Carlos Guisazola Hernandez
Expediente 980/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Christian Yahir Martínez Guizasol
- Carlos Guisazola Hernandez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente (ARCHIVO). En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Sin cuaderno de suspensión No ha lugar a emitir pronunciamiento, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió el incidente
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda de XXX, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecucion de la Region Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, los quejosos reclaman lo resuelto en la audiencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la cual el juez responsable dictó auto de suspensión condicional del proceso, según lo narrado en la demanda. Lo anterior, permite visualizar desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la omisión de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario, por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para aquellas resoluciones dictadas por los jueces de control que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional a proceso. Del precepto legal transcrito se desprende que la resolución combatida -de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés- que concedió la suspensión condicional del proceso, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de apelación. Luego, es válido afirmar que los quejosos en su carácter de víctimas, deben agotar el recurso ordinario de apelación previsto en el artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la resolución que concedió la suspensión condicional del proceso. Sobre todo porque el mencionado recurso de apelación, está previsto para los quejosos por tener el carácter de víctimas, y pueden hacerlo valer contra el juez responsable. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, los quejosos estaban en condiciones de interponer el mencionado recurso de apelación ante el juez de control que señalan como responsable, con el propósito de lograr la revocación o modificación de la referida resolución. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque los quejosos decidieron promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvieron la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el juez de control responsable. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se hace notar que la desatención de los quejosos, a la impugnación ordinaria del acto combatido en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la resolución que autoriza la suspensión condicional del proceso, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquéllos debieron agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Sólo resta indicar que la postura adoptada por esta juzgadora -el desechamiento de plano- frente a la resolución combatida consistente en el auto de suspensión condicional del proceso, se refuerza con la ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el recurso de queja XXXX, derivado del juicio de amparo XXXX de este órgano -el cual representa un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria-. Máxime que los magistrados del referido tribunal, confirmaron un acuerdo dictado por esta juzgadora de tutela en el referido juicio XXXX, en el que también fue desechada la solicitud de amparo por desatención al principio de definitividad, en un caso similar al que originó el presente juicio. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, porque el acto principal que pretenden reclamar actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE NOTIFICÓ POR LISTA EL JUICIO DE AMPARO 980/2023: Acuerdo: Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda de XXX, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecucion de la Region Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, los quejosos reclaman lo resuelto en la audiencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la cual el juez responsable dictó auto de suspensión condicional del proceso, según lo narrado en la demanda. Lo anterior, permite visualizar desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la omisión de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario, por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para aquellas resoluciones dictadas por los jueces de control que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional a proceso. Del precepto legal transcrito se desprende que la resolución combatida -de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés- que concedió la suspensión condicional del proceso, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de apelación. Luego, es válido afirmar que los quejosos en su carácter de víctimas, deben agotar el recurso ordinario de apelación previsto en el artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la resolución que concedió la suspensión condicional del proceso. Sobre todo porque el mencionado recurso de apelación, está previsto para los quejosos por tener el carácter de víctimas, y pueden hacerlo valer contra el juez responsable. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, los quejosos estaban en condiciones de interponer el mencionado recurso de apelación ante el juez de control que señalan como responsable, con el propósito de lograr la revocación o modificación de la referida resolución. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque los quejosos decidieron promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvieron la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el juez de control responsable. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se hace notar que la desatención de los quejosos, a la impugnación ordinaria del acto combatido en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la resolución que autoriza la suspensión condicional del proceso, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquéllos debieron agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Sólo resta indicar que la postura adoptada por esta juzgadora -el desechamiento de plano- frente a la resolución combatida consistente en el auto de suspensión condicional del proceso, se refuerza con la ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el recurso de queja XXXX, derivado del juicio de amparo XXXX de este órgano -el cual representa un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria-. Máxime que los magistrados del referido tribunal, confirmaron un acuerdo dictado por esta juzgadora de tutela en el referido juicio XXXX, en el que también fue desechada la solicitud de amparo por desatención al principio de definitividad, en un caso similar al que originó el presente juicio. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, porque el acto principal que pretenden reclamar actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación.
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