Carlos Ignacio Ontiveros Rangel
Expediente 794/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Ignacio Ontiveros Rangel
- Ada Keyla Martínez Camargo y Otros.
- Ada Keyla Martínez Camargo
- Carlos Ignacio Ontiveros Rangel y Otros.
- Dania Ontiveros Rangel
- Dania Ontiveros Rangel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora Reynosa, Estado de Tamaulipas; por medio del cual solicita copia certificada del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 21 de la Constitución Federal, expídasele por oficio copia certificada de las constancias que indica. ...
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que en proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente asunto, no obstante se advierte que la autoridad responsable Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscritos a la Unidad General de Investigación Número Tres, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado allegó un tomo de prueba (foja 81); en consecuencia, devuélvase a la citada autoridad el mismo al resultar innecesaria su retención.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia haya sido recurrida por las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Enseguida, se da cuenta que el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, compareció Ada Keila Martínez Camargo, por propio derecho y en representación de los menores Pablo Ignacio y Paulina, ambos de apellidos Ontiveros Martínez, desistiéndose del juicio de amparo promovida por Dania Ontiveros Rangel, en su favor y de los infantes de referencia (foja 82). Así también, el quejoso Carlos Ignacio Ontiveros Rangel, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 84 y 85), se desiste de la demanda de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables siguientes: Delegado de la Procuraduría General de la República del Estado de Tamaulipas. Subdelegado de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República del Estado. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Litigación Oral en turno, el día veinte de agosto de dos mil dieciocho, adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República del Estado. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Atención Inmediata adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República del Estado Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad Número Uno de Litigación Oral de la Procuraduría General de la República. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad Número Dos de Litigación Oral de la Procuraduría General de la República. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad Número Tres de Litigación Oral de la Procuraduría General de la República. Titular de la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud adscrito a la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas adscrito a la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de Falsificación o Alteración de Moneda adscrito a la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro adscrito a la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos adscritos a la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de asalto, robo de vehículos adscrito a la Subprocuraduría Especializada Investigadora en Delincuencia Organizada. Comandante de la Octava Zona Militar destacamentado en esta ciudad Titular de la Secretaría de Marina destacamentado en la ciudad Titular de la Policía Federal destacamentada en la ciudad. Solicitando además queden subsistentes las responsables Secretario de Seguridad Pública y Titular de la Policía Estatal Acreditable, con sede en esta ciudad, ocurso además que fue debidamente ratificado por el quejoso el treinta y uno de octubre del año en curso (foja 89). A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo solo en lo atinente a Ada Keila Martínez Camargo, por propio derecho y en representación de los menores Pablo Ignacio y Paulina, ambos de apellidos Ontiveros Martínez, se desistió del juicio de amparo promovida por Dania Ontiveros Rangel; en esa virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Respecto del quejoso Carlos Ignacio Ontiveros Rangel, se le tiene desistiéndose de las autoridades identificadas con los números arábigos 1, 2, 4, 15 y 17; por lo que, se ordena suspender todo tipo de comunicación con las mismas, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto del resto de las autoridades, en atención a que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvieron como inexistentes. Acto seguido, se abre el período probatorio; y la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, con sede en esta ciudad, a su informe justificado (foja 42), así como al diverso oficio 4600/2018 (foja 80). A ese respecto se acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, la cual que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; sin más pruebas, se cierra este periodo. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron alegatos a tener por reproducidos. Por lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales correspondientes, y sin pruebas o alegatos pendientes de acordar se concluye la presente audiencia, ordenando, se dicte la siguiente sentencia que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo 794/2018-III, promovido por Dania Ontiveros Rangel, en representación de Carlos Ignacio Ontiveros Rangel; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, turnado ese mismo día, a este Juzgado de Distrito, Dania Ontiveros Rangel, en representación de Carlos Ignacio Ontiveros Rangel, Ada Keyla Martínez Camargo, y los menores Pablo Ignacio y Paulina, ambos de apellidos Ontiveros Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Titular de la Policía Estatal Acreditable, con sede en esta ciudad y otras autoridades, sin que haya necesidad de transcribirlo, toda vez que no existe disposición que así lo imponga, que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 406, materia común, registro 219558, bajo el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión de plano a Carlos Ignacio Ontiveros Rangel, Ada Keyla Martínez Camargo, y los menores Pablo Ignacio y Paulina, ambos de apellidos Ontiveros Martínez, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura, malos tratos, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Privación de la libertad personal o detención fuera de todo procedimiento judicial, y se comisionó al fedatario judicial para la localización de los quejosos, solicitando la ratificación del escrito de demanda. Mediante diligencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso Carlos Ignacio Ontiveros Rangel, ratificó la demanda presentada en su favor, no así respecto de Ada Keyla Martínez Camargo, y los menores Pablo Ignacio y Paulina, ambos de apellidos Ontiveros Martínez, en razón del desistimiento que realizó la mencionada quejosa directa. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda respecto al quejoso Carlos Ignacio Ontiveros Rangel; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Cuarto fracción XIX del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la ejecución material del acto reclamado, se atribuye a autoridades que residen en esta jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097 y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: Incomunicación, tortura, violencia física y moral, así como privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención), prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. TERCERO. Las autoridades responsables Encargado del despacho la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Secretario de Seguridad Pública), así como el Comandante de la Base de Operaciones Temporal de la Secretaría de Marina-Armada de México, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron el acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario que desvirtúe dicha negativa, por lo que debe tenerse como inexistente el acto reclamado; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 49, del tomo I, Segunda Parte-1, relativo a Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan el acto reclamado que se les imputa y de autos no aparece que el quejoso aportara prueba alguna tendiente a desvirtuar la negativa de los actos reclamados hecha por las autoridades señaladas como responsables, debe sobreseerse en el amparo respectivo con apoyo en el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis XXI. 1o. 102 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 349, del tomo XIV, relativo a Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 903, del tomo XV, relativo a Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que es del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ahora bien, en relación con el acto reclamado al Encargado del Despacho de la Delegación Regional de Seguridad Pública de Reynosa (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Titular de la Policía Estatal Acreditable), no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, dicha negativa se desvirtúa tomando en consideración las constancias que anexó el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, al diverso oficio 4600/2018, las cuales tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, de esta última ley, al ser emitidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." No obstante, respecto del acto reclamado a dicha autoridad, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 108 fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Hipótesis que se actualiza en el caso concreto, toda vez que de autos se desprende que el quejoso quedó a disposición del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación número tres, quien informó que desde las veinte horas con veinticuatro minutos del veinte de agosto del presente año, es decir, el día en que se presentó la demanda en este Juzgado de Distrito, quedó puesto a disposición de esa fiscalía; autoridad responsable de la cual se desistió el quejoso para llamarla a este juicio, de ahí que no es procedente examinar la constitucionalidad del acto de la autoridad que no fue llamada a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Lo anterior es así, porque este juzgador no está en posibilidad de llamar a juicio a dicha autoridad de manera oficiosa; en atención a que, si bien es cierto que el artículo 79, de la Ley de Amparo, establece los casos en que opera la suplencia de la queja, también es cierto que tal suplencia sólo opera ante la ausencia de conceptos de violación, sin que autorice a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de las autoridades responsables. Al respecto, resulta aplicable, la tesis I.8o.C.10 K, que en rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO AL SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La suplencia de la queja opera únicamente en los casos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, respecto a los conceptos de violación de la demanda, pero de ninguna forma autoriza a suplir respecto al señalamiento de autoridades responsables." En efecto, el desistimiento del quejoso en cuanto a señalar como autoridad responsable a disposición de quien se encuentra su libertad personal, impide examinar la constitucionalidad de los actos reclamados consistentes en la ilegal detención que aduce el quejoso, más aun cuando el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, en el oficio 4600/2018 informó que la carpeta de investigación 283/2018, formada con motivo de su detención, fue judicializada, lo que sugiere que los hechos por los cuales fue detenido fueron ya objeto de análisis y valoración en diferente instancia. Entonces, la falta de llamamiento al presente juicio de la autoridad antes citada, debido a la decisión de la parte impetrante del amparo, de desistirse de los actos a ella atribuidos y no designarla como autoridad responsable, vuelve imposible jurídicamente examinar la constitucionalidad de tales actos, toda vez que de hacerlo, se le privaría a dicha autoridad del derecho de defensa al no habérsele oído ni llamado a juicio. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia VII.A.T. J/6, emitida por Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 63 fracción V, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Ignacio Ontiveros Rangel, respecto de los actos y autoridades precisadas en esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la última consideración del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de la Secretaria Eloísa Ríos Reyes, que autoriza y da fe. Doy fe.
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