Carlos Guillermo Cervantes García

Expediente 2332/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2332/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Carlos Guillermo Cervantes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintiocho de enero del año en curso (fojas 89 y 90), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio total cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, con el referido libelo y documental para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 92), sin que el quejoso realizara manifestaciones. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. E...." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario el trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 58 a 74), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carlos Guillermo Cervantes García, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,183.16 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., entre otros (fojas 7 y 8). En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de $10,058.16 pesos; no obstante, no serán objeto de devolución las cantidades de $595.00 pesos y $280.00 pesos por los conceptos "por el registro de poderes de cualquier clase" y "Der. Insc. De crédito hipotecario hasta 25 V.S.M." respectivamente, dado que las mismas no forman parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas. De igual forma, el Recaudador de Rentas deberá devolver los montos relativos a Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., únicamente en la parte proporcional en que se haya causado respecto del impuesto por inscripción de documento público o privado. (.) Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B) Devolver al peticionario de garantías la cantidad de $9,183.16, pesos, que por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pagó el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, a la cual se le debería descontar la cuota fija mínima de $280.00, pesos, por el inmueble que inscribió; así como los diversos numerarios de $280.00 y $595.00, pesos, relativo a los derechos de inscripción de crédito hipotecario y registro de poderes de cualquier clase, por no ser objeto de devolución. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 89 a 90), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0001084, a nombre del quejoso Carlos Guillermo Cervantes García y del que se advierte que devolvió la cantidad de $8,772.84 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Siendo que por auto de veintinueve de enero del año en que se actúa, se requirió a la referida quejosa, para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable de previa cita, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $10,058.16 pesos, menos la suma de $595.00 pesos y $280.00 pesos, relativo al registro de poderes de cualquier clase y derecho de inscripción de crédito hipotecario, por no ser objeto de devolución, da como resultado un total $9,183.16 pesos; empero, como únicamente fue objeto de reclamo la inscripción de documento público o privado, donde la parte quejosa pagó la suma de $5,838.00 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver la parte proporcional que se haya causado respecto a dicho impuesto. En ese tenor, tenemos que al sumarse los impuestos adicionales establecidos en los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, porcentajes que arrojan un total de 52% que multiplicado por $5,838.00 pesos, nos da como resultado $3,035.76 pesos; entonces la cantidad de $5,838.00 pesos, más los $3,035.76 pesos, da como resultado $8,873.76 pesos, cantidad a la cual debía ser descontada la diversa de $280.00 pesos, que es la cuota mínima a pagar, dando el total de $8,593.76 pesos. En ese tenor, tenemos que el monto de 8,593.76 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se generó el cheque a favor de la parte quejosa con la cantidad restante a devolver; no obstante, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a diciembre del mismo año, fecha esta última en que se recibió por parte del quejoso el cheque materia de análisis (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917; y para el mes de diciembre de 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0208389. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $8,593.76 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $8,772.84 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $8,593.76 pesos, pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $179.08 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, como se advierte de la suma del cheque expedido el veintiuno de enero del año en curso, resulta la suma de la cantidad total de $8,772.84 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa ****, a través del cual en atención a la vista concedida en proveído de diecisiete de los cursantes, realiza diversas manifestaciones en relación con la imposibilidad del Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, para remitir los documentos solicitados en acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, téngase por hechas la manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con la finalidad de obtener documentos que sirvan como base de cotejo para la resolución del incidente planteado en autos, con fundamento en el arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en comento, por disposición expresa del numeral 2°, requiérase al Director del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY), con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe si dentro de sus registros o expedientes administrativos obran documentos que contengan firmas autenticas de Ma. del Carmen Gutiérrez o Ma. del Carmen Gutiérrez Segura, también conocida como María del Carmen Gutiérrez Hernández; en particular el expediente administrativo número 15, correspondiente al señor ***. Apercibido, que en caso de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá, una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 259, en relación con el 237, fracción I de la ley de la materia.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y en atención al contenido del mismo, hágase del conocimiento que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; por tanto, en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable oficiante, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales, esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su notificación, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haberlo hecho, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Aunado a que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 58 a 74). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, acorde a lo establecido en los artículos 192 y 197 de la Legislación de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad vinculada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; a fin de que dentro del término de DIEZ DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación respectivo, dé cumplimiento al fallo protector concedido. En la inteligencia de que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada conforme al precepto 35 del Código Fiscal para el Estado de Nayarit; además, la responsable debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la precitada autoridad vinculada, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. **

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