Carlos Ignacio Hernandez Araiza
Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Ignacio Hernandez Araiza
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato capital, por el cual acusa recibo de la comunicación 10895/2023 de cuatro de julio del año en curso, mediante la que se le remitió el toca 243/2023. Remisión de acuerdo. Asimismo, como lo solicita, remítasele copia del auto de veintidós de junio, así como de cuatro de julio, ambos del año en curso, dictados en el presente juicio de amparo.
- Principal
Firme desechamiento. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio pasado, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración de expediente.*** Destino del expediente, es destruible en tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 34 de dicho acuerdo general.*** Devolución de constancias.*** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto el comunicado 5201/2023 signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, al que se acompaña la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, copia certificada del oficio ***; y, toca **** en dos tomos. Lo anterior, por considerar que carece de competencia legal para conocer de la acción de amparo y la finca a los juzgados de Distrito en esta ciudad. Se acepta competencia declinada. Hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que este órgano acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Formación de cuadernos auxiliares.*** Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 520/2023-IV. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca ****, del índice de la autoridad responsable, que modificó el auto que desechó la demanda reconvencional promovida por la demandada en el expediente **** del índice del juez Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes.***** Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:**** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que la resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca ***, del índice de la autoridad responsable, que modificó el auto que desechó la demanda reconvencional promovida por la demandada en el expediente ***** del índice del juez Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto de posible reparación, ya que en la resolución reclamada modificó el auto que desechó la demanda reconvencional, para el efecto de que se le notifique personalmente a *** el requerimiento formulado mediante auto de catorce de marzo del año en curso. De lo expuesto, de modo alguno se desprende que la parte actora en el juicio de origen cumpliera o no el requerimiento formulado. Además, si cumpliera con dicho requerimiento, tampoco le causaría perjuicio, puesto que no se tiene certeza de la resolución que ello conllevaría. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable modificó el auto que desechó la demanda reconvencional para el efecto de que se notifique el auto donde se requiere a la parte demandada sobre su reconvención, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable. Certeza de la determinación. Este órgano judicial determina la improcedencia del juicio en atención a las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en el toca **** en dos tomos, de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.**** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. **** Domicilio y autorizados. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, las lista que se publique en la página del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los estrados del Juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta a los solicitantes de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que el gestionante del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Tribunal Colegiado en Materia Civil con domicilio en la ciudad de Guanajuato, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del tribunal al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo.*** De igual manera, autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la legislación en consulta a ****, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.*** Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.
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