Carlos Hernandez Morales

Expediente 328/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
328/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Hernandez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías, transcurrió del veintiocho de marzo al tres de abril de dos mil veintitrés, según constancia secretarial; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacan, veintitres de marzo de dos mil veintitres. Vista la demanda de cuenta, signada por ********************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número III-328/2023-1. Ahora bien, de una lectura integra a la demanda de amparo se advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en las omisiones que realizó el Agente del Ministerio señalado como responsable dentro de la carpeta de investigación número ********************, se advierte una causa de improcedencia. Al respecto conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. En efecto, el mencionado artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, en lo conducente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". Asimismo, el artículo 21 Constitucional dispone en lo conducente que: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La Ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial (.)" El precepto constitucional transcrito con antelación en la parte que interesa, hace referencia a las facultades que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público, en la investigación de los delitos; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a dicha institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio, en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento peal, denominada averiguación previa -en el sistema tradicional- o etapa de investigación inicial -en el sistema acusatorio y adversarial-, los elementos integrantes del delito y la probable responsabilidad del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la averiguación previa y/o investigación inicial, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable responsabilidad. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar la investigación y persecución de los delitos debiendo para ello, necesariamente buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los indiciados. Ahora, sobre el sistema penal acusatorio y adversarial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que en la etapa de investigación inicial del proceso penal, esto es, la relativa al inicio e integración de la carpeta de investigación, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, el referido derecho fundamental de defensa, y se verifique si los actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial están apegados a derecho en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa y que inclusive contra la citación a la audiencia inicial será improcedente el amparo al no afectar su libertad ambulatoria. Tales aspectos se desprenden de la jurisprudencia 1a./J.78/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018828, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En vista de ello, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa y/o investigación inicial dentro de una carpeta de investigación, debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si estos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, tortura, etcétera), son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de garantías; pero, en el caso a estudio, el que se realice una investigación a fin de preparar o no el ejercicio de la acción penal ante el Agente del Ministerio Público que señala como responsable; es en cambio, susceptible de ser combatida al atacar la determinación del juez de liberar o no la orden de captura que eventualmente le fue solicitada, o bien, en la audiencia inicial en caso de que se libre orden de citación. Con base en lo antes indicado, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, o bien, si lo vincula a proceso en caso de que únicamente estime citarlo a audiencia inicial, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Luego entonces, al no reclamarse un acto concreto dentro de la carpeta de investigación en la fase inicial que trascienda a los derechos subjetivos del quejoso, tales como su libertad o patrimonio, dado que reclama en forma genérica omisiones dentro de la carpeta de investigación que señala se instruye en su contra, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del citado artículo 61, de la Ley de Amparo, y ante el cual, resulta procedente desechar de plano la demanda de amaro, en términos del diverso 113 de la propia ley, respecto del acto consistente en las omisiones dentro de una carpeta de investigación en contra del quejoso. Además, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...) Toda vez que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 1a/J. 27/2018(10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017641, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación personal de las citaciones a la audiencia de formulación de imputación de fechas nueve, dieciséis y treinta de enero de dos mil veintitrés, así como diecisiete de marzo del mismo año, pues aduce que fue vía telefónica, que constituye el diverso acto reclamado, el quejoso tiene a su alcance la nulidad que prevé el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Esto es, para cumplir con el principio de definitividad, la parte quejosa tuvo que promover el incidente de nulidad de notificación ante la autoridad judicial; que es el medio ordinario de defensa que la ley adjetiva penal prevé antes de acudir al juicio de derechos fundamentales por tratarse de un medio procedente a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de ilegal; sin embargo, no se hizo valer dicha nulidad. Finalmente, debe indicarse que, en ambos casos no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en la medida que los actos reclamados no importa el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inclusive, debe destacarse que al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que de acuerdo con la información que se desprende de las constancias correspondientes a la carpeta de investigación judicial, tiene el carácter de ofendido en la indagatoria. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe de agotar ese medio defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando los estrados para oír y recibir notificaciones personales y por autorizada para tal efecto a la persona a que alude. Notifíquese personalmente al quejoso en los estrados.

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