Carlos Hugo Aparicio Salazar

Expediente 333/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
333/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos Hugo Aparicio Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual, acusa recibo del oficio en el que se devolvieron las copias certificadas del toca 559/2019, que remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que se conminó a dicha responsable. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, promovido por ------------ por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones, en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II, y capitulo octavo, numerales 20 y 21, inciso a) que dice: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En este sentido, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo Por otro lado, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción; sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, tomando en consideración que las autoridades responsables Magistrado de la Segunda Sala Colegiado Civil de Tlalnepantla, México y Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, remitieron como complemento a su informe justificado copias certificadas de las constancias de las cuales derivó el acto reclamado; por tanto, toda vez que no es necesaria la retención de las mismas, devuélvanse a su lugar de origen. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que en el plazo de tres días computados legalmente acusen recibo de las constancias que se les devuelven. Se apercibe a dichas responsables, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tengan para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de las autoridades requeridas, el correo electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, respecto a los documentos que la parte quejosa exhibió conjuntamente con su escrito de demanda, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos; apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales aludidas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las demás partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no compareció dentro del término de veinte días hábiles otorgado mediante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, a recoger los edictos ordenados en dicho auto, a efecto de emplazar a la tercera interesada Pascuala Ortiz Aparicio, al presente juicio de amparo; por tanto, se tiene por precluído su derecho para hacerlo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior se puede deducir que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: .III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora bien, en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de la tercera interesada Pascuala Ortiz Aparicio. Una vez agotada la búsqueda aludida, por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la referida tercera buscada, por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días hábiles legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, vista la certificación que antecede, de la que se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en el proveído referido, sin que acreditara ante este órgano jurisdiccional haber recogido los citados edictos para su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificada para tal efecto. Aunado a lo anterior, no acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del que ahora resuelve, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo existen indicios que demuestren que la parte agraviada no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por tanto, en razón de que no cumplió con dicho requerimiento, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por tal motivo, y dado que en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento de la tercera interesada; pues, dicho acto permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada Pascuala Ortiz Aparicio, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso Carlos Hugo Aparicio Salazar, pues con la falta de emplazamiento de la tercera interesada Pascuala Ortiz Aparicio, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de recoger los edictos, para realizar el pago y publicación de los mismos, dentro del plazo concedido, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por el artículo 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por medio de lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgado a la parte quejosa a efecto de que recoja los edictos ordenados mediante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su desahogo las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; hora y día disponibles en la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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