Carlos Ignacio González García y Otros.
Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 30 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Carlos Ignacio González García y Otros.
- Carlos Ignacio González García
- Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región .- Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran uso de ese derecho, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dentro de la causa penal 328/2020, que ordenó la aprehensión como probables responsables de la comisión del delito que la ley señala como abuso de autoridad. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo: El juez responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada y emita una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público pero con la debida fundamentación y motivación que el caso requiere, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia sobre la necesaria ponderación de los datos de prueba. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficio 5378/2021, de veintiuno de junio del año en curso, informó respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional, remitiendo copia certificada de la resolución de esa misma fecha (fojas 250 a 260 de autos), dictada en la causa penal 328/2020. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. En la nueva resolución de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable en acatamiento a los efectos señalados en el inciso i) de la sentencia constitucional, dejó insubsistente la orden de aprehensión de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 328/2020, instruida contra Rigoberto Xicotencatl Xicotencatl, Carlos Ignacio González García, Juan Carlos García García, Yulibeth Ramírez Hernández, José Iván Núñez Alegría, Ingris Petrona Hernández Pérez y Fernando Álvarez Morales, como probables responsables en la comisión del delito que la ley señala como abuso de autoridad. Asimismo, determinó que los datos de prueba al ser analizados y valorados en términos del artículo 265 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, le permitió justificar la existencia de un hecho delictivo, ya que en las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se ejecutó, quince horas del veintinueve de agosto de dos mil veinte, en el lugar comercial "El Mirador el Azul", ubicado en el ejido Herradura de Raudales Mal Paso, Chiapas, sujetos activos en calidad de servidores públicos (agentes de la policía municipal de Mezcalapa, Chiapas), ejerciendo sus funciones, sin causa justa, hicieron uso de la violencia física, lesionando el bien jurídico tutelado por la ley penal. De igual forma determinó, que los datos de prueba son aptos y suficientes para evidenciar que los aquí quejosos Rigoberto Xicotencatl Xicotencatl, Carlos Ignacio González García, Juan Carlos García García, Yulibeth Ramírez Hernández, José Iván Núñez Alegría, Ingris Petrona Hernández Pérez y Fernando Álvarez Morales, probablemente son las personas que cometieron el hecho delictivo que la ley señala como abuso de autoridad, que lo realizaron de forma dolosa, de manera conjunta y sin causa justificada, hicieron uso de la violencia física, actuando a título de coautores materiales. Además, adujo que se encuentra justificada la necesidad de cautela, pues existen circunstancias que evidencian la posibilidad de que los indiciados, aquí impetrantes de amparo, se evadan de la acción de la justicia, pues habitantes del lugar manifestaron que no los han visto y desconocen el domicilio donde puedan ser localizados. En consecuencia, libró orden de aprehensión contra los aquí quejosos como probables responsable de la comisión del delito que la ley señala como abuso de autoridad, cometido en agravio de Carlos Alberto Aguilar Gómez. Por su parte el Auxiliar Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General, residente en esta ciudad y Comandante Regional Zona Centro de Chiapa de Corzo, Chiapas, informaron el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo en comento.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran uso de ese derecho, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dentro de la causa penal 328/2020, que ordenó la aprehensión como probables responsables de la comisión del delito que la ley señala como abuso de autoridad. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo: El juez responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada y emita una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público pero con la debida fundamentación y motivación que el caso requiere, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia sobre la necesaria ponderación de los datos de prueba. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficio 5378/2021, de veintiuno de junio del año en curso, informó respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional, remitiendo copia certificada de la resolución de esa misma fecha (fojas 250 a 260 de autos), dictada en la causa penal 328/2020. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. En la nueva resolución de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable en acatamiento a los efectos señalados en el inciso i) de la sentencia constitucional, dejó insubsistente la orden de aprehensión de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 328/2020, instruida contra Rigoberto Xicotencatl Xicotencatl, Carlos Ignacio González García, Juan Carlos García García, Yulibeth Ramírez Hernández, José Iván Núñez Alegría, Ingris Petrona Hernández Pérez y Fernando Álvarez Morales, como probables responsables en la comisión del delito que la ley señala como abuso de autoridad. Asimismo, determinó que los datos de prueba al ser analizados y valorados en términos del artículo 265 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, le permitió justificar la existencia de un hecho delictivo, ya que en las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se ejecutó, quince horas del veintinueve de agosto de dos mil veinte, en el lugar comercial "El Mirador el Azul", ubicado en el ejido Herradura de Raudales Mal Paso, Chiapas, sujetos activos en calidad de servidores públicos (agentes de la policía municipal de Mezcalapa, Chiapas), ejerciendo sus funciones, sin causa justa, hicieron uso de la violencia física, lesionando el bien jurídico tutelado por la ley penal. De igual forma determinó, que los datos de prueba son aptos y suficientes para evidenciar que los aquí quejosos Rigoberto Xicotencatl Xicotencatl, Carlos Ignacio González García, Juan Carlos García García, Yulibeth Ramírez Hernández, José Iván Núñez Alegría, Ingris Petrona Hernández Pérez y Fernando Álvarez Morales, probablemente son las personas que cometieron el hecho delictivo que la ley señala como abuso de autoridad, que lo realizaron de forma dolosa, de manera conjunta y sin causa justificada, hicieron uso de la violencia física, actuando a título de coautores materiales. Además, adujo que se encuentra justificada la necesidad de cautela, pues existen circunstancias que evidencian la posibilidad de que los indiciados, aquí impetrantes de amparo, se evadan de la acción de la justicia, pues habitantes del lugar manifestaron que no los han visto y desconocen el domicilio donde puedan ser localizados. En consecuencia, libró orden de aprehensión contra los aquí quejosos como probables responsable de la comisión del delito que la ley señala como abuso de autoridad, cometido en agravio de Carlos Alberto Aguilar Gómez. Por su parte el Auxiliar Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General, residente en esta ciudad y Comandante Regional Zona Centro de Chiapa de Corzo, Chiapas, informaron el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo en comento.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Promoción. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por medio del cual informa el cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio y remite las constancias relativas. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido de los proveídos de veintidós, veinticuatro y de este proveído, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional con base en los elementos que obren en el expediente.
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