Carlos Iván Gómez Sánchez
Expediente 503/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos
- Carlos Iván Gómez Sánchez
Actuaciones
- Principal
II.- AGRÉGUESE A LOS AUTOS LA COMUNICACIÓN DE CUENTA PROCEDENTE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, QUE CONTIENE INSERTO EL ACUERDO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL QUE SE ADVIERTE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO, TODA VEZ QUE MEDIANTE AUTO DE DOS DE JUNIO DEL ACTUAL, SE AVOCÓ PREVENTIVAMENTE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, RESERVÁNDOSE PROVEER SOBRE LA COMPETENCIA PROPUESTA POR ESTE JUZGADOR, HASTA EN TANTO RECIBIERA LAS CONSTANCIAS REQUERIDAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SITUACIÓN QUE YA ACONTECIÓ; ASIMISMO SE ADVIERTE QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO . . . PROMOVIDA POR . . . CONTRA ACTOS DEL JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ECATEPEC DE MORELOS, Y OTRA AUTORIDAD; POR LOS MOTIVOS AHÍ EXPUESTOS; DE LO QUE SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, REALÍCENSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE HACE CONSTAR QUE EL CUADERNO DE ANTECEDENTES EN QUE SE ACTÚA SE UBICA EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 21, INCISO J), DEL INSTRUMENTO DE REFERENCIA; POR TANTO, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. EN CONSECUENCIA, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A LA DESTRUCCIÓN DE ESTE EXPEDIENTE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES, COMO LO ESTABLECEN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y PENÚLTIMO DEL ARTÍCULO 20, Y DIVERSOS 22, 23 Y 24 DEL ACUERDO GENERAL DE REFERENCIA.
- Principal
II.- AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA PROCEDENTE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, QUE CONTIENE INSERTO EL AUTO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL QUE SE ADVIERTE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO SE AVOCA PREVENTIVAMENTE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, RESERVÁNDOSE PROVEER SOBRE LA COMPETENCIA PROPUESTA POR ESTE JUZGADOR, HASTA EN TANTO RECIBA LAS CONSTANCIAS QUE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y QUE SE REGISTRÓ CON EL NÚMERO DE AMPARO DIRECTO 216/2021; DE LO QUE SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- Principal
II.- Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa Carlos Iván Gómez Sánchez, por lo que procede a notificar por lista el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, que dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Iván Gómez Sánchez, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en Ecatepec de Morelos, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 503/2021-II. Ahora bien, las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional. El artículo 107, fracción III, inciso a), y V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" Por su parte, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal o de una resolución que ponga fin al juicio, es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. Ahora bien, de la demanda de amparo que se acuerda, se advierte que el quejoso reclama la sentencia definitiva emitida en juicio especial de desahucio con número de expediente 46/2020, en la que, aduce existen diversas violaciones procesales cometidas en el desarrollo del juicio, y que es parte en dicho procedimiento; por tanto, es evidente que tal resolución constituye una sentencia definitiva porque decidió el juicio en lo principal y por ende, la competencia para conocer del juicio Claudia Irene Gámez Galindo 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.5d 19/08/23 18:29:12 de amparo promovido en su contra radica en un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, debido a que en la resolución reclamada se refiere a un juicio de desahucio, resulta evidente que debe considerarse actualizada la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), y V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, inherentes a la procedencia del juicio de amparo directo. Ello es así, toda vez que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal; además, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Se puntualiza que dicha vía consiste en un medio extraordinario de defensa que tiene como finalidad el control de la constitucionalidad de los actos de los órganos -formal o materialmente- jurisdiccionales, con el propósito de garantizar en favor de los gobernados, el goce de sus derechos públicos subjetivos. Ahora bien, el juicio de amparo directo sólo será procedente contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. Genéricamente la procedencia de esta vía de amparo se presenta en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendidas las primeras como aquellas que resuelven el juicio en lo principal; además, se reglamentan específicamente los supuestos de dicha competencia, correspondiéndole el inciso c), fracción V, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la materia a) penal; b) administrativa; c) civil; y d) a la materia laboral, a los que se debe estar, para dilucidar los casos especiales en que procede la vía directa. De lo anterior es dable establecer, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Contra sentencias definitivas, que son aquellas determinaciones que deciden el juicio en lo principal; y, Claudia Irene Gámez Galindo 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.5d 19/08/23 18:29:12 5 b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Ahora, en la especie, del análisis integral que se efectúa a la demanda de garantías que se acuerda, se advierte que el quejoso reclama la sentencia emitida en el juicio especial de desahucio co número de expediente 46/2020, en la que, aduce existen diversas violaciones procesales cometidas en el desarrollo del juicio. A virtud de lo expuesto, este juzgador federal estima que la resolución reclamada en esta vía, que resolvió sobre un juicio de desahucio, constituye una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal, en el que el quejoso es parte, esto último que se corrobora además del juicio de amparo 560/2020-VI, del índice de este juzgado, en que se dictó sentencia que negó el amparo solicitado, en contra de su emplazamiento en ese procedimiento. Lo que constituye un hecho notorio para el suscrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, debido a que dicha información proviene de un registro actualizado y veraz, de un juicio tramitado ante este órgano jurisdiccional. Lo expuesto permite concluir que la resolución de referencia constituye una sentencia definitiva de las que se refiere el artículo 34, en relación con el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo, porque resolvió el juicio en lo principal. Lo anterior, sin que obste que no se advierta que el quejoso haya agotado un medio ordinario de defensa en contra de la sentencia emitida en el expediente 46/2020; sin embargo, al promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro Claudia Irene Gámez Galindo 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.5d 19/08/23 18:29:12 diecisiete, abril de dos mil quince, tomo I, página noventa y cinco, con registro número 2008791, que establece lo siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, se sigue que es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el órgano de control constitucional que debe proveer acerca de la demanda de amparo promovida por Carlos Iván Gómez Sánchez, por derecho propio, en virtud de que la resolución que se reclama es una sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 5/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y seis, del tomo XV, febrero de dos mil dos, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Claudia Irene Gámez Galindo 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.5d 19/08/23 18:29:12 7 "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. De la interpretación de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción." Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgador federal estima carecer de competencia para conocer de la presente demanda de garantías en términos de lo dispuesto en la fracción V, inciso c), del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, remítase la demanda de amparo promovida por Carlos Iván Gómez Sánchez, por derecho propio, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos legales a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCXI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y uno, del tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre del dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y Claudia Irene Gámez Galindo 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.5d 19/08/23 18:29:12 devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con copia certificada de la demanda de garantías e impresión del presente auto firmado electrónicamente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se tienen como autorizadas a las personas que indica, para oír y recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de autos, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Toda vez que el domicilio señalado por el promovente para oír y recibir notificaciones, se encuentra ubicado en Avenida Pino, número ciento cincuenta y siete "B" (157-B), código postal 55119, colonia Valle de Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Estado de México, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso c, en relación con el 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se constituya en dicho domicilio y notifique al quejoso por sí o a través de sus autorizados este proveído; asimismo, lo requiera, para que en el acto de la notificación señale domicilio en este Municipio de Naucalpan de Juárez, o bien en uno de los municipios conurbados, como son: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, todos en el Estado de México, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, o en su caso, lo haga por escrito dentro de los tres días siguientes; apercibido que en caso de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le practicarán por medio de lista de acuerdos que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la ley de la materia se habilita al actuario judicial adscrito para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Claudia Irene Gámez Galindo 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0a.5d 19/08/23 18:29:12 9 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese; personalmente al quejoso. Acuerda y firma electrónica Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, ante Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe."
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II.- NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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