Carlos Javier Navarrete Salazar

Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
444/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral Y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos
  • Carlos Javier Navarrete Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 444/2021-l, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el once de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que se declaró sin materia el mismo. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, se ordena la devolución del anexo l formado con las constancias remitidas por el Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y el anexo ll al Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 444/2021-I, promovido por Carlos Javier Navarrete Salazar; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno, por Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado, Carlos Javier Navarrete Salazar, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inconforme el quejoso interpuso recurso de queja del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el que por resolución emitida en sesión de trece de agosto de dos mil veintiuno, en el toca 149/2021, revocó el acuerdo impugnado y determinó se proveyera sobre la admisión de la demanda. TERCERO. En acatamiento a la resolución de mérito, por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Linda Noemí Flores Aguilar, el cual tuvo verificativo el quince de octubre de dos mil veintiuno. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: Del Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos (denominación correcta de la autoridad responsable): La resolución emitida el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal JC/4796/2021, en la que ratificó las medidas de protección decretadas por el Agente del Ministerio Público el veintitrés de abril de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación CJM01/1266/2020, previstas en las fracciones I, II, III y X, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Medias que ratificó por sesenta días naturales, concluyendo el veintisiete de junio de dos mil veintiuno. Del Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres y Titular de la Agencia de Investigación Criminal (denominación correcta de las autoridades responsables): La ejecución de las medidas de protección. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, toda vez que así lo aceptó al rendir el informe justificado Al respecto el Juez responsable exhibió entre otras, copia certificada de las constancias que integran la causa penal JC/479/2021; y un disco compacto que contiene copia auténtica del registro de audio y video de la audiencia de ratificación de medidas de protección celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2004362, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." De igual forma, son ciertos los actos de ejecución atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres ya que así lo admitió al rendir el informe justificado. Asimismo, no obstante que el Titular de la Agencia de Investigación Criminal en el informe justificado negó la existencia de los actos de ejecución, su negativa se encuentra desvirtuada con el informe rendido por el Agente del Ministerio Público responsable. CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser éstas una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable (...)" Conforme a la disposición legal invocada, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la Jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, y b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que estaban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra el anterior razonamiento, la tesis de la Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 1478, del texto y rubro: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Lo anterior se corrobora al tener presente que conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esta forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal JC/4796/2021, en la que el Juez responsable ratificó las medidas de protección decretadas por el Agente del Ministerio Público el veintitrés de abril de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación CJM01/1266/2020, previstas en las fracciones I, II, III y X, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad Medidas que ratificó por sesenta días naturales, concluyendo el veintisiete de junio de dos mil veintiuno. De lo anterior, se desprende que la medida de protección reclamada tuvo una vigencia temporal limitada a sesenta días, la cual finalizó el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, consecuentemente, su eficacia y validez se agotó con el transcurso del tiempo produciendo todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente En consecuencia la afectación que produjo la resolución reclamada a la esfera jurídica del quejoso se consumó de forma irreparable dada la imposibilidad de retrotraer en el tiempo las consecuencias producidas con la emisión y ejecución del acto reclamado, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo ya que, se reitera, no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas, dado que la medida ordenada en la resolución reclamada tenía una vigencia temporal que se agotó, lo cual hace que materialmente se encuentre consumada de forma irreparable. Toda vez que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclamaron al Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres y Titular de la Agencia de Investigación Criminal, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios. Tienen aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima Época, con número de registro 239008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia: común, página 50 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." QUINTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SEXTO.-SE HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Javier Navarrete Salazar, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia por las razones establecidas en el último de los considerandos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy once de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de la tercera interesada, mediante el cual se apersona a juicio, realiza diversas manifestaciones, designa autorizados , así como domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio de garantías en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle La Estación, número 100, esquina con avenida Cuauhtémoc, piso 1, puerta 6, colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos y por autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas. En otro aspecto indíquese a la promovente que no ha lugar a tener por señalado como domicilio procesal el número telefónico, toda vez que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la serie de medidas preventivas frente al coronavirus covid-19; éstos únicamente son formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales; no así notificaciones formales; máxime que tampoco se encuentran contemplados en la Ley de la Materia. No obstante a lo anterior, acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. En relación con las pruebas que ofrece la tercera interesada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por último, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Nestor Paul Lagunas Verastegui, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Se recibe el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 312/2021-I (orden 479/2021-I) deducido al juicio de amparo 444/2021-I, por el cual se ordenó emplazar a la tercero interesada Linda Nohemí Flores Aguilar; agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional (S.I.S.E.). Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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