Carlos Iván Paat Chí
Expediente 126/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Iván Paat Chí
Actuaciones
- Principal
MESA V.- Glósese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito el quejoso, mediante el cual solicita copia certificada de las constancias que integran los presentes autos, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según establece el numeral 2, expídasele copias certificadas de las constancias que solicita, únicamente que obran en original y copia certificada, sin contribución alguna para este Juzgado, y entréguesele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos.
- Principal
MESA V.- Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 97 fracción I, inciso a); en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCION: Por lo anterior, ... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse desechado la demanda de amparo del presente juicio. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.---... Notifíquese.
- Principal
AVISO.- MESA V.- Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, con cuatro copias simples de la demanda y dos anexos. Con el original de la demanda fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número V.126/2018 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En el presente asunto, a juicio de la suscrita, respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede desechar la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a las siguientes consideraciones. El quejoso reclama el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 406/2015, en el cual al haber transcurrido el término otorgado al Ayuntamiento de Progreso, Yucatán para que diera cumplimiento voluntario a lo ordenado en el laudo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, y a fin de cuantificar la cantidad liquida que se le adeuda al trabajador, ordenó su reinstalación en el puesto de trabajo que veía desempeñando como Auxiliar de Activación física, en las mismas condiciones en las que lo venía desempeñando. De la demanda de amparo y sus anexos, se desprende que el acto reclamado deriva de un procedimiento laboral, en el cual ya se dictó el laudo respectivo, y el acuerdo impugnado incide sobre el procedimiento de ejecución de laudo. Sentado lo anterior, quien esto provee, estima que antes de instar la vía constitucional, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión del Juez responsable, esto es, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria a la Ley de Trabajadores al Servicios del Estado y Municipio de Yucatán, que resulta ser el idóneo, por ser la normatividad que rige al acto reclamado, por lo que actualiza la aludida causal de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se de' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Una vez establecido lo anterior, se trae a colación nuevamente, que el quejoso se duele del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 406/2015, en el cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, decretó que al haber transcurrido el término otorgado al Ayuntamiento de Progreso, Yucatán para que diera cumplimiento voluntario a lo ordenado en el laudo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, y a fin de cuantificar la cantidad liquida que se le adeuda al trabajador, ordenó su reinstalación en el puesto de trabajo que veía desempeñando como Auxiliar de Activación física, en las mismas condiciones en las que lo venía desempeñando. En ese tenor, debe tomarse en consideración que contra tal acto procede el recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria a la ley burocrática, que a la letra dice: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Por lo tanto, contra las resoluciones que dicte el Magistrado en la etapa de ejecución del laudo, por disposición expresa del citado numeral, procede el recurso de revisión. Así bien, es inconcuso que contra el proveído reclamado procede la revisión y que el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia con rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 57/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Octavo Circuito, Segundo del Décimo Cuarto Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 9 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos." En efecto, ante la existencia de procedimientos específicos para verificar la legalidad del auto combatido, no resulta procedente realizar dicho análisis a través de un medio diverso, verbigracia, el juicio constitucional, máxime que éste constituye uno de tipo extraordinario y uno de los principios que lo rige es el de definitividad. Esto es así, pues en primer lugar, esto contravendría lo dispuesto en los ya referidos numerales. En segundo lugar, y que además resulta de mayor relevancia para el dictado de esta sentencia, violaría el principio de definitividad inherente a los juicios de amparo, al que se ha hecho alusión, en virtud del cual, al ser éste un medio extraordinario de defensa, no debe proceder sin que antes las partes hayan agotado todos los medios o recursos que la legislación ordinaria ponga a su alcance para lograr la nulidad de los actos combatidos. Así es, de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede tomarse a esta vía, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trate de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación; esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Cabe aclarar que este principio contempla diversas excepciones, en el caso que los actos que se reclamen sean de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, la que decida sobre el incidente desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no sea sentencia definitiva en el proceso penal; o se trate de persona extraña al procedimiento. En tales situaciones, quien resienta el agravio, puede solicitar el amparo sin tener que agotar los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes. Ilustra a la anterior consideración, por analogía, la siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Sin embargo, como se acotó, contra el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, procedía el recurso de revisión, el cual no fue accionado conforme a las normas que rigen el juicio de origen, y no obstante que podría considerarse como un acto de imposible reparación, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, incluso tratándose de estos actos, deben agotarse previamente los recursos ordinarios contra ellos. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento laboral del cual emana. Es aplicable la jurisprudencia visible a foja 678 del tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a lo establecido en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; supuesto que no se actualiza en el caso de que el recurso interpuesto se declare improcedente, ya que con ello, queda intocado el fallo impugnado materia del juicio de garantías, y por ende, no es improcedente éste." Por todo lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia que se analiza, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo indirecto, por actualizarse un hecho notorio de improcedencia, lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el predio número ***. Autorizados. Se tiene como sus autorizados a José Andrés González Cruz, Guillermo Arturo González Collí, David Alfredo González Collí y María de Lourdes Echeverría Castillo, en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presente demanda versa en materia laboral y es promovido por la parte actora. Transparencia. Hágase saber a la parte quejosa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Documentos. Finalmente, la suscrita estima conveniente precisar a las partes, que los documentos que exhiban o que llegaran a exhibir en original, no podrán ser devueltos mientas el asunto no haya sido resuelto definitivamente, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como el artículo 280 del Código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción. Notifíquese personalmente.
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