Carlos Hill Torres
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2021
Partes del expediente
- Carlos Hill Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente hiciera valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que ha causado estado. En tales condiciones, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente se encuentra dentro de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, por lo que una vez que transcurran TRES AÑOS, procédase a su DESTRUCCIÓN haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. A efecto de evidenciar la falta de legitimación aludida, conviene traer a cuenta lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo De los dispositivos transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) La parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo. Respecto al inciso a), no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que si bien la promovente de amparo señala como actos reclamados: la orden de traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca, y que fue ejecutada el tres de junio de dos mil diecinueve. No obstante, tomando en consideración la naturaleza de tales actos, no se advierte que los mismos hayan sido emitidos fuera de procedimiento, además de que no reclama la incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Esto es así, ya que la solicitante de amparo señala como autoridades responsables, entre otras, al Juez Vigésimo Cuarto de lo Penal del Fuero Común de la Ciudad de México en la causa penal ***** y al Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio Norte, de ahí que no se actualiza la hipótesis a que alude el artículo 126 de la Ley de Amparo, al no establecerse categóricamente que el acto impugnado se esté llevando a cabo fuera de procedimiento. Asimismo, tampoco se cumple con el segundo requisito señalado en el inciso "b)", relativo a que el agraviado directo se encuentre imposibilitado para promover el amparo; pues si bien en la demanda la solicitante refiere que el directo agraviado se encuentra interno; también lo es que ello es insuficiente para concluir que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo y, por tanto, la peticionaria ***** carece de legitimación para instar en representación de aquél. Así, no se expuso cuál es el impedimento para que la misma se promueva por propio derecho; puesto que si bien, se insiste, de los antecedentes se aprecia que se encuentra privado de libertad, esa manifestación es insuficiente para estimar que dicho amparista se encuentre impedido para instar acción constitucional por sí mismo. Efectivamente, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el de instancia de parte agraviada y que consiste en que el juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; motivo por el cual, la representación de quien acude ante esta vía es un presupuesto que deberá acreditarse en términos de los numerales descritos con anticipación, siendo como excepción, como se dijo, que pueda ser promovido por cualquier persona. En ese sentido, no puede convenirse con el hecho de que una persona, por estar privada de la libertad, se encuentre imposibilitada para promover el juicio de amparo, pues ello llegaría al extremo, por ejemplo, de considerar que cualquier persona pudiese promover juicio de amparo en favor de una persona sentenciada o procesada que se encuentre en reclusión, lo que claramente no es la intención del legislador, y menos la finalidad del juicio constitucional. Justamente, como se ha dicho, de manera excepcional cualquier persona puede promover el juicio de amparo a nombre de otra, pero esa excepcionalidad radica en el principio de instancia de parte agraviada que rige el amparo, y que tiene sentido dado el medio extraordinario de defensa que constituye aquél. Por tanto, los casos en los que se prevé la posibilidad de exceptuar la instancia de parte agraviada, se ciñe, además de que se reclamen actos como los ya dichos, a que el gobernado se encuentre impedido para tal efecto, de lo contrario, el juicio de amparo resultará improcedente, al no verificarse el principio en mención. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien por su defensor en materia penal, esto último en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la demanda no se advierte que la persona de nombre ***** inste el amparo con algún carácter del descrito; además de que no se acompañó documento alguno que permitiera comprobar dicha circunstancia, ni tampoco refirió que tuviera esa calidad demostrada ante la autoridad responsable. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de amparo presentada, en la que se señala como directo quejoso a ***** contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades. En ese sentido, ya que como quedó evidenciado en párrafos que anteceden, la solicitante de amparo ***** carece de legitimación para promover el presente juicio de derechos fundamentales, de ahí que al no satisfacerse, en el caso, el requisito de instancia de parte agraviada, no ha lugar a tener por señalado el domicilio que se precisa en la demanda de amparo ni a designar en favor del presunto directo quejoso un defensor público que lo asista en este asunto. En tal virtud, ya que la peticionaria de derechos no proporcionó un diverso domicilio ubicado en la Ciudad de México, esto es, dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control de la constitucionalidad ejerce jurisdicción, se tiene por designada la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado federal, para oír y recibir notificaciones. De igual forma, no lugar a proveer de conformidad respecto de las personas que se señalan como autorizadas en el ocurso de mérito, en virtud de que como ya se dijo, la promovente de amparo carece de legitimación para instar este controvertido constitucional. Desde este momento, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales
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