Carlos Jaramillo Gómez
Expediente 1839/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1839/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- Carlos Jaramillo Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de conservación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), y 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente original del presente incidente de suspensión es conservable y será transferido al archivo de concentración una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado; en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos, en original, a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto rcurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se delcara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. archívese el presente asunto por estar concluido...
- Principal
Zapopan, Jalisco, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho (folio 712), se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el siete de septiembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el catorce de julio de dos mil diecisiete (folios 197 a 225), se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: ".La autoridad responsable deje insubsistente la resolución de once de enero de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa 272/2013-C, y en su lugar emita una diversa, en la cual se reitere la existencia de la conducta y la responsabilidad administrativa del quejoso en su comisión, y por otra se ponuncie únicamente respecto a la calificación de la gravedad de la infracción cometida, y la individualización de la sanción impuesta al quejoso Miguel Valenzuela González, debiendo purgar los vicios evidenciados en el cuerpo de esta sentencia. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el ocho de agosto de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de once de enero de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa 272/2013-C, (foja 443); posteriormente, el veintinueve de agosto del presente año, emitió una nueva resolución, en la cual se reiteró la existencia de la conducta y la responsabilidad administrativa del quejoso; y se pronunció respecto a la gravedad de la infracción cometida (foja 698); además, individualizó la sanción impuesta al quejoso (foja 709). Ahora bien, en atención a lo establecido en la sentencia de amparo, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; se estableció lo siguiente: Luego, como se anticipó, la responsable realizó una reseña de los antecedentes laborales el ahora quejoso, en los siguientes términos. "C. Antecedentes del Infractor. Al respecto es pertinente señalar que como lo requiere el historial personal del licenciado MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, cuenta con más de trece años, como servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en razón de que su primer nombramiento lo obtuvo a partir del año de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al momento en que ocurrieron los hechos contaban con una antigüedad aproximada de trece años; lo que pone en manifiesto que el servidor público, se ha desempeñado en diversos órganos jurisdiccionales, considerando que tal forma que cuenta con suficiente experiencia en la materia, en donde ha adquirido conocimientos que le permiten solucionar los casos cumpliendo con los establecido en las leyes; sin embargo no aplicó la experiencia adquirida a lo largo de su carrera como funcionario público adscrito al Poder Judicial del Estado, pues de haberla aplicado, no hubiera incurrido en un descuido, como el que ha quedado de manifiesto a lo largo del presente procedimiento administrativo. Así, se puede advertir que las circunstancias sociales, económicas, culturales y profesionales del licenciado MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, no justifican como error excusable, el descuido que en el ejercicio de sus funciones se le atribuye en el trámite del proceso penal de donde deriva el presente procedimiento administrativo. Por lo que hace al nivel jerárquico del licenciado MIGUEL VALENZUELA GONZÁLEZ, es claro que como titular del órgano jurisdiccional en que se desarrolla el proceso respectivo, contaba con la autoridad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se ha referido el presente documento.". Ahora bien, en el fallo protector se indicó que: En el caso, la autoridad se limita a hacer una narración de los antecedentes laborales del ahora quejoso, en los términos reproducidos con antelación, sin especificar cuál de ellos resultaba idóneo para imponer la sanción consistente en la destitución en el cargo que ocupaba, o bien, cuál de dichos antecedentes, resulta un elemento favorable para atenuar la sanción, pues con independencia de la narración mencionada, redunda la responsable con la circunstancia de que, la conducta desplegada por el ahora quejoso era una falta grave, ello, como elemento fundamental para imponer al máxima sanción que pudiera hacerse acreedor al impetrante de garantías. Y de las constancias remitidas por la responsable realiza una nueva determinación; indicando exactamente lo mismo; es decir, no especifica cuál de los antecedentes laborales del ahora quejoso, resulta idóneo para imponer la sanción consistente en la destitución en el cargo que ocupaba, o bien, cuál de dichos antecedentes, resulta un elemento favorable para atenuar la sanción; por lo cual, no se debe de tener por cumplida la sentencia de amparo; pues como se estableció, la responsable es omisa en valorar y ponderar en forma conjunta, tanto los antecedentes laborales del servidor público administrativamente responsable, con la ausencia de antecedentes de sanciones administrativas previas, como un elemento que pudiera mejora la situación relativa a la sanción impuesta al servidor público, de ahí que la imposición de la sanción consistente en la destitución del cargo que el ahora quejoso ocupaba como titular del Juzgado Primero de lo Penal del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la responsable omitió hacer un examen ponderado de las circunstancias laborales del servidor público administrativamente responsable, en relación a la ausencia de sanciones administrativas previas. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo NO HA QUEDADO CUMPLIDA. Requerimiento a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, del cumplimiento puntual a la sentencia de amparo, es decir: la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de once de enero de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa 272/2013-C, y en su lugar emita una diversa, en la cual se reitere la existencia de la conducta y la responsabilidad administrativa del quejoso en su comisión, y por otra se pronuncie únicamente respecto a la calificación de la gravedad de la infracción cometida, y la individualización de la sanción impuesta al quejoso Miguel Valenzuela González, debiendo purgar los vicios evidenciados en el cuerpo de esta sentencia. Para mejor comprensión de lo anterior, referente a los vicios evidenciados en la sentencia de amparo, se le precisa lo siguiente: Ahora bien, en el caso, la autoridad se limita a hacer una narración de los antecedentes laborales del ahora quejoso, en los términos reproducidos con antelación, sin especificar cuál de ellos resultaba idóneo para imponer la sanción consistente en la destitución en el cargo que ocupaba, o bien, cuál de dichos antecedentes, resulta un elemento favorable para atenuar la sanción, pues con independencia de la narración mencionada, redunda la responsable con la circunstancia de que, la conducta desplegada por el ahora quejoso era una falta grave, ello, como elemento fundamental para imponer al máxima sanción que pudiera hacerse acreedor al impetrante de garantías. Además, la responsable es omisa en valorar y ponderar en forma conjunta, tanto los antecedentes laborales del servidor público administrativamente responsable, con la ausencia de antecedentes de sanciones administrativas previas, como un elemento que pudiera mejora la situación relativa a la sanción impuesta al servidor público. Por tanto, es que la imposición de la sanción consistente en la destitución del cargo que el ahora quejoso ocupaba como titular del Juzgado Primero de lo Penal del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la responsable omitió hacer un examen ponderado de las circunstancias laborales del servidor público administrativamente responsable, en relación a la ausencia de sanciones administrativas previas, y hacer saber entonces al ahora quejoso, las razones por la cuáles ameritó decretar la separación del cargo que ocupaba, y no una sanción menor. Lo anterior, sin dejar de lado que, la responsable consideró que los hechos que ameritaron declarar al ahora quejoso como administrativamente responsable era una falta grave, lo cual ha quedado de manifiesto, se encuentra deficientemente fundado y motivado, y ello, de acuerdo al precario estudio efectuado por la responsable, sí influyó como elemento preponderante, para que se decretara la sanción consistente en la destitución del cargo que el quejoso ocupaba. Conviene tener presente que, tratándose de sanciones administrativas a servidores públicos, la autoridad sancionadora debe especificar y aplicar la totalidad de las causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde el punto de vista objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita), como del subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del agente, es decir, a las características propias del servidor público. De ahí que, si no se cumpliere con ello, se traduce en una motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente, y trasciende en una indebida motivación en su aspecto material, porque fue emitida expresando insuficientes argumentos, en cuanto no se consideró la totalidad de elementos de juicio y los hechos se apreciaron equivocadamente. En esa medida, se concluye que la autoridad responsable, para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, debe tener en cuenta la naturaleza del hecho o conducta desplegada por el servidor público administrativamente responsable, así como, los medios o elementos empleados para ejecutarla, o en su caso el daño causado con ello; esto, a efecto de que la responsable se encuentre en aptitud de fijar una sanción justa, actuando dentro de los márgenes de las sanciones mínimas y máximas que establezca la norma; de ahí que, si la responsable omitió estudiar esos datos o elementos, falta a una obligación esencial para el buen uso del arbitrio que la ley concede para la imposición de sanciones administrativas. VI. Apercibimiento. Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, al omiso, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VI. Recepción de escrito. Finalmente, téngase por recibido el escrito suscrito por la parte quejosa en el presente juicio de amparo; mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación a que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo por los motivos que en su ocurso expresa, indíquesele que se tiene por realizadas sus manifestaciones; e indíquesele que deberá de estarse a lo acordado en el presente proveído en el sentido de que se requirió de nueva cuenta a la responsable por el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Responsable cumple requerimiento. Visto el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante el cual, en atención al oficio rexpedido mismo que contiene el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, remite diversa constancia, y, por ende, se ordena dejar sin efecto el apercibimiento contenido en el proveído de referencia. Admisión de pruebas. Con fundamento en los artículos números 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la prueba documental que adjunta a su oficio de cuenta, misma que se tomará en consideración en la audiencia de ley. Se apersona tercero interesado. Visto el escrito signado por José Carlos Díaz Núñez, mediante el cual se apersona como tercero interesado al presente juicio. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio procesal el indicado en el escrito de cuenta, y como autorizado con las limitaciones que refiere el artículo 12, segundo parte y segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a José Luis Ríos Méndez. Notifíquese.
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