Carlos Huerta Romero
Expediente 176/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Huerta Romero
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta a través del cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, hace del conocimiento el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo directo ********************, de su índice, del que se advierte, informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de juicio de amparo 176/2023-A-4, del índice de este juzgado; circunstancia de la que se toma conocimiento. En diverso contexto, se considera que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de las hipótesis del artículo 15 del acuerdo mencionado
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda presentada por ******, por propio derecho, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz. y otra autoridad; regístrese bajo el número 176/2023-A-4. En este punto, se precisa que el acto que por esta vía se combate es la sentencia definitiva de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 579/2016, del índice del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz. Incompetencia. En principio debe decirse que la cuestión de competencia de toda autoridad de control constitucional es de pronunciamiento oficioso. Por tanto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita, puede afectar a las partes ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia legal correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De estos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por grado. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; De los artículos transcritos, en términos generales, se advierten los supuestos de procedencia del amparo directo y la forma en que se debe actuar cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo. En ese contexto, en concepto de este juzgador, el estudio de la demanda de amparo compete al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, en la vía directa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo de cuenta. En consecuencia, remítase el expediente formado con motivo de la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar, y solicítese de manera atenta y respetuosa que, de no tener inconveniente legal alguno, informe si acepta o no la competencia y, en su caso, acuse el recibo correspondiente.
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