Carlos Hipolito Chelala Jimenez
Expediente 809/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Hipolito Chelala Jimenez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja en contra del desechamiento de siete de julio de dos mil veintiuno, conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Hipolito Chelala Jiménez, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se provee lo siguiente: 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no sean de imposible reparación, por las razones siguientes: Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Por ello, como ahora lo ha determinado la Corte, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analicen las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Una vez expuesto lo anterior, en este caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 87/2021, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que resolvió el recurso de revocación que interpuso el hoy quejoso contra el auto de doce de mayo del presente año, en el que se tuvo por no contestada la demanda en el juicio especial sobre arrendamiento de inmueble, por carecer de firma autógrafa. Y de lo manifestado por el quejoso se obtiene que lo que reclamó en el recurso de revocación que le fue desechado, es que la autoridad que señala como responsable no analizó correctamente todos los documentos que exhibió con el escrito de contestación a la demanda, el sello de recepción del personal de oficialía de partes que no contiene mención alguna de que el escrito carezca de firma, como también verificar el documento que contiene el sobre cerrado, identificado como interrogatorio, para observar que si el mismo contenía la firma, resultaba absurdo que el escrito de contestación de demanda no estuviera firmado si se adjuntaron al mismo varios anexos como prueba en defensa de su derechos, negándole su derecho de defensa a ser escuchado, Por tanto, como se adelantó resulta improcedente el juicio biinstancial, pues la determinación adoptada por la autoridad responsable de momento sólo afecta derechos adjetivos o procesales de la parte quejosa, pues no afecta de modo directo e inmediato algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución, pues en caso de obtener un fallo favorable, quedaría soslayada la violación procesal al resolverse en definitiva el juicio natural, y en caso de no ser así, podrían reclamarla en vía de amparo directo. Y ello es así, en virtud de que el hecho de que la autoridad responsable haya tenido por no contestada la demanda no le coarta el derecho de ofrecer las pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga. Lo anterior es así, porque del artículo 638 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, se advierte el siguiente procedimiento. i. Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado de ella a la parte demandada. ii. El demandado deberá dar contestación y formular, en su caso, reconvención dentro de los cinco días siguientes a la fecha del emplazamiento. iii. Si hubiere reconvención, se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación del auto que la admita. iv. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el Juez concederá a las partes un plazo de cinco días para que ofrezcan las pruebas que no hubieren exhibido desde la demanda o la contestación y aquéllas que hubieren anunciado en los términos del artículo 637 de dicho Código Procesal. v. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Juez admitirá las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazará las que no lo sean, fijando la forma de preparación de las mismas, a efecto de que se desahoguen a más tardar en la audiencia de Ley, que deberá celebrarse dentro de los diez días posteriores al auto de admisión de pruebas. Como se ve del procedimiento a seguir, se desprende que el hecho de que se haya tenido por no contestada la demanda, no lo deja en estado de indefensión, pues el precepto legal señalado prevé que "o transcurridos los plazos para ello", es decir, transcurrido el plazo para contestar la demanda -en el caso no se le tuvo por contestada-, el Juez concederá a las partes un plazo de cinco días para que ofrezcan las pruebas que no hubieren exhibido desde la demanda o la contestación y aquéllas que hubieren anunciado en los términos del artículo 637 de dicho Código Procesal; esto es, aún cuenta con un plazo de cinco días para ofrecer las pruebas que no hubiere exhibido, pues al señalar la conjunción disyuntiva "o" se refiere a una u otra, excluyentes entre sí, lo que significa que transcurrido el plazo de cinco días para contestar la demanda, sin que lo hubiera hecho, el Juez concederá a las partes un plazo de cinco días para que ofrezcan las pruebas que no hubieren exhibido. Y conforme al artículo 640, fracción III, del mismo cuerpo normativo, puede alegar lo que a su derecho convenga durante el desarrollo de la audiencia de Ley. Por lo expuesto, se concluye que la resolución reclamada no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación, pues no decide sobre un derecho sustantivo respecto de la parte quejosa, sino sólo sobre derechos procesales, pues sólo ocasiona que se continúe con la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, dentro de un juicio en el que se podrá defender, ofrecer pruebas y presentar alegatos para obtener una sentencia favorable, de allí que tal cuestión no afecte sus derechos sustantivos Además, porque la cuestión de la que se duele, puede quedar subsanada si se dicta en su favor una sentencia que resulte favorable a sus intereses, y en caso contrario puede accionar los medios legales establecidos a su favor, para remediar tal situación, incluso previo cumplimiento de los requisitos legales de procedencia, podría impugnar los actos aquí reclamados en el juicio de amparo directo que eventualmente accionara en contra de una sentencia definitiva condenatoria en términos de los artículos 172 fracciones V y IX de la Ley de Amparo. Luego, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza intraprocesal del acto reclamado, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso el quejoso, las cuales constituyen una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia-, se obtiene el contenido del acto reclamado, del cual se aprecia la naturaleza intraprocesal del mismo. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Trujillo Islas; en sin que en el caso se tenga por autorizados en términos del citado numeral, a las diversas personas que menciona, en virtud de que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; mientras tanto se les tiene por autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del precepto legal en cita, así como a las demás personas que menciona. Se autoriza el correo electrónico que indica, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. 5).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber al promovente que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que debe observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese personalmente.
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