Carlos Javier Álvarez Gómez
Expediente 1152/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1152/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Javier Álvarez Gómez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se aprecia que no fue posible emitir pronunciamiento alguno durante el periodo de suspensión total de labores previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid19, o en su caso, dentro del periodo de vigencia de las circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 o SECNO/9/2021 emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal o en atención a la fracción II, numeral 13, de la Circular SECNO/10/2021, en la que se determinó que los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspendieron plazos y términos. En esa tesitura, y en atención a la fracción II, numeral 16, de la Circular SECNO/10/2021, en la que se determina continuar la operación de los órganos jurisdiccionales, de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020 y 37/2020, se ordena regularizar el asunto en el que se actúa. Se hace saber a las partes el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por lo tanto, a partir de la notificación del presente auto se reanudan los plazos en el punto en el que quedaron pausados, lo que no implica su reinicio, sino su reanudación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.... Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1152/2020-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. La parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 366/2014, por medio del cual, la autoridad responsable ordenó formar un cuaderno de antecedentes y solicitó al Archivo General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que remitiera el expediente original, reservándose a proveer sobre el contenido del escrito con folio 7229, mismo que fue presentado por la aquí parte quejosa. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de revocación, por lo que la quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta a la parte quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL...". En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consistente en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 366/2014, por medio del cual, la autoridad responsable ordenó formar un cuaderno de antecedentes y solicitó al Archivo General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que remitiera el expediente original, reservándose a proveer sobre el contenido del escrito con folio 7229, mismo que fue presentado por la aquí parte quejosa. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de este procede el recurso de revocación previsto en los artículos 525 y 526 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que a continuación se transcriben: "ARTICULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación. ARTICULO 526.- Trámite de la revocación y de la reposición. La revocación y la reposición se interpondrán en el acto de la notificación por escrito o verbalmente o, a más tardar dentro de los dos días siguientes de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos, los fundamentos legales procedentes y los agravios que le cause la resolución impugnada. Si el recurso fuere presentado extemporáneamente o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto y firme el auto o proveído. No se concederá plazo de prueba para sustanciar la revocación o la reposición y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla. La revocación y la reposición no suspenden el curso del juicio y se substanciarán con vista a la contraparte por plazo de tres días y transcurrido dicho plazo, se resolverá sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso." Dichos numerales establecen que el recurso de revocación, procede en contra proveídos dictados por el Juez que conozca del asunto, como es en el presente caso, así como la tramitación de dicho recurso. En el caso, el acuerdo reclamado se encuentra dentro de los supuestos previstos en los artículos 525 y 526 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, al haber sido dictado por la Juez responsable. Máxime que la ley de la materia no establece expresamente la procedencia de otro recurso, así como su tramitación. De igual manera, tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL....". Asimismo, sirven de apoyo al presente caso, en lo conducente, los criterios que a continuación se exponen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD....". "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL....". Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procedía el recurso de revocación , por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa, mediante el cual pudo ser repuesto o nulificado el acto de autoridad en comento. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es una resolución proveniente de un Tribunal. 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 3. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento del juicio en donde se dictó el acto reclamado; y, 4. Por virtud del referido recurso de revocación, la determinación dictada por la responsable, pudo ser modificada, revocada o nulificada. Por tanto, al existir un medio de defensa idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama, es inconcuso para este Juzgado que al no haberse agotado previamente a la promoción del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe hacer mención que en el caso no se está en los casos de excepción señalados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ello, en razón de que el acto que por esta vía se reclama se trata del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 366/2014, por medio del cual, la autoridad responsable ordenó formar un cuaderno de antecedentes y solicitó al Archivo General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que remitiera el expediente original, reservándose a proveer sobre el contenido del escrito con folio 7229, mismo que fue presentado por la aquí parte quejosa, por lo que no se trata de ninguno de los actos señalados en los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y la parte quejosa no es tercero extraña en el procedimiento de origen. Aunado a que la procedencia del recurso de revocación no está sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Notificaciones vía electrónica y autorizados. En otro orden de ideas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la realización de las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa, además de solicitar las notificaciones vía electrónica, señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, deben privilegiarse los medios electrónicos para tales actos procesales. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que señala, y con facultades amplias a Julio César Ponce Servín, en razón que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Juicio en Línea. Por otra parte, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada parte, siempre y cuando se realice con base en el usuario "ABOGADOSPONCEROSAS", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. En el entendido de que, la notificación se tendrá por hecha a partir de que el usuario registrado consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el artículo 62 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medios Electrónicos. Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)...". "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)...". Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.
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