Carlos Hugo Ruiz Tapia
Expediente 324/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Carlos Hugo Ruiz Tapia
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
... ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. 2. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, en seis meses, a partir de esta fecha; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción III y 19, fracción I, inciso b, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Juicio de Amparo Directo
1. Vista la razón de imposibilidad de notificación suscrita por la licenciada Elizabeth Fernández Díaz, actuaria adscrita a este órgano colegiado, en la que manifestó su imposibilidad de notificar a la parte quejosa Carlos Hugo Ruiz Tapia, el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el amparo directo 324/2020, del índice de este órgano colegiado, por las razones que expone; con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la referida parte del citado auto, el cual, en síntesis dice: "1. Se tiene por recibido el oficio del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, mediante el cual, se remite el informe justificado rendido por la Magistrada del Tribunal aludido; los autos del juicio agrario 1004/2012, de su índice; la demanda de amparo promovida por Carlos Hugo Ruiz Tapia, en contra de la sentencia y su ejecución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en ese juicio agrario; copia del auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte y las constancias de emplazamiento de los terceros interesados; en atención a lo solicitado por el citado tribunal, téngase como su domicilio, el que indica en el informe de referencia; y, como sus autorizados a los profesionistas que menciona. Acúsese recibo. 2. Con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como amparo directo 324/2020. Hágase del conocimiento de las partes que no se integrarán al expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio Tribunal que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados, que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este Órgano Colegiado deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las que se conservarán en este Tribunal sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6º de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de esta Presidencia, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se instruye a los Actuarios adscritos a este Órgano Colegiado a dar fe de que las promociones, documentos, autos y resoluciones coincidan en su totalidad en el expediente impreso y en el electrónico, de conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 3. Este Tribunal Colegiado CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. De las constancias recibidas se desprende que la parte quejosa pretende controvertir la sentencia y su ejecución, en la que el tribunal agrario responsable determinó declarar que Esthela Cortina Villegas, es propietaria y titular de la parcela número 122 Z-1P1/1, amparada con el certificado parcelario número 000000546365, del poblado Ejidal de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, condenando al demandado Florencio Ortega Bujanda a la entrega física y material de la fracción que tiene en posesión que corresponde a la parcela en cita con todos sus frutos, costumbres servidumbres y accesiones; argumentando que dicha determinación resulta ser ilegal, al no haberse dado al quejoso la oportunidad de defender sus intereses en dicho juicio, al no haber sido parte dentro del juicio agrario, por lo que no puede privársele de sus propiedades, posesiones o derechos, en virtud de que ocupa una porción del terreno que es materia de ese juicio, donde lleva a cabo trabajos de soldadura, reparación de cajas y remolques, desde el año dos mil nueve. De lo que se sigue, que si bien es cierto que el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva dictada en el juicio agrario, también lo es que la parte quejosa se duele de que no fue llamada a juicio, dado que ocupa parte del inmueble donde, como se dijo, lleva a cabo trabajos propios de su ocupación, violándose su derecho fundamental de audiencia, el cual debe examinarse de manera preferente y por el órgano jurisdiccional competente, en la especie, por un juez de distrito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, y por el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo En efecto, el artículo 107, fracción VII, constitucional, literalmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez 4 www.ordenjuridico.gob.mx de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, señala: " Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" De los numerales transcritos se obtiene que corresponde a un juez de distrito el conocimiento de un juicio de amparo, cuando en éste, la parte quejosa reclame la falta de garantía de audiencia, toda vez que en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juez de distrito las pruebas necesarias para demostrar la omisión que reclama, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable; y, por lo tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Para corroborar lo anterior resulta conveniente traer a colación, en lo conducente, lo que disponen los artículos 170 y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; [.]" De los numerales transcritos se advierte que si bien en el juicio de amparo directo pueden alegarse como una violación procesal la falta de cita al juicio o que se le haya citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo cierto es que, esas hipótesis normativas no pueden ser aplicadas cuando la parte quejosa es persona extraña a juicio, ya que de aplicarse ese dispositivo legal, como se dijo, se dejaría al peticionario de amparo en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Luego entonces, debe examinarse, en primer lugar el acto reclamado referente a la garantía de audiencia, esto es, establecerse si le asiste o no la razón a la parte quejosa en este aspecto, porque de ello dependerán las consecuencias aplicables respecto de los demás actos reclamados, pues de resultar fundados sus conceptos de violación, ello dará lugar a conceder la protección constitucional en contra de la sentencia definitiva y su ejecución; y, en caso de resultar infundados dichos conceptos se llegaría a la conclusión que la parte quejosa no es persona extraña al juicio, por lo que tuvo oportunidad de defenderse dentro del juicio; y, en esas condiciones, el juez de distrito debe resolver lo que en derecho corresponda. Por identidad jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia número P./J. 70/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." En esas condiciones, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Hugo Ruiz Tapia, en contra de la sentencia y su ejecución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio agrario 1004/2012, del índice estadístico del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Nueve, pues no satisface las características para que pueda ser cuestionada mediante juicio de amparo directo; y, por ende, la competencia para su conocimiento corresponde a un juzgado de distrito en la vía indirecta. Lo anterior, por supuesto, en el entendido que el juez de distrito a quien corresponda conocer de la presente demanda de amparo conserva plenas facultades para pronunciarse respecto de su admisión, prevención o desechamiento, en términos de los artículos que regulan la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, al no actualizarse la competencia de este Tribunal Colegiado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Amparo, remítanse las constancias que integran el presente asunto al Juez de Distrito En Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, en razón que la autoridad emisora del acto tiene su residencia en Toluca, Estado de México. Solicitando al Juez que conozca del asunto, que a la brevedad envíe el acuse respectivo. 4. Dése la intervención que corresponda a la Fiscalía Federal adscrita a este Tribunal. 5. Por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa que menciona en términos del artículo 24 de la citada ley de la materia. 6. Con fundamento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de actuaciones que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservada, para su uso dentro del local que ocupa este órgano jurisdiccional. 7. Se comisiona al Actuario adscrito a este Tribunal, para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, notifique, personalmente, al quejoso la presente determinación; asimismo, lo requiera para que, en el plazo de tres días contados a partir de aquel al en que surta efectos la notificación, señale domicilio, para oír y recibir notificaciones, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, bajo el apercibimiento que de ser omiso, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Para cumplir con lo anterior, el Actuario Judicial deberá desahogar la diligencia en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 8. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". 9. También con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. 10. ACUSES DE RECIBO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, las constancias de notificación y los acuses de recibo de autos, testimonios y demás anexos recibidos por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, se agreguen a los autos del expediente en que se actúa, para que obren como corresponda, sin dar cuenta a la suscrita Magistrada Presidenta para el dictado de una resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6°, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el uno de octubre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se consideran actuaciones indispensables, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de los acuses recibidos, sólo tendrá como efecto ordenar su integración a los autos referencia, excepción hecha de los casos en los que se adjunte algún documento original o copia certificada respecto de los que se deba proveer, así como aquellas comunicaciones oficiales relacionadas con el cumplimiento a una ejecutoria de amparo, dictada en un juicio uninstancial; sin embargo, los acuses recibidos se deberán registrar en el Libro de Registro de Ingresos de Oficios Varios, a fin de que el número de promoción con los que se registre, sirva para su vinculación en el expediente electrónico. 11. Fórmese el cuadernillo relativo al expediente en que se actúa con las constancias originales generadas después del presente proveído, pues de conformidad al Acuerdo general Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es obligación de este órgano colegiado hacer que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, como se ordena en el presente proveído; en consecuencia, resulta innecesario contar con copia de los antecedentes del expediente en que se actúa, dado que se cuenta con la versión electrónica de éste, de lo que se sigue que si las partes desean consultar los autos originales del presente asunto, deberán trasladarse al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, en turno, conocerá del presente expediente; y, en caso, de optar por la consulta de la versión electrónica, deberán realizarla cumpliendo con lo previsto en el acuerdo general citado, con lo cual se garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia. 12. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; y, por tratarse de una situación de emergencia sanitaria, se autoriza que la notificación de la presente determinación, se lleve a cabo por medio de correo electrónico institucional al Tribunal responsable, con oficio digitalizado y con la utilización de la firma electrónica. En este caso, se deberá obtener confirmación de la recepción del correo electrónico, la cual se certificará por parte de la servidora o servidor público adscrito a la Actuaría de este Tribunal; y, para el caso, de que no pueda lograr la confirmación de la recepción del correo electrónico, deberá notificar por oficio a la citada, previa razón de imposibilidad, en la que haga constar los motivos por los cuales no logró notificar la presente determinación por ese medio electrónico. 13. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales". del presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica, hasta en tanto señale diverso domicilio dentro de la residencia de este tribunal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito · 1,641 expedientes
- Carlos Becerril López192/2023
- Carlos Enrique García Jaramillo262/2023
- Carlos Ezequiel Pérez Hernández276/2023
- Carlos Gerardo Velasco Flores442/2018
- Carlos Guevara Granados370/2018
- Carlos Herrera Rojas y otros600/2018
- Carlos Ivan Hernandez Rojas292/2023
- Carlos Javier Uribe Velázquez325/2020
- Carlos Javier Villarreal Galicia647/2022
- Carlos Luna Ortega505/2018
- Carlos Martínez Hernández268/2019
- Carlos Mejía González47/2018