Carlos Gutiérrez Padilla

Expediente 983/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
983/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Carlos Gutiérrez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la resolución de veintiséis de diciembre anterior, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, agréguese el original del incidente de suspensión relativo.

  2. Principal

    Vista la constancia elaborada por el actuario judicial de la actuación, se advierte que el diecinueve de los actuales se constituyó en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", en esta ciudad, con la finalidad de notificar al quejoso Carlos Gutiérrez Padilla el auto de dieciocho de ese mes; sin embargo, no le fue posible realizar la diligencia encomendada, toda vez que fue informado por personal del departamento jurídico de ese centro de reclusión, que el seis de tal mensualidad el citado impetrante fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Uno, "Altiplano". En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar en el presente caso si la sentencia dictada el quince de febrero último, está o no cumplida, si la responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con domicilio en la Ciudad de México, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa, acorde a las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, deje insubsistente la orden de traslado reclamada contenida en los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18913 y SEGOB/CNS/OADPRS/21327 de fecha veintisiete de abril y nueve de mayo, ambos de dos mil dieciséis, suscritos por el Coordinador General de Centros Federales, en su ausencia, por los cuales se autorizó el traslado del aquí quejoso al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 9, "Norte", en esta ciudad, quedando obligado a regresar al quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", de Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba originalmente, previamente a la emisión de dichos actos, pues como ya se vio no es autoridad competente para este efecto, a fin de restituir al quejoso en pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin que deba darse la opción a la responsable de solicitar la intervención de la autoridad competente (juez de ejecución), pues ello implicaría que no se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Posteriormente, en el auto de veintitrés de octubre del año en curso, se recibió la ejecutoria dictada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, correspondiente a la sesión de seis de octubre de dos mil diecisiete, relativa al amparo en revisión 319/2917, en la que determinó confirmar la sentencia dictada por este órgano judicial en el presente juicio de amparo; asimismo, requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. Por lo que en los autos de veintisiete de noviembre último y dieciocho de los actuales, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación y el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, ambos con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales informaron el cumplimiento que dieron a la ejecutoria de amparo, pues a través de los diversos SEGOB/CNS/OADPRS/27673, SEGOB/CNS/OADPRS/27672 y SEGOB/CNS/OADPRS/27671 de dieciséis de noviembre último, se dejó insubsistente el acto reclamado y se autorizó el egreso del quejoso Carlos Gutiérrez Padilla del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", en esta ciudad e ingresarlo al diverso Centro Federal Uno, "Altiplano"; se dio vista al quejoso con tal cumplimiento, para que manifestara lo que a su interés conviniera dentro del plazo de tres días; no obstante, el actuario judicial de la adscripción al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", en esta ciudad, con la finalidad de notificarle al quejoso Carlos Gutiérrez Padilla el auto de dieciocho de los actuales, fue informado que el seis de ese mes el citado impetrante fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Uno "Altiplano". Precisado lo anterior, este órgano judicial procede a analizar si el fallo protector está cumplido o no lo está, si el juez responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. De acuerdo a los efectos de la sentencia de amparo que fueron precisados y a lo informado por la autoridad responsable el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; ya que dejó insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18913 y SEGOB/CNS/OADPRS/21327 de fecha veintisiete de abril y nueve de mayo, ambos de dos mil dieciséis, suscritos por el Coordinador General de Centros Federales, en ausencia de aquél, por los cuales se autorizó el traslado del aquí quejoso al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, "Norte", en esta ciudad y regresó al quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en el que se encontraba originalmente; aspectos a que se constriñó el fallo protector. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Toda vez que el quejoso Carlos Gutiérrez Padilla, se encuentra privado de su libertad, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, ésta y las subsecuentes notificaciones deberán realizarse en forma personal en el Centro Federal de Readaptación Social Uno, "Altiplano"; lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto electrónico al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Procesos Federales, en turno, con residencia en el Estado de México, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se comisione a uno de los actuarios de su adscripción para que se constituya en el centro penitenciario citado y notifique al citado quejoso el presente auto. Una vez hecho lo anterior lo devuelva por la misma vía electrónica. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se aprecia que a la fecha las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal pronunciada en este juicio, ello en razón a que el quejoso Carlos Gutiérrez Padilla, aún se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Número Nueve "Norte", en esta ciudad, tal y como se aprecia de la notificación del auto de veintisiete de noviembre último. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por última ocasión se requiere al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, de cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio; es decir, regrese al quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encontraba originalmente, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten; toda vez que de las constancias que integran este juicio, se aprecia que dejó insubsistente la orden de traslado reclamada contenida en los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/18913 y SEGOB/CNS/OADPRS/21327 de fecha veintisiete de abril y nueve de mayo, ambos de dos mil dieciséis, suscritos por el Coordinador General de Centros Federales, en su ausencia, por los cuales se autorizó el traslado del aquí quejoso al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, "Norte", en esta ciudad, quedando obligado a Apercibida dicha autoridad que de no cumplir con lo ordenado o no informar a este órgano de control de la constitucionalidad el impedimento legal que le asista para ello, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258, de la de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Del mismo modo, requiérase en términos del citado artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al Secretario de Gobernación, con asiento en la Ciudad de México, como superior jerárquico de la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a sus inferiores a que de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página 1380, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con el fallo protector, se le impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que las autoridades en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, con el cual en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de octubre del presente año, comunica que se instruyó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que diera cumplimiento cabalmente a la ejecutoria de amparo; sin perjuicio de que sea tomado en consideración en el momento procesal oportuno.

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