Carlos Hernández García

Expediente 1474/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1474/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Hernández García
  • Magistrados que integran el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito en Pachuca, Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estudio del cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente; por tal motivo, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio. Sentencia. Al respecto la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, terminada de engrosar el treinta de noviembre siguiente, concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "Primero. Se Sobresee en el presente juicio promovido por ********************, por las razones contenidas en los apartados considerativos tercer o y quinto d esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra del acto y autoridad señalados en los apartados considerativos segundo y séptimo, respetivamente, para los efectos indicados en la parte final de este último". Ejecutoria. Mediante auto de veintitrés de enero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable, a fin de que diera cumplimiento a la concesión de amparo. Ejecutoria de Recurso de Inconformidad. Por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria relativa a dicho recurso, mediante la cual el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, lo declaró fundado el recurso planteado. Efectos de la concesión de amparo. Asimismo, los efectos de la protección federal otorgada fueron para que el Secretario y el Director Jurídico del Sistema de Transporte Convencional, ambos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, realizaran lo que a continuación se precisa: Dejaran insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, relativa a la solicitud con número de folio ********************, así como la diversa de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante las cuales se negó al quejoso una concesión para explotar el servicio de transporte público en su modalidad de colectivo, sub modalidad suburbano, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; y, El Director Jurídico del Sistema de Transporte Convencional de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, debería emitir una nueva resolución en la que, atendiendo a las directrices trazadas en este fallo, se pronunciará nuevamente sobre la solicitud de concesión presentada por el quejoso subsanando los vicios advertidos, para lo cual deberá fundar y motivar debidamente su decisión, teniendo en cuenta lo que sobre el particular se apuntó en este fallo. Específicamente, debería evidenciar claramente y mediante una correcta motivación, cómo es que para la fecha en que se presentó la petición, la demanda del servicio de transporte en la ruta Francisco VillaCruz de la Constitución, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, ya está cubierta. Debía indicar quién o quiénes son los especialistas que realizaron los estudios en que se apoyó la autoridad responsable para justificar su postura; habida cuenta que debe especificar a qué estudios se refiere y, en todo caso, cuál es la información concreta y específica contenida en el dictamen técnico ********************que permitió a la autoridad responsable saber que en la ruta Francisco Villa-Cruz de la Constitución, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, ya está cubierta la demanda del servicio público de transporte. En el entendido que, si la autoridad responsable afirmaba que dicha ruta ya está cubierta, entonces se presume que las concesiones disponibles para la misma ya fueron otorgadas y ello genera la necesidad de que se dé a conocer al quejoso cuántas concesiones se otorgaron y a qué personas. Lo anterior, porque como se razonó en el fallo protector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, las concesiones para prestar los servicios públicos de transporte colectivo e individual sólo se otorgarán a personas físicas de nacionalidad mexicana, así como a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros. Además, en igualdad de condiciones, debe preferirse a las personas vinculadas con el transporte, que tengan domicilio en las regiones que habrán de abarcar los servicios y que cuenten con experiencia técnica, pues de lo contrario, las concesiones deben otorgarse atendiendo al orden en que hayan sido solicitadas. Ante ello, por oficios recibidos en auto de dieciocho y veintiséis de julio de dos mil veintitrés, el Director Jurídico del Sistema de Transporte Convencional y Directora General de Normatividad de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, informaron que el trece de julio del año en curso, se emitió una nueva resolución, misma que le fue notificada al quejoso. Información que fue corroborada con las constancias que remitió la autoridad responsable aludida, documentales que se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, del examen realizado a las constancias antes reseñadas, se advierte que se dejaron insubsistentes las resoluciones de veintitrés de junio de dos mil veintidós, relativas a la solicitud con número de folio ********************, así como la diversa de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante las cuales se negó al quejoso una concesión para explotar el servicio de transporte público en su modalidad de colectivo, sub modalidad suburbano, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. Asimismo, se dictó una nueva resolución en la que se determinó la no procedencia del otorgamiento de concesión, por no haberse actualizado la hipótesis prevista en la causa de improcedencia establecida en el inciso d) de la Convocatoria y bases para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte individual y colectivo en los ochenta y cuatro municipios del Estado de Hidalgo, y por la no factibilidad técnica para la eficiente explotación del servicio. Sin embargo, las autoridades fueron omisas en dar cumplimiento a los siguientes puntos: deberá fundar y motivar debidamente su decisión, teniendo en cuenta lo que sobre el particular se apuntó en este fallo. Específicamente, debería evidenciar claramente y mediante una correcta motivación, cómo es que para la fecha en que se presentó la petición, la demanda del servicio de transporte en la ruta Francisco VillaCruz de la Constitución, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, ya está cubierta. Debía indicar quién o quiénes son los especialistas que realizaron los estudios en que se apoyó la autoridad responsable para justificar su postura; habida cuenta que debe especificar a qué estudios se refiere y, en todo caso, cuál es la información concreta y específica contenida en el dictamen técnico ********************que permitió a la autoridad responsable saber que en la ruta Francisco Villa-Cruz de la Constitución, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, ya está cubierta la demanda del servicio público de transporte. En el entendido que, si la autoridad responsable afirmaba que dicha ruta ya está cubierta, entonces se presume que las concesiones disponibles para la misma ya fueron otorgadas y ello genera la necesidad de que se dé a conocer al quejoso cuántas concesiones se otorgaron y a qué personas. Lo anterior, porque como se razonó en el fallo protector, de acuerdo con lo previsto en el artículo170 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, las concesiones para prestar los servicios públicos de transporte colectivo e individual sólo se otorgarán a personas físicas de nacionalidad mexicana, así como a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros. Además, en igualdad de condiciones, debe preferirse a las personas vinculadas con el transporte, que tengan domicilio en las regiones que habrán de abarcar los servicios y que cuenten con experiencia técnica, pues de lo contrario, las concesiones deben otorgarse atendiendo al orden en que hayan sido solicitadas. Declarando este juzgado federal el siete de agosto de esta anualidad, que no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por auto de veintitrés de agosto del año en curso, se tuvo a la Directora General de Normatividad de la Secretaría de Movilidad y Transporte, informando que giró el oficio ********************, al Director Jurídico del Sistema de Transporte Convencional, para obligarlo a dar cumplimiento al fallo protector; apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo, daría vista al Órgano Interno de Control, para que diera inicio a la investigación administrativa correspondiente. Mediante oficio STCH/DJ3870/2023, el Director Jurídico del Sistema del Transporte Convencional Hidalgo, remitió copia certificada de la nueva resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la que dejó insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, relativa a la solicitud con número de folio ********************, así como la diversa de trece de julio de dos mil veintitrés, mediante las cuales se negó al quejoso una concesión para explotar el servicio de transporte público en su modalidad de colectivo, sub modalidad suburbano, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. En dicha resolución señaló los lineamientos para la implementación del Programa de Ordenamiento de Transporte Convencional, en el cual quedaron establecidas las bases técnicas tendientes al reordenamiento y reorganización del servicio público de transporte de personal en las modalidades de colectivo e individual en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 158, 159, 170, 172, 173, 171, 175, 176, 177, 2178 y 179 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, así como los 142, 143, 144 145 y 146 de su reglamento del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. Señaló que ********************, realizó la solicitud en tiempo y cumplió con los requisitos enunciados en los puntos tercero y cuarto de la convocatoria, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Y que no obstante al haber cumplido con los requisitos para participar, bajo la premisa de que la plataforma digital le arrojó un número de registro, y se pudieron inscribir todas aquéllas personas que cumplieron con los requisitos, sin embargo en términos del artículo 162 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, artículo 145 fracción I, de su reglamento interior, así como el artículo 26 fracción I, el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte convencional de hidalgo, fue la Dirección de Movilidad e Ingeniería del organismo, la facultada para valorar hechos o circunstancias relevantes para dictaminar la oferta y la demanda del servicio público del transporte en la región en estudio habiendo determinado en el particular que del contenido del dictamen técnico de Transporte Público para servicio colectivo número ********************referente al folio ********************, en el Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, la solicitud sobregeneró una sobreoferta en la ruta propuesta de acuerdo con la información recabada en los estudios de campo del programa de ordenamiento de Transporte Convencional y las implementaciones realizadas durante el mismo, donde se señala que el parque vehicular de las misma se encuentra cubierto de manera óptima, a fin de evitar o reducir los efectos negativos en movilidad en el municipio, la contaminación, el congestionamiento y la inseguridad hacia el usuario. A lo que la responsable determinó que la solicitud con número de folio ********************, presentada por ********************, conformó la categoría de no procedente para explotar el Servicio Colectivo, bajo la submodalidad de suburbano en el municipio de Terpeji del Río de Ocampo, Hidalgo, de conformidad con el dictamen número ******************** Constancias que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por tanto, se declara cumplido el fallo protector, en virtud de que se restituyó a la parte quejosa en los derechos fundamentales que le fueron violados, dado que se hizo cargo del estudio congruente y exhaustivo de los agravios hechos valer por la aquí quejosa, dentro del procedimiento administrativo; por lo que se dejan a salvo los derechos de las partes, para que hagan valer los recursos que estimen procedentes en contra de esta determinación. Conocimiento de las partes y anotación. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, previas las anotaciones en el libro de control correspondiente; así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Brandon Pastrana Valencia, quien se ostenta como defensor particular de Carlos Hernández García y Cynthia Gabriela Vertiz Guzmán, contra actos de los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad y Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, ambos del Estado de Hidalgo, atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1474/2023-2-A. Incompetencia. Los artículos 36 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." "Artículo 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; [.]." De conformidad con los preceptos transcritos, los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer de un juicio de amparo indirecto que se promueve contra actos de otro tribunal colegiado de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, siendo competente el más próximo a la residencia del que haya emitido el acto impugnado. No obstante, cabe aclarar que, el once de marzo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación. Entre otras cuestiones, dicha reforma determinó que los Tribunales Unitarios de Circuito se transformarían en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada, que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones; aunque, conforme a la Constitución y a la legislación secundaria, los nuevos órganos conservan las atribuciones constitucionales de los tribunales unitarios de circuito. Asimismo, la sustitución de los tribunales unitarios de circuito por tribunales colegiados de apelación se hará de manera gradual y escalonada, en un plazo no mayor a dieciocho meses, contados a la entrada en vigor del Decreto mencionado, conforme a los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 24/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación, el cual dispone en su artículo 44, que los juicios de amparo de la competencia de los tribunales colegiados de apelación se substanciarán y resolverán de manera unitaria por las y los Magistrados integrantes, conforme a las reglas de los artículos 103 y 107 de la Constitución y de la Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 45 del mismo instrumento normativos indica que, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando se promueva un juicio de amparo indirecto en contra de actos de un tribunal colegiado de apelación, la competencia se fijara de la siguiente forma: a) Si se combaten actos de un tribunal en algún circuito donde haya dos o más, conocerá del asunto otro de dicho circuito; y, b) Si se combaten actos de un tribunal en algún circuito donde éste sea el único, conocerá del asunto el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. No se pierde de vista que el referido Acuerdo General 24/2022 prevé que será el propio Consejo de la Judicatura Federal el que especificará cuál es el tribunal más próximo a la residencia del que haya emitido el acto reclamado, tomando en cuenta la facilidad de las comunicaciones, con el objeto de dar certeza a las personas justiciables y a los propios órganos. En ese sentido, en el Acuerdo General 97/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que reforma el diverso 3/2013 de dicho órgano colegiado, se estable que el Tribunal Colegiado de Apelación competente para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan contra actos del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, lo será el del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. Ahora, en la demanda de amparo indirecto de cuenta los quejosos reclaman la resolución de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, en el toca de apelación 48/2023, que revocó el auto de no vinculación a proceso y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso en su contra, al existir la probabilidad de que hayan participado en los hechos que la ley penal tipifica como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por tanto, la competencia para conocer de este juicio constitucional se surte a favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Circuito más próximo al referido tribunal responsable (con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo). Es dable concluir que la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al ser el más cercano a la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a lo determinado por el Consejo de la Judicatura Federal. Por ello, la competencia para conocer de este procedimiento constitucional se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito y no de este juzgado. Por lo tanto, previa integración del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de que provea lo conducente respecto de la competencia que se le declina, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Consulta y notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el acceso al expediente electrónico, asimismo, que las notificaciones que conforme al artículo 26, fracción l, de la Ley de Amparo deban hacerse en forma personal se le realicen vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud a efecto de que se permita el acceso respectivo y se realicen las notificaciones correspondientes al usuario "CARLOSPRATT". En la inteligencia que se deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva, de conformidad con los artículos 30, fracción ll, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico a los usuarios registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto es, a "LIZLUCARIO", y de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios a Carlos Jaime Pratt Straffon, Verónica Nasheli Rodríguez Enciso y Miguel Ángel López López. Por otro lado, como no se encontraron registradas las cedulas profesionales de Esmeralda Arévalo Galiote, David Ulises Gómez Bahena, Iliana Janeth Ceron Díaz, Guadalupe Nancy Hernández Delgado, Ivone Santillan Rodríguez, Felipe López García, Gerardo Román Romero Manzano, Carlos Jonnathan Jiménez Hernández y Héctor Rangel Amador, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se imponga de los autos y una vez que acrediten dicho registró se les tendrá por autorizados en términos amplios. Por otro lado, como lo solicita el promovente a las personas que indica en su demanda, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para que se impongan de los autos. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a las personas oficiales judiciales correspondientes, demás encargadas de la digitalización de constancias, y actuarias judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se toma nota del correo electrónico proporcionado y requiérase a la parte quejosa a efecto de que proporcione un número de teléfono móvil, para que se entablen comunicaciones no procesales.

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