Carlos Huipe Vargas
Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Huipe Vargas
Actuaciones
- Principal
razón de que ALEJANDRO PALEO ZAMORA Y JAVIER DIAZ BARRIGASILVESTRE, DEFENSORES PARTICULARES DE CARLOS HUIPE VARGAS- PARTE QUEJOSA, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con la actuaria judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el veinte de julio del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de trece de julio del año en curso; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que en lo conducente dice:Uruapan, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno.Vista la demanda que promueve Alejandro Paleo Zamora y Javier Diez Barriga Silvestre, en cuanto defensores privados de Carlos Huipe Vargas, contra actos que atribuyen al Juez de Control y Oralidad en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de esta ciudad y, otras autoridades.En tales condiciones, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 397/2021.Luego, los actos reclamados se hacen consistir en:"IV. ACTO RECLAMADO: Consistente en la diligencia de reconocimiento de persona que fiscalía pretende llevar así como la Autorización de traslado por el juez de control para el acto de reconocimiento de persona que se llevara a cabo el día 9 nueve de julio del presente año a las 12:30 horas en el área de separos de la fiscalía Regional de esta ciudad, ubicada en la calle leona Vicario sin número esquina con privada de cedros, de la colonia san Rafael de esta ciudad, que se trata de ejecutar en contra de nuestro defendido.De la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Unidad Administrativa, Unidad especializada en investigación y persecución del delito de Homicidio Doloso, contra la mujer y feminicidio, expediente 1004202109531 URU/102/01416/2021, a cargo del Agente del Ministerio Publico Investigador de la Fiscalía de Investigación del Delito Homicidio Doloso contra la mujer y feminicido, Lic. José Gutiérrez Ruelas. La intención de realizar dicha actuación sobre reconocimiento de nuestro defendido.Respecto del Director del Centro de Readaptación Social de esta ciudad denominado Lic. Eduardo Ruíz, el traslado de CARLOS HUIPE VARGAS, a la fiscalía, para la realización de la actuación sobre reconocimiento de nuestro defendido.DESECHAMIENTO.Expuesto lo anterior, es necesario establecer en primer término, que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano.El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo.Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. *****Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica:"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ******Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción:"Artículo 107. El amparo indirecto procede:***V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior.Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que es del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ****** En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales.Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama:La ejecución de una diligencia de reconocimiento de persona, que se llevaría a cabo el nueve de julio de dos mil veintiuno, a las doce horas con treinta minutos.En el caso particular para determinar si los efectos de dichos actos son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio, que el desahogo de un medio de convicción, no es un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación en su admisión y realización de dicho acto, únicamente redundaría en el aspecto procedimental, existiendo la posibilidad de que se repare la violación que se hubiere cometido en el mismo para el caso de que el fallo definitivo resulte favorable a sus intereses, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses.Como se ve, cuando la parte quejosa considera que se vulneran sus derechos con motivo de un desahogo de prueba -como ocurre en el presente caso- tal violación puede hacerse valer en el amparo directo en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, donde podrá reclamar las violaciones a las leyes del procedimiento siempre cuando la parte quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa ordinario, en los casos en que así se requiera y cuando éstas trasciendan al resultado del fallo.En consecuencia, si los actos reclamados en mención no satisfacen la condición para que sean considerados como actos dentro del juicio que tengan una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.No pasa inadvertido para este juzgador que, en los conceptos de violación, los defensores del quejoso en los conceptos de violación manifestaron:"A).- Viola en perjuicio de nuestro representado el artículo 22 constitucional el cual establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascedentales. Por lo cual los tratos crueles, que resultaría una violación fundamental por temor de que sea obligado a presentarse o someterse a través de algún tipo de maltrato de los establecidos en dicho numeral constitucional. Esto en virtud que previamente esta defensa manifestó la oposición para que se llevara a cabo dicha diligencia de RECONOCIMIENTO de persona, misma que se pretende ejecutar en contra de nuestro representado.".Así, se aprecia que la parte quejosa aduce tener el temor de que se le realicen actos prohibidos por la Constitución Federal. Debe destacarse que el primer párrafo del artículo 22 de la Carta Magna, indica: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.".Sin embargo, debe precisarse que la presente demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos prohibitivos establecidos en el artículo 22 constitucional, pues aun cuando el peticionario de amparo refiere posibles violaciones al precepto legal citado, ello está contextualizado como actos futuros y se considera que son inciertos porque no existe alguna referencia en su demanda de la que se pueda desprender algún dato que permita inferir se trata de actos inminentes, por ende, al analizar la demanda en la forma que está planteada es claro que esas alegaciones no ponen de relieve que en contra del quejoso se transgredan sus derechos sustantivos de forma actual.En consecuencia, al advertir que la providencia de la demanda de amparo no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el numeral 22 transcrito, ni se infiere elemento alguno que haga presumir que su integridad física se encuentra en riesgo.Domicilio procesal y autorizados.Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Oscar Alvarado Reynaga, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, mientras que Brandon Paleo Heredia, únicamente estará autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho.Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Hágase saber a la parte quejosa que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley.A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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