Carlos Iván René Vázquez González

Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1057/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Carlos Iván René Vázquez González
  • Junta Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley.********************Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: ********************".de que una vez que quede firme el presente fallo, la responsable, a saber:********************La Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, dentro del juicio laboral 396/2013/13-D:******************** De manera inmediata emita la resolución en forma de laudo; y******************** Realice los trámites necesarios a fin de elevar dicho laudo a la categoría de definitivo."********************En tales condiciones, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que la siguiente autoridad, en el ámbito de su respectiva competencia, debe realizar lo siguiente:********************Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco:********************Emita la resolución en forma de laudo en el juicio de origen 396/2013/13-D.********************Una vez hecho lo anterior, realice los trámites correspondientes a fin de elevar a categoría de definitiva dicha determinación.********************En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes.********************En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector.********************Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes.********************Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala:********************"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  2. Principal

    Por este conducto se notifica al tercero interesado el auto de 13/06/2019, que dice: Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 115/2019; en el que resolvió lo siguiente: UNICO.- Es fundado el recurso. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Así, de conformidad a lo ordenado por la superioridad se tiene como tercero interesado a la persona moral denominada **************, carácter que acredito con copia certificada del testimonio de la escritura pública número 8,810 (ocho mil ochocientos seis), pasada ante la fe del notario público número veintiuno, de Guadalajara, Jalisco, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, quien se le tuvo apersonando como tercero interesado en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados en los términos restringidos a las restantes personas que propone, por así haberlo solicitado. Por otra parte, solicita copias de diversas constancias del expediente en que se actúa; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos; en el entendido que podrán ser entregadas por conducto de las personas que al efecto señala. Finalmente, como lo solicita la autoridad oficiante, se autoriza la utilización de medios electrónicos (escáner y cámaras fotográficas), previa solicitud que se realice, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó suspender el procedimiento en la presente litis, de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por Juan Carlos Ruvalcaba Briseño, apoderado de la persona moral denominada Aeropuerto de Guadalajara, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del auto de once de mayo de dos mil dieciocho, (circunstancia que ya aconteció), en tales condiciones, se ordena reanudar el procedimiento en el presente juicio de amparo, y en consecuencia, se señalan las doce horas con diez minutos del doce de julio de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional; lo cual, se ordena hacer del conocimiento de la totalidad de las partes del presente juicio de garantías. Asimismo, en autos de treinta y treinta y uno de mayo, seis, once, doce, veintiuno y veintiocho de junio, trece de julio, quince de agosto, todos de dos mil dieciocho, veintiséis de abril y cinco de junio, de la presente anualidad, se ordenó agregar los oficios signados por el Director de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por sí y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Coordinador Estatal Jalisco de la Policía Federal, Director General Adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jefa de Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, Director de Amparos, de la Secretaría de la Función Pública, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Director General Adjunto Jurídico Contencioso, del Director General Adjunto de Legislación y Consulta, del Director General Adjunto de Asuntos Penales, del Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales, del Director General Adjunto de Apoyo Jurídico Institucional, así como del Coordinador Jurídico Contencioso de la referida Secretaría, el Director General de Avalúos y Obras del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, Director General de Amparos Contra Leyes, en representación del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, a su vez representando al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Procuraduría Agraria, Jefe de la Sección de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ausencia temporal del Jefe y Subjefe de la misma, Director General de Aeronáutica Civil, Director de Registro Público y Control Inmobiliario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Director General Adjunto de Avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en la Ciudad de México, sin mayor proveído hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación hecho valer, circunstancia que ya aconteció, por lo que se procede a proveer respecto de los mismos, por lo que, se tienen por recibidos los referidos oficios por los que rinden su informe justificado las autoridades mencionadas; con lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de volver a relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, en relación con las documentales que acompaña la Jefa de Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, asimismo, diversas autoridades señalan la instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto, legal y humana, por lo que, se tienen como prueba de su parte en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan y como domicilio el que indican. En iguales circunstancias, en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho se ordenó agregar el escrito presentado por Antonio Quila Patiño, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual, pretende ampliar su demanda. A lo que se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar el escrito de ampliación de demanda, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia; así pues, del mismo se desprende que la parte quejosa señala como nuevos actos reclamados los siguientes: .Se reclama al Antes Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, ahora Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado la orden de desposesión de mi propiedad del Lote 10 con una superficie aproximada de 9,959.75 m2 (nueve mil novecientos cincuenta y nueve punto setenta y cinco) posesión derivada de la constancia de posesión derivada de la constancia de posesión emitidas por el Comisariado Ejidal del Zapote, de fecha 10 de abril del 2005 y el certificado de derechos agrarios número 3633031 de fecha 03 de noviembre de 1989, ambas presentadas en el escrito inicial de demanda. De la lectura integral de la ampliación de la demanda de garantías que nos ocupa, se concluye que deviene notoriamente improcedente, puesto los actos por los que se pretende ampliar la demanda de garantías, en esencia, resultan ser diferentes a los narrados en la demanda inicial de garantías: (.) en contra de las Autoridades Responsables mencionadas por la desposesión ilegal que pretenden ejecutar las responsables de mi legal posesión de los predios de los cuales amparan mis constancias de posesión emitidas por el Comisariado Ejidal El Zapote, de fecha 10 de Abril de 2005, en las cuales, dichas constancias de posesión, amparan que el Suscrito tengo posesión del Lote 81 con una superficie de 250.00 mts. (Doscientos Cincuenta), posesión que hasta la fecha he mantenido continua y pacífica mismas que se encuentran dentro del polígono de la superficie de 50-11-03.9 hectáreas que formaron parte de la superficie de 562-00-00 hectáreas que les fueron dotados por concepto de primera ampliación al ejido El Zapote, mediante la resolución presidencial de fecha 1 de septiembre de 1937, superficie mencionada en primer término que las ostentamos de forma común entre todos los ejidatarios que conformamos el ejido, área de terreno que está plenamente identificada y delimitada por el Ejido ya mencionado, la que pretenden ocupar de forma ilegal las autoridades demandadas sin habernos llamado a procedimiento alguno y menos haber sido notificado de la ocupación que le pretenden dar a nuestro terreno, razón por la que vengo ante su jurisdicción señor Juez para que a través del presente juicio de garantías se nos resarcirán nuestros derechos de posesión que pretenden privarme de mis tierras, sin antes haber sido llamado a juicio. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley de Amparo que prevé la procedencia de la ampliación de demanda de amparo establece literalmente lo siguiente: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. De la fracción II, del numeral previamente transcrito, se desprende la posibilidad de ampliar la demanda cuando el quejoso tenga conocimiento de nuevos actos de autoridad que se encuentren estrechamente vinculados con los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. En ese sentido, es menester precisar cuáles son estos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza el ocurso de ampliación de la demanda de cuenta, como lo dispone la jurisprudencia P. J. 40 2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, en la página 32, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, del escrito ampliatorio en mención, se advierte que el acto reclamado que señaló no guarda estrecha relación con los actos reclamados por el aquí quejoso en la presente demanda de amparo. De ahí que procede desechar la ampliación de la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 111 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/240 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1339 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, que dice: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos. Por lo que si considera que dicho acto le causa perjuicio, tendrá expedito su derecho de presentar una nueva demanda de amparo, independiente a la presente. Por otra parte, en auto de siete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por ***********, a lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, y se tomarán en cuenta al momento de dictar la sentencia correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales que allegó y con las cuales se ordenó formar un cuaderno de pruebas.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio suscrito por Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, mediante el cual, rinde su informe justificado; con lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de volver a relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, en relación con las documentales que acompaña, se tienen como prueba de su parte en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional. En ese sentido, para un mejor manejo y resguardo de dichos documentos, fórmese el cuaderno de pruebas correspondiente; toda vez que ésta es de carácter reservado, aunado a la naturaleza de la misma; por lo que, se ordena su resguardo, ponderando el derecho humano de tutela de los datos personales, sin que se violente el diverso derecho de una defensa adecuada de las restantes partes. Máxime que el documento que menciona, constituye información que pretende la autoridad responsable que no sea divulgada a terceras personas, por lo que de lo contrario podría generarse en contra del quejoso, un daño grave e imposible de reparar en la sentencia definitiva; por lo que realizando una ponderación de los derechos en colisión, subsiste el derecho del quejoso a una defensa y tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales, lo cual es de interés público, sobre el diverso previsto en el numeral 6 de la Carta Magna, relativo la información reservada o confidencial, puesto que es obligación de este Juzgado respetar la prerrogativa fundamental de salvaguardar los datos confidenciales de las partes también tutelando el diverso derecho de defensa y tutela judicial efectiva a fin de garantizar un debido proceso. Sin embargo, se hace de su conocimiento que este Órgano Jurisdiccional, bajo la más estricta responsabilidad velará por salvaguardar la información requerida, sin coartar el derecho de acceso a las partes del juicio que nos ocupa, esto es, se permitirá el acceso a la misma, solamente a las partes en el presente sumario, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.26/2015(10a.) , Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 28, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." También, es aplicable la tesis aislada número I.1o.A.E.3K(10a.) , de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, en el contexto general de un documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de daño e interés público" ex officio, con el propósito de obtener una versión que sea pública para la parte interesada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA." De igual forma resulta aplicable, la tesis aislada número I.1o.A.E.2K(10a.) , que dice: "INFORMACIÓN RESERVADA. CRITERIO DE PONDERACIÓN APLICABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PARA RESPETAR Y PRESERVAR LA REMITIDA EN EL INFORME JUSTIFICADO CON ESA CLASIFICACIÓN QUE COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, Y PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. Al suscitarse en el juicio de amparo indirecto un conflicto entre los derechos fundamentales previstos, por una parte, en los artículos 14 (de defensa) y 17 (a la tutela judicial efectiva) y, por otra, en el diverso 6o. (a la información reservada o confidencial), en correlación con el 16 (derechos patrimoniales que conminan a clasificar la información secreta), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ponderarse a través de lo que se conoce como "prueba de daño o interés público", evaluar y determinar qué información reservada, concreta y específica, es preciso desclasificar o develar para hacer funcionales los principios en pugna, con el propósito de obtener una versión pública para la parte interesada. Consecuentemente, cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe que la información remitida clasificada como reservada comprende los actos reclamados que desconoce el quejoso, con independencia de esa clasificación efectuada por la autoridad responsable que el juzgador debe respetar y preservar, es indispensable proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial, por lo que debe permitirse a aquél el acceso a la que sea necesaria, a efecto de que pueda deducir sus derechos y fundar sus impugnaciones, en favor de una administración de justicia eficaz y completa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA." Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a las personas que indica. Por otra parte, respecto del domicilio procesal que indica, dígasele que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la ley en comento, las autoridades responsables deben ser notificadas en su residencia oficial por medio de oficio. Máxime que los autos de mero trámite que no resulten de mayor trascendencia se deben notificar por medio de lista a las partes, entre ellas las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a recoger el documento fundatorio que aportó al procedimiento; apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa ***, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano