que ésta exprese los fundamentos y motivos de una determinada decisión. En todo caso, la negativa ficta únicamente puede constituir acto concreto de aplicación de algún ordenamiento una vez resuelto el medio ordinario de defensa en su contra, y una vez que haya sido desfavorable la sentencia, a través del amparo directo, pues mientras ello no acontezca, se trata de una simple presunción legal en sentido negativo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a. C/2004 de rubro y texto siguientes: "NEGATIVA FICTA. PUEDE CONSTITUIR ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL, IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, UNA VEZ RESUELTO EL JUICIO DE NULIDAD, SI ÉSTE FUE DESFAVORABLE. Conforme a los artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 34, 37, 209, fracción III, 210, fracción I y 215 del Código Fiscal de la Federación, la resolución negativa ficta es la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, cuando la autoridad no la contesta o no resuelve en el plazo que la propia ley dispone, además de que al configurarse puede ser impugnada en juicio contencioso administrativo. En ese tenor, si la autoridad fiscal resolvió la instancia, petición o solicitud en forma ficta, al omitir responder expresamente dentro del plazo de tres meses, es indudable que afecta la esfera jurídica del particular, por lo que tal respuesta, una vez resuelto desfavorablemente el juicio de nulidad, puede ser apta para impugnar mediante el amparo directo la constitucionalidad de las disposiciones de observancia general que fueran materia de tal consulta, petición o solicitud." En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Carlos Javier Portilla Romo. Lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al presente asunto por analogía, la tesis I.13o.A.4 K, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Myriam Salazar Muñoz, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, así como a Rodrigo Salazar Muñoz, limitación que se establece hasta en tanto el citado profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. En relación con su petición de que se le permita consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "portillacarlos", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios, es decir, cámara fotográfica y/o scanner para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto; con apoyo en los artículos 278 y 279 del código citado, se autoriza su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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