Carlos Javier Pérez Espejel

Expediente 1753/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1753/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Carlos Javier Pérez Espejel

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Se aceptó competencia y se ordena archivo. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca -recibido vía electrónica-, mediante el cual acusa recibo del oficio 39916/2019, por los que se envió el juicio de amparo 1753/2019 del índice de este Juzgado, en virtud de que por auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Javier Pérez Espejel por propio derecho; asimismo, la autoridad oficiante informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado, y que se avocó al conocimiento del asunto en comento, quedando registrado con el número 806/2019. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó no aceptar la competencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante autos del veintiocho de junio y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en los proveídos de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: El primer efecto del amparo, fue el siguiente: se desincorpore de la esfera jurídica de la sociedad quejosa mientras esté vigente, el artículo 18, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotzingo, Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Y el segundo efecto, fue el siguiente: se ordena al Tesorero Municipal de Huejotzingo, Estado de Puebla, devolver a la parte quejosa las cantidades que, de ser el caso, hasta el momento en que esta sentencia cause ejecutoria, hubiera enterado por concepto de derecho de alumbrado público consignadas en el aviso recibo 246 020 801 963, con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, para lo cual deberá tener presente que dicha norma entró en vigor a partir del uno de enero del dos mil diecinueve. Así, mediante proveído del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió al Tesorero del Municipio en mención para que girara un oficio a Comisión Federal de Electricidad a efecto de que no retuviera el derecho por el servicio de alumbrado público respecto del quejoso por el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; asimismo, se requirió al quejoso que manifestara las cantidades que había pagado por el derecho de alumbrado público. ? Cumplimiento respecto a que dejara de retener el derecho por servicio de alumbrado público. Mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso, se tuvo al Tesorero remitiendo el acuse por el cual solicitó a Comisión Federal de Electricidad que dejara de aplicar a la sociedad quejosa el derecho de alumbrado público y su vez adjuntó el oficio por el cual Comisión Federal de Electricidad le informó que dejaría de cobrar (fojas 220 a 237). Asimismo, por auto de cinco de julio de la presente anualidad, se tuvo a Comisión Federal de Electricidad informando que había dejado de cobrar el derecho de alumbrado público al quejoso por el resto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve. De lo anterior, se advierte que el Tesorero Municipal de Huejotzingo, Puebla, giró el oficio a Comisión Federal de Electricidad y se evidencia que se dejó de cobrar el derecho de alumbrado público por el resto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, lo cual se corroboró con la información proporcionada por Comisión Federal de Electricidad. ? Cumplimiento respecto a la cantidad a devolver al quejoso. Ahora bien, en lo referente al segundo efecto de la sentencia, mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso haciendo manifestaciones respecto a la cantidad a devolver por concepto de derecho de alumbrado público correspondiente a $114,577.69 (ciento catorce mil, quinientos setenta y siete pesos 69/100 M.N.) y se reservó acordar sobre su devolución. Ahora bien, en el mismo proveído, tomando en cuenta que mediante el diverso auto del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento de la ejecutoria de amparo a Comisión Federal de Electricidad, División Centro Oriente, zona de distribución Puebla, se le requirió que informara la totalidad de los pagos que había realizado la sociedad quejosa por el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Así, mediante proveído del cinco de julio del año en curso, Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, remitió constancias de las cuales se pudo advertir que la parte quejosa pagó por concepto del derecho de alumbrado público la cantidad de $114,577.69 (ciento catorce mil, quinientos setenta y siete pesos 69/100 M.N.), correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve y con dicha cantidad se dio vista a la autoridad responsable para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Ahora bien, por proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve, en razón a que la autoridad no realizó manifestaciones respecto de la cantidad a devolver, se requirió al Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo, Puebla, que pusiera a disposición de la parte quejosa la cantidad de $114,577.69 (ciento catorce mil, quinientos setenta y siete pesos 69/100 M.N.). Posteriormente, el dos de agosto de dos mil diecinueve, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, informó que en las oficinas de dicha dependencia quedaba a disposición de la parte quejosa el título de crédito de dieciséis de julio del año en curso, con número de folio 0000480 que amparaba la cantidad de $60,378.95 (sesenta mil, trescientos setenta y ocho pesos 95/100 M.N.) correspondiente a una parte de la cantidad adeudada por concepto de derecho de alumbrado público y que la cantidad restante consistente en $54,198.74 (cincuenta y cuatro mil, ciento noventa y ocho pesos 74/100 M.N.), se realizaría por transferencia electrónica. Con dicha información se le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si estaba conforme con la forma en como realizaría el pago el Tesorero del Municipio en mención. Ahora bien, toda vez que el quejoso no manifestó su inconformidad y al haber proporcionado los datos bancarios para que se realizara la transferencia aludida, se requirió al quejoso que compareciera a las instalaciones del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla a fin de que recogiera el cheque correspondiente y en el mismo, se remitieron los datos al Tesorero del municipio para que realizara la transferencia electrónica correspondiente. Así, por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el Tesorero informó que el nueve de agosto del año en curso, entregó el cheque por la cantidad de $60,378.95 (sesenta mil, trescientos setenta y ocho pesos 95/100 M.N.) a través de la copia de la póliza de cheque que remitió en copia certificada para acreditarlo, así como remitió copia certificada de la transferencia electrónica realizada el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 275 a 281). En ese sentido, en dicho proveído se requirió a la parte quejosa para que manifestara si había cobrado el cheque que le fue entregado, sin que a la fecha hubiere realizado manifestación alguna; por lo tanto, con las constancias remitidas por la autoridad, se tiene por consentido que recibió el cheque. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, desincorporara de la esfera jurídica a la parte quejosa la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotzingo, Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y se devolviera a la parte quejosa las cantidades que hasta el momento en que causara ejecutoria la sentencia hubiera enterado por concepto de derecho de alumbrado público y si se desincorporó a la sociedad quejosa del cobro del derecho de alumbrado público y se le reintegró la cantidad que había pagado por el derecho de alumbrado público en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; entonces, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Javier Pérez Espejel, contra el oficio TSJ/SGA/1957/2019 del Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1753/2019. Ahora, de la lectura integran de la demanda, y sus anexos, se desprende los datos siguientes: Parte quejosa. Carlos Javier Pérez Espejel. Autoridad(es) responsable(s): Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Acto(s) reclamado(s). El oficio TSJ/SGA/1957/2019 del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido con motivo de la solicitud del quejoso de realizar el trámite de registro de su título y cédula profesional, y en el cual se señala día y hora para que el quejoso comparezca ante esa dependencia a realizar -de manera personal- el trámite solicitado. Presupuesto procesal de competencia. Ahora, con el propósito de resolver lo conducente a la competencia declinada en favor de este órgano jurisdiccional, se toma en consideración que dicha figura procesal constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Para tal efecto, es necesario precisar que la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir. Asimismo, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Ahora, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia dentro de los cuales se encuentra la competencia territorial que distribuye las facultades para juzgar, o sea para decir el derecho, entre diversos órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos. Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual está determinada en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, mismas que son, precisamente, las que constituyen la materia de estudio y que consisten en lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden tres reglas para determinar la legal competencia para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Análisis particular de la competencia por razón del territorio. En el caso, como quedó precisado, se reclama el oficio TSJ/SGA/1957/2019 del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. En relación con el acto reclamado, de la demanda de amparo y documentos exhibidos con ésta, se desprende que el diecinueve de agosto del año en curso el quejoso solicitó al Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el registro de su título y cédula profesional, para lo cual, en lo que interesa, señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la ciudad de Oaxaca, tal como se desprende la transcripción siguiente: "El suscrito licenciado ***, por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que se ubica en la ***, con número telefónico *** y correo electrónico *** para contacto; por mi propio derecho ante usted comparezco para exponer: (.)" Al respecto, el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitió el oficio TSJ/SGA/1957/2019 del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el cual señaló día y hora para que el quejoso comparezca ante esa dependencia a realizar -de manera personal- el trámite solicitado. Lo anterior pone de manifiesto que el oficio reclamado sólo puede producir sus efectos en la Ciudad de Oaxaca, si se pondera que el propio quejoso al solicitar el trámite de referencia señaló como para recibir notificaciones un domicilio ubicado en aquella ciudad, sin perjuicio que también haya señalado un número telefónico o correo electrónico para contacto, o que en la demanda de amparo haya referido que radica en la ciudad de Puebla, pues dicha notificación surte sus efectos en el lugar señalado para tal efecto. Además, porque la citación para la realización de trámite pretendido, también implica que acuda ante la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo que corrobora que la ejecución de ese acto tendrá verificativo en la ciudad de Oaxaca, y no en el Estado de Puebla, si se pondera que el lugar en el que se realizará el trámite constituye un elemento objetivo para determinar el lugar donde se ejecuta el acto reclamado a través del juicio de amparo. Al caso, resulta ilustrativa en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE IMPONEN AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, CUANDO SE RECLAMAN EN SU CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVAS. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE LOS LUGARES EN LOS QUE PUEDA TENER EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer de los asuntos en los que se reclaman como autoaplicativos el Acuerdo por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos cuyos prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Nacional de Inscripción al Registro Nacional de Turismo dirigida a los prestadores de servicios turísticos, así como el Acuerdo por el que se establece el formato único para los trámites del Registro Nacional de Turismo, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, que imponen una ejecución material, al obligar al prestador de servicios turísticos a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, siempre y cuando ejerza jurisdicción en alguno de los lugares en que pudieran tener ejecución los actos reclamados, a saber, en la oficina estatal respectiva (donde la quejosa presta sus servicios turísticos), o bien, donde radica la ventanilla de registro central de la Secretaría de Turismo, esto es, en la Ciudad de México. Lo anterior es así, toda vez que el lugar o los lugares en que pueda efectuarse el registro de inscripción o el trámite correspondiente debe estimarse como el factor determinante para tal efecto, pues al tratarse de disposiciones autoaplicativas, existe el desconocimiento del lugar donde se va a realizar el trámite respectivo en el Registro Nacional de Turismo, de manera que lo relevante es que el quejoso tiene la posibilidad de efectuar la inscripción ante la oficina de turismo estatal, o bien, en la oficina central." Como puede apreciarse, el criterio transcrito establece que la legal competencia para conocer de un juicio de amparo en el que se controvierta como acto de aplicación de una norma la realización de un trámite de inscripción a un padrón, se surte indistintamente a favor del Juez residente en el lugar en el que realice dicho trámite, y si bien en ese caso, se prevé la posibilidad de que se surta a favor de dos o más jueces, lo cierto es que la competencia se fijó a favor del Juez residente en donde se realice el trámite. Lo anterior resulta ilustrativo al presente caso en el que el oficio reclamado en el que se cita al quejoso para que de manera personal realice el trámite de registro de su título y cédula profesional, ya que dicho trámite sólo puede realizarse en la ciudad de Oaxaca, que es donde se ubica el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Finalmente, no pasa inadvertido que la parte quejosa también aduce reclamar la omisión de registrar su título y cédula profesional, pues lo cierto es que dicha omisión la hace derivar del oficio en el que se le citó para la realización del trámite de manera personal. Por tanto, se estima que la legal competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, de conformidad con lo previsto en el artículo Cuarto, fracción XIII , del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado estima carecer de legal competencia para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ***; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el presente juicio de amparo, con las copias de la demanda respectivas, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia la remitirán de plano al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tienen como autorizados sólo para recibir notificaciones a ***, por así solicitarlo la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

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