Carlos Humberto Avilés Álvarez

Expediente 644/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
644/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos Humberto Avilés Álvarez
  • Fiscal General de Justicia en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Se acuerda escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que suscribe Conrado de la Rosa Ambrocio, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa; por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito exhibido por esa parte procesal en este incidente de suspensión. En su atención, dígasele que en auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó la devolución del numerario N 962278, mismo que sirvió para garantizar la suspensión provisional concedida en el presente incidente. En tales condiciones, para la devolución del billete en mención, la quejosa o su autorizado, deberá acudir debidamente identificada a las instalaciones de este Juzgado Federal, cualquier día, para la devolución de billetes de acuerdo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia que sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta; finalmente, provéase lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este cuaderno principal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió y se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva); por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se pone a disposición de billete. Finalmente, advirtiéndose de autos que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 962278 para garantizar la suspensión provisional concedida en el presente incidente, hágase de su conocimiento, que cuenta con el término de dos años, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, para que se presente ante este Juzgado de Distrito a recoger el citado billete; en el entendido que de no hacerlo en el término indicado, este Tribunal decretará la prescripción, aplicando su importe a favor del Erario Federal. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 644/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población y, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Carlos Humberto Avilés Álvarez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos, que a continuación se precisarán y que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reclamados a: 1) Fiscal General de Justicia en el Estado de Oaxaca; 2) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca; y 3) Comandante de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que se trata de un asunto en materia penal, atribuido a autoridades que residen en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión librada en su contra. Su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables 1) Fiscal General de Justicia en el Estado de Oaxaca; 2) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Oaxaca; y 3) Comandante de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyó; sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado tal negativa. Ante esas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin pasar desapercibido que de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que, las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el órgano jurisdiccional. Toda vez que, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, y de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni obran constancias en el expediente de amparo, con evidencia alguna, de la existencia de los actos reclamados antes indicados, como se indicó, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que, el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación propuestos, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 644/2023, promovido por Carlos Humberto Avilés Álvarez, en los términos y por las razones expuestas en esta determinación. NOTIFÍQUESE.

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