Carlos Iván Arenas Ángeles
Expediente 15/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Iván Arenas Ángeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la razón actuarial que antecede, en la cual, el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para entregar los oficios 4354/2022, 4362/2022 y 4368/2022, por los motivos que ahí expone; por tal motivo, se tienen por hechas sus manifestaciones, sin que haya lugar a mayor acuerdo toda vez que por auto del catorce de febrero del año en curso, causó ejecutoria la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en provisional y definitivamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad, Carlos Iván Arenas Ángeles, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Magistrada Carmen Verónica Cuevas López, en su calidad de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina de dicho Tribunal, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secretaría General de Acuerdos, Oficial Mayor, Secretaria Técnica o de Acuerdos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, Director General de Administración, estos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Magistrados María Leticia Taboada Salgado, María Idalia Franco Zavaleta, Manuel Díaz Carbajal, María del Carmen Aquino Celis, Rubén Jasso Díaz, Elda Flores León, Miguel Ángel Falcón Vega, José Valentín González García. Acto reclamado: ".De los Magistrados. a).- La reunión informal que dicen haber llevado a cabo el día 13 de diciembre del año 2019, en la que se ostentaron inconstitucional e ilegalmente como depositarios del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dando el carácter a dicha reunión de sesión plenaria y sin facultades jurídicas emitieron diversas resoluciones, acuerdos o determinaciones. b).- Las inconstitucionales e ilegales determinaciones surgidas en la citada reunión informal; y en específico el Acuerdo mediante el cual se determinó tener por escrito al suscrito Magistrado a una de las salas de los tres circuitos. c).- Las demás resoluciones y actuaciones que colectiva o individualmente pretenden pronunciar, pronuncien y lleven a cabo en relación a las determinaciones, acuerdos o resoluciones que emergieron de la reunión informal en mención. De la Magistrada Presidente del Tribunal.. Se reclama; a).- El haber inconstitucionalmente presidido la reunión informal efectuada en unión de los Magistrados., el día 13 de diciembre del año 2019; instruyendo ilegalmente a la Secretaría General de Acuerdos y a la Oficial Mayor, a fin de que certificaran falsamente que en dicha reunión se encontraba conformado el pleno del Tribunal Superior de Justicia; y que inexactamente se desahogaba sesión plenaria;. De la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal. a).- La respectiva certificación de validez y eficacia jurídica que haya otorgado para considerar que el pleno del Tribunal Superior de Justicia. se hallaba jurídicamente constituido. b).- La certificación de validez y eficacia jurídica que haya otorgado, aseverando que la reunión informal efectuada por los 9 magistrados señalados como autoridades responsables, el día 13 de diciembre del año 2019, constituía sesión plenaria y contaban con facultades legales. c).- El registro en los libros o asientos oficiales en las que haga constar que el Tribunal Pleno se constituyó y sesionó válida y eficazmente mediante reunión informal efectuada el 13 de diciembre del año 2019. d).- el acta que se formule y firme, certificando a través de la mencionada reunión informal llevada a cabo el 13 de diciembre del año 2019. e).- Así como las demás resoluciones o actuaciones que respectivamente y en su ámbito de competencia, pretenda pronunciar o pronuncie. Del Oficial Mayor. a).- El pase de lista; la lectura del orden del día; la declaración de quórum legal para sesionar; el voto y el cómputo. b).- El registro en los libros o asientos oficiales en los que asiente que el Tribunal pleno se constituyó. c).- El acta que se formule. d).- Así como las demás resoluciones o actuaciones que respectivamente y en el ámbito de su competencia, pretenda pronunciar. De la Junta de Administración, Vigilancia. de la Magistrada Presidente y de la Secretaría Técnica de la misma, así como Director de Administración. a).- Las resoluciones administrativas que pronuncien o pretendan pronunciar, así como los actos que lleven a cabo tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones y actuaciones que deriven o haya derivado de la reunión informal que los 9 magistrados señalados como autoridades responsables efectuaron el pasado 13 de diciembre del año 2019. Del Pleno del Tribunal. a).- La omisión de manera fundada y motivada respecto a determinar mi adscripción como Magistrado integrante a una de la salas de los tres circuitos judiciales locales. b).- el impedimento para ejercer mi desempeño jurisdiccional como Magistrado, al no estar adscrito a una sala de los citados circuitos." SEGUNDO. El ocho de enero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo la radicó con el consecutivo 15/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama de las autoridades responsables: La sesión plenaria desahogada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, que determina las adscripciones de los Magistrados integrantes de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como los acuerdos emitidos en ésta, en específico la determinación de adscribir o continuar con la adscripción del ahora quejoso en uno de los tres circuitos judiciales locales del citado Tribunal, así como su ejecución y consecuencias. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Secretaría General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (denominación correcta) y Director General de Administración, del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado la misma, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En tales condiciones, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López en su calidad de Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y Secretaría General de Acuerdos, ambos del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado, al respecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte las responsables Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y del Pleno, Oficial Mayor, Magistrados integrantes del Pleno: María Leticia Taboada Salgado, María Idalia Franco Zavaleta, Manuel Díaz Carbajal, María del Carmen Aquino Celis, Rubén Jasso Díaz, Elda Flores León, Miguel Ángel Falcón Vega, José Valentín González García, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, refiriendo que se trató de una sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, debidamente convocada y notificada, y la primera anexó copia certificada de actuaciones relacionadas con el acto reclamado, constancias a las que se les concede eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de las que se desprende la existencia de la sesión extraordinaria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a las responsables. Lo anterior es así, pues al margen de que dichas autoridades hayan negado la existencia del acto reclamado, de las manifestaciones vertidas en los informes se advierte lo contrario. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Máxime, que al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación propuestos. Ahora bien la autoridad responsable Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, señaló que el acto reclamado por la quejosa no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo y del diverso numeral 61, fracción XXIII del mismo ordenamiento legal, en razón de no constituir actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es se trata de un asunto interno que deriva de las características de autogobierno. Causal de improcedencia que en consideración de este órgano jurisdiccional resulta fundada. A efecto de evidenciar la causa de improcedencia aludida, resulta indispensable citar el contenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos, de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El primer ordenamiento en cita regula la improcedencia del juicio de amparo, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los artículos describe quiénes tienen el carácter de autoridad responsable, esto es, tienen tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a la persona que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo cual, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular, y 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 161133, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, para estimar si un órgano estatal puede ser considerada como autoridad responsable o si estamos ante la presencia de un acto de autoridad, en aras de otorgar la máxima protección a la persona, no debe ser decisivo el tipo de relación; pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que incluso en las relaciones jurídicas entre particulares los derechos fundamentales cobran vigencia y, por mayoría de razón, en las relaciones jurídicas en las que un órgano dotado de facultades desincorpora derechos unilateralmente de la esfera jurídica de otra persona afectando derechos humanos. Ello se desprende de la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 159936, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 798, del rubro siguiente: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES." Igualmente, debe considerarse que el nuevo texto constitucional obliga al Estado a prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales; por tanto, más que saber de qué tipo de relación emana el acto, debe analizarse cada acto de autoridad poniendo especial atención a su contenido y efectos jurídicos, para estimar si con dicho acto se da una posible afectación de derechos fundamentales. De esta manera, es necesario dilucidar si el acto reclamado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en ejercer su facultad de determinar las adscripciones de los Magistrados a las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Morelos, tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no todos los actos emitidos por órganos del Estado pueden ser calificados como de autoridad, destacándose en particular, aquellos que solamente se refieren a asuntos internos del propio órgano (actos ad-intra) y con autonomía e independencia constitucional, en tanto no tienen afectación directa a los derechos fundamentales y, por ende, no vulneran su esfera jurídica. Para ello, conviene analizar el marco constitucional de los Poderes Judiciales Locales, para lo cual se traerán a colación los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo. 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso jurisdiccional como derecho de toda persona ante la prohibición de hacerse justicia por sí misma, consignando como atributo propio de la administración de justicia que sea completa, gratuita, imparcial y pronta en todo el ámbito nacional, sea federal o local. Ello supone que los principios básicos que la sustentan resultan aplicables tanto al Poder Judicial Federal como al de los Estados, estableciéndose como postulados básicos de estos principios la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones al señalarse en su tercer párrafo que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". Por su parte, el artículo 116 de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. (.) III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo". Asimismo, el artículo 116, fracción III, constitucional establece, en lo conducente, que los Poderes Judiciales de los Estados: a) Se ejercerán por los tribunales que establezcan las Constituciones Locales, las que, junto con las leyes orgánicas relativas, deberán garantizar la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, que dichos ordenamientos deberán establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan en dichos poderes. b) Que los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos de las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados; y, c) Que los Magistrados y Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Así, los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, además de consagrar como atributos propios de la administración de justicia el de gratuidad y el de que las resoluciones de los tribunales se dicten de manera pronta, completa e imparcial, exigen que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, otorgando expresamente a los Estados la facultad y correlativa obligación, en el sentido de que las Constituciones y las leyes orgánicas locales deberán garantizar dichos principios constitucionales. Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Morelos, tratándose del Poder Judicial estatal, en el artículo 86 establece lo siguiente: "ARTÍCULO *86.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno y Salas Colegiadas; en un Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y en un Tribunal Laboral; así como los juzgados de primera instancia, juzgados menores y especializados, organizados de acuerdo con su competencia establecida en las leyes. La vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de los Magistrados del Tribunal Laboral y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, estarán a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, a quien le corresponderá también la administración de dicho Poder en general, en los términos que establezcan las leyes. Los órganos jurisdiccionales aplicarán las leyes federales, tratándose de jurisdicción concurrente. El Poder Judicial contará con jueces de control que tendrán las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Constitución y las demás leyes aplicables les confieran. Las leyes determinarán los procedimientos que habrán de seguirse para sustanciar los juicios y todos los actos en que intervenga el Poder Judicial". Por otra parte, los artículos 1°, 2°, 15, 27 y 29, fracciones XI y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, disponen: "ARTICULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos. ARTICULO 2.- Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran jurisdicción, así como el de regular su administración." ARTICULO 15.- Para el ejercicio de la función jurisdiccional por las salas de circuito, el Estado de Morelos se divide en tres circuitos de segunda instancia, distribuidos de la siguiente forma: I.- Primer Circuito, que comprende los actuales distritos judiciales primero, octavo y noveno, con sede en Cuernavaca; II.- Segundo Circuito, que comprende los actuales distritos judiciales segundo, tercero y cuarto, con sede en Jojutla; y III.- Tercer Circuito, que comprende los actuales distritos judiciales, quinto, sexto y séptimo, con sede en Cuautla." "ARTICULO 27.- El Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial; se constituye por el Presidente y los Magistrados que integren las Salas, excepto el titular de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. [.]" "ARTICULO 29.- Corresponde al Pleno del Tribunal: [.] IX.- Cuidar la buena administración de justicia; [.] XVI.- Asignar las adscripciones a los Magistrados que integrarán las Salas;". Del anterior marco normativo se advierte lo siguiente: 1.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, constituye la principal autoridad administrativa del Poder Judicial y, por ende, depositario de su gobierno. 2.- El Pleno del órgano jurisdiccional en comento cuenta con diversas atribuciones, entre ellas, la de asignar las adscripciones a los Magistrados que integrarán las Salas. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado no tiene afectación directa sobre derechos fundamentales del impetrante por lo que no se surte la hipótesis de la existencia de un acto unilateral en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera jurídica. Ello es así, ya que solo por cuanto hace al quejoso en su carácter de Magistrado Integrante del Pleno, el acuerdo combatido fue emitido por dicho Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en sesión plenaria extraordinaria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por medio del cual determinó las adscripciones de los Magistrados a las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Morelos para el año dos mil veinte, con base en sus facultades otorgadas por la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en específico por el artículo 29 fracción XXIII de ésta última. Por tanto, tal designación solo constituye un mecanismo interno necesario para la adecuada administración de justicia, el cual deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través de su Pleno que como se dijo está integrado por el Presidente y los Magistrados que integren las Salas (excepto el titular de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes), como lo prevé el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que resulta inconcuso que el acto que en el asunto se reclama no reúne las características necesarias para ser considerado como acto de autoridad, pues si bien existen ciertos supuestos en los que dicho órgano colegiado (Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos) puede ser considerado como responsable para los efectos del amparo (como en el caso de la destitución del cargo de magistrado), ello no acontece en la especie. Lo anterior en atención a la naturaleza jurídica del acto que se reclama, el cual únicamente incide en la administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y fue emitido por un órgano del que el ahora quejoso forma parte, en el que sus decisiones son emitidas y de ser el caso aprobadas por la mayoría de sus integrantes de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De tal manera que la determinación tomada por los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la cual por Mayoría de sus miembros presentes, determinó asignar las adscripciones de los Magistrados que integraran las Salas durante el año dos mil veinte, no es susceptible de afectar de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso respecto de sus derechos humanos, pues resulta inconcuso que dicha determinación no fue pronunciada de manera unilateral, al formar parte el aquí quejoso del órgano que la emitió (como lo dispone el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos), pese a estar inconforme con ella y no haber asistido a la sesión plenaria reclamada, pues no por esto se constituye en un acto de autoridad, al tratarse de una circunstancia propia de un órgano colegiado. Tampoco se surte la hipótesis de la existencia de una relación de supra a subordinación de la responsable con el ahora quejoso, ni la decisión tomada por el Pleno se apoya en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, es decir, en la emisión del acto que se reclama a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y su presidenta, se advierte que no actuaron de forma unilateral con facultad de imperio sobre el impetrante, pues el magistrado peticionario incluso forma parte del Pleno del órgano colegiado responsable y tiene la facultad de emitir su voto en relación con la determinación adoptada, entablando más bien una relación de coordinación. Por ello, se considera que el acto reclamado no reúne las características necesarias para delimitarlo como un acto unilateral que afecte derechos fundamentales y que, por tanto, se actualice la procedencia del amparo. En tales circunstancias, aun realizando una interpretación que tienda a la mayor protección del concepto de autoridad para efectos del amparo, el solo hecho de determinar la adscripción del aquí quejoso como Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para el año dos mil veinte, no vulnera sus derechos fundamentales. Máxime que la eficiente prestación del servicio público de administración de justicia es el elemento teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha encomendado, y en el caso en particular, el acuerdo reclamado no reúne las características propias de un acto de autoridad emitido con imperio y de forma unilateral, lo que de suyo impide analizar mediante el juicio de amparo como vía extraordinaria las presuntas violaciones que éste produzca, puesto que corresponde a un acto de autogobierno. En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado -que ha quedado precisado con antelación constituye un acto que tiene consecuencias relacionadas con la administración, organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos, siendo el quejoso parte del órgano señalado como responsable, que actúa bajo un grado de discrecionalidad envestido de autonomía reconocida por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconcuso concluir que no se está en presencia de un acto de autoridad que pueda combatirse a través del juicio de amparo, máxime si no es susceptible de afectar derechos fundamentales, sino garantías institucionales. Por tanto, es evidente que se surte la hipótesis invocada y por lo mismo este juicio es improcedente, lo que amerita su sobreseimiento en términos de lo establecido en la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las Secretaria General, Oficial Mayor, Director General de Administración, del Poder Judicial del Estado de Morelos, por no combatirse por vicios propios. Sin que sea necesario el estudio de las diversas causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecisiete de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veinte, al respecto, téngase por recibidas, y dada su voluminiosidad se ordena formar un anexo por separado, el cual queda a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado para su consulta. Se precisa que el anexo referido en el párrafo que antecede no será digitalizado ni formará parte del expediente electrónico, ello es así tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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