Carlos Hernán Paguada Godoy

Expediente 1313/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1313/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Hernán Paguada Godoy

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 1313/2019-IV promovido por Carlos Hernán Paguada Godoy contra actos del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y de otra autoridade; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en este Juzgado Federal, Carlos Hernán Paguada Godoy promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que enseguida se mencionan: Autoridades responsables: 1. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración. 2. Representante Legal de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración 3. Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración 4. Sub Representante Local de la Oficina de Representación Local Instituto Nacional de Migración 5. Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración (en su denominación correcta). Todas con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "PRIMERO.- El alojamiento indebido. SEGUNDO.- La privación de mi libertad de Tránsito. TERCERO.- La privación de mi libertad personal. CUARTO.- La detención administrativa por más de treinta y seis horas..." (sic) Segundo. En auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 1313/2019-IV, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, la admitió a trámite, dio intervención legal al Fiscal Federal adscrito, solicitó a las responsables sus informes justificados y, señaló fecha para la audiencia constitucional misma que, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues los quejosos señalan como acto reclamado la retención ilegal de su persona en la estación provisional migratoria ubicada en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que los actos que el quejoso Carlos Hernán Paguada Godoy, reclama consiste en: El alojamiento indebido, la privación de libertad de tránsito y personal, y la detención administrativa de su persona por más de 36 horas. Tercero. Certeza del actos reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando el Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración de Matamoros, Tamaulipas, por sí y en representación del Sub Representante Local, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que el quejoso Carlos Hernán Paguada Godoy al momento de presentarse la demanda se encontraba retenido por instrucciones de dicha responsable; pues ello así se aprecia tanto del texto de la informativa en mención, como de los documentos que las responsables allegaron a este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ni los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, Carlos Hernán Paguada Godoy, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fue puesto en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a la certificación de esta propia fecha, se tiene que el quejoso en mención dejó de cumplir con las medidas de seguridad, desde el cuatro de diciembre del año en curso, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con él, pues se encuentra evadido de su jurisdicción. Entonces, si Carlos Hernán Paguada Godoy, fue puesto en libertad, y posteriormente dejó de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, y además, no se tiene noticia de que se encuentre interno en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que le aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la privación ilegal de la libertad, libertad de tránsito y alojamiento, que en realidad consiste solo en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta ciudad, reprochado al Representante y Sub representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas por sí y en representación del Sub Representante Local. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Carlos Hernán Paguada Godoy. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ya feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que estimara pertinente respecto de la inexistencia de las autoridades que denominó como 1.Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, 2. Representante Legal de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración y 3. Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en esta ciudad, sin que expresara nada al respecto; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminada en dicho acuerdo, y con fundamento en lo establecido por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a las citadas responsables, así como el acto que de ellas se reclamó y, se suspende toda comunicación con las mismas. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito presentado vía electrónica por la licenciada Dulce María Carrillo Esquivel, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y la evidencia criptográfica, en el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la inexistencia de las autoridades responsables. Sin embargo, lo referido por la promovente en modo alguno demuestra la existencia de las autoridades que señala como responsables y que se tuvieron como inexistentes, pues solo aduce que este Juzgado deberá tomar en consideración las documentales de diversa autoridad, de las que se advierte la existencia de aquellas aludidas en el párrafo precedente; esto es, omite señalar la denominación correcta o bien citar nueva responsable, lo que era necesario, ya que, contario a lo que refiere, de los informes justificados ni de sus constancias anexas se desprende la existencia de 1. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, 2. Representante Legal de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración y 3. Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en esta ciudad; de ahí que lo expuesto no se oponga a lo previamente acordado. Por otra parte, téngase por recibido el informe justificado rendido por el Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, por sí y en representación del Sub Representante Local, ambos con residencia en esta ciudad y el anexo que adjuntó al mismo; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; de igual manera, téngase a la autoridad responsable cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del invocado precepto legal, pues remite copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar su informe. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido y agréguese al expediente para que obre como corresponda, el informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto, rendido por el Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, por sí y en representación del Sub Representante Local, ambos con asiento en esta localidad. Asimismo, se tiene a la citada autoridad señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; por tanto, se instruye a la actuaria adscrita, para que la subsecuente correspondencia dirigida a la responsable de mérito sea enviada al domicilio que precisa. Ahora bien, toda vez que la aludida responsable comunica en el oficio de cuenta que los diversos 30120 al 30122/2019-IV de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve notificados a esa autoridad administrativa migratoria, fueron dirigidos al 1. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, 2. Representante Legal de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración y 3. Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, e informa que esos nombramientos no existen dentro del organigrama de esa oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Matamoros, Tamaulipas; por tanto, póngase a la vista del peticionario de garantías, por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho lapso, se tendrán por inexistentes a la citadas autoridades, suspendiéndose desde este momento toda comunicación con las mismas. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos y agréguense a sus autos para que obren como correspondan, los informes referentes a la suspensión de plano y justificados rendidos por el Director de Amparo en suplencia del Fiscal General de la República y del Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, todos con sede en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes a fin de que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional como lo establece el numeral 124 de la ley en comento. Finalmente, en términos del numeral 9 de la ley de la materia, se tiene a la citada autoridad designando delegados a los profesionistas que refiere, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; por tanto, se instruye a la actuaria judicial adscrita para que las subsecuentes notificaciones se le dirijan a dicha residencia. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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