Carlos Humberto Silva Hernández
Expediente 917/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Humberto Silva Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 917/2022, promovido por*** contra actos del Titular del Departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional, Veracruz Sur, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en a) la baja del inconforme del Régimen de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente*** De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Así, de conformidad con el artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la ley de la materia, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes*** La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular*** Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad*** Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas*** Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, como se precisó, el acto reclamado consiste en la baja del inconforme del Régimen de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se considera no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por las razones siguientes*** En ese entendido, se tiene que la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de dar de baja al inconforme del régimen de seguridad social, con motivo de la terminación de su relación laboral, no es un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Por otra lado, en relación con el acto reclamado consistente en b) la negativa de brindar el servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley en cita, disponen*** De la interpretación armónica de ambos preceptos se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar*** la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Para probar el interés legítimo debe acreditarse*** la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada*** que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva*** que el promovente pertenezca a esa colectividad. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte en lo que trasciende que la parte quejosa acude a esta vía constitucional alegando la trasgresión a los derechos fundamentales tutelados en la Carta Magna, con motivo de la suspensión del servicio de guardería otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por virtud de ser asegurado de dicho instituto. Así, acorde a lo previamente expuesto, para contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional, el impetrante debe acreditar: Que se encuentra afiliado al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, Que el acto que reclama afecta el derecho que defiende. Sin embargo, en el caso se estima que el impetrante no logró demostrar el primero de dichos extremos y, en consecuencia, el segundo, dado que de las constancias que integran el presente sumario, particularmente, del oficio número*** de doce de agosto de dos mil veintidós, signado por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Región Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la constancia de vigencia de derechos,5 remitidas por las autoridades responsables en vía de informe, se desprende, en lo que al caso trasciende, que el doce de agosto de dos mil veintidós, se dio por rescindida la relación de trabajo que tenía el quejoso*** con su empleador; y que el diez de octubre siguiente, se dio de baja del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese entendido, es evidente que a partir de esta última data la parte quejosa dejó de tener derecho a las prestaciones que comprende el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre ellas, el seguro de guarderías, al haber sido dado de baja de aquél. Si bien en términos del artículo 207 de la Ley del Seguro Social, los trabajadores dados de baja del régimen obligatorio de dicho instituto, conservarán durante las cuatro semanas posteriores a dicha baja, el derecho a las prestaciones de este seguro; en el caso, dicho periodo feneció el siete de noviembre de dos mil veintidós, por lo que es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre de dos mil veintidós), la parte quejosa ya no se encontraba en ese periodo de conservación de derechos. Corolario de lo anterior, el impetrante no acreditó contar con el interés jurídico necesario para acudir al presente juicio de amparo, en la medida que, como se dijo, a la fecha de presentación de la demanda, no era beneficiario del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social; y el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa en su demanda, respecto de que el acto reclamado involucra cuestiones relacionadas con el interés superior del menor, pues dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor de edad, el órgano de control constitucional soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y analice el fondo del asunto, ya que ese proceder equivaldría a dejar de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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