Carlos Guadarrama Arriaga
Expediente 1401/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1401/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/05/2016
Partes del expediente
- Carlos Guadarrama Arriaga
- Primera Sala Regional Familiar En Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta de octubre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión (fojas 54 a 62) 2. Posteriormente, en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince (fojas 69), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo son para que la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: "- Deje insubsistente la resolución reclamada, esto es, del catorce de agosto de dos mil quince en los autos del Toca 585/2015. - Que con libertad de jurisdicción dicte una nueva resolución en la que de contestación a los agravios vertidos por Carlos Guadarrama Arriaga con respecto a los relativos a la interposición del incidente de oposición al inventario y avalúo de veintiocho de julio de dos mil ocho; asimismo, el de nulidad de actuaciones que se resolvió el ocho de agosto de dos mil doce, ambos por Ana María Becerril González; lo anterior a efecto de determinar si dichas actuaciones interrumpieron o no la prescripción de la acción del incidente de liquidación de la sociedad conyugal." En ese tenor, mediante oficio 6472 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta entidad, el catorce de diciembre de dos mil quince, y a este Órgano jurisdiccional el quince siguiente, la autoridad responsable supracitada, remitió copia certificada de: Auto de catorce de diciembre de dos mil quince, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil quince, emitida en el toca 585/2015, de su índice, y solicitó que se ampliara el plazo fijado por el término de diez días, para para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que se acordó favorable mediante auto de quince de diciembre de dos mil quince. Posteriormente, mediante oficio número 201, de quince de enero de dos mil quince, mediante el cual presentó las constancias que acreditan las actuaciones siguientes: - Resolución de quince de enero de dos mil dieciséis en el Toca número 585/2015 (fojas 139 a 149 de autos), en la que la autoridad responsable resolvió: "PRIMERO. Se deja insubsistente la Sentencia de segunda instancia dictada en el presente toca, el catorce 14 de agosto de dos mil quince 2015. SEGUNDO. Han sido parcialmente fundados pero inoperantes los agravios expresados por CARLOS GUADARRAMA ARRIAGA, dentro del Recurso de Apelación que hizo valer, en consecuencia: TERCERO. Se confirma la sentencia interlocutoria del tres 03 de junio del dos mil quince 2015, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, en el Incidente de Liquidación de Sociedad Conyugal, deducido del expediente 445/1999, relativo al Juicio Ordinario Civil, sobre Divorcio Necesario promovido por CARLOS GUADARRAMA ARRIAGA, en contra de ANA MARÍA BECERRIL GONZÁLEZ. CUARTO. No se hace especial condena en el pago de costas judiciales en esta instancia. QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE ..." Todo lo anterior, en atención a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Constancia a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Luego, en proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciséis (foja 150), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Al no obrar constancia en autos de la notificación de ese acuerdo, mediante diverso ocurso de once de marzo de este año, se comisionó de nueva cuenta al actuario judicial adscrito para que notificara a Carlos Guadarrama Arriaga, sin que el hoy quejoso manifestara lo que a su derecho conviniere (fojas 153 154). Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las razones siguientes: El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México dejó sin efectos la resolución de catorce de agosto de dos mil quince, en el expediente 585/2015. Después, el quince de enero de dos mil dieciséis, esa autoridad resolvió de nueva cuenta el toca 585/2015, en el cual en lo que interesa indicó lo siguiente: Consideró que los agravios de Carlos Guadarrama Arriaga son parcialmente fundados pero inoperantes para revocar o modificar la sentencia interlocutoria del tres de junio de do dos mil quince; asimismo, indicó que el Juez A quo no valoró ni tuvo a la vista las actuaciones judiciales relacionadas con el incidente de oposición al inventario y avalúo e incidente de nulidad de actuaciones a que alude el hoy quejoso, por lo que procedió a reparar esa omisión. Precisó que el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Ana María Becerril González, en contra de la notificación de nueve de agosto de dos mil doce, respecto del auto emitido el ocho del mismo mes y año; fue admitido a trámite el uno de febrero de dos mil trece, con vista de Carlos Guadarrama Arriaga, substanciado en términos de ley, y resuelto el ocho de marzo de dos mil trece; inconforme con la sentencia Carlos Guadarrama Arriaga, interpuso recurso de apelación con el que se formó el toca 315/2013, y el trece de mayo de dos mil trece, se declaró desierto, toda vez que el apelante no lo continuo. Pero el veinte de noviembre de dos mil trece, cuando por primera vez Ana María Becerril González, solicitó al Juez A quo que se declarara la caducidad en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, cuya solicitud fue denegada; por lo tanto, interpuso recurso de apelación, admitido y substanciado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se emitió ejecutoria en el Toca 40/2014, en cuyos puntos resolutivos se revocó el auto impugnado de veintiuno de noviembre de dos mil trece, y en su lugar se declaró que ha operado la caducidad de pleno derecho en el incidente de liquidación de sociedad conyugal promovido por Carlos Guadarrama Arriaga, en contra de Ana María Becerril González, por el simple transcurso del término fijado por la ley, a partir de que se actualizó dicha figura. Indicó la responsable que, de acuerdo con el artículo 263 del ordenamiento legal en consulta, la caducidad tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados, entendiéndose como no presentada la demanda; de ahí que se asuma la actual o reciente presentación del incidente de liquidación de sociedad conyugal, del veintitrés de marzo de dos mil quince, en relación a la ejecutoria emitida en el toca 79/2000, en el sentido de que dicha acción se encuentra prescrita, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de los diez años, previsto en el artículo 716 del Código Adjetivo de la materia, para pedir la ejecución de la sentencia. Señaló que la ejecución de la sentencia dictada en un juicio, implica el ejercicio de un derecho sustantivo derivado de la cosa juzgada y, por ende, el ejercicio de una acción; por consiguiente, la pérdida del derecho para ejercer la acción de ejecución de sentencia, por el solo transcurso del tiempo, únicamente puede tener lugar a través de un derecho de la misma naturaleza, como lo es la prescripción, dado que la acción es el único derecho susceptible de prescribir, por lo que no puede extinguirse a través de instituciones de carácter estrictamente procesal, que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales, como son la preclusión o la caducidad. Continúo explicando que la prescripción extintiva es un medio de liberarse de las obligaciones, mediante el transcurso del tiempo y con las condiciones establecidas por la ley; el citado término se interrumpe con la interposición de la demanda o con la interpelación judicial hecha al deudor; sin embargo se considera como no interrumpido el término, por interpelación judicial, cuando el actor se desistiere de ella o fuere desestimada su demanda. Así cuando se interpone una demanda en contra del obligado y esta origina un proceso, en el cual se declara la caducidad de la instancia, esa perención produce el efecto de anular todos los actos procesales verificados y con ello se origina no solo la ineficacia de la presentación de la demanda, sino también de la interpelación contenida en ella, pues en esa hipótesis se tiene como no presentada la demanda inicial, en consecuencia la declaración de la caducidad debe equipararse a la desestimación de la demanda, lo que equivale a la no interrupción del término de prescripción extintiva, el cual siguió corriendo. Para sustentar su dicho la responsable, citó la tesis del rubro siguiente: "CADUCIDAD. LA DEMANDA DE UN JUICIO EN QUE SE DECRETA LA, NO INTERRUMPE EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Precisó que en incidente de oposición de inventario y avalúo y el incidente de nulidad de actuaciones, ambos promovidos por Ana María Becerril González, son accesorios al incidente de liquidación de sociedad conyugal, sobre el cual se declaró la caducidad el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, lo que dio lugar al principio "lo accesorio sigue la suerte principal". Por lo tanto, esos incidentes no interrumpieron el plazo de la prescripción, porque la perención produce el efecto de anular todos los actos procesales verificados y con ello se origina no solo la ineficacia de la presentación de la demanda, sino también de la interpelación contenida en ella, pues en esa hipótesis se tiene como no presentada la demanda inicial; ya que la declaración de caducidad debe equipararse a la desestimación de la demanda, lo que equivale a la no interrupción del término de prescripción extintiva, el cual siguió corriendo. Continuó indicando que, las resoluciones en los incidentes de oposición al inventario y avalúo, y el incidente de nulidad de actuaciones, quedaron firmes el veinte de enero de dos mil doce, y el trece de mayo de dos mil trece, respectivamente, previa a la declaración de caducidad de la ejecución de sentencia respecto de la liquidación de la sociedad conyugal, que lo fue el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce; en la parte relativa de la ejecutoria dictada en el toca 40/2014, se puede leer que en la liquidación de sociedad conyugal, se dejó de actuar por más de tres meses, lo que trajo consigo la caducidad de pleno derecho en ese incidente. Por lo tanto, el periodo dentro del cual se produjo la caducidad, quedó comprendido del veintinueve de enero al veintiuno de junio de dos mil trece; y previo a ese lapso, el veinte de enero de dos mil doce, quedó firme la sentencia interlocutoria dictada el dieciséis de mayo de dos mil once, en el incidente de oposición al inventario y avalúo, de manera que la admisión, substanciación y resolución de dicho incidente no interrumpió el plazo de la prescripción; además, precisó que el incidente de nulidad de actuaciones no guarda relación con la liquidación de la sociedad conyugal, toda vez que el auto emitido el ocho de agosto de dos mil doce, tiene como contenido la recepción por el Juzgado de Primera Instancia de los autos del expediente 445/1999, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, promovido por Carlos Guadarrama Arriaga, en contra de Ana María Becerril González. Para finalizar indicó que la notificación cuestionada en el incidente de nulidad de actuaciones, corresponde precisamente a la de dicho auto, efectuada el nueve de agosto de dos mil doce, que como ya se dijo, se declaró improcedente el ocho de marzo de dos mil trece, aun y cuando Carlos Guadarrama Arriaga, se inconformó con la sentencia, el recurso de apelación se declaró desierto porque no lo continúo, y esas circunstancias ponen en claro la no interrupción del plazo de la prescripción. Por tanto, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; en consecuencia, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depurar, pues se concedió y se negó la medida cautelar solicitada; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, resulta innecesaria su glosa al presente expediente. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Manuel Romero Díaz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar de Toluca, ordenando se notificará personalmente dicha determinación; sin embargo, a la fecha no obra en autos la citada constancia de notificación. En atención a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que constituya en el domicilio procesal de la parte quejosa y practique la notificación del auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar de Toluca, ordenando se notificará personalmente dicha determinación; sin embargo, a la fecha no obra en autos la citada constancia de notificación. En atención a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que constituya en el domicilio procesal de la parte quejosa y practique la notificación del auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar de Toluca; a través del cual en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de quince de diciembre de dos mil quince, informa las gestiones tendentes al cumplimiento del fallo protector, y al efecto remite constancias que sustentan su dicho. Por tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con la misiva en comento, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el término antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que expone, la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. y su Gaceta, 9a Época, tomo XI, marzo de 2000, Pág. 243)
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