Carlos Hugo González Malo

Expediente 1164/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1164/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Hugo González Malo

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al siete de los corrientes, sin que los quejosos Reikiavik Ángeles Hernández, Virginia Guerrero Ramírez, Evaristo Aguilar Ramírez, Yolanda Ángeles Ramírez, Guadalupe Itzel Martínez Tovar, Catalina Marques Cruz, Víctor Aguilar Hernández, Yuridia Sánchez Rodríguez, Lizbeth Laureano Tavira, Nallely Amparo Ángeles Juárez, Nuri Selene Gress Salvador, Iris Pérez Cruz, Marlem Angélica Pérez Lugo, Anselmo Pérez García, Ricardo Ramírez Hernández, Luis Sahid Avecias Serrano, Anel Monroy Martínez, Martha Ángeles Lozano, Heriberto Mendoza Camacho, María Luisa Velázquez Beltrán, María del Pilar Santillán Arias, Alberto Bravo Gallardo, Irma Martínez Aguilar, Apolonia Pérez Víveros, Carolina González Malo, José Francisco Manzano Álvarez, José Luis Escamilla Cruz, Víctor Manuel García Hernández, Anahí Reyes Beltrán, Magali Barrera García, Justo Rangel Ávalos y Cristina Estrada Aldana, impugnaran la resolución de veintiocho de noviembre del año actual, por la cual este órgano colegiado desechó de plano la demanda de garantías promovida en contra del laudo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo en los autos del expediente laboral 244/2016; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. Lo anterior, hágase del conocimiento al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo e infórmesele que los autos del expediente laboral 244/2016 de su índice, le serán devueltos hasta en tanto sea resuelto el diverso juicio de amparo directo 1165/2022. Finalmente, al no haber documento pendiente por devolver; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, a través del cual remite escrito de presentación, original de la demanda de amparo promovida por los quejosos Carlos Hugo González Malo, Reikiavik Ángeles Hernández, Virginia Guerrero Ramírez, Evaristo Aguilar Ramírez, Yolanda Ángeles Ramírez, Guadalupe Itzel Martínez Tovar, Catalina Marques Cruz, Víctor Aguilar Hernández, Yuridia Sánchez Rodríguez, Lizbeth Laureano Tavira, Nallely Amparo Ángeles Juárez, Nuri Selene Gress Salvador, Iris Pérez Cruz, Marlem Angélica Pérez Lugo, Anselmo Pérez García, Ricardo Ramírez Hernández, Luis Sahid Avecias Serrano, Anel Monroy Martínez, Martha Ángeles Lozano, Heriberto Mendoza Camacho, María Luisa Velázquez Beltrán, María del Pilar Santillán Arias, Alberto Bravo Gallardo, Irma Martínez Aguilar, Apolonia Pérez Víveros, Carolina González Malo, José Francisco Manzano Álvarez, José Luis Escamilla Cruz, Víctor Manuel García Hernández, Anahí Reyes Beltrán, Magali Barrera García, Justo Rangel Ávalos y Cristina Estrada Aldana; un anexo certificado, consistente en constancias de emplazamiento; y, los autos del expediente laboral 244/2016; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, en primer término es menester indicar que de la demanda de amparo que se provee, basta decir que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; por lo tanto, al carecer de firma autógrafa el escrito de presentación y demanda de garantías promovida por uno de los aquí quejosos Carlos Hugo González Malo, es de estimarse que no se encuentra expresa la voluntad de realizar el correspondiente acto procesal. En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia establecida por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida únicamente por cuanto hace al quejoso Carlos Hugo González Malo, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Este órgano tripersonal comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis aislada visible en la página mil cuarenta y nueve, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe". Luego, de la certificación realizada por el Secretario de Amparos adscrito a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, se observa que especificó en lo que interesa lo siguiente: "(.).- A la parte ACTORA CARLOS HUGO GONZÁLEZ MALO Y OTROS, le fue notificado el LAUDO por medio de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN que lo contiene a las DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- (.)".- Asimismo, en la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señaló: "(.).- V.- FECHA DE NOTIFICACIÓN: La resolución definitiva dictada se notificó a los QUEJOSOS con fecha 14 de julio del 2022.- (.)". De igual manera, el suscrito advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por los quejosos Reikiavik Ángeles Hernández, Virginia Guerrero Ramírez, Evaristo Aguilar Ramírez, Yolanda Ángeles Ramírez, Guadalupe Itzel Martínez Tovar, Catalina Marques Cruz, Víctor Aguilar Hernández, Yuridia Sánchez Rodríguez, Lizbeth Laureano Tavira, Nallely Amparo Ángeles Juárez, Nuri Selene Gress Salvador, Iris Pérez Cruz, Marlem Angélica Pérez Lugo, Anselmo Pérez García, Ricardo Ramírez Hernández, Luis Sahid Avecias Serrano, Anel Monroy Martínez, Martha Ángeles Lozano, Heriberto Mendoza Camacho, María Luisa Velázquez Beltrán, María del Pilar Santillán Arias, Alberto Bravo Gallardo, Irma Martínez Aguilar, Apolonia Pérez Víveros, Carolina González Malo, José Francisco Manzano Álvarez, José Luis Escamilla Cruz, Víctor Manuel García Hernández, Anahí Reyes Beltrán, Magali Barrera García, Justo Rangel Ávalos y Cristina Estrada Aldana, contra el acto que reclaman consistente en el laudo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, en los autos del expediente laboral 244/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Así las cosas y por lo anterior, el ordinal 17 de la Ley de Amparo, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquél en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en el laudo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, en los autos del expediente laboral 244/2016; toda vez que la notificación del acto reclamado fue realizada a la parte amparista el catorce de julio de dos mil veintidós, haciéndose necesario reproducir lo que dispone la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, en su numeral 133, que a la letra establece: "Artículo 133. La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaración de la caducidad, el laudo y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por estrados.- Todos los términos correrán a partir del día siguiente hábil siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento". De lo antes expuesto, se desprende que las notificaciones personales surten sus efectos el día y hora en que se practicó, en este caso, que a la parte quejosa, le fue notificado el laudo que ahora combate el catorce de julio de dos mil veintidós, notificación que surtió efectos ese mismo día. No obstante, la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable hasta el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, según se observa de lo asentado en el matasellos que obra en el escrito de presentación; por tanto, de conformidad con el diverso 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, el cómputo para su presentación transcurrió del quince de julio al cuatro de agosto de dos mil veintidós, siendo inhábiles en ese lapso los días: dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio del año actual. Razón por la cual, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de agosto del año que transcurre, es evidente que la misma resulta extemporánea, habiendo transcurrido en exceso el término para la presentación de la misma, por lo que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el promovente, y toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 del cuerpo de leyes indicado. En mérito de lo anterior, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por los quejosos Reikiavik Ángeles Hernández, Virginia Guerrero Ramírez, Evaristo Aguilar Ramírez, Yolanda Ángeles Ramírez, Guadalupe Itzel Martínez Tovar, Catalina Marques Cruz, Víctor Aguilar Hernández, Yuridia Sánchez Rodríguez, Lizbeth Laureano Tavira, Nallely Amparo Ángeles Juárez, Nuri Selene Gress Salvador, Iris Pérez Cruz, Marlem Angélica Pérez Lugo, Anselmo Pérez García, Ricardo Ramírez Hernández, Luis Sahid Avecias Serrano, Anel Monroy Martínez, Martha Ángeles Lozano, Heriberto Mendoza Camacho, María Luisa Velázquez Beltrán, María del Pilar Santillán Arias, Alberto Bravo Gallardo, Irma Martínez Aguilar, Apolonia Pérez Víveros, Carolina González Malo, José Francisco Manzano Álvarez, José Luis Escamilla Cruz, Víctor Manuel García Hernández, Anahí Reyes Beltrán, Magali Barrera García, Justo Rangel Ávalos y Cristina Estrada Aldana, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 18/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, Materia Común, con número de registro 184,665, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. Asimismo, y después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "escinerosl", correspondiente a Eduardo Samuel Cisneros Luque; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º de Ley de Amparo; y los Capítulos Cuarto, Sección Tercera, y Quinto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la práctica de las consultas Y notificaciones electrónicas del expediente vía internet; en la inteligencia de que dicha autorización surtirá efectos únicamente para este expediente. Ahora, por lo que hace al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, se tiene únicamente como vía de comunicación no procesal, en términos de la primera parte, del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 9°, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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