Carlos Javier García Mejia
Expediente 1377/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1377/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Javier García Mejia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno e interlocutoria de veintiocho de diciembre de ese mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en virtud que resulta innecesario la conservación del disco versátil digital (DVD) certificado que remitió la autoridad responsable jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se gire se ordena devolver dicha documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1377/2021 III-B, promovido por***, en contra de actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, para emitir la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se le vinculó a proceso, dentro de la causa penal ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en agravio de Limeni Sorospen García Mejía. I. ANTECEDENTES De las documentales que se allegaron al expediente de amparo, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se tramita la causa penal ***, en contra de *** por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, en agravio de Limeni Sorospen García Nogales. En audiencia de trece de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se calificó de legal la detención del imputado, la Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó se vinculara a proceso a ***. La defensa del imputado se acogió al plazo constitucional ampliado para que se resolviera la situación jurídica, por lo que se fijaron las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para el verificativo de dicha audiencia. En audiencia de dieciocho de noviembre de la anualidad pasada, se determinó vincular a proceso a ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en perjuicio de ***. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por propio derecho, presentó un escrito el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 19 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado al día siguiente de su presentación y en acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se registró con el número 1377/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se emplazó a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Por escrito de trece de enero del año en curso, se tuvo por apersonada al presente juicio a la tercero interesada (víctima)*** La audiencia constitucional tuvo verificativo el quince de febrero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La determinación emitida en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal ***, mediante el cual lo vinculó proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, en agravio de ***. Del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca: La ejecución de la determinación que antecede. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal ***que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN Carlos Javier García Mejía, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada en la audiencia que controvierte en esta instancia judicial, fue emitida en su contra, lo que a su decir es violatorios de derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD La determinación emitida por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la que vinculó a proceso al aquí quejoso, dentro de la causa penal **, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, en perjuicio de***, se notificó en la propia audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el treinta y uno de mayo del año en curso. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintidós de noviembre y feneció el diez de diciembre de dos mil veintiuno. Al plazo citado, se descuentan los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, cuatro y cinco de diciembre de la anualidad pasada, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Así, al presentarse la demanda el ocho de diciembre de dos mil veintiuno-como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". X. ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa, en esencia, hace valer los siguientes conceptos de violación: Que los datos de prueba aportados resultan incipientes y anodinos para acreditar el hecho que se le imputa. Que no se encuentra acreditado con los datos de prueba la corporeidad del evento delictivo. Refiere que existen incongruencias entre lo expuesto por la madre de la víctima y lo expuesto por ésta. Que la progenitora sólo mencionó que vio a su hija con un hombre, pero que de ser cierta esa aseveración, hubiese acudido a su auxilio. Manifiesta que es absurdo que la madre de la víctima indique que no hizo nada después de verla abrazada de un hombre, cuestionando incluso por qué la perdió de vista. Asevera que en el auto de vinculación a proceso controvertido, no se pone en evidencia que se le haya impuesto la cópula por medio de la violencia física o moral. Que no basta con el hecho que haya tenido a su lado un arma de fuego, porque no la amagó con ésta. También, pone de manifiesto que no se probó la existencia de violencia física, pues a su consideración, la declaración de la víctima es totalmente inverosímil; lo anterior, porque le resulta ilógico que la víctima haya declarado que le pidió al victimario que se pudiera condón, lo que podría evidenciar que si bien existió la cópula, ésta fue consentida. Indica que en su declaración, la víctima no dice que la hayan violentado, que no la golpeó; de ahí que a decir del quejoso, se dé a entender que existía confianza con su victimario. Motivo por el cual considera que la Juez de origen debió restar valor probatorio a la declaración de *** Enfatiza el impetrante que la víctima nunca mencionó haber opuesto resistencia para no ser fornicada y que el hecho de decir que vomitó cuando le practicó sexo oral, no configura la violencia moral. Por lo que respecta a la valoración que hizo la Juez responsable del dato de prueba consistente en el dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, el quejoso refirió que éste a nada conduce y no sustenta la versión de lo sucedido. Sostiene su aseveración, aduciendo que lo único que detecta ese dato de prueba es que sí hubo relación sexual, pero no acredita que haya sido impuesta con violencia física; máxime que se indicó en dicho dictamen que existía una desfloración antigua, quedando entredicho su castidad y honestidad. Respecto del dictamen químico, el quejoso refiere que revela que no se encontró semen, así que no hubo eyaculación. Por lo que hace a su probable participación, indica que no fue correcto que la Juez responsable valorara la diligencia de reconocimiento de fotografía, porque a su decir, no se ajusta a los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y que ese dato no es suficiente para acreditar su probable responsabilidad. Lo anterior, pues refiere que no se llevó a cabo con reserva, ya que la víctima estaba acompañada, que no se le situó en un lugar diferente, por lo que pudo ser aleccionada. Además, manifiesta que la víctima no analizó bien las imágenes, ya que sin preámbulo eligió la marcada con el número cuatro sin tomarse el tiempo prudente para verlas. También, indica que no eran personas con características similares a él. Los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como quedará evidenciado en párrafos siguientes. Previo al estudio del asunto, es necesario dejar claro que no pasan inadvertidas los calificativos despectivos que la parte quejosa y sus autorizados ***a, hicieron hacía la víctima, mismos que no serán transcritos en aras de no re victimizarla pero obran en la demanda de amparo; pues ***a y los Licenciados en Derecho que lo representan, deben dirigirse hacia con respeto. Por tanto, se les conmina a que en lo subsecuente, se conduzcan con respeto hacia la tercera interesada, apercibidos que de no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio establecidas en la ley. Ahora bien, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsable, relativo a la causa penal ***, se advierte lo siguiente: Audiencia de trece de noviembre de dos mil veintiuno A las 10:17 horas, se inició la audiencia, en la que después de individualizarse las partes y hacerse del conocimiento del imputado de los derechos que tiene reconocidos, la Juez de Control responsable calificó de legal la detención. Acto seguido, la Representación Social comunicó imputación (11:04 horas). Luego, a las 11:08 horas, la Agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado. A las 13:21 horas, el imputado manifestó que era su deseo acogerse al plazo constitucional ampliado. Audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno A las 11:08 horas, se inició la audiencia, en la que después de verterse y valorarse los datos de prueba, se vinculó a proceso al aquí quejoso (12:02 horas). De los acontecimientos antes expuestos, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por sus defensores particulares, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que se llevó a cabo la audiencia y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada del disco versátil digital de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Fiscal formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en agravio de Limeni Sorospen García Nogales y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso en su contra (en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno), por su probable intervención en el hecho imputado, al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que *** lo perpetró. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Ministerio Público Acuerdo de inicio de la carpeta de investigación 35257/FMUJ/USEX/2021. Informe de la psicóloga*** de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de ***, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de***, de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Dictamen químico, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Diligencia de retrato hablado. Entrevista a ***, de treinta de octubre de dos mil veintiuno. Inspección en el lugar de los hechos, de treinta de octubre de dos mil veintiuno, realizada por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de investigación, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de fecha siete de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de fecha seis de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por un Agente Estatal de Investigaciones. Seis cédulas de identificación y seis fotografías. Oficio de siete de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por el Jefe de Área de Análisis Delincuencial. Diligencia de reconocimiento por fotografía. Informe suscrito por un Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (respecto de la diligencia de reconocimiento por fotografía). Oficio SSP/CIDI/DGCCCC/2902/2021 firmado por el Director del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, mediante el cual remitió las grabaciones de las cámaras de video vigilancia ubicada en las esquinas de las calles de Allende y Macedonio Alcalá, en un lapso de las veintiuna a las veintidós treinta horas del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, así como las videograbaciones de las cámaras de video vigilancia ubicadas en el crucero de La Experimental en un lapso de las cero horas con treinta minutos a las dos horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informe de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de seis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la perito químico. Dictamen en materia de psicología, de treinta de octubre de dos mil veintiuno. Informe de seis de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por un Agente Estatal de Investigaciones. Sin que la defensa del imputado incorporara algún dato de prueba. La Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "El veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos,***siguió a Limeny Orospen (sic) García Nogales, cuando ésta se encontraba sobre la calle de Allende en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; siguiéndola sobre la calle de Macedonio Alcalá o el andador turístico, en donde la abordó y le dijo "coopera, no te pongas pendeja si quieres que te ayude", llevándosela caminando y posteriormente la subió a un vehículo blanco, tipo Tsuru, donde la drogó; y al llegar a un taller de hojalatería y pintura que se ubica sobre la calle Reforma, número 105, San Agustín de las Juntas, Oaxaca, Carlos Javier García Mejía, la metió en un cuarto de lámina, donde le tomó fotografías desnuda y posteriormente le metió el pene en la boca, ante lo cual Limeny (sic) se vomitó encima de él, lo que provocó que se enojara y la arrastrara hacia la cama, en dónde le metió el pene en la vagina y posteriormente le dio la vuelta y le metió el pene en el ano, ante lo cual Limeny Orospen (sic) gritaba de dolor, mientras que Carlos Javier le decía "nunca me había comido algo tan tiernito, cómo le vas a gustar a los hombres con los que te voy a llevar", después la subió al vehículo mencionado y la abandonó sobre la Avenida Símbolos Patrios, donde Limeny Orospen (sic) García Nogales caminó hasta llegar a una taquería que se ubica en el crucero de La Experimental, San Antonio de La Cal, Oaxaca, donde solicitó auxilio siendo aproximadamente entre las 01:30 y 02:30 horas del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno." La Juez responsable continuó verificando si los hechos antes relatados se subsumen a lo que la norma penal dispone en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que prevé el delito de violación, tomando en consideración los datos de prueba vertidos por la Representación Social. El artículo ante invocado dispone: "Artículo 246. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." (Lo subrayado es propio) Para tener por comprobado que los hechos encuadran en la norma penal, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos por la Representación Social, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el suscrito considera que fueron correctamente ponderados los datos de prueba incorporados por la Representación Social, como a continuación se expondrá. En relación con el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación 35257/FMUJ/USEX/2021, la Juez de Control responsable indicó que es útil para conocer la fecha en la cual se dio inicio a la carpeta, lo que resulta congruente y se relaciona con lo que manifestó la víctima en cuanto a la hora en la que fue presentada ante la Institución Ministerial, después de la agresión que sufrió. Por cuanto hace al informe rendido por la perito en psicología, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se estableció que éste guarda pertinencia porque da cuenta del por qué la víctima fue presentada ante el Ministerio Público pero no presentó su denuncia en esa data (debido a la contención emocional que presentaba, por lo que no se encontraba en condiciones de declarar) y lo hizo hasta el veintinueve posterior. A la declaración de Yuli Ivonne García Nogales, la Juzgadora responsable precisó que tiene pertinencia con los hechos investigados, en razón de que corrobora el contexto que refiere la víctima en cuanto a su entorno familiar, como lo es que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Limeni salió de su domicilio porque había discutido con sus padres. Que declarante observó que su hija iba caminando sobre la calle Independencia, Centro, Oaxaca, donde se percató que iba abrazada de un hombre se complexión robusta, corroborando lo expuesto por la víctima al presentar su denuncia. En relación con la denuncia presentada por la víctima Limeni Sorospen García Nogales, se estableció que es pertinente, ya que ella fue la que resintió la conducta denunciada; además, porque dio razón suficiente del porqué se encontraba en el centro de la ciudad de Oaxaca, que se había peleado con sus padres y por eso fue al negocio de su amigo a pedirle ayuda, narrando de momento en momento lo sucedido, cuando fue abordada por el imputado y lo que pasó después. Información proporcionada que se pudo concatenar con otros datos de prueba, como lo es el resultado de la valoración médica, que estableció que sí existieron penetraciones vía vaginal y anal; el dictamen químico, que estableció la presencia de narcóticos en el cuerpo de la víctima (cocaína que en su denuncia precisó que el imputado la obligó a consumir); la entrevista a Giuseppe Liberaty Hernández, quien manifestó que su amiga Limeni llegó al lugar donde trabaja y que pudo observar al imputado ir detrás de ella por el andador turístico, percatándose después que la lleva abrazando, lo que se corroboró con los videos de las cámaras de video vigilancia. Es por lo anterior que, hasta este momento procesal, la Juez estableció que el dicho de la víctima le generaba credibilidad, pues también indicó que después de haber sido violentada, acudió a una taquería a pedir auxilio, lo que se desprende fue reconocido por el Agente Estatal de Investigaciones que se constituyó en ese lugar y una señora que trabaja ahí, le corroboró lo dicho por Limeni. Respecto del dictamen médico, de igual forma la Juez de la causa indicó su pertinencia, porque sirvió para establecer que existió penetración en la vía vaginal y anal, valoración que se llevó a cabo al día siguiente del que sucedieron los hechos (veintisiete de octubre de dos mil veintiuno); lo que corrobora la declaración de la víctima en cuanto a la cópula que se le impuso, por las vías ya precisadas. Al dictamen químico, también se le calificó de pertinente e idóneo, pues sirvió para establecer que la víctima sí presentaba restos de narcóticos, los que mencionó en su declaración, expresando que probablemente el imputado le dio a consumir cocaína; sin que existiera dato alguno que le reste credibilidad. El dictamen de retrato hablado se calificó de pertinente. Esto, en razón de que tiene relación con los hechos ya que al denunciar, la víctima no proporcionó el nombre de la persona que la agredió, pero sí dio las características de éste; lo que justificó la intervención del perito, quien acompañado de Limeni, realizó el dibujo respectivo. Se precisó que la víctima sí estuvo en condiciones de percibir la información que proporcionó (rasgos físicos del imputado), porque si bien el hecho sucedió en la noche, lo cierto es que probablemente Carlos Javier la abordó en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y constituye un hecho notorio que es un lugar con suficiente iluminación, aunado a que Limeni mencionó que el nombrado no llevaba cubre bocas, por lo que pudo apreciar su rostro. Ahora, respecto de la entrevista a Giuseppe Liberaty Hernández, la Juez de origen estableció que tiene relación con los hechos investigados, porque corrobora la información periférica, esto es, los hechos que sucedieron antes de la agresión denunciada, de ahí que sea pertinente e idónea. El entrevistado relató que Limeni, cuando acudió a verlo al restaurante donde labora, le contó que se había peleado con su madre y le pidió dinero prestado, que mientras platicaba con ella, se acercó un sujeto del sexo masculino (el imputado) quien le preguntó si aún tenían servicio; que cuando su amiga se retiró del lugar, pudo observar que el imputado la comenzó a seguir, lo que motivó que caminara hasta la calle de Macedonio Alcalá , que al dar la vuelta por la Plazuela del Carmen Alto, vio que iban abrazados, pero como no observó a su amiga pedir ayuda, retornó a su centro de trabajo. Respecto de la inspección realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, la autoridad responsable determinó su pertinencia e idoneidad, ya que sirvió para establecer la existencia y las características físicas de los lugares mencionados por la víctima (lugar de agresión, taquería donde pidió ayuda); lugares que el mencionado agente percibió de manera directa, a través de sus sentidos y acompañado de Limeni. El dato de prueba en comento, corrobora las circunstancias que mencionó la víctima en su denuncia, como lo es el lugar donde probablemente se llevó a cabo la agresión (un taller con diversos vehículos en su interior, con reja, en San Agustín de las Juntas, Oaxaca), ubicando una lona color azul frente a éste y el puesto de tacos donde acudió a pedir auxilio; además, resulta creíble que se haya percatado de la lona en comento, porque si bien era horario nocturno cuando ocurrieron los hechos denunciados, se trata de un lugar urbano, con alumbrado artificial, aunado a que el imputado la hizo abordar un automóvil, que cuenta con luces que permiten visualizar el camino. De igual forma, se concedió valor probatorio al informe rendido por la Agente Estatal de Investigaciones, en el que relató que ubicó el domicilio donde la víctima indicó que se llevó a cabo la agresión en la página web Google Maps, haciendo una comparativa entre las fotografías que tomó al realizar la inspección y las que aparecen en internet; que aparecía una lona que ofrecía servicios de emplacamiento, con un número de teléfono celular. Describe la Agente que el número que obtuvo lo ingresó en una página web, apareciéndole que se brinda un servicio de taller, con el nombre de la persona que aparentemente podría brindar información del servicio prestado; luego, el nombre que encontró, lo ingresó en la red social Facebook, para obtener datos que pudieran permitir dar con la identidad de la persona que agredió a la víctima. En el informe, la Agente detalló los pasos que siguió hasta dar con el nombre de Carlos Javier García Mejía; para después, llegar a otro acto de investigación, esto es, solicitarle al Director de Licencias de la Secretaría de Movilidad y Vialidad en el Estado que remitiera el resultado de si existe una licencia para conducir a favor del nombrado. Dicho acto, lo consideró pertinente porque se relaciona con los hechos investigados, ya que en su denuncia, la víctima no pudo señalar el nombre de la persona que la agredió, ya que no existe dato que permita establecer que previo al día de los hechos, conociera al imputado o tuviera una relación con él; además, que el acto de investigación tuvo la finalidad de conocer la identidad del agresor Los datos de prueba consistentes en el informe que remitió las cédulas de identificación (fichas de Agentes Estatales de Investigaciones y personas detenidas que guardaran características semejantes con la fotografía que se observó en la licencia para conducir proporcionada) y la actividad que realizó el Jefe de la Unidad de Análisis Delincuencial, fueron considerados como datos de prueba idóneos para poder establecer la identidad de la persona que pudo haber cometido la agresión a Limeni; se asentó que dichas fichas se remitieron para que se igualara el fondo y no existiera una característica específica que pudiera llevar a un reconocimiento erróneo. Ahora bien, por cuanto hace a la diligencia de reconocimiento por fotografía, la Juzgadora responsable concedió estimación probatoria porque tiene relación con los hechos; esto, porque tuvo la finalidad de establecer la identidad de la persona que pudo haber cometido el hecho denunciado. Asimismo, precisó que se cumplieron con las formalidades exigidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue practicado por una Agente del Ministerio Público distinta a quien llevó el trámite de la carpeta de investigación y se conservó a través de la videograbación correspondiente, en la que se observa que la víctima, previo a reconocer a su agresor, fue cuestionada respecto de las características de éste, precisando además los rasgos que recordaba, derivado de la agresión. Al informe remitido por el Director del Centro de Control, Comando y Comunicación, también se le concedió valor probatorio, porque esa dependencia conserva los videos que se toman desde distintas cámaras que se ubican en el centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En el informe que remitió el Agente Estatal, relativo a la inspección en los videos que se mencionaron en el párrafo que antecede, se precisó que estuvo acompañado de la víctima y de Giuseppe, quienes identificaron las imágenes que les fueron mostradas, siendo que lo observado coincidió con lo narrado en su declaración (hora y lugar de los hechos). Al informe químico se le concedió valor probatorio, por considerarlo pertinente. Ello porque en el informe realizado por el perito, se establecieron los efectos que los narcóticos pueden producirle a una persona, los que fueron encontrados en el cuerpo de la víctima; deduciendo que sí estuvo en condiciones de poder percibir los hechos que estaban sucediendo en su entorno. Aunado a que en el dictamen en psicología, el que de igual manera se calificó de pertinente e idóneo, se estableció que la víctima presentaba una afectación emocional al momento de ser valorada, que existía congruencia entre lo que decía y lo que expresaba con su cuerpo, que es persistente en cuando al señalamiento de la forma en la que sucedieron los hechos y la persona que probablemente la pudo haber agredido. También, se estableció que la víctima no presentaba enfermedad mental que no le permitiera mantener contacto con la realidad, sino que se precisó que tiene un adecuado contacto con la realidad y que presenta afectación a su estado emocional, lo que se infiere, puede tener origen en los hechos denunciados. Finalmente, respecto al dato de prueba consistente en el informe que rindió el Agente Estatal de Investigaciones, relativo a la taquería en la que manifestó la víctima pidió auxilio, se estableció que guarda pertinencia, porque corrobora lo manifestado por Limeni, en cuanto a que después de la agresión, llegó a ese lugar, pidió auxilio y ahí fue donde le proporcionaron un teléfono celular con el que pudo comunicarse con una amiga. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con la Juez de origen en cuanto a que con los datos de prueba aportados por la Representación Social, se puede establecer que se acreditan los hechos anteriormente relatados, como se expondrá a continuación. Primero, se cita el contenido del numeral 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca: "Artículo 246. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." (Énfasis añadido) Ahora bien, la autoridad responsable precisó que los elementos para acreditar el delito de violación son los siguientes: Que haya existido cópula con una persona sin consentimiento. Que dicha cópula se haya realizado por medio de la violencia física o moral. Por lo que respecta a la existencia de la cópula, siendo esta la introducción del miembro viril en la cavidad anal, oral o vaginal de una persona, se estableció con el hecho de que en la fecha, hora y lugares ya precisados, Carlos Javier probablemente introdujo su pene en la vagina y en el ano de la víctima; pues así lo declaró Limeni al presentar la denuncia correspondiente, lo que se adminiculó con los diversos datos de prueba antes relatados, como lo es el dictamen médico, en el que se expuso que sí existió penetración en las vías mencionadas. Respecto al medio comisivo, la Juez de la causa precisó que se llevó a cabo empleando la violencia física y la moral. Violencia moral. Ello en razón de que de la información proporcionada por la víctima, se obtuvo que una vez que es conducida a la unidad de motor (Tsuru), la llevan a otro lugar donde compran narcótico (cocaína) para que lo consuma; además, indicó que al subir al automóvil, observó que el imputado llevaba consigo un arma de fuego; aunado a que cuando la abordó en el corredor turístico, sintió un objeto duro que se aptó en sus costillas. Además, la víctima relató que el imputado le dijo que iba a trabajar para él, que trabaja para el ejército y que conoce a los narcos, que si quiere la va a desaparecer; eso mientras tomaba el arma de fuego que poseía. Lo anterior, la Juez lo relacionó con el dictamen en psicología, en el que se estableció que aunque la víctima tiene dieciocho años, lo que la hace un adulto, lo cierto es que cognitivamente sigue siendo una adolescente, porque todavía no concluye su desarrollo; aunado a que el dictamen psicológico y la declaración de su madre evidenciaron que viene de una familia desintegrada, porque el día de los hechos, ella salió de su domicilio después de una discusión con sus padres. Violencia física. Se actualiza con el hecho que la víctima refirió que después de que el imputado le introduce su pene a la boca, ella vomitó porque le generó molestia; después, la jaló de la mano y la aventó a la cama que se encontraba en ese lugar, donde se colocó sobre ella, le dio la vuelta para realizar la cópula vía vaginal y anal. De lo expuesto, se aprecia que el imputado, con su propio cuerpo pudo ejercer presión sobre la víctima para obtener el resultado deseado; precisando la autoridad responsable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas resoluciones que en el delito de violación, es de suma importancia el dicho de la víctima, porque generalmente se comente sin la presencia de testigos, pero que ese dicho, debe relacionarse con otros datos de prueba y que la violencia que se emplee, no debe llegar al extremo de que forzosamente tenga que dejar huellas en el cuerpo de la víctima. Ahora, en lo atinente a que la cópula se realizó sin el consentimiento de Limeni, quedó establecido cuando en su declaración ella mencionó que cuando el imputado le introdujo el pene en las cavidades ya mencionadas, gritó de dolor, lo que no impidió que continuara haciéndolo, sino que le dijo que nunca se había comido algo tan tiernito. Además, se hizo contar que una vez que el imputado la abandonó sobre la avenida Símbolos Patrios, ella acudió a una taquería que encontró abierta y pidió ayuda, refiriendo que acababa de ser violada, pues así le comentó a la amiga que llamó para pedir ayuda y así lo manifestó cuando acudió ante el Ministerio Público a realizar su denuncia, de lo que se infiere su falta de consentimiento. La conducta atribuida a Carlos Javier, es a título de dolo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción I del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque no le era desconocido que la víctima no deseaba ir con él, ni ser llevada en contra de su voluntad, ni ser copulada vía anal, oral y vaginal, sumando todas las expresiones verbales (que la podía desaparecer) y utilizar su cuerpo para manipularla hasta conseguir la introducción del miembro viril. La conducta es antijurídica, porque se lesionó el derecho que tiene la víctima para decidir de manera libre con quien sí y con quien no quiere tener una relación sexual. En lo que atañe a la probabilidad de que Carlos Javier García Mejía, cometió el hecho que la ley señala como delito de violación, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Fiscal Federal, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo perpetuó son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia con la diligencia de reconocimiento por fotografía, pues como se recordará, la víctima no conocía la identidad de su agresor al momento de realizar su denuncia y la agresión se realizó sin presencia de ningún testigo. Por lo que hace a la forma de intervención, la Juez responsable indicó que el imputado actuó como autor material, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque realizó la conducta por sí mismo. Ya que él fue quien le impuso la cópula a Limeni en contra de su voluntad, Así, los datos de prueba aportados por las partes son suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos, no solo para tener la cobertura de establecer los hechos, la subsunción de éstos en la norma penal, acreditar los elementos del tipo penal, sino también la probable participación del imputado en su comisión. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa, la Juez de Control responsable acertadamente ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por la Fiscal, por lo que con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que Carlos Javier García Mejía probablemente participó en la comisión del hecho delictivo multicitado. Máxime que para el dictado del auto de vinculación la Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que la Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de las videograbaciones de la audiencia de vinculación a proceso se advierte que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en agravio de Limeni Sorospen García Nogales. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Es por todo lo expuesto con anterioridad, que devienen infundados los conceptos de violación encaminados a evidenciar que el auto de vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación, pues como se explicó en las líneas que anteceden, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se colmaron las exigencias previstas por los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como la establecida en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación reclamado. Ello, porque contrario a lo que refiere el quejoso, la Juez responsable sí precisó los motivos y fundamentos por los cuales determinó que los hechos expuestos por la Representación Social encuadran a lo que la norma penal dispone en el numeral 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, relativo al delito de violación. Entonces, sí existen datos de prueba con los que se advierte la existencia de un hecho que la ley señala como delito (violación) y la probabilidad de que Carlos Javier García Mejía participó en su comisión, pues incluso la autoridad responsable estimó de manera libre y lógica los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, como lo prevé el artículo 265 del invocado código e indicó qué era lo que se obtenía de cada uno y los hechos que corroboraban. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en el cual el quejoso expone que los datos de prueba incorporados resultan incipientes y anodinos, pues como precisó la Juez responsables, éstos se calificaron de pertinentes e idóneos para los fines propuestos. Es por ello que tampoco asiste la razón al quejoso cuando indica que se debió restar valor probatorio a la declaración de la víctima y de su progenitora, ya que a su decir existen incongruencias entre éstas. Se dice lo anterior, porque la Juzgadora responsable patentizó que si bien el hecho se llevó a cabo sin la presencia de testigos, la declaración de Yuli Ivonne sirve para evidenciar lo que ocurrió antes, es decir el contexto que brindó la víctima, que por la discusión que tuvo con Limeni Sorospen, ella salió de su domicilio y se dirigió al andador turístico de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde probablemente el imputado la abordó. En este punto, es importante recalcar que los datos de prueba consistentes en la declaración de la víctima Limeni Sorospen García Nogales, de su madre Yuli Ivonne García Nogales y el dictamen en psicología evidencian que entre madre e hija no existe una buena relación; motivo por el cual es creíble que a pesar de haber visto a su hija caminando con un hombre, abrazados, la madre no se haya acercado, contrario a lo apreciado por el quejoso que ello resulta absurdo. Ahora bien, la juez responsable explicó los motivos y fundamentos por los cuales consideró que en los hechos denunciados se acreditaba la violencia física y moral, como se relató en las líneas que anteceden. Sin embargo, a juicio del quejoso no se evidencia que se le haya impuesto la cópula a la víctima por medio de la violencia física o moral, porque no basta que haya tenido un arma de fuego al lado, ya que no la amagó. Así como tampoco, a su decir, está probado que existió violencia física, porque no golpeó a la víctima y ella no dijo expresamente que fue violentada en su declaración, por lo que considera que eso da a entender que existía confianza con él. Lo infundado de los motivos de disenso antes sintetizados, radica en que la Juzgadora de origen fue clara al precisar que para acreditar que existió violencia física, no se debe llegar al extremo de que en el cuerpo de la víctima existan huellas de la agresión. Empero, al expresar la víctima que el imputado le introdujo el pene en su boca y después, la volteó para introducir el miembro viril en su vagina y ano, se obtiene que pudo haber ejercido presión sobre el cuerpo de Limeni. Además, por lo que respecta a la violencia moral, la Juez también hizo constar que se configuraba porque el imputado amenazó a la víctima diciéndole que trabaja para el ejército, que conoce a los narcos y que si quiere, la va a desaparecer, así como la expresión "nunca me había comido algo tan tiernito". De igual forma, es infundado el concepto de violación en el cual pretende el quejoso desestimar las consideraciones de la autoridad responsable cuando dice que la víctima en su declaración no manifestó oponer resistencia y que es ilógico que le pida a su victimario que se pusiera un preservativo. Al respecto, este juzgador considera que la declaración de la víctima fue correctamente valorada por la juzgadora de origen, pues se atendieron los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal del País, ya que valoró con perspectiva de género, evitando afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas que restaran credibilidad a lo narrado por Limeni. En ese sentido, el quejoso no puede sostener que al no existir en la declaración expresa en la denuncia que evidencie que en reiteradas ocasiones la víctima le haya pedido que no la fornicara, para que a su consideración esté satisfecha la falta de consentimiento. Se cita la tesis aislada CLXXXIV/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2015634, que dispone: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos." Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando expone que el dictamen médico y el dictamen químico, a nada ayudan para acreditar la existencia del hecho que se le atribuye. Empero, como ya se relató con anterioridad, dichos datos de prueba fueron correctamente valorados por la Juez responsable, ya que precisó con detalle lo que de ellos se obtuvo. Ahora, debe precisarse al quejoso que en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, se analizaron y ponderaron todos los datos de prueba incorporados por la Representación Social, es decir, se valoraron y adminicularon entre sí; por ello, no es correcta su apreciación en el sentido que los dictámenes médico y químico, no sirven para acreditar la existencia de violencia física y moral, ni la agresión misma, pues no fueron los únicos datos de prueba en los que se sustentó la juez de origen para tenerlos por acreditados. En lo que atañe a la probable responsabilidad del quejoso, indica que no fue correcto que se le concediera valor probatorio a la diligencia de reconocimiento de fotografía, porque no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se llevó a cabo con reserva, ya que la víctima iba acompañada y no se tomó un tiempo prudente para analizar las imágenes que le fueron mostradas y sin preámbulo seleccionó la número cuatro. Sin embargo, correctamente la Juez responsable precisó que atendiendo a la naturaleza del delito que se le imputa, que generalmente se comente sin presencia de testigos, la víctima fue consistente al indicar las características físicas de su agresor, ante la Fiscal, ante la psicóloga y ante el Agente Estatal que realizó el retrato hablado; sumado a que en la diligencia en comento, explicó los factores que la llevaron a elegir la fotografía marcada con el número 4 y los motivos por los cuales no eligió las diversas que le fueron mostradas. Aunado a que sí se cumplieron las formalidades establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues si bien la víctima estuvo asistida de la perito en psicología y de su asesora jurídica, lo cierto es que no intervinieron cuando Limeni reconoció a su agresor. XI. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Carlos Javier García Mejía. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a la autoridad responsable señalada como ejecutora, en razón de que no se le reclamó por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1377/2021 III-B, promovido por***, en contra de actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, para emitir la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se le vinculó a proceso, dentro de la causa penal ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en agravio de Limeni Sorospen García Mejía. I. ANTECEDENTES De las documentales que se allegaron al expediente de amparo, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se tramita la causa penal ***, en contra de *** por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, en agravio de Limeni Sorospen García Nogales. En audiencia de trece de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se calificó de legal la detención del imputado, la Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó se vinculara a proceso a ***. La defensa del imputado se acogió al plazo constitucional ampliado para que se resolviera la situación jurídica, por lo que se fijaron las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para el verificativo de dicha audiencia. En audiencia de dieciocho de noviembre de la anualidad pasada, se determinó vincular a proceso a ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en perjuicio de ***. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por propio derecho, presentó un escrito el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 19 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado al día siguiente de su presentación y en acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se registró con el número 1377/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se emplazó a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Por escrito de trece de enero del año en curso, se tuvo por apersonada al presente juicio a la tercero interesada (víctima)*** La audiencia constitucional tuvo verificativo el quince de febrero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La determinación emitida en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal ***, mediante el cual lo vinculó proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, en agravio de ***. Del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca: La ejecución de la determinación que antecede. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal ***que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN Carlos Javier García Mejía, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada en la audiencia que controvierte en esta instancia judicial, fue emitida en su contra, lo que a su decir es violatorios de derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD La determinación emitida por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la que vinculó a proceso al aquí quejoso, dentro de la causa penal **, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, en perjuicio de***, se notificó en la propia audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el treinta y uno de mayo del año en curso. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintidós de noviembre y feneció el diez de diciembre de dos mil veintiuno. Al plazo citado, se descuentan los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, cuatro y cinco de diciembre de la anualidad pasada, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Así, al presentarse la demanda el ocho de diciembre de dos mil veintiuno-como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". X. ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa, en esencia, hace valer los siguientes conceptos de violación: Que los datos de prueba aportados resultan incipientes y anodinos para acreditar el hecho que se le imputa. Que no se encuentra acreditado con los datos de prueba la corporeidad del evento delictivo. Refiere que existen incongruencias entre lo expuesto por la madre de la víctima y lo expuesto por ésta. Que la progenitora sólo mencionó que vio a su hija con un hombre, pero que de ser cierta esa aseveración, hubiese acudido a su auxilio. Manifiesta que es absurdo que la madre de la víctima indique que no hizo nada después de verla abrazada de un hombre, cuestionando incluso por qué la perdió de vista. Asevera que en el auto de vinculación a proceso controvertido, no se pone en evidencia que se le haya impuesto la cópula por medio de la violencia física o moral. Que no basta con el hecho que haya tenido a su lado un arma de fuego, porque no la amagó con ésta. También, pone de manifiesto que no se probó la existencia de violencia física, pues a su consideración, la declaración de la víctima es totalmente inverosímil; lo anterior, porque le resulta ilógico que la víctima haya declarado que le pidió al victimario que se pudiera condón, lo que podría evidenciar que si bien existió la cópula, ésta fue consentida. Indica que en su declaración, la víctima no dice que la hayan violentado, que no la golpeó; de ahí que a decir del quejoso, se dé a entender que existía confianza con su victimario. Motivo por el cual considera que la Juez de origen debió restar valor probatorio a la declaración de *** Enfatiza el impetrante que la víctima nunca mencionó haber opuesto resistencia para no ser fornicada y que el hecho de decir que vomitó cuando le practicó sexo oral, no configura la violencia moral. Por lo que respecta a la valoración que hizo la Juez responsable del dato de prueba consistente en el dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, el quejoso refirió que éste a nada conduce y no sustenta la versión de lo sucedido. Sostiene su aseveración, aduciendo que lo único que detecta ese dato de prueba es que sí hubo relación sexual, pero no acredita que haya sido impuesta con violencia física; máxime que se indicó en dicho dictamen que existía una desfloración antigua, quedando entredicho su castidad y honestidad. Respecto del dictamen químico, el quejoso refiere que revela que no se encontró semen, así que no hubo eyaculación. Por lo que hace a su probable participación, indica que no fue correcto que la Juez responsable valorara la diligencia de reconocimiento de fotografía, porque a su decir, no se ajusta a los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y que ese dato no es suficiente para acreditar su probable responsabilidad. Lo anterior, pues refiere que no se llevó a cabo con reserva, ya que la víctima estaba acompañada, que no se le situó en un lugar diferente, por lo que pudo ser aleccionada. Además, manifiesta que la víctima no analizó bien las imágenes, ya que sin preámbulo eligió la marcada con el número cuatro sin tomarse el tiempo prudente para verlas. También, indica que no eran personas con características similares a él. Los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como quedará evidenciado en párrafos siguientes. Previo al estudio del asunto, es necesario dejar claro que no pasan inadvertidas los calificativos despectivos que la parte quejosa y sus autorizados ***a, hicieron hacía la víctima, mismos que no serán transcritos en aras de no re victimizarla pero obran en la demanda de amparo; pues ***a y los Licenciados en Derecho que lo representan, deben dirigirse hacia con respeto. Por tanto, se les conmina a que en lo subsecuente, se conduzcan con respeto hacia la tercera interesada, apercibidos que de no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio establecidas en la ley. Ahora bien, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsable, relativo a la causa penal ***, se advierte lo siguiente: Audiencia de trece de noviembre de dos mil veintiuno A las 10:17 horas, se inició la audiencia, en la que después de individualizarse las partes y hacerse del conocimiento del imputado de los derechos que tiene reconocidos, la Juez de Control responsable calificó de legal la detención. Acto seguido, la Representación Social comunicó imputación (11:04 horas). Luego, a las 11:08 horas, la Agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado. A las 13:21 horas, el imputado manifestó que era su deseo acogerse al plazo constitucional ampliado. Audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno A las 11:08 horas, se inició la audiencia, en la que después de verterse y valorarse los datos de prueba, se vinculó a proceso al aquí quejoso (12:02 horas). De los acontecimientos antes expuestos, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por sus defensores particulares, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que se llevó a cabo la audiencia y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada del disco versátil digital de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Fiscal formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en agravio de Limeni Sorospen García Nogales y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso en su contra (en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno), por su probable intervención en el hecho imputado, al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que *** lo perpetró. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Ministerio Público Acuerdo de inicio de la carpeta de investigación 35257/FMUJ/USEX/2021. Informe de la psicóloga*** de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de ***, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de***, de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Dictamen químico, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Diligencia de retrato hablado. Entrevista a ***, de treinta de octubre de dos mil veintiuno. Inspección en el lugar de los hechos, de treinta de octubre de dos mil veintiuno, realizada por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de investigación, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de fecha siete de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de fecha seis de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por un Agente Estatal de Investigaciones. Seis cédulas de identificación y seis fotografías. Oficio de siete de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por el Jefe de Área de Análisis Delincuencial. Diligencia de reconocimiento por fotografía. Informe suscrito por un Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (respecto de la diligencia de reconocimiento por fotografía). Oficio SSP/CIDI/DGCCCC/2902/2021 firmado por el Director del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, mediante el cual remitió las grabaciones de las cámaras de video vigilancia ubicada en las esquinas de las calles de Allende y Macedonio Alcalá, en un lapso de las veintiuna a las veintidós treinta horas del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, así como las videograbaciones de las cámaras de video vigilancia ubicadas en el crucero de La Experimental en un lapso de las cero horas con treinta minutos a las dos horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informe de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por un Agente Estatal de Investigaciones. Informe de seis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la perito químico. Dictamen en materia de psicología, de treinta de octubre de dos mil veintiuno. Informe de seis de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por un Agente Estatal de Investigaciones. Sin que la defensa del imputado incorporara algún dato de prueba. La Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "El veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos,***siguió a Limeny Orospen (sic) García Nogales, cuando ésta se encontraba sobre la calle de Allende en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; siguiéndola sobre la calle de Macedonio Alcalá o el andador turístico, en donde la abordó y le dijo "coopera, no te pongas pendeja si quieres que te ayude", llevándosela caminando y posteriormente la subió a un vehículo blanco, tipo Tsuru, donde la drogó; y al llegar a un taller de hojalatería y pintura que se ubica sobre la calle Reforma, número 105, San Agustín de las Juntas, Oaxaca, Carlos Javier García Mejía, la metió en un cuarto de lámina, donde le tomó fotografías desnuda y posteriormente le metió el pene en la boca, ante lo cual Limeny (sic) se vomitó encima de él, lo que provocó que se enojara y la arrastrara hacia la cama, en dónde le metió el pene en la vagina y posteriormente le dio la vuelta y le metió el pene en el ano, ante lo cual Limeny Orospen (sic) gritaba de dolor, mientras que Carlos Javier le decía "nunca me había comido algo tan tiernito, cómo le vas a gustar a los hombres con los que te voy a llevar", después la subió al vehículo mencionado y la abandonó sobre la Avenida Símbolos Patrios, donde Limeny Orospen (sic) García Nogales caminó hasta llegar a una taquería que se ubica en el crucero de La Experimental, San Antonio de La Cal, Oaxaca, donde solicitó auxilio siendo aproximadamente entre las 01:30 y 02:30 horas del día veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno." La Juez responsable continuó verificando si los hechos antes relatados se subsumen a lo que la norma penal dispone en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que prevé el delito de violación, tomando en consideración los datos de prueba vertidos por la Representación Social. El artículo ante invocado dispone: "Artículo 246. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." (Lo subrayado es propio) Para tener por comprobado que los hechos encuadran en la norma penal, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos por la Representación Social, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el suscrito considera que fueron correctamente ponderados los datos de prueba incorporados por la Representación Social, como a continuación se expondrá. En relación con el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación 35257/FMUJ/USEX/2021, la Juez de Control responsable indicó que es útil para conocer la fecha en la cual se dio inicio a la carpeta, lo que resulta congruente y se relaciona con lo que manifestó la víctima en cuanto a la hora en la que fue presentada ante la Institución Ministerial, después de la agresión que sufrió. Por cuanto hace al informe rendido por la perito en psicología, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se estableció que éste guarda pertinencia porque da cuenta del por qué la víctima fue presentada ante el Ministerio Público pero no presentó su denuncia en esa data (debido a la contención emocional que presentaba, por lo que no se encontraba en condiciones de declarar) y lo hizo hasta el veintinueve posterior. A la declaración de Yuli Ivonne García Nogales, la Juzgadora responsable precisó que tiene pertinencia con los hechos investigados, en razón de que corrobora el contexto que refiere la víctima en cuanto a su entorno familiar, como lo es que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Limeni salió de su domicilio porque había discutido con sus padres. Que declarante observó que su hija iba caminando sobre la calle Independencia, Centro, Oaxaca, donde se percató que iba abrazada de un hombre se complexión robusta, corroborando lo expuesto por la víctima al presentar su denuncia. En relación con la denuncia presentada por la víctima Limeni Sorospen García Nogales, se estableció que es pertinente, ya que ella fue la que resintió la conducta denunciada; además, porque dio razón suficiente del porqué se encontraba en el centro de la ciudad de Oaxaca, que se había peleado con sus padres y por eso fue al negocio de su amigo a pedirle ayuda, narrando de momento en momento lo sucedido, cuando fue abordada por el imputado y lo que pasó después. Información proporcionada que se pudo concatenar con otros datos de prueba, como lo es el resultado de la valoración médica, que estableció que sí existieron penetraciones vía vaginal y anal; el dictamen químico, que estableció la presencia de narcóticos en el cuerpo de la víctima (cocaína que en su denuncia precisó que el imputado la obligó a consumir); la entrevista a Giuseppe Liberaty Hernández, quien manifestó que su amiga Limeni llegó al lugar donde trabaja y que pudo observar al imputado ir detrás de ella por el andador turístico, percatándose después que la lleva abrazando, lo que se corroboró con los videos de las cámaras de video vigilancia. Es por lo anterior que, hasta este momento procesal, la Juez estableció que el dicho de la víctima le generaba credibilidad, pues también indicó que después de haber sido violentada, acudió a una taquería a pedir auxilio, lo que se desprende fue reconocido por el Agente Estatal de Investigaciones que se constituyó en ese lugar y una señora que trabaja ahí, le corroboró lo dicho por Limeni. Respecto del dictamen médico, de igual forma la Juez de la causa indicó su pertinencia, porque sirvió para establecer que existió penetración en la vía vaginal y anal, valoración que se llevó a cabo al día siguiente del que sucedieron los hechos (veintisiete de octubre de dos mil veintiuno); lo que corrobora la declaración de la víctima en cuanto a la cópula que se le impuso, por las vías ya precisadas. Al dictamen químico, también se le calificó de pertinente e idóneo, pues sirvió para establecer que la víctima sí presentaba restos de narcóticos, los que mencionó en su declaración, expresando que probablemente el imputado le dio a consumir cocaína; sin que existiera dato alguno que le reste credibilidad. El dictamen de retrato hablado se calificó de pertinente. Esto, en razón de que tiene relación con los hechos ya que al denunciar, la víctima no proporcionó el nombre de la persona que la agredió, pero sí dio las características de éste; lo que justificó la intervención del perito, quien acompañado de Limeni, realizó el dibujo respectivo. Se precisó que la víctima sí estuvo en condiciones de percibir la información que proporcionó (rasgos físicos del imputado), porque si bien el hecho sucedió en la noche, lo cierto es que probablemente Carlos Javier la abordó en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y constituye un hecho notorio que es un lugar con suficiente iluminación, aunado a que Limeni mencionó que el nombrado no llevaba cubre bocas, por lo que pudo apreciar su rostro. Ahora, respecto de la entrevista a Giuseppe Liberaty Hernández, la Juez de origen estableció que tiene relación con los hechos investigados, porque corrobora la información periférica, esto es, los hechos que sucedieron antes de la agresión denunciada, de ahí que sea pertinente e idónea. El entrevistado relató que Limeni, cuando acudió a verlo al restaurante donde labora, le contó que se había peleado con su madre y le pidió dinero prestado, que mientras platicaba con ella, se acercó un sujeto del sexo masculino (el imputado) quien le preguntó si aún tenían servicio; que cuando su amiga se retiró del lugar, pudo observar que el imputado la comenzó a seguir, lo que motivó que caminara hasta la calle de Macedonio Alcalá , que al dar la vuelta por la Plazuela del Carmen Alto, vio que iban abrazados, pero como no observó a su amiga pedir ayuda, retornó a su centro de trabajo. Respecto de la inspección realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, la autoridad responsable determinó su pertinencia e idoneidad, ya que sirvió para establecer la existencia y las características físicas de los lugares mencionados por la víctima (lugar de agresión, taquería donde pidió ayuda); lugares que el mencionado agente percibió de manera directa, a través de sus sentidos y acompañado de Limeni. El dato de prueba en comento, corrobora las circunstancias que mencionó la víctima en su denuncia, como lo es el lugar donde probablemente se llevó a cabo la agresión (un taller con diversos vehículos en su interior, con reja, en San Agustín de las Juntas, Oaxaca), ubicando una lona color azul frente a éste y el puesto de tacos donde acudió a pedir auxilio; además, resulta creíble que se haya percatado de la lona en comento, porque si bien era horario nocturno cuando ocurrieron los hechos denunciados, se trata de un lugar urbano, con alumbrado artificial, aunado a que el imputado la hizo abordar un automóvil, que cuenta con luces que permiten visualizar el camino. De igual forma, se concedió valor probatorio al informe rendido por la Agente Estatal de Investigaciones, en el que relató que ubicó el domicilio donde la víctima indicó que se llevó a cabo la agresión en la página web Google Maps, haciendo una comparativa entre las fotografías que tomó al realizar la inspección y las que aparecen en internet; que aparecía una lona que ofrecía servicios de emplacamiento, con un número de teléfono celular. Describe la Agente que el número que obtuvo lo ingresó en una página web, apareciéndole que se brinda un servicio de taller, con el nombre de la persona que aparentemente podría brindar información del servicio prestado; luego, el nombre que encontró, lo ingresó en la red social Facebook, para obtener datos que pudieran permitir dar con la identidad de la persona que agredió a la víctima. En el informe, la Agente detalló los pasos que siguió hasta dar con el nombre de Carlos Javier García Mejía; para después, llegar a otro acto de investigación, esto es, solicitarle al Director de Licencias de la Secretaría de Movilidad y Vialidad en el Estado que remitiera el resultado de si existe una licencia para conducir a favor del nombrado. Dicho acto, lo consideró pertinente porque se relaciona con los hechos investigados, ya que en su denuncia, la víctima no pudo señalar el nombre de la persona que la agredió, ya que no existe dato que permita establecer que previo al día de los hechos, conociera al imputado o tuviera una relación con él; además, que el acto de investigación tuvo la finalidad de conocer la identidad del agresor Los datos de prueba consistentes en el informe que remitió las cédulas de identificación (fichas de Agentes Estatales de Investigaciones y personas detenidas que guardaran características semejantes con la fotografía que se observó en la licencia para conducir proporcionada) y la actividad que realizó el Jefe de la Unidad de Análisis Delincuencial, fueron considerados como datos de prueba idóneos para poder establecer la identidad de la persona que pudo haber cometido la agresión a Limeni; se asentó que dichas fichas se remitieron para que se igualara el fondo y no existiera una característica específica que pudiera llevar a un reconocimiento erróneo. Ahora bien, por cuanto hace a la diligencia de reconocimiento por fotografía, la Juzgadora responsable concedió estimación probatoria porque tiene relación con los hechos; esto, porque tuvo la finalidad de establecer la identidad de la persona que pudo haber cometido el hecho denunciado. Asimismo, precisó que se cumplieron con las formalidades exigidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue practicado por una Agente del Ministerio Público distinta a quien llevó el trámite de la carpeta de investigación y se conservó a través de la videograbación correspondiente, en la que se observa que la víctima, previo a reconocer a su agresor, fue cuestionada respecto de las características de éste, precisando además los rasgos que recordaba, derivado de la agresión. Al informe remitido por el Director del Centro de Control, Comando y Comunicación, también se le concedió valor probatorio, porque esa dependencia conserva los videos que se toman desde distintas cámaras que se ubican en el centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En el informe que remitió el Agente Estatal, relativo a la inspección en los videos que se mencionaron en el párrafo que antecede, se precisó que estuvo acompañado de la víctima y de Giuseppe, quienes identificaron las imágenes que les fueron mostradas, siendo que lo observado coincidió con lo narrado en su declaración (hora y lugar de los hechos). Al informe químico se le concedió valor probatorio, por considerarlo pertinente. Ello porque en el informe realizado por el perito, se establecieron los efectos que los narcóticos pueden producirle a una persona, los que fueron encontrados en el cuerpo de la víctima; deduciendo que sí estuvo en condiciones de poder percibir los hechos que estaban sucediendo en su entorno. Aunado a que en el dictamen en psicología, el que de igual manera se calificó de pertinente e idóneo, se estableció que la víctima presentaba una afectación emocional al momento de ser valorada, que existía congruencia entre lo que decía y lo que expresaba con su cuerpo, que es persistente en cuando al señalamiento de la forma en la que sucedieron los hechos y la persona que probablemente la pudo haber agredido. También, se estableció que la víctima no presentaba enfermedad mental que no le permitiera mantener contacto con la realidad, sino que se precisó que tiene un adecuado contacto con la realidad y que presenta afectación a su estado emocional, lo que se infiere, puede tener origen en los hechos denunciados. Finalmente, respecto al dato de prueba consistente en el informe que rindió el Agente Estatal de Investigaciones, relativo a la taquería en la que manifestó la víctima pidió auxilio, se estableció que guarda pertinencia, porque corrobora lo manifestado por Limeni, en cuanto a que después de la agresión, llegó a ese lugar, pidió auxilio y ahí fue donde le proporcionaron un teléfono celular con el que pudo comunicarse con una amiga. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con la Juez de origen en cuanto a que con los datos de prueba aportados por la Representación Social, se puede establecer que se acreditan los hechos anteriormente relatados, como se expondrá a continuación. Primero, se cita el contenido del numeral 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca: "Artículo 246. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." (Énfasis añadido) Ahora bien, la autoridad responsable precisó que los elementos para acreditar el delito de violación son los siguientes: Que haya existido cópula con una persona sin consentimiento. Que dicha cópula se haya realizado por medio de la violencia física o moral. Por lo que respecta a la existencia de la cópula, siendo esta la introducción del miembro viril en la cavidad anal, oral o vaginal de una persona, se estableció con el hecho de que en la fecha, hora y lugares ya precisados, Carlos Javier probablemente introdujo su pene en la vagina y en el ano de la víctima; pues así lo declaró Limeni al presentar la denuncia correspondiente, lo que se adminiculó con los diversos datos de prueba antes relatados, como lo es el dictamen médico, en el que se expuso que sí existió penetración en las vías mencionadas. Respecto al medio comisivo, la Juez de la causa precisó que se llevó a cabo empleando la violencia física y la moral. Violencia moral. Ello en razón de que de la información proporcionada por la víctima, se obtuvo que una vez que es conducida a la unidad de motor (Tsuru), la llevan a otro lugar donde compran narcótico (cocaína) para que lo consuma; además, indicó que al subir al automóvil, observó que el imputado llevaba consigo un arma de fuego; aunado a que cuando la abordó en el corredor turístico, sintió un objeto duro que se aptó en sus costillas. Además, la víctima relató que el imputado le dijo que iba a trabajar para él, que trabaja para el ejército y que conoce a los narcos, que si quiere la va a desaparecer; eso mientras tomaba el arma de fuego que poseía. Lo anterior, la Juez lo relacionó con el dictamen en psicología, en el que se estableció que aunque la víctima tiene dieciocho años, lo que la hace un adulto, lo cierto es que cognitivamente sigue siendo una adolescente, porque todavía no concluye su desarrollo; aunado a que el dictamen psicológico y la declaración de su madre evidenciaron que viene de una familia desintegrada, porque el día de los hechos, ella salió de su domicilio después de una discusión con sus padres. Violencia física. Se actualiza con el hecho que la víctima refirió que después de que el imputado le introduce su pene a la boca, ella vomitó porque le generó molestia; después, la jaló de la mano y la aventó a la cama que se encontraba en ese lugar, donde se colocó sobre ella, le dio la vuelta para realizar la cópula vía vaginal y anal. De lo expuesto, se aprecia que el imputado, con su propio cuerpo pudo ejercer presión sobre la víctima para obtener el resultado deseado; precisando la autoridad responsable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas resoluciones que en el delito de violación, es de suma importancia el dicho de la víctima, porque generalmente se comente sin la presencia de testigos, pero que ese dicho, debe relacionarse con otros datos de prueba y que la violencia que se emplee, no debe llegar al extremo de que forzosamente tenga que dejar huellas en el cuerpo de la víctima. Ahora, en lo atinente a que la cópula se realizó sin el consentimiento de Limeni, quedó establecido cuando en su declaración ella mencionó que cuando el imputado le introdujo el pene en las cavidades ya mencionadas, gritó de dolor, lo que no impidió que continuara haciéndolo, sino que le dijo que nunca se había comido algo tan tiernito. Además, se hizo contar que una vez que el imputado la abandonó sobre la avenida Símbolos Patrios, ella acudió a una taquería que encontró abierta y pidió ayuda, refiriendo que acababa de ser violada, pues así le comentó a la amiga que llamó para pedir ayuda y así lo manifestó cuando acudió ante el Ministerio Público a realizar su denuncia, de lo que se infiere su falta de consentimiento. La conducta atribuida a Carlos Javier, es a título de dolo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción I del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque no le era desconocido que la víctima no deseaba ir con él, ni ser llevada en contra de su voluntad, ni ser copulada vía anal, oral y vaginal, sumando todas las expresiones verbales (que la podía desaparecer) y utilizar su cuerpo para manipularla hasta conseguir la introducción del miembro viril. La conducta es antijurídica, porque se lesionó el derecho que tiene la víctima para decidir de manera libre con quien sí y con quien no quiere tener una relación sexual. En lo que atañe a la probabilidad de que Carlos Javier García Mejía, cometió el hecho que la ley señala como delito de violación, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Fiscal Federal, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo perpetuó son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia con la diligencia de reconocimiento por fotografía, pues como se recordará, la víctima no conocía la identidad de su agresor al momento de realizar su denuncia y la agresión se realizó sin presencia de ningún testigo. Por lo que hace a la forma de intervención, la Juez responsable indicó que el imputado actuó como autor material, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque realizó la conducta por sí mismo. Ya que él fue quien le impuso la cópula a Limeni en contra de su voluntad, Así, los datos de prueba aportados por las partes son suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos, no solo para tener la cobertura de establecer los hechos, la subsunción de éstos en la norma penal, acreditar los elementos del tipo penal, sino también la probable participación del imputado en su comisión. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa, la Juez de Control responsable acertadamente ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por la Fiscal, por lo que con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que Carlos Javier García Mejía probablemente participó en la comisión del hecho delictivo multicitado. Máxime que para el dictado del auto de vinculación la Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que la Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de las videograbaciones de la audiencia de vinculación a proceso se advierte que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I y 11, fracción II del mismo ordenamiento legal, en agravio de Limeni Sorospen García Nogales. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Es por todo lo expuesto con anterioridad, que devienen infundados los conceptos de violación encaminados a evidenciar que el auto de vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación, pues como se explicó en las líneas que anteceden, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se colmaron las exigencias previstas por los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como la establecida en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación reclamado. Ello, porque contrario a lo que refiere el quejoso, la Juez responsable sí precisó los motivos y fundamentos por los cuales determinó que los hechos expuestos por la Representación Social encuadran a lo que la norma penal dispone en el numeral 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, relativo al delito de violación. Entonces, sí existen datos de prueba con los que se advierte la existencia de un hecho que la ley señala como delito (violación) y la probabilidad de que Carlos Javier García Mejía participó en su comisión, pues incluso la autoridad responsable estimó de manera libre y lógica los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, como lo prevé el artículo 265 del invocado código e indicó qué era lo que se obtenía de cada uno y los hechos que corroboraban. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en el cual el quejoso expone que los datos de prueba incorporados resultan incipientes y anodinos, pues como precisó la Juez responsables, éstos se calificaron de pertinentes e idóneos para los fines propuestos. Es por ello que tampoco asiste la razón al quejoso cuando indica que se debió restar valor probatorio a la declaración de la víctima y de su progenitora, ya que a su decir existen incongruencias entre éstas. Se dice lo anterior, porque la Juzgadora responsable patentizó que si bien el hecho se llevó a cabo sin la presencia de testigos, la declaración de Yuli Ivonne sirve para evidenciar lo que ocurrió antes, es decir el contexto que brindó la víctima, que por la discusión que tuvo con Limeni Sorospen, ella salió de su domicilio y se dirigió al andador turístico de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde probablemente el imputado la abordó. En este punto, es importante recalcar que los datos de prueba consistentes en la declaración de la víctima Limeni Sorospen García Nogales, de su madre Yuli Ivonne García Nogales y el dictamen en psicología evidencian que entre madre e hija no existe una buena relación; motivo por el cual es creíble que a pesar de haber visto a su hija caminando con un hombre, abrazados, la madre no se haya acercado, contrario a lo apreciado por el quejoso que ello resulta absurdo. Ahora bien, la juez responsable explicó los motivos y fundamentos por los cuales consideró que en los hechos denunciados se acreditaba la violencia física y moral, como se relató en las líneas que anteceden. Sin embargo, a juicio del quejoso no se evidencia que se le haya impuesto la cópula a la víctima por medio de la violencia física o moral, porque no basta que haya tenido un arma de fuego al lado, ya que no la amagó. Así como tampoco, a su decir, está probado que existió violencia física, porque no golpeó a la víctima y ella no dijo expresamente que fue violentada en su declaración, por lo que considera que eso da a entender que existía confianza con él. Lo infundado de los motivos de disenso antes sintetizados, radica en que la Juzgadora de origen fue clara al precisar que para acreditar que existió violencia física, no se debe llegar al extremo de que en el cuerpo de la víctima existan huellas de la agresión. Empero, al expresar la víctima que el imputado le introdujo el pene en su boca y después, la volteó para introducir el miembro viril en su vagina y ano, se obtiene que pudo haber ejercido presión sobre el cuerpo de Limeni. Además, por lo que respecta a la violencia moral, la Juez también hizo constar que se configuraba porque el imputado amenazó a la víctima diciéndole que trabaja para el ejército, que conoce a los narcos y que si quiere, la va a desaparecer, así como la expresión "nunca me había comido algo tan tiernito". De igual forma, es infundado el concepto de violación en el cual pretende el quejoso desestimar las consideraciones de la autoridad responsable cuando dice que la víctima en su declaración no manifestó oponer resistencia y que es ilógico que le pida a su victimario que se pusiera un preservativo. Al respecto, este juzgador considera que la declaración de la víctima fue correctamente valorada por la juzgadora de origen, pues se atendieron los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal del País, ya que valoró con perspectiva de género, evitando afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas que restaran credibilidad a lo narrado por Limeni. En ese sentido, el quejoso no puede sostener que al no existir en la declaración expresa en la denuncia que evidencie que en reiteradas ocasiones la víctima le haya pedido que no la fornicara, para que a su consideración esté satisfecha la falta de consentimiento. Se cita la tesis aislada CLXXXIV/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2015634, que dispone: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos." Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando expone que el dictamen médico y el dictamen químico, a nada ayudan para acreditar la existencia del hecho que se le atribuye. Empero, como ya se relató con anterioridad, dichos datos de prueba fueron correctamente valorados por la Juez responsable, ya que precisó con detalle lo que de ellos se obtuvo. Ahora, debe precisarse al quejoso que en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, se analizaron y ponderaron todos los datos de prueba incorporados por la Representación Social, es decir, se valoraron y adminicularon entre sí; por ello, no es correcta su apreciación en el sentido que los dictámenes médico y químico, no sirven para acreditar la existencia de violencia física y moral, ni la agresión misma, pues no fueron los únicos datos de prueba en los que se sustentó la juez de origen para tenerlos por acreditados. En lo que atañe a la probable responsabilidad del quejoso, indica que no fue correcto que se le concediera valor probatorio a la diligencia de reconocimiento de fotografía, porque no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se llevó a cabo con reserva, ya que la víctima iba acompañada y no se tomó un tiempo prudente para analizar las imágenes que le fueron mostradas y sin preámbulo seleccionó la número cuatro. Sin embargo, correctamente la Juez responsable precisó que atendiendo a la naturaleza del delito que se le imputa, que generalmente se comente sin presencia de testigos, la víctima fue consistente al indicar las características físicas de su agresor, ante la Fiscal, ante la psicóloga y ante el Agente Estatal que realizó el retrato hablado; sumado a que en la diligencia en comento, explicó los factores que la llevaron a elegir la fotografía marcada con el número 4 y los motivos por los cuales no eligió las diversas que le fueron mostradas. Aunado a que sí se cumplieron las formalidades establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues si bien la víctima estuvo asistida de la perito en psicología y de su asesora jurídica, lo cierto es que no intervinieron cuando Limeni reconoció a su agresor. XI. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Carlos Javier García Mejía. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a la autoridad responsable señalada como ejecutora, en razón de que no se le reclamó por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA)
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