Carlos Héctor Díaz Arreola

Expediente 667/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
667/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Héctor Díaz Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el seis de julio de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera física a este órgano jurisdiccional el cuatro del año en curso, que promovió ***, por propio derecho, contra actos de la Coordinación de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 667/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales2 , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 1133 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 624 de la Ley de Amparo. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito5 , que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional".En el caso, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ? Coordinación de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. ? Comisión Nacional Bancaria de Valores. ACTOS RECLAMADOS: "DE LA PRIMERA AUTORIDAD RESPONSABLE, LA EMISIÓN DEL OFICIO: SF/SI/DIR/CCC- 1/1876/2023, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 Y OFICIO SF/SI/DIR1/2679/2023; QUE GENERA VIOLACIÓN A MI GARANTÍA CONSTITUCIONAL CONSAGRADA EN EL ARTICULO 14, 17, 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOIS Y 8.1 Y 25.1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, AL NO RESPETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA POR LA TERCERO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, COMO POR NO RESPETAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR LOS OFRECIMIENTOS DE GARANTÍAS, SIN JUSTIFICACIÓN MOTIVACIÓN NI FUNDAMENTACIÓN LEGAL ALGUNA; y con esa actuación, causa daños de difícil reparación y trascendentales que no tengo obligación de soportar. Además, violación al artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la orden de inmovilización de los depósitos bancarios de mi representada, específicamente de los depósitos bancarias del suscrito en la Institución bancaria denominada BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, hasta por el monto de $2,387,517.00, que ponen en riesgo las operaciones fiscales del suscrito, sin justificación alguna. De la segunda autoridad responsable, le reclamo la aplicación de la inmovilización de los depósitos bancarios del suscrito ordenada en el oficio SF/SI/DIR-1/2679/2023, específicamente de los depósitos bancarias del suscrito en la Institución bancaria denominada BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo BBBVA México, hasta por el monto de $2,387,517.00, que ponen en riesgo las operaciones fiscales del suscrito, sin justificación alguna y que no tiene la obligación humana de soportar." Asimismo, en los antecedes narrados bajo protesta de decir verdad, en lo que aquí interesa, el quejoso indicó lo que a continuación se destaca: "1. Con fecha 25 de marzo de 2022, notificaron el oficio SF/SI/DAIF-1-2-D- 0341/2022, mediante el cual la Dirección de Auditoria e Inspección Fiscal, de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutiva del Estado de Oaxaca, determino un crédito fiscal en cantidad de $2,287,679.87, que es identificado con el crédito fiscal número: 49597. 2.- En contra de dicha determinación se interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante oficio SF/PF/DC/JR/4310/2022, de fecha 15 de septiembre de 2022, en el que se confirmó la legalidad del crédito fiscal indicado en el punto que antecede. 3.- Con fecha 24 de febrero de 2023, la primera autoridad responsable, realizó el procedimiento administrativo de ejecución, en el que embargo: (Transcripción) 4.- En esa misma fecha del procedimiento administrativo de ejecución, 24 de febrero de 2023, el suscrito ofreció a la primera autoridad responsable, los siguientes bienes en garantía del crédito fiscal 49597: (transcripción). 5.- Igualmente, en fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 197/23-15- 01-2 (en el que se está impugnando el crédito fiscal de origen), la suspensión provisional y definitiva del procedimiento administrativo en ejecución, concretamente de la continuación de la ejecución de los depósitos bancarios, que tenga en las cuentas bancarias del suscrito, pues existen bienes respecto a los cuales acreditan la garantía del interés fiscal. . 7.- No obstante la suspensión provisional otorgada al suscrito, como la suspensión de plano que se tiene por el ofrecimiento de garantía ante la autoridad fiscal; con fecha 04 de julio de 2023, me notifican el oficio SF/SI/DIR/CCC1/1876/2023, de fecha 16 de junio de 2023, en el que se me informa la inmovilización de depósitos bancarios del suscrito mediante oficio SF/SI/DIR-1/2679/2023, específicamente de los depósitos bancarios en la Institución bancaria denominada BBVA México, S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, hasta por el monto de $2,387,517.00, lo cual considero violatorio de mi derecho humano a un recurso efectivo, sencillo y que evite sanciones trascendentales al suscrito." Al respecto, se actualiza la causa de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del precepto transcrito se aprecia que previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa, en atención al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, debe agotar el medio de defensa que prevé la ley ordinaria, a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional. Lo anterior tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo puede ser accionado por la actualización de un agravio personal y directo en sus derechos fundamentales, para evitar que cualquier apreciación subjetiva sea considerada violatoria de derechos humanos. Al respecto, los artículos 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: . III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja." Como se observa, el legislador en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempló un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto por la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: a. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b). c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. d. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado Adquiere relevancia el supuesto previsto en el inciso d. que antecede, es decir, la queja por incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, dentro de cuyo procedimiento el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes; si la sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. También la Sala podrá notificar el incumplimiento de la suspensión al superior jerárquico de la autoridad demandada para que proceda jerárquicamente y se impondrá una multa ante el desacato de la suspensión. Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta las consecuencias que hubiera ocasionado el incumplimiento de la suspensión; y, de solicitarlo el actor tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Así, se aprecia que el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, forma parte del procedimiento para lograr el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio Tribunal. Supuesto que se actualiza, en el caso, ya que el quejoso en la demanda de amparo expone que la autoridad responsable Coordinación de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a pesar de la suspensión definitiva concedida en el expediente 197/23-15-01-2, ejecutó el acto reclamado y, como consecuencia, se ordenó la inmovilización de los depósitos bancarios del quejoso. De los anexos de la demanda, se advierte que en acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión, en el expediente 197/23-15-01-2, en los siguientes términos: "Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24, segundo párrafo y 28, primer párrafo, fracciones I, inciso a) y b), y II, inciso a), de la Ley invocada con anterioridad y 142, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, SE CONCEDE A LA PARTE ACTORA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, de la continuación de la ejecución de la citada resolución contenida en el diverso SF/SI/DAIF-1-2-D- 0341/2022 de 04 de marzo del 2022, por el que la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, le determinó un crédito fiscal en cantidad de $2,287,679.79." Razones por las cuales el quejoso aduce que la autoridad responsable no respeto la suspensión definitiva emitida en el juicio administrativo. Por tanto, frente al incumplimiento de la suspensión, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a cumplir con la suspensión, e incluso podrá declarar la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa a que se refiere el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 62, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por Carlos Héctor Díaz Arreola. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase al quejoso autorizados para tal efecto a las personas que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Además, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Torres Juárez, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y del número telefónico proporcionado, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "Lic_DavidTJ", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente y se le realicen por ese medio las notificaciones que se ordenen de manera personal. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública6 , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente al quejoso."

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