Carlos Guitérrez Casas
Expediente 134/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Guitérrez Casas
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
EL NUEVE DE MARZO DE 2021 SE PUBLICA EN LISTA EL PRESENTE ACUERDO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Gutiérrez Casas, contra actos del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, con que se da cuenta; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro correspondiente con el número 134/2021-I-A. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Septiembre de 2004, Página: 1631, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el accionante constitucional Carlos Gutiérrez Casas, señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la devolución de las aportaciones patronales que han sido consignadas a la autoridad responsable por parte de la patronal, para mi fondo de retiro, de jubilación. Se hace la aclaración que se solicita de pensiones la devolución de las aportaciones que hizo a mi favor la empleadora a mi cuenta individual ante Pensiones Civiles, por lo cual, el acto de incumplimiento es de carácter administrativo por parte de la institución a la cual se le reclama el acto y no de carácter laboral, ya que la parte empleadora si cumplió con su obligación de hacer las aportaciones a nuestra cuenta individual, administrada por Pensiones Civiles del Estado. Por otro lado, de las constancias que exhibió anexas a su demanda de amparo, se advierte que exhibió el oficio DF-1907-2020, de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, que en lo conducente señala que se informó al aquí quejoso, que de acuerdo a su hoja de servicio , inició a prestar sus servicios a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en julio de 2008, motivo por el cual, el régimen de seguridad social que le corresponde es Fondo de Transición -Reforma, que por dicha razón le corresponde solamente el retiro de su retenciones. Ahora, en relación a dicho acto reclamado, quien resuelve estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5°, fracción II, ambos de la ley de la materia, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De la interpretación gramatical del artículo trascrito en primer término, se desprende que la causa de improcedencia para el juicio de amparo contenida en esta fracción, se actualiza aun cuando emerge de otra disposición de la ley diversa de las hipótesis contenidas en las fracciones I a XXII del precepto legal en estudio, de donde es factible considerar que aquélla fracción XXIII distingue la facultad con que esta investido el Poder Judicial de la Federación para interpretar la Ley y que de ese análisis legal se sostenga la presencia de una hipótesis de improcedencia para el juicio de amparo, es decir, que la misma se encuentre en cualquier artículo de la Ley distinto al que ahora se comenta, pues incluso puede derivar una causal de improcedencia de la aplicación de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso, cobra aplicación la ya mencionada fracción XXIII en relación con el diverso artículo 217 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia respectiva. Luego, el alcance de la disposición aludida en segundo término, obliga a precisar que, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, de acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, actúa como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b). Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c). Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d). Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Al efecto, cabe invocar la tesis CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, bajo el epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y su súbdito es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el gobernado, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. Ahora, es importante destacar que el órgano público descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, puede tener un doble carácter: uno, como autoridad en el que puede actuar con atributos propios que la ley le otorga para realizar determinados actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y otro, como ente asegurador o patrón o empleador de sus trabajadores, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esa Ley; caso en el cual actúa en un plano de igualdad. Bajo esas premisas, la determinación adoptada por el organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, fue en el sentido de informarle al quejoso Carlos Gutiérrez Casas, que respecto a la omisión en la devolución de las aportaciones patronales que han sido consignadas a la autoridad responsable por parte de la patronal, para su fondo de retiro, la responsable dio respuesta mediante el oficio DF-1907-2020, de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual, se le informó que de acuerdo a su hoja de servicio , inició a prestar sus servicios a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en julio de 2008, motivo por el cual, el régimen de seguridad social que le corresponde es Fondo de Transición -Reforma, que por dicha razón le corresponde solamente el retiro de su retenciones. En consecuencia, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por una parte, porque si bien la indicada autoridad responsable, puede decidir sobre el otorgamiento de dichas peticiones, dicho acto no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos (ente asegurador - trabajador en su carácter de derechohabiente afiliado a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Chihuahua), es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para la concesión o negativa de dichos derechos derivados de una relación laboral con el Gobierno del Estado de Chihuahua (Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua). En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad, el juicio de amparo promovido contra la referida negativa resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causal de improcedencia. En otras palabras, el organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, a través de sus funcionarios, no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica de trabajo, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de una prestación económica, y respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el indicado ente asegurador y sus trabajadores asegurados o por sus beneficiarios, deben ser resueltos por los tribunales competentes. Lo anterior, una vez que el accionante constitucional conozca de la respuesta a su escrito que presentó como derecho de petición y de estimar que no se satisface su interés, como acontece en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 66/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Decima Época, Página 898, que a la letra dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Y la jurisprudencia 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, página 1511, cuya literalidad indica: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." De igual forma, orienta a lo expuesto, la tesis XVII.1o.C.T.66 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, de la Décima Época, Registro digital 2017149, visible en la página 2957 "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA, RESPECTO DE LA DEVOLUCIÓN DE SUS APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CUANDO SON SEPARADOS DEFINITIVAMENTE DE SU PUESTO. CORRESPONDE A LA JUNTA ARBITRAL DE DICHA ENTIDAD. De la interpretación sistemática de los artículos 73, 74, 75, fracción II, 163 y 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua; así como de los diversos 1, 2, 3, 13, 19 y 67 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado abrogada -aplicable al caso- se advierte que cuando un trabajador de confianza no tenga derecho a una pensión por antigüedad o invalidez, prevista por la ley citada en último término, al ser separado definitivamente del servicio, tiene derecho a que se le reintegre su aportación al fondo de pensiones, cuando ésta surja precisamente por la relación de trabajo entre el Gobierno del Estado y el asegurado; por ende, la competencia para conocer de esta prestación corresponde a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de aquél, al ser la autoridad facultada para conocer de los juicios suscitados entre una unidad burocrática y sus trabajadores." Por tanto, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5°, fracción II, así como en el arábigo 113, todos de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Página: 890, bajo el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Gómez Pedraza número 423, colonia El Colegio, en esta ciudad, agregando que su cédula profesional de licenciado en derecho, se encuentra registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 68, 73 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 11, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial que se integre en este expediente, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información; en el entendido que aun cuando la sentencia que se dicte en este asunto es de carácter público y que por ende se permite su consulta, de la misma se elaborará una versión pública, a fin de resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. De igual manera, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, la reproducción de las promociones y los acuerdos dictados en el presente expediente mediante el uso de aparatos electrónicos, como las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En la inteligencia que tal autorización no comprende la reproducción de otros documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, en base a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes que en él intervienen, se habilitan los días y las horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente al promovente. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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