Carlos Guillermo Pérez Calderón
Expediente 828/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Guillermo Pérez Calderón
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. AGREGA OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a través del cual transcribe el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el Juzgado de su adscripción no aceptó la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente asunto por los motivos que expone. Se tienen por recibidos los autos originales del juicio en que se actúa. Acúsese de recibido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Al respecto, esta juzgadora no comparte el criterio sostenido por la autoridad oficiante, en razón de las consideraciones que quedaron plasmadas en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, donde se determinó declinar la competencia. Máxime que, como se mencionó en aquél proveído, el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de revisión presentando por el quejoso, en el procedimiento identificado como 002/2022-RP, ante el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Delegación Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo. Por lo que, esa omisión atribuida al titular del órgano de Operación Administrativa demandado, se traduce en la obligación de dar respuesta por la autoridad señalada como responsable, pues las peticiones del agraviado van dirigidas precisamente al expediente 002/2022-RP, que se tramita ante la potestad de aquélla -la autoridad responsable-; lo cual conlleva a concluir que esa respuesta, en todo caso, habrá de emitirse en el lugar donde tiene su sede el Instituto Mexicano del Seguro Social designado responsable, quien para ello deberá proveer lo conducente. En efecto, las consecuencias de las omisiones reclamadas necesariamente se surtirán en el expediente ya señalado (002/2022-RP), pues es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, cuenta habida que la respuesta al medio de impugnación formulado por el impetrante, deberá constar en la resolución que al efecto emita la referida autoridad. Aunado a que igual consideración dictó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al resolver el conflicto competencial 13/2023, en sesión celebrada el uno de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo expuesto, se insiste en que la competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio, se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno (Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia). En ese tenor, con fundamento en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial para conocer del juicio de amparo 828/2023-V del índice de este Juzgado; y, radicado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, con el número 1453/2023; respetuosamente hágase del conocimiento del referido Juzgado Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, remítase el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, en turno, para que conozca del presente conflicto competencial; lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por José Luis Martínez Guzmán, quien se ostenta mandatario jurídico de Carlos Guillermo Pérez Calderón, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Delegación Regional en Michoacán, con sede en Morelia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 828/2023-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como autoridad y actos reclamados, lo siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como Autoridad Responsable: al Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Delegación Regional en Michoacán, ubicado en Avenida Francisco I. Madero, número 1200, colonia Centro, código postal 58000, en la Ciudad de Morelia, Michoacán. (Lo enfatizado es de este Tribunal). IV. ACTO RECLAMADO. Señalo como Acto Reclamado la falta de contestación y notificación al acuerdo con número de oficio 179001410100/JF/04981/2023, de fecha 03 tres de Julio del año 2023 dos mil veintitrés, emitido por el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con número de expediente 002/2022-RP. (lo enfatizado es de este Tribunal. DECLARATORIA DE CARECER DE COMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades solo pueden hacer aquéllo que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida; por tanto, antes de decidir cuestiones sobre la admisión de la demanda, es menester analizar tal presupuesto. Así, para establecer cuestiones relativas a la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. En ese sentido, esta Juzgadora considera necesario precisar, que para definir la competencia de un órgano jurisdiccional debe de atenderse a los tres criterios siguientes: Materia. Este criterio se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, o por razón de la naturaleza de la causa; es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia litigiosa del proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo: administrativa, laboral, civil, familiar, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Grado. Alude al litigio que se plantea ante el juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Territorio. Se refiere al ámbito espacial de validez dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. Ese ámbito territorial puede dividirse en circuitos, distritos o partidos judiciales. La competencia por territorio hace referencia a las facultades conferidas a los órganos jurisdiccionales en razón del espacio dentro del cual pueden ejercerla, esto es, se refiere al ámbito espacial en el que podrán producirse los actos y sus efectos jurídicos de las contiendas sometidas ante esos órganos jurisdiccionales. Así, los dispositivos jurídicos que fijan la competencia de los Juzgados de Distrito, tratándose del juicio de amparo indirecto, son los artículos 33 , fracción IV, 35 y 37 , de la Ley de Amparo; 49 , 50 , 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito". Al respecto, debe atenderse específicamente a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de la materia: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: a) Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto por haberse presentado, ante él, la demanda de amparo. b) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentando la demanda de amparo. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados -tratándose de las dos primeras reglas- es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De esa manera el justiciable puede obtener una inmediata defensa en contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son factibles de suspenderse conforme a las prevenciones de la ley de la materia. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues dicha regla es a favor del juez de Distrito ante quien el promovente del amparo optativamente decida presentar la demanda de amparo. Así, del artículo en comento, queda de relieve que el criterio para fincar competencia al juez de amparo parte de la noción de "ejecución material" del acto reclamado, lo cual consiste en que, con su emisión, se genere un actuar de la autoridad responsable que produzca un cambio fáctico o material en la esfera jurídica del quejoso, bien porque el acto en sí mismo implique tal cambio, o porque sus efectos conlleven esa modificación. Esto es, la ejecución atiende tanto al contenido del acto reclamado en sí mismo, cuando su contenido precise una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; pero también comprende las consecuencias o efectos materiales que tenga o pueda llegar a producir. En este orden de ideas, deviene también necesario precisar lo que se entiende por "omisión", para lo cual resulta útil acudir a la perspectiva jurídica sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País determinó que la simple inactividad no equivale en sí misma a una omisión sino, para que ésta se configure en el ámbito jurídico, es necesaria la existencia previa de un deber de realizar cierta conducta y que la persona vinculada a llevarla a cabo incumpla tal obligación. Conforme a lo anterior, la Primera Sala acotó que en el sistema jurídico mexicano es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Dentro de esta última clasificación, la Primera Sala identificó tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Lo anterior, siguiendo lo establecido en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". (Lo enfatizado es de este Tribunal). Conviene apuntar también que, a partir de la reforma constitucional en materia de amparo de diez de junio de dos mil once, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En concordancia, la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo señala que procede el amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En este sentido, si las autoridades a quienes se atribuye él o los actos reclamados tienen un deber de actuar, brindando diversos servicios o medidas, y éste es incumplido; entonces, la inactividad reclamada por el quejoso configuraría una omisión reconocida como tal en el ámbito jurídico, en los términos que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se ha visto, con los efectos positivos resultantes de la inobservancia de tal obligación, que se traducirían en que, si se concediere el amparo, la responsable quedaría constreñida a llevar a cabo la conducta que no realizó. Por ende, es factible colegir que las omisiones con efectos positivos son aquellas que traen como consecuencia una ejecución material, esto es, un actuar de la autoridad responsable derivado del cumplimiento de un deber legal de hacer, el cual ha incumplido. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, y de las demás constancias anexas, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado: Del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Delegación Regional en Michoacán, con sede en Morelia. La falta de contestación y notificación al acuerdo con número de oficio 179001410100/JF/04981/2023, de tres de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con número de expediente 002/2022-RP. De ahí que, si se toma en consideración que la citada autoridad tiene sede oficial en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, deviene inconcuso que los actos reclamados, si bien omisivos, conllevan un efecto positivo que se traduce en la obligación de dar respuesta por la autoridad señalada como responsable, pues las peticiones del agraviado van dirigidas precisamente a un expediente que se tramita ante la potestad de aquélla -la autoridad responsable-; lo cual conlleva a concluir que esa respuesta, en todo caso, habrá de emitirse en el lugar donde tiene su sede el Instituto Mexicano del Seguro Social designado responsable, quien para ello deberá proveer lo conducente. En efecto, las consecuencias de las omisiones reclamadas necesariamente se surtirán en el expediente ya señalado (002/2022-RP), pues es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, cuenta habida que la respuesta al medio de impugnación formulado por el impetrante, deberá constar en la resolución que al efecto emita la referida autoridad. Dicho de otra forma, el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al medio de defensa formulado por el impetrante de amparo deberá verificarse precisa e indefectiblemente en el lugar de residencia de la autoridad responsable. Máxime que la opacidad de la responsable, irradia en el derecho de acceso a la justicia del quejoso, pues mientras continúe con la abstención que se le imputa, ineludiblemente provoca que se siga ejecutando materialmente la afectación de la esfera de los derechos del solicitante de amparo, ya que su "no hacer" provoca que el quejoso desconozca el tratamiento dado al medio de defensa interpuesto, lo que al menos de manera indirecta implica que no se le administre justicia. Además, la omisión de resolver el recurso de revisión presentado por el quejoso, en el procedimiento identificado como reclamación 002/2022-RP, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en que se tramitó. Violación que subsistirá, hasta en tanto se emita la resolución respectiva, sin la cual no es posible continuar con el trámite que corresponda. De ahí que se considere que tal acto no constituye omisión simple, sino que trae aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales (omisión de acordar lo conducente a la resolución del recurso interpuesto). Motivo por el cual, ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo a su contenido, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es de concluirse que la omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso en el procedimiento identificado como reclamación 002/2022-RP, ante el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Delegación Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, tiene ejecución material, pues incluso en el caso de que la autoridad decida cumplir con ese deber legal, y emitir tal determinación tendrá ejecución en el lugar donde se dicte. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materializan positivamente las omisiones; esto es, donde se lleva el expediente 002/2022-RP, pues ahí es donde se producen tales consecuencias objetivas. Es decir, ellas -las omisiones-, tienen un impacto positivo en la esfera de derechos del peticionario de amparo, en tanto se impone una carga a la autoridad que cesará hasta que se cumpla con el haber señalado; esto es, se pronuncie respecto del medio de defensa planteado, lo cual evidentemente implica "un hacer" a cargo de la autoridad cuya jurisdicción radica en el la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo. Lo anterior, encuentra sustento jurídico, por analogía en el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Similar criterio ha sido sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver los conflictos competenciales 29/2022 y 7/2023, en sesiones ordinarias públicas virtuales de uno de diciembre de dos mil veintidós y dos de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. De igual manera, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al resolver el conflicto competencial 13/2023, en sesión celebrada el uno de junio de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, resulta innegable que, en la especie, se actualiza la primera regla del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece que, si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, en turno, en cuya jurisdicción resentirán los efectos del acto combatido, conforme a la citada primera regla de competencia establecida, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 y su modificación, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito". Es aplicable por analogía jurídica la tesis jurisprudencia 17/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, se declara legalmente carecer de competencia para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda, así como sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para conocer y resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tienen consecuencias positivas en el plano fáctico los actos combatidos. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en la calle Héroes de Cananea número 1863, interior 9, colonia San José Obrero, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Raymundo Pérez Colín y Martín Pérez Salazar, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro y texto: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Lo que no acontece con Susana Estephani Duarte López, Jesús Alberto García Martínez, Miriam Aidet Corona Loera y Juan Ramón Vaca Ramírez; por tanto, únicamente se les autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento -la primera-, por no contar con dicho requisito, y restantes por así haberlo solicitado la parte quejosa. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase al asesor jurídico de los menores de edad, proporcionando la dirección de correo electrónico joseluismartinez.cjf@gmail.com, así como el número de teléfono 4521123998, para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna a través de dichos medios electrónicos, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ahora, en atención a petición formulada por el promovente, también se autoriza que las notificaciones que surjan se practiquen por vía electrónica mediante el usuario "joseluismartinez"; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, dichas personas están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Finalmente, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. PRECISIÓN: Ahora, dadas las peticiones de la parte quejosa respecto de la forma en que desea le sean notificados los acuerdos que le resulten de manera personal (en su domicilio o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de la parte quejosa, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones, respecto de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en omentos distintos), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. Cobra aplicación a lo anterior por identidad jurídica, la tesis de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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