Carlos Huesca Vigil Escalera
Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Huesca Vigil Escalera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. I. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA. Vista la certificación de cuenta, de cuyo contenido se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el diez de enero de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. II. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL E INCIDENTE. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de veintiséis de agosto de dos mil veinte, al haberse concedido la suspensión provisional, pero negado la definitiva, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente al quejoso; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1328/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y recibido en esa fecha por este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula,********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención de demanda, admisión y trámite del juicio. En auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 8 a 12), se registró la demanda promovida por********************, con el número de juicio de amparo indirecto 1328/2022; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "(.) ÚNICO. Precise cuáles son las autoridades responsables a quienes les adjudica el acto reclamado. Lo anterior obedece, a que de un estudio de la demanda de derechos fundamentales, se aprecia que la parte promovente señala como autoridades responsables ordenadoras, entre otras, a la siguiente: "III. - AUTORIDADES RESPONSABLES. - Señalo como tales: A) ORDENADORAS. - (.) 4. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla" (Sic). En virtud de que es un hecho notorio para el suscrito juzgador, que existen varios Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Puebla, sin que el promovente haya especificado los nombres actuales y completos de los mismos. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por el promovente, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirlas, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. (.)". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós (fojas 16 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 26). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se difirió la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijaron las diez horas con dos minutos del diez de enero de dos mil veintidós, para su verificativo, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso********************, reclama: 1. Las órdenes de presentación, búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NÚMERO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO 1 ********************ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA, EN REPRESENTACIÓN DE: -REGIÓN JUDICIAL CENTRO Y CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN PUEBLA Y CHOLULA, PUEBLA. Niega (Foja 38) 2 a 7 ********************, ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, FRANCISCO M********************. Niega (Foja 27 y 28) 8 DELEGADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA. Niega (Foja 37) 9 COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (Foja 39) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. I. ALEGATO MINISTERIAL. Visto, intégrese a los presentes autos el pedimento número 403/2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, por el cual, solicita: 1. Se le tenga formulando en tiempo y forma, el alegato ministerial; 2. Se niegue el amparo y protección al aquí quejoso; y, 3. Se le expida copia de la sentencia que eventualmente se emita y del auto que la declare ejecutoriada. Al respecto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas las manifestaciones del mencionado Representante Social de esta adscripción, vertidas en vía de alegatos, solicitando se niegue el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Carlos Huesca Vigil Escalera; y, en el momento procesal oportuno; expídasele a su costa, copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional; así como del auto que declare firme la misma. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Incidental
R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero.********************Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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