Carlos Guerrero Fraile
Expediente 1815/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1815/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2016
Partes del expediente
- Carlos Guerrero Fraile
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a Carlos **, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1815/2016, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extraen los siguientes actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y actuario adscrito a dicho juzgado: 1. Actuación de diez de febrero de dos mil dieciséis.- Consistente en el proveído que ordena al actuario adscrito al juzgado natural se constituya en el domicilio personal del quejoso y corra traslado con copias de la planilla de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas, para que manifieste lo que a su interés convenga al respecto; apercibe al quejoso con tener por perdidos los derechos no ejercitados. 2. Actuación de once de mayo de dos mil dieciséis.- Relativo al acuerdo que da vista al quejoso para que proporcione nuevo domicilio, apercibe con ordenar notificaciones, aun las personales, por lista. 3. Actuación de diez de junio de dos mil dieciséis.- que corresponde al acuerdo por el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído que antecede, acusa rebeldía y se ordena que todas las notificaciones se realicen por lista. Asimismo, tiene por notificado al aquí quejoso del auto de diez de febrero de dos mil dieciséis. 4. Diligencia de dieciocho de abril de dos mil dieciséis.- Relativa a la razón actuarial en la que el fedatario judicial responsable asentó que, una vez cerciorado con vecinos del domicilio del quejoso, sito en calle ***, hizo constar que regresa, toca y nadie le atiende, lo que certificó para los efectos conducentes. 5. Todo lo actuado en la etapa de ejecución de sentencia, incluyendo la orden de embargo, al ser consecuencia de las notificaciones y actuaciones que estima nulas. Pues bien, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso que se estudia. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido esta juzgadora advierte de oficio que, respecto de los actos descritos en los puntos marcados como 1, 2, 3 y 5, se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Así, de la interpretación sistemática de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. Bajo esta tesitura, de acuerdo con las manifestaciones de la parte quejosa, es dable establecer que los actos a que se hizo referencia, fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, y no forman parte de un acto autónomo de éste. Tampoco constituyen ni tienen la naturaleza de ser la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. Por último, tampoco la parte quejosa es tercero extraño al juicio de divorcio por mutuo consentimiento radicado bajo el expediente 1540/2010, que promovieron, precisamente, el aquí agraviado y ***, del que dimanan los actos reclamados, ya que de los antecedentes que narra en su escrito inicial de demanda se advierte que el juicio siguió sus etapas procesales, tanto así que se llegó a un convenio que se elevó a la categoría de sentencia definitiva, tal como lo refiere el quejoso. Similar circunstancia acontece respecto del diverso acto descrito en el punto 4, consistente en la razón actuarial de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, practicada con motivo del trámite de ejecución de sentencia en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento radicado bajo el expediente 1540/2010, del índice de la autoridad responsable, pues tampoco participa de alguna de las naturalezas a que se ha hecho referencia y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente. Con independencia de lo anterior, respecto de la razón actuarial cuya legalidad se reclama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que la ley procesal civil local le otorga, esto es, el incidente de nulidad de actuaciones, de manera que al no haberlo hecho así se surte el supuesto hipotético de improcedencia en cita. Es así, puesto que la referida actuación se emitió en un procedimiento judicial de naturaleza civil, donde el hoy quejoso es parte demandada, según se desprende de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el quejoso en su escrito inicial. En ese sentido, al ser la quejosa parte formal del juicio génesis, la propia normativa local establece los medios idóneos para inconformarse en contra de las actuaciones que paren perjuicio a las partes integrantes de litis procesal. Por ello, es preciso mencionar que la agraviada debe optar por el medio ordinario concedido para tal efecto, esto es, el incidente de nulidad. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella". De la interpretación conjunta de los artículos recién reproducidos, se colige que los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal, salvo los casos previstos en dicho ordenamiento; siendo que serán substanciados como incidentes de previo y especial pronunciamiento las cuestiones relativas a la nulidad. Atento a lo anterior, debe decirse que constituye el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar las actuaciones relativas a las notificaciones, pues con él se otorga la oportunidad de aportar las pruebas para justificar la ilegalidad de cualquier notificación. La figura en cita, tiene por finalidad que las actuaciones judiciales puedan ser revisadas, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado. Así pues, como parte formal del juicio civil promovido por el propio quejoso, éste se encuentra obligado a promover el incidente contra la forma en que se realizaron las notificaciones de las resoluciones y acuerdos a que se refiere en su escrito de demanda. Entonces, antes de acudir al amparo, el quejoso tenía que agotar el incidente de nulidad contra las notificaciones que a su consideración se realizaron en inobservancia de la normatividad procesal que rige para el juicio natural, conforme al cual podría lograr que se revisen las irregularidades que aduce. Luego, si el acto reclamado a que se hace referencia tenía rectificación mediante el medio ordinario de defensa anteriormente citado y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo, debe estimarse que el promovente del amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Sin bien, los artículos 77, 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, no establecen la oportunidad procesal para promover el incidente de nulidad de actuaciones, es decir, sí éste procede tanto durante el trámite del juicio como después de concluido con sentencia ejecutoria, por ello es de considerarse que tales disposiciones se refieren a los casos en que la notificación practicada en forma irregular, se verifica con antelación al pronunciamiento de la sentencia respectiva o del auto que la declara ejecutoria, pues una vez dictada sentencia definitiva o hecha la declaratoria de su firmeza, no puede retrotraerse el incidente de nulidad hacia las actuaciones practicadas con anterioridad a dichas resoluciones. Sin embargo, ello no impide que en aquellos casos que ya existe sentencia ejecutoriada pueda promoverse tal incidencia, en relación con notificaciones hechas con posterioridad, toda vez que pretender lo contrario sería tanto como permitir deficiencias en dichas actuaciones, dejando en estado de indefensión a las partes, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que señalan que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley, serán nulas. En consecuencia, la ilegalidad que se atribuye a la autoridad responsable, consistente en no notificar las determinaciones que describe el inconforme en el domicilio señalado ante el juez natural, debe combatirse a través del incidente de nulidad de actuaciones respectivo, en el que se podrán resolver las inconformidades base de la alegada nulidad de actuaciones. Por tanto, si no agotó el incidente de nulidad de actuaciones, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo respecto del acto destacado en el punto 4. En ese contexto, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,679 expedientes
- Carlos González Ramírez Flores603/2016
- Carlos González Salinas692/2023
- Carlos Guadarrama Velasco1484/2018
- Carlos Guerrero Aguilar980/2022
- Carlos Guerrero Fraile1411/2018
- CARLOS GUERRERO FRAILE y Otros.1412/2018
- Carlos Guerrero Jiménez1680/2016
- Carlos Guillén Vázquez418/2023
- Carlos Gustavo Cruz Miranda44/2021
- Carlos Hernández Pérez1043/2022
- Carlos Hernández Rodeo1652/2015
- Carlos Humberto Monroy Ruiz1088/2018