Carlos Gonzálo Orte Pineda
Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Gonzálo Orte Pineda
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa ---------------- y/o ----------------, no interpuso recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintiuno Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recibió escrito alguno por el cual la parte quejosa --------------y/o --------------, desahogara la prevención formulada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad. Asentado lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en el aludido proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa --------------y/o --------------. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio por el cual la Actuario adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 50/2021 (origen 50/2021), derivado de los autos juicio de amparo en que se actúa, por el cual se encomendó notificar a la parte quejosa ------------ y/o ----------, el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 2° numeral de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y téngase por notificada a la parte quejosa del auto a que se hace referencia en el párrafo que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Sin lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1281/2013-VII, promovido por --------------------, por propio derecho, y quien actualmente es representada por conducto de su albacea testamentaria ----------------, contra actos del Director General de la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el que por razón de turno correspondió a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, --------------------, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO. TITULAR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS. LA AFECTACIÓN, EL ACTO DE MOLESTIA SOBRE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN SOBRE EL BIEN INMUEBLE DEL QUE SOY LEGÍTIMA PROPIETARIA, SIN EXISTIR MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DE LA AFECTACIÓN, UBICADO ACTUALMENTE EN LA AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS, SAN PABLO DE LAS SALINAS, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y DEL CUAL SOY LEGÍTIMA PROPIETARIA COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2001, CON NÚMERO DE INSTRUMENTO 12673, VOLUMEN 313, FOLIO 96, EXPEDIDA POR EL LICENCIADO RENÉ GÁMEZ IMAZ, NOTARIO PÚBLICO NO. 31, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON LA QUE ACREDITO QUE SOY COPROPIETARIA DEL BIEN INMUEBLE QUE CORRESPONDE AL LOTE DE TERRENO DENOMINADO "EL MEZQUITE" (SEGUNDO) DE COMÚN REPARTIMIENTO, UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS, DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: EN SIETE METROS, CON EL SEÑOR LORENZO MARTÍNEZ; AL SUR: EN DOSCIENTOS VEINTE METROS, CON VÍA DE FERROCARRIL; AL ORIENTE: EN SESENTA Y DOS METROS, NOVENTA CENTÍMETROS, CON EL SEÑOR MARTINIANO GARCÍA; AL PONIENTE: EN SESENTA Y SEIS METROS, VEINTE CENTÍMETROS, CON CAMINO PÚBLICO, CON UNA SUPERFICIE DE DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS, QUINCE CENTÍMETROS CUADRADOS; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, BAJO LOS SIGUIENTES DATOS REGISTRALES: LIBRO I, SECCIÓN PRIMERA, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 335, VOLUMEN 501, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2001; ANEXANDO A LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS, SAN PABLO DE LAS SALINAS, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; Y LA PERFORACIÓN DE UN POZO EN MI PROPIEDAD A LA ALTURA DEL POZO 18. CONSIDERANDO QUE EL BIEN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD COLINDA CON LA VÍA DE FERROCARRIL." SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El cuatro de diciembre de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número de amparo indirecto 1281/2013-VII, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emitió pronunciamiento con relación a las probanzas que ofertó la quejosa, asimismo, se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil trece, se desahogó la prueba de inspección judicial que ofertó la peticionaria de amparo, asistiendo a ésta por conducto de su autorizada en amplios términos. Posteriormente, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil trece, se otorgó vista a la justiciable a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda por lo que hacía al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y/o Dirección Local en el Estado de México de la Comisión Nacional del Agua, determinación a la que se incorporó apercibimiento para el caso de no agotar ese derecho en el término concedido para tal efecto. En tanto que, el seis de enero de dos mil catorce, se concedió vista a la quejosa en iguales términos para que manifestara si era su deseo llamar con el carácter de responsable al Municipio de Tultepec, Estado de México, acuerdo al que se incluyó apercibimiento para el supuesto de no ejercitar ese derecho. Hecho que fue lo anterior, el treinta de enero de dos mil catorce, se tuvo por ampliada la demanda, teniéndose como responsables a quienes se requirió su informe justificado, a saber: Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua; y Dirección Local en el Estado de México de la Comisión Nacional del Agua. Figurando como acto reclamado lo siguiente: "La afectación, el acto de molestia sobre la propiedad y posesión sobre el bien inmueble del que soy legítima propietaria, sin existir mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de la afectación, ubicado actualmente en la Avenida Recursos Hidráulicos, San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México y del cual soy legítima propietaria como consta en la escritura pública de fecha 27 de abril de 2001, con número de instrumento 12673, volumen 313, folio 96, expedida por el Licenciado René Gámez Imaz, Notario Público No. 31, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, con la que acredito que soy copropietaria del bien inmueble que corresponde al lote de terreno denominado "EL MEZQUITE" (segundo) de común repartimiento, ubicado en el Pueblo de San Pablo de Las Salinas, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: en siete metros, con el señor Lorenzo Martínez; Al sur: en doscientos veinte metros, con vía de ferrocarril; Al oriente: en sesenta y dos metros, noventa centímetros, con el señor Martiniano García; Al poniente: en sesenta y seis metros, veinte centímetros, con camino público, con una superficie de diez mil ochocientos cincuenta metros, quince centímetros cuadrados; inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo los siguientes datos registrales: libro I, sección primera, bajo la partida número 335, volumen 501, de fecha 26 de octubre del 2001; anexando a la presente copia certificada para los efectos legales a que haya lugar; por la realización de la obra pública consistente en la ampliación de la Avenida Recursos Hidráulicos, San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México; y la perforación de un pozo en mi propiedad a la altura del pozo 18. Considerando que el bien inmueble de mi propiedad colinda con la vía de ferrocarril." CUARTO. Consecutivamente, el once de febrero de dos mil catorce, se tuvo por desahogada la pericial en materia de topografía que ofertó la quejosa, pues el profesionista que señaló para esa probanza compareció a ratificar el dictamen presentado el treinta de enero de esa anualidad, otorgándose vista con el contenido de éste a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En proveído de quince de abril de dos mi catorce, se tuvo por desahogado el dictamen del perito que nombró el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, con motivo de la pericial en materia de topografía que ofreció la quejosa. Asimismo, el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se reanudó el procedimiento que se había suspendido a virtud del recurso de queja promovido por la quejosa y en cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Colegiado, se fijó día y hora en que tendría lugar el desahogó de la pericial a cargo del experto oficial que se asignó en apoyo a este Juzgado Décimo. Luego, en proveído de tres de febrero de dos mil quince, al haber sido ratificado por el perito oficial su dictamen rendido el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por desahogada la encomienda a su cargo y otorgándose con el mismo vista a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. QUINTO. El once de marzo de dos mil quince, se celebró la audiencia constitucional y mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil quince, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turnó lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 202/2015, y el siete de julio de dos mil dieciséis, ordenó reponer el procedimiento, para los siguientes efectos: "a) Revocar la resolución recurrida; b) Ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que la jueza de distrito se allegue de información para determinar la ubicación exacta del predio de la quejosa; c) Hecho lo anterior, requiera al perito oficial a efecto de que rinda su dictamen de manera imparcial y desprovisto de cualquier ventaja o inferioridad que tendiera a favorecer o a perjudicar a las partes, contestando de manera frontal cada uno de los cuestionamientos formulados, sin incurrir en contradicciones y debidamente apoyado en el material probatorio de autos, lo anterior sin perjuicio de que con las documentales de que se allegue la juzgadora, pueda dar vista a las demás partes, a efecto de que amplíen su dictamen; d) Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento en el juicio de amparo como en derecho corresponda." En acatamiento a lo resuelto por el Tribunal de mérito, mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis, se requirió al Director de Catastro del Municipio de Tultitlán, para que remitiera, copia certificada, legible y completa de los planos del lote denominado "EL MEZQUITE" (SEGUNDO), de común repartimiento, ubicado en el Pueblo de San Pablo de las Salinas, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Continuando con el trámite del asunto, el treinta de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al Jefe de Departamento de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, informando su imposibilidad para remitir la documentación solicitada, debido a que la clave catastral sufrió cambios administrativos por diversa clave, al realizarse un traslado de dominio, misma que no fue actualizada en el padrón grafico (cartografía) por carecer de documento para tal efecto, motivo por el cual se otorgó vista a la parte quejosa con dicha situación. Después de diversas diligencias mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se requirió a la citada autoridad, para que remitiera copia certificada de los planos relativos al inmueble materia de la litis, mismos que fueron recibidos por autos de diez de noviembre de dos mil diecisiete, y en dicho auto atendiendo a la ejecutoria de colegiado, se requirió al perito oficial para que emitiera su dictamen pericial. Por auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se requirió al Jefe de Catastro del Municipio de Tultitlán, Estado de México, copia de toda la documentación con que cuentara relativo al predio registrado con clave catastral número 008-222-057-01-00-0000, (anteriormente 008-22-056- 11-00-0000); a la Oficina Registral de Cuautitlán del Instituto de la Función Registral del Estado de México, la documentación relativa al inmueble inscrito bajo el libro I, sección primera, partida 355, volumen 501, en fecha veintiséis de octubre de dos mil uno, y al Director General del Organismo de Cuenca, Aguas, del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, y Jefe de Catastro del Municipio de Tultitlán, Estado de México, para que informara los datos de inscripción en el registro público de la escritura pública número 78, registrada en el volumen IV, de fecha catorce de abril de mil novecientos setenta y cinco, pasada ante la fe del Notario Público Número 62 en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), misma que se refiere al inmueble donde se construyen obras que a decir de la quejosa se realizan dentro de su propiedad. Posteriormente una vez que se realizaron las gestiones necesarias, en virtud de que el perito oficial que había rendido su dictamen pericial se encontraba jubilado, fue diverso perito quien emitió su dictamen pericial, y por auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por ratificado dicho dictamen. Ulteriormente, por auto de once de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo al Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, informando que no localizó los datos de inscripción de la escritura en mención. El veintitrés y veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se recibió el informe de imposibilidad por parte de la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Cuautitlán, Estado de México, y del Encargado de la Coordinación de Ingresos del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, respectivamente. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en atención a lo ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en su resolución de siete de julio de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, se otorgó vista a las partes para que en el término de tres días legalmente computados manifestarán si era su deseo que el perito oficial Antonio Ramos Rodríguez ampliara su dictamen, sin que ninguna hubiese hecho manifestación al respecto, por lo se les hizo efectivo el apercibimiento y se les tuvo por desinteresados con dicha ampliación. SEXTO. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional correspondiente, y por sentencia terminada de engrosar el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, y por otra, la justicia de la unión amparó y protegió a la quejosa, en los términos ahí indicados. Inconforme con dicha determinación el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turnó lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 59/2018, y por ejecutoria dictada en sesión de tres de mayo de dos mil diecinueve, ordenó reponer el procedimiento, para los siguientes efectos: a) Se allegue de la información necesaria que pemita determinar al perito oficial la ubicación del predio de la Comisión Nacional del Agua, para lo cual podrá requerir la información que estime necesaria en términos del tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo. b) Hecho lo anterior, requiera al perito oficial a efecto de que rinda su dictamen, sin perjuicio de que con las documentales y planos de que se allegue, pueda dar vista a las demás partes, a efecto de que amplíen su dictamen. En acatamiento a lo resuelto por el Tribunal de mérito, mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, se requirió al Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, para que informará qué clave catastral y antecedentes registrales corresponden al predio denominado "EL MEZQUITE" (SEGUNDO), de común repartimiento, ubicado en el Pueblo de San Pablo de las Salinas, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, así como copia certificada de la escritura y anexos correspondientes. Posteriormente, y una vez que se recibió la copia certificada de la escritura pública aludida, se requirió a las autoridades Jefe de Departamento de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México y a la Oficina Registral de Cuautitlán del Institutito de la Función Registral del Estado de México, para que en el término de tres días legalmente computados, remitieran copia certificada del plano registrado en la cartografía lineal, o de ser el caso, plano de servicio de inspección física, respecto de inmueble que ampara la escritura pública que en esa fecha se recibió. Hecho lo anterior, por auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido por parte de la Jefa de Departamento de Catastro de Tultitlán, Estado de México, copia certificada del plano relativo al predio con clave catastral 008 22 057 01 00 0000, señalando las autoridades requeridas que no contaban con diversa información a la proporcionada en autos. Asimismo, en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación a las pruebas documentales obtenidas hasta ese momento, y ante la imposibilidad manifestada por las responsables para expedir diversas documentales por no contar con ellas, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna este juzgado continuaría con el desahogo de la prueba pericial admitida en autos. Subsecuentemente, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se suspendió el procedimiento del presente asunto, ante lo informado en relación a la muerte de la quejosa, a fin de que se apersonara quien legalmente representara su sucesión. En auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por apersonada a ---------------, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de --------------------, y se ordenó reanudar con el trámite del asunto. Una vez acontecido lo anterior, en proveído de trece de octubre de dos mil veinte, se estableció que toda vez que las partes no hicieron manifestación en relación al auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, era procedente continuar con el desahogo de la prueba pericial admitida en autos, en términos de lo ordenado por el Tribunal Colegiado, respecto a la reposición del procedimiento y se requirió al diestro oficial para que emitirá su opinión, para cual debería tomar en consideración las constancias que se allegó este juzgado con posterioridad al quince de mayo de dos mil diecinueve,. También, en esa misma fecha se dio vista a los diversos peritos que señalaron las partes, para que si era su deseo ampliaran su dictamen, sin que hayan realizado manifestación alguna. Luego, en acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo como nueva albacea a bines de Cecilia García Venegas, a María de los Ángeles Paredes García. Por oficio presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, el ingeniero Antonio Ramos Rodríguez, perito oficial adscrito a la Delegación Estado de México de la Fiscalía General de la República, rindió su dictamen solicitado, mismo que ratificó el once de marzo de dos mil veintiuno, por videoconferencia. Finalmente, seguida la secuela procesal se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluirá con la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, constitucionales; 1°, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013; emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013, en virtud de que se reclama un actos cuya ejecución tiene lugar en la jurisdicción que ejerce este juzgado. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en cuenta, en su integridad, la demanda de amparo y toda la información que obra en el expediente, consistente en: La afectación al inmueble ubicado en el LOTE DE TERRENO DENOMINADO "EL MEZQUITE" (SEGUNDO) DE COMÚN REPARTIMIENTO, UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS, DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, por la realización de obra pública, consistente en la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos, en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación de pozo dentro de su predio, a la altura del pozo 18. Así pues, bajo esa perspectiva se analizará el presente asunto. TERCERO. El Director General del Organismo Público Descentralizado Junta de Caminos del Estado de México, Gobernador Constitucional del Estado de México, y el Jefe de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local Estado de México de la Comisión Nacional del Agua, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto reclamado que se les atribuyó. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que se haya materializado, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables con la finalidad de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos que reclamó a éstas autoridades. Bajo esa óptica, es claro que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado que no existen los actos reclamados, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. Norma criterio la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917-septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Materia Común, Sexta Época, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. El Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, al momento de rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto respecto a la autorización para realizar la obra pública consistente en la ampliación de la Avenida Recursos Hidráulicos, en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación de un pozo a la altura del identificado como 18. Agregando que dichas obras se realizarían en terrenos propiedad de la federación, en virtud de que el diecinueve de agosto de dos mil trece, celebró convenio de coordinación con los Ayuntamientos de los Municipios de Tultepec y Tultitlán, Estado de México, para conjuntar acciones tendientes a la rehabilitación y ampliación del camino de operación del Ramal Norte Los Reyes F.F.C.C., propiedad de la nación, por parte de dichos ayuntamientos, en el tramo comprendido entre la avenida San Pablito al Circuito Exterior Mexiquense, con una longitud aproximada de 5,390 metros y este Organismo de Cuenca, llevó a cabo los trabajos de perforación de un pozo, en el mismo lugar donde se encuentra el pozo 18, ya existente con anterioridad, para la explotación, uso, o aprovechamiento de las aguas nacionales, para el abastecimiento de los servicios de agua de carácter público urbano o doméstico para centros de población y asentamiento humanos, que proporcionan los ayuntamientos citados a través de la red municipal, trabajos todos que a la fecha de la rendición del citado informe aduce la responsable se encuentran concluidos (esto es al doce de marzo de dos mil catorce). Por otra parte, indica que la perforación del citado pozo número 18, y el pozo perforado, del Ramal Los Reyes Ferrocarril, localizado en el poblado de San Pablo de las Salinas en Tultitlán, Estado de México, así como para realizar las obras (en el tramo del pozo citado) del camino de operación para dar mantenimiento a los pozos de dicho ramal y la construcción del acueducto del Ramal Los Reyes, Línea Ferrocarril, como consta en la escritura 78 de catorce de abril de mil novecientos setenta y cinco, la antes Comisión de Aguas del Valle de México, adquirió del C. Amado Martínez Juárez y su esposa Esperanza Paredes de Martínez, a través de compra venta, entre otros el predio denominado El Mezquite, con una superficie de 3,983.01 metros cuadrados. El cual corresponde a una franja de 220 metros por 17 metros de ancho por donde se aloja el acueducto y el camino de operación, los 17 metros de ancho se miden a partir del derecho de vía del ferrocarril al sur oeste, más una superficie de 20metros, por 15.00 metros para la construcción del pozo, fontanerías y caseta del mismo, adicionalmente a la compra venta citada, mediante el citado decreto se expropió un predio con dimensiones al noroeste de 6.95 metros al noroeste de 9.00 metros y al sur de 11.50 metros, lo que arroja un área de 31.27 metros cuadrados. Dentro de dichas superficie se encuentra contenida el pozo número 18, con sus ampliaciones, fontanerías y caseta de operación, considerando por lo tanto que no se afectan intereses de particulares. Refiere que mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos setenta y nueve, se declaró causa de utilidad pública, la construcción del acueducto, del Ramal Los Reyes, Línea Ferrocarril (que lleva los caudales de agua extraídos de los pozos que conforman dicho, hasta la Planta Barrientos, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México), y de las instalaciones necesarias para su operación y se expropiaron para los fines que en el mismo se señalan en favor del Gobierno Federal los terrenos de propiedad particular, con superficie de 1,123.81 metros cuadrados ubicados en el Municipio de Tultitlán. Finalmente, señala que no existe afectación a la parte quejosa, en virtud de que los terrenos fueron expropiados y comprados, de ahí que sea propiedad del Gobierno Federal, y en el supuesto no admitido, porque no ha sido verificado, de que los trabajos, objeto del convenio de coordinación mencionado, se hayan realizado fuera de la superficie de terreno propiedad de la Comisión Nacional del Agua, es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento del Municipio correspondiente, en atención al citado convenio de coordinación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Tomo VI, página 231, Materia Común, Quinta Época, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Gerente de lo Contencioso, así como el Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, en representación del Presidente Municipal, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, esa negativa se encuentra desvirtuada tomando en consideración el contenido del convenio de coordinación que celebraron por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, representada por el Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, y por otra los Ayuntamientos de los Municipios de Tultepec y Tultitlán, Estado de México, estos últimos representados por sus Presidentes Municipales, con el objeto de conjuntar acciones tendientes a la "Rehabilitación y Ampliación del Camino de Operación del Ramal Norte Los Reyes F.F.C.C. en el tramo comprendido de la Avenida San Pablito a el Circuito Exterior Mexiquense", mismo que exhibió en copia certificada el Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, constancia a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y por ende, generada la certeza del acto que se les reclamó, consistente en la realización de obra pública. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, que hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Director General de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Gerente de lo Contencioso, al rendir su informe justificado señaló que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no existe presunción de que se haya vulnerado la garantía a la ocursante. Dicha circunstancia será materia de fondo en el presente asunto; por lo tanto, no se actualiza dicha causa de improcedencia. Asimismo, las autoridades responsables Director General del Organismo Público Descentralizado Junta de Caminos del Estado de México, y el Gobernador Constitucional del Estado de México, invocaron la causal de improcedencia previstas en la fracción XII, en relación con la XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al aludir que la quejosa carece de interés jurídico para efectos del presente asunto. En ese sentido, del numeral antes aludido se advierte que para la procedencia del juicio de amparo será necesario que la parte promovente resienta un agravio personal y directo sobre sus derechos sustantivos a fin de acreditar tal interés, y por ende, sea procedente la acción de amparo. Así pues, la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a la parte promovente para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. El interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de la parte quejosa peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Ahora, si en el presente caso la parte quejosa reclama afectación que sufrió en su inmueble ubicado en el lote de terreno denominado "El Mezquite" (Segundo) de común repartimiento, ubicado en el Pueblo de San Pablo De Las Salinas, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por la realización de obra pública, consistente en la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos, en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación de pozo dentro de su predio, a la altura del pozo 18. En tanto que, para acreditar la titularidad de ese inmueble, entre otras pruebas exhibió copia certificada del instrumento notarial doce mil seiscientos setenta y tres, de veintisiete de abril de dos mil uno, relativo al contrato de compraventa celebrada entre el señor Pedro Amado Martínez Juárez, con el consentimiento de su cónyuge la señora Esperanza Paredes Luna, como parte vendedora y Pedro Paredes Hernández y la aquí quejosa --------------------, en su calidad de compradores, es patente que ésta sí cuenta con interés jurídico para efectos del amparo, pues acreditó la propiedad del inmueble afectado y sobre el que se emitieron los actos, de ahí que contrario a lo señalado sí cuenta con tal interés para efectos de este asunto, por lo que resulta infundada la causal de improcedencia planteada. En razón de que las partes no invocaron alguna otra causa de improcedencia, ni el suscrito advierte que se actualice alguna de manera oficiosa, se continúa con el estudio correspondiente. SEXTO. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa resultan fundados, bajo el principio de la causa de pedir, tal y como será expuesto en el presente considerando. En este sentido, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa específicamente reclama la invasión al predio con la obra pública consistente en la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos, en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación de un pozo dentro de su predio, a la altura del pozo 18, sin que se le haya notificado previamente un procedimiento, ello en trasgresión directa al derecho de audiencia previa previsto en el artículo 14 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 38, que establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Ahora, el artículo 14 Constitucional, cuya transgresión refiere la quejosa por parte de las autoridades responsables, establece en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 14.- (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho" . De la cita del párrafo segundo del mencionado precepto constitucional, se desprende, lo que se conoce como "derecho de audiencia"; siendo ello una prerrogativa conforme a la cual se infiere que previo a cualquier acto de autoridad (actos que sean unilaterales, imperativos y coercibles), que puedan tener como consecuencia la privación en perjuicio de un particular, en sus derechos o posesiones, se le otorgue al mismo la oportunidad razonable de defenderse, de probar y alegar lo que sea de su interés, ya sea ante tribunales previamente establecidos, o bien, ante autoridades de índole administrativa, mismas que deberán seguir las fases procesales establecidas en la ley, por lo que al no respetarse el principio de que todos deben de ser oídos y vencidos en juicio, antes de ser afectados en su esfera o con un acto de autoridad, su actuar resulta inconstitucional. De esta manera, conforme a lo antes expuesto, se puede referir que los sujetos titulares de este derecho constitucional, son todos los gobernados sin distinción (sea persona física o ente jurídico), quienes gozan del derecho de ser oídos y vencidos en defensa de los bienes tutelados por esta garantía (vida, libertad, propiedad, posesión, derechos), a través de un juicio previo (connotación genérica), pues lo que se pretende es el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, que deben de observarse no sólo en los procedimientos judiciales, sino también en otros como los administrativos, ello con el objeto de que las personas que se consideren afectadas con un acto privativo, cuenten con una verdadera oportunidad de defensa. Por su parte, se tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a lo expuesto en líneas precedentes, ha señalado la naturaleza de los actos privativos y de los actos de molestia, ello vinculado con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional. En este sentido, se tiene que con relación a los primeros, los mismos tienden a la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, para lo cual, respecto a los mismos, deberán de ser atendidos algunos de los requisitos que se establecen en el artículo 14 Constitucional, como en su caso sería la existencia de un juicio previo seguido ante un tribunal previamente establecido, el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y la aplicación de las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por otro lado, con relación a los segundos, conviene precisar que los mismos tienden a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sin producir los mismos efectos que los actos privativos, pues se estima que aquellos sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, para lo cual deberá ser atendido lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional; es decir, el acto de molestia tendrá que ser emitido por escrito, así como por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". De esta manera, se tiene que lo anterior nos lleva a concluir que la audiencia previa a que refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en un principio de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al principio de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En consecuencia, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho de audiencia en favor de los gobernados, las cuales resultan ser, entre otras, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número I. 7º.A. J/41, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, página 799, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.". De la misma manera, resulta aplicable al caso en concreto, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXI, página 1610, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DERECHO DE AUDIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. La garantía que concede el artículo 14 constitucional, en tratándose de procedimientos administrativos, debe entenderse en el sentido de que las autoridades administrativas, deben de seguir un procedimiento, que se asemeje a un juicio, o sea que en el se oiga al interesado y se le de oportunidad para que se defienda; mas no en el sentido de que todo auto de autoridad administrativa para adquirir firmeza legal, deba de ser examinado necesariamente, en última instancia, por la autoridad judicial, ya que esto sería hacer que toda la esfera administrativa quedara supeditada al Poder Judicial, lo cual de ninguna manera fue la mente el legislador; por todo lo cual, si está, probado que el quejoso fue notificado, dándosele oportunidad para alegar y rendir pruebas, aun cuando el precepto legal combatido no establezca expresamente la audiencia previa del interesado, si las autoridades responsables cuidaron de cumplir en tales términos, con el artículo constitucional, no ha habido violación de garantías". En este orden de ideas, tomando en consideración lo expuesto en párrafos precedentes, resulta necesario en el caso particular tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 27 Constitucional, ello a efecto de dilucidar la connotación jurídica de los términos "utilidad pública" y "expropiación", los cuales se vinculan al caso en concreto. Dichos dispositivos legales, en lo que interesa para el presente asunto, disponen lo siguiente: "Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización". Cabe señalar que la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes en el país, resulta de "utilidad pública", por los beneficios que se acarrean a la sociedad en general con su creación. Asimismo, es una potestad administrativa, prevista esencialmente en el artículo 27 Constitucional, dirigido a la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien particular, decretada por el Estado, con la finalidad de adquirirlo por causa de utilidad pública; entendida ésta, como una necesidad (estatal, social o general) con un objeto de susceptible económicamente de colmar o satisfacer dicha necesidad; mediante una indemnización. La expropiación por causa de utilidad pública, exige el cumplimiento o existencia de los elementos siguientes: a) Que haya una necesidad pública. b) Que el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir la satisfacción de esa necesidad. c) La inexistencia de otra vía de solución que pudiera producir el mismo efecto, sin necesidad de privar al particular de su derecho de propiedad. Resulta aplicable a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, Sexta Parte, página 222, cuyo rubro y texto refiere lo siguiente: "EXPROPIACION, REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE LA. La declaración de utilidad pública en la materia de expropiación supone necesariamente dos momentos distintos dentro del procedimiento que le precede: en uno, la administración verifica la existencia concreta de una necesidad general o de un requerimiento social que exige la satisfacción, es decir, advierte que se está en presencia de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1o. de la Ley de Expropiación; en el otro, la autoridad identifica los bienes que por sus características o cualidades son indispensables para la satisfacción del interés social y que, por ende, deben ser objeto de la expropiación para ser destinado al fin que se persigue. De la conjunción de estos dos momentos, esto es, de la adecuación del bien a los requerimientos sociales del caso concreto dependerá la constitucionalidad del acto expropiatorio, pues sólo puede decirse que existe la utilidad pública cuando se explique razonadamente la necesidad de privar a una persona de sus bienes para afectarlos a un destino distinto.". Igualmente, resulta aplicable al caso en concreto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Volumen 205-216, Sexta Parte, página 221, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "EXPROPIACION. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE UTILIDAD PÚBLICA. En la expropiación, según el derecho positivo mexicano, la calificación jurídica de la utilidad pública se verifica a través de un acto formal y materialmente legislativo; en materia federal y local para el Distrito Federal es la Ley de Expropiación la que en su artículo 1o. define los supuestos de procedencia de la institución que se estudia. La actualización de estos supuestos y su aplicación a la realidad es atribución del Poder Ejecutivo Federal, por cuanto a éste corresponde declarar que en un caso concreto hay utilidad pública que amerita la adquisición forzosa de bienes vía la acción expropiatoria. Esta declaración de utilidad pública supone necesariamente dos momentos distintos dentro del procedimiento que le precede: en uno, la administración verifica la existencia concreta de una necesidad general o de un requerimiento social que exige satisfacción, es decir, advierte que se está en presencia de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1o. de la Ley de Expropiación; en el otro, la autoridad identifica los bienes que por sus características o cualidades son indispensables para la satisfacción del interés social y que, por ende, deben ser objeto de la expropiación para ser destinado al fin que se persigue. De la conjunción de estos dos momentos, esto es, de la adecuación del bien a los requerimientos sociales del caso concreto dependerá la constitucionalidad del acto expropiatorio, pues sólo puede decirse que existe utilidad pública cuando se explique razonadamente la necesidad de privar a una persona de sus bienes para afectarlos a un destino distinto.". Ahora bien, expuesto lo anterior, se tiene que en autos obran diversos medios de prueba, vinculados con la realización de obra pública, consistente en la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos, en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación de pozo dentro de su predio, a la altura del pozo 18, los cuales son los siguientes: 1) Copia certificada del instrumento notarial doce mil seiscientos setenta y tres, de veintisiete de abril de dos mil uno, relativo al contrato de compraventa celebrada entre el señor Pedro Amado Martínez Juárez, con el consentimiento de su cónyuge la señora Esperanza Paredes Luna, como parte vendedora y Pedro Paredes Hernández y Cecilia García Venegas, en su calidad de compradores, respecto del predio identificado El Mezquite (Segundo) de común repartimiento, ubicado en el pueblo de San Pablo de las Salinas, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: "SUPERFICIE: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS, QUINCE METROS CUADRADOS. AL NORTE: EN SIETE METROS, CON EL SEÑOR LORENZO MARTÍNEZ. AL SUR: EN DOSCIENTOS VEINTE METROS, CON VÍA DEL FERROCARRIL. AL ORIENTE: EN SESENTA Y DOS METROS, NOVENTA CENTÍMETROS, CON EL SEÑOR MARTINIANO GARCÍA. AL PONIENTE: EN SESENTA Y SEIS METROS, VEINTE CENTÍMETROS CON CAMINO PÚBLICO." 2) Inspección judicial de diecinueve de diciembre de dos mil trece, de la que se advierte lo siguiente: "La autoridad jurisdiccional inspeccionará mediante sus sentidos la existencia de maquinaria al interior del terreno de mi propiedad anteriormente descrito. El suscrito aprecia que efectivamente existe maquinaria en el interior del terreno y que al parecer es una perforadora, la cual, durante el desahogo de la diligencia, se encontró en funcionamiento. (imagen) La autoridad jurisdiccional inspeccionará mediante sus sentidos la existencia de trabajos en el interior del terreno de mi propiedad anteriormente descrito. El suscrito aprecia que efectivamente una cuadrilla de aproximadamente cinco trabajadores, se encuentran realizando trabajos de perforación y excavación en el interior del terreno que es materia de la inspección, con la maquinaria correspondiente. La autoridad jurisdiccional inspeccionará mediante sus sentidos la existencia de daños ocasionados por los actos reclamados en el interior del terreno de mi propiedad anteriormente descrito. El suscrito no puede determinar en base a los sentidos, que tanto daño ha causado en el terreno que es materia de la inspección, las obras de perforación y excavación que personal de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra realizando en el pozo 18; sin embargo, se advierte que en el interior del inmueble como ya se ha asentado, se encuentra maquinaria realizando trabajos de perforación, así como zonas fangosas ocasionadas probablemente por las perforaciones y extracciones de agua." 3) Dictamen de dieciséis de diciembre de dos mil trece, rendido por el perito que designó la parte quejosa, del que se advierte lo siguiente: 1. Identificar técnica y físicamente, el inmueble objeto del dictamen, consistente en el anteriormente descrito y que constituye el objeto del dictamen. R= Me instale el día 25 de diciembre de 2013 en la avenida Recursos Hidráulicos en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, pregunte a los vecinos del lugar los cuales se negaron a dar su nombre por razones de seguridad personal y dijeron que conocían a la señora --------------------, propietaria del terreno en cuestión y procedí a identificar el predio preguntando si conocían y sabían los límites y colindancias con colindantes que describe la escritura pública de fecha 27 de abril del 2001, con número de instrumento 12673, volumen 313, folio 96, expedida por el Lic. René Gámez Imaz, notario público n° 31 Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, encontrando físicamente el inmueble mencionado en la esquina que hace la Avenida Recursos y el Camino Viejo a San Pablo de Las Salinas en Tultitlán, Estado de México. 2. Determinará el perito cuales son las características del bien inmueble objeto del dictamen. R= El inmueble encontrado es un terreno de forma irregular que hace esquina con la Avenida Recursos Hidráulicos y al Camino San Pablo de Las Salinas Tultitlán, Estado de México, en el cual la colindancia mayor es la que hace con la Avenida de Recursos y esta Avenida va paralela a la vía del Ferrocarril, dentro del terreno mencionado se encuentra un pozo de agua el cual corresponde al número 18, dicho pozo se encuentra bardeado por tres de sus lados y con una puerta sahuan que da hacia la Avenida Recursos, el terreno no está construido en su totalidad. 3. Determinar si el bien inmueble objeto del presente dictamen corresponde en todas y cada una de sus dimensiones y características, así como linderos, colindancias y superficie, al mencionado en escritura pública de fecha 27 de abril del 2001, con número de instrumento 12673, volumen 313, folio 96, expedida por el Lic. René Gámez Imaz, notario público n° 31, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. R= En el momento de comenzar a medir los linderos que identificaron los vecinos del lugar del terreno propiedad de la señora -------------------- logre constatar que se trataba del terreno que SÍ corresponde al mencionado en la escritura pública de fecha 27 de abril del 2001, con número de instrumento 12673, volumen 313, folio 96, expedida por el Lic. René Gámez Imaz, notario público n° 31, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. 4. Definir en aspectos técnicos de la materia en que se ofrece la pericial, si existe una afectación al terreno objeto del dictamen por la realización de la obra pública consistente en la ampliación de la avenida recursos hidráulicos, San Pablo de Las Salinas, municipio de Tultitlán, Estado de México; y la perforación de un pozo en mi propiedad a la altura del pozo 18. R= El terreno en cuestión tiene una afectación en la colindancia que hace con la avenida recursos a su vez vía del ferrocarril, esta afectación consiste en una perforación del lado norte del pozo existente fuera de los límites de barda del pozo 18, de 18.34 metros de ancho por 21.00 metros de fondo con una superficie de afectación de 384 metros cuadrados en los cuales se encuentra una máquina perforadora de pozos profundos marca Gainer de manufactura USA. También en esta porción de terreno se encuentra una perforación de un pozo así como excavaciones de drenado. Una segunda afectación es la que se localiza en la parte posterior del pozo N° 18 con 14.67 ancho por 13.05 de largo con una superficie de afectación de 191.44 metros cuadrados en los que se encuentra una bodega de equipo y herramienta en la cual no se permitió el acceso, y una tienda de campamento de obra así como una plataforma de tráiler que contiene tubos y equipo de perforación de pozos propiedad de la Comisión Nacional del Agua. 6.- El perito dictaminara en que superficie la existencia de la afectación al bien inmueble de mi propiedad objeto del dictamen. R= la afectación donde se localiza la perforación de pozo es de 18.34 metros de ancho por 21.00 metros cuadrados, y una segunda afectación es la que se localiza en la parte superior del pozo No. 18 con 14.67 ancho por 13.05 de largo con una superficie de afectación de 191.44 metros cuadrados. . 8. Conclusión del Dictamen. R= La conclusión del presente dictamen es que SI existe una afectación en el terreno que ampara la escritura pública de fecha 27 de abril del 2001, con número de instrumento 12673, volumen 313, folio 96, expedida por el Lic. René Gámez Imaz, notario público n° 31, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, propiedad de la señora --------------------, por una obra pública consistente en la ampliación de la avenida recursos hidráulicos, San Pablo de Las Salinas, municipio de Tultitlán, Estado de México. ." 4) Convenio de diecinueve de agosto de dos mil trece, de coordinación con los Ayuntamientos de los Municipios de Tultepec y Tultitlán, Estado de México, para conjuntar acciones tendientes a la rehabilitación y ampliación del camino de operación del Ramal Norte Los Reyes F.F.C.C., propiedad de la nación, por parte de dichos ayuntamientos, en el tramo comprendido entre la avenida San Pablito al Circuito Exterior Mexiquense, con una longitud aproximada de 5,390 metros y ese Organismo de Cuenca, llevó a cabo los trabajos de perforación de un pozo, en el mismo lugar donde se encuentra el pozo 18, ya existente con anterioridad, para la explotación, uso, o aprovechamiento de las aguas nacionales, para el abastecimiento de los servicios de agua de carácter público urbano o doméstico para centros de población y asentamiento humanos, que proporcionan los ayuntamientos citados a través de la red municipal, trabajos todos que a la fecha de la rendición del citado informe aduce la responsable se encuentran concluidos. 5) Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos setenta y nueve, por el que se declaró causa de utilidad pública, la construcción del acueducto, del Ramal Los Reyes, Línea Ferrocarril (que lleva los caudales de agua extraídos de los pozos que conforman dicho, hasta la Planta Barrientos, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México), y de las instalaciones necesarias para su operación y se expropiaron para los fines que en el mismo se señalan en favor del Gobierno Federal los terrenos de propiedad particular. 6) Dictamen pericial rendido por el perito designado por la responsable Comisión Nacional de Agua, por el cual aduce que no existe afectación con la obra realizada en el predio de la parte quejosa. 7) Dictamen pericial rendido por el perito oficial de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, del que entre otras cosas, señala que no le fue posible ubicar el inmueble a que hace referencia la quejosa en la demanda de amparo de acuerdo con las medidas y colindancias que menciona en el documento que exhibió y que refirió ser de su propiedad. 8) Oficio 20980/2016, signado por el Jefe del Departamento de Catastro Municipal del Ayuntamiento del Tultitlán, Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado en auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que remitiera copia certificada, legible y completa de los planos del lote denominado "EL MEZQUITE" (SEGUNDO), de común repartimiento, ubicado en el Pueblo de San Pablo de las Salinas, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, señaló que no contaba con algún plano del citado lote, sin embargo sólo localizo a nombre de la quejosa un inmueble ubicado en Avenida Hidalgo s/n, San Pablo de las Salinas, con una superficie de terreno de 972.00 mts, sin superficie de construcción con clave catastral 008-25-277-09- 00-0000. En virtud que los documentos exhibidos por la parte quejosa, el inmueble que por esta vía defiende la quejosa tiene la clave catastral 008-22-056-11-00-0000, se emitió nuevo requerimiento. Oficio 53864/2016 signado por el citado Jefe de Catastro, informó que la clave catastral 008-22-056-11-00- 0000, que se encontraba a nombre de Martínez Juárez Amado, sufrió cambios administrativos por la clave 008-22- 057-01-00-0000, ya que se realizó un traslado de dominio a nombre de Pedro Paredes Hernández, y otra, la cual no fue actualizada en el padrón grafico (cartografía) por carecer del documento. Posteriormente, mediante oficio 60194/2016, dicha autoridad, solicitó que la quejosa se presentara el diez de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de realizar el servicio de inspección física de inmueble ubicado en la Avenida Recursos Hidráulicos s/n, Col. San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México. Oficio 73306/2016, signado por el Jefe del Departamento de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a través del cual remite copia del plano registrado en la cartografía lineal, así como el plano del servicio de inspección física llevada a cabo el diez de octubre de dos mil dieciséis. De dicho plano se advierte que Ubicación: Recursos Hidráulicos s/n, San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán; Superficie: 10,495.955 M2; Fecha de inspección: 10- 10-2016, Fecha de dibujo: 13-10-2016. Localización geográfica. 9) Dictamen pericial rendido por el perito oficial el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, del que se advierte: "IV.2.- UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES: Es de considerarse que, en primer lugar, se tiene que el inmueble al que hace referencia la escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, pasado ante la fe del notario público número treinta y uno, del Distrito de Tlalnepantla, licenciado RENE GAMEZ IMAZ, relativa a la protocolización del CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DEL C. PEDRO AMADO MARTÍNEZ JUÁREZ (vendedor), y por otra PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ y -------------------- (compradores), tiene las siguientes medidas, colindancias y superficie: para ver la forma del inmueble y dimensiones, véase el croquis ilustrativo número uno.- Superficie: Diez mil ochocientos cincuenta metros, quince centímetros cuadrados. Medidas y colindancias: Al norte: en siete metros, con el señor Lorenzo Martínez. Al sur: en doscientos veinte metros, con vía de ferrocarril. Al oriente: en sesenta y dos metros, noventa centímetros, con el señor Mariano García. Al poniente: en sesenta y seis metros, veinte centímetros con camino público. Croquis ilustrativo uno.- Inmueble referido a la escritura 12,673 del veintisiete de abril de dos mil uno. En segundo lugar, se tiene que el polígono referido en el Plano de la Inspección física del 10 de octubre de 2016, mediante el cual se ilustra el levantamiento topográfico de un inmueble a nombre de Pedro Paredes Hernández y otra, ubicado en Recursos Hidráulicos s/n, San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México; está ubicado como se ilustra a continuación en el croquis ilustrativo número uno. Croquis ilustrativo dos.- Inmueble referido en el Plano de la Inspección física del 10 de octubre de 2016. Y en último lugar, el predio que defiende el quejos en el presente Juicio de Amparo, es el ubicado físicamente como se ilustra en el siguiente croquis ilustrativo número tres, del cual se advierte, que este guarda cierta correspondencia en cuanto a su ubicación, configuración topográfica y algunas dimensiones con respecto del anterior, ello es, tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que reconoce la ubicación física de los linderos actuales del inmueble que hoy defiende. Croquis ilustrativo tres.- Inmueble en el que fui constituido por la parte quejosa y en el que se realizó el estudio. En esa tesitura, y a efectos de llegar al fondo de la cuestión que plantean las partes, en el sentido de ubicar el pozo 18 y el inmueble que defiende el quejoso, se tiene que; el pozo 18 y el inmueble el materia de litis, están sobrepuestos -véase el croquis ilustrativo número cuatro-; sin embargo, cabe señalar que, si bien es cierto el pozo 18 y el predio que refiere el Plano de la Inspección física del 10 de octubre de 2016, están sobrepuestos, también lo es que, técnicamente existe una diferencia notoriamente excesiva, en cuanto a las medidas y colindancias de los lados Norte y Sur del inmueble que refiere la escritura número 12 673, lo cual da cuenta, que el inmueble referido en esa escritura pública, no corresponde en medidas y colindancias con respecto al lote de terreno en el que fui constituido físicamente por la parte quejosa, por lo que técnica y físicamente no es posible identificar lo que dicho instrumento refiere, sirve de sustento lo descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número uno. Croquis ilustrativo cuatro.- Sobreposición. A. CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA. 1.- Identificar técnica y físicamente, el bien inmueble objeto del dictamen, consiste en el anteriormente descrito y que constituye el objeto del dictamen. RESPUESTA: De acuerdo a lo expuesto en el numeral IV.2 de las consideraciones técnicas de la presente opinión técnica, no es posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, sin embargo, cabe mencionar que el día en que se realizó el estudio técnico de campo, se logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, mismo que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la inspección físicamente del 10 de octubre de 2016. 2.- Determinará el perito cuales son las características del bien inmueble objeto del dictamen. RESPUESTA: No es posible dar respuesta a este cuestionamiento, toda vez que no especifica a que características se refiere. 3.- Determinar si el bien inmueble objeto del presente dictamen, corresponde en todas y cada una de sus dimensiones y características, así como linderos, colindancias y superficie; al mencionado en escritura pública, de fecha 27 de abril del 2001, con número de instrumento 12,673, volumen 313, folio 96, expedida por el LIC. RENE GAMEZ IMAZ, notario público no. 31, distrito de Tlalnepantla, Estado de México. RESPUESTA: De acuerdo a lo expuesto en el numeral IV.2 de las consideraciones técnicas de la presente opinión técnica, no es posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, sin embargo, cabe mencionar que el día en que se realizó el estudio técnico de campo, se logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, mismo que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la inspección físicamente del 10 de octubre de 2016. 4.- Definir en aspectos técnicos de la materia en que se ofrece la pericial, si existe una afectación al terreno objeto del dictamen por la realización de la obra pública consistente en la ampliación de la avenida recursos hidráulicos, san pablo de las salinas, municipio de Tultitlán, Estado de México; y la perforación de un pozo en mi propiedad a la altura del pozo 18. RESPUESTA: De acuerdo a lo expuesto en el numeral IV.2 de las consideraciones técnicas de la presente opinión técnica, no es posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, sin embargo, cabe mencionar que el día en que se realizó el estudio técnico de campo, se logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, mismo que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la inspección físicamente del 10 de octubre de 2016. Ahora bien, afectos de llegar al fondo de la cuestión que plantean las partes, en el sentido de ubicar el pozo 18 y el inmueble que defiende el quejoso, se tiene que; el pozo 18 y el inmueble en que fui constituido por el quejoso, esta sobrepuesto.- véase el croquis ilustrativo número cuatro del apartado IV.2 de las consideraciones técnicas del presente. . 8.- Conclusión del dictamen. RESPUESTA: A efectos de llegar al fondo de la cuestión que plantean las partes, en el sentido de ubicar el pozo 18 y el inmueble que defiende el quejoso, se tiene que; el pozo 18 y el inmueble el materia de litis, están sobrepuestos.; sin embargo, cabe señalar que, si bien es cierto el pozo 18 y el predio que refiere el Plano de la inspección física del 10 de octubre de 2016, están sobrepuestos, también lo es que, técnicamente existe una diferencia notoriamente excesiva, en cuanto a las medidas y colindancias de los lados Norte y Sur del inmueble que refiere la escritura 12,673, lo cual da cuenta, que el inmueble referido en esa escritura pública, no corresponde en medidas y colindancias con respecto al lote de terreno en el que fui constituido físicamente por la parte quejosa, por lo que técnica y físicamente no es posible identificar lo que dicho instrumento refiere, sirve de sustento lo descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número uno. B. CUESTIONARIO PROPUESTO POR LA RESPONSABLE. 1. Que ubique el perito el terreno objeto del presente dictamen en un plano donde se indiquen todas y cada una de las dimensiones, características, así como linderos, colindancias y superficies y su correspondencia a lo indicado en la escritura pública de fecha 27 de abril del 2001, con número de instrumento 12,673 volumen 313, folio 96, expedida por el Lic. Rene Gamez Imaz, notario público No. 31, del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. RESPUESTA: De acuerdo a lo expuesto en el numeral IV.2 de las consideraciones técnicas de la presente opinión, técnica, no es posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, sin embargo, cabe mencionar que el día en que se realizó el estudio técnico de campo, se logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, mismo que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la inspección físicamente del 10 de octubre de 2016. 2.- Que diga el perito si el terreno objeto del presente dictamen colinda al Sur con la línea de ferrocarril. RESPUESTA: El inmueble que refiere la Escritura número 12 673, colinda el lado Sur con "VÍA DE FERROCARRIL", mas no así el inmueble en que fui constituido el día en que se realizó el estudio técnico de campo, mismo que se encuentra descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, del apartado IV.2 de las consideraciones técnicas del presente, y que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la inspección física de 10 de octubre de 2016. . 4.- Que el perito ubique dentro del plano del terreno objeto del presente dictamen, la zona de terreno federal propiedad de la Comisión Nacional del Agua donde se encuentra la caseta de operación y el pozo perforado. RESPUESTA: De acuerdo a lo expuesto en el numeral IV.2 de las consideraciones técnicas de la presente opinión, técnica, no es posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, sin embargo, cabe mencionar que el día en que se realizó el estudio técnico de campo, se logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, mismo que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la inspección físicamente del 10 de octubre de 2016. Ahora bien, afectos de llegar al fondo de la cuestión que plantean las partes, en el sentido de ubicar el pozo 18 y el inmueble que defiende el quejoso, se tiene que; el pozo 18 y el inmueble en que fui constituido por el quejoso, está sobrepuesto.- véase el croquis ilustrativo número cuatro del apartado IV.2 de las consideraciones técnicas del presente. 7.- Que diga el perito e indique en el plano el área que la quejosa señala como ampliación de la avenida Recursos Hidráulicos, indicando a su vez el área supuestamente afectada a su terreno. RESPUESTA: En respuesta a este cuestionamiento en los croquis ilustrativos dos, tres y cuatro, respectivamente, del apartado IV.2 de las consideraciones técnicas del presente, de los cuales se advierte que no existe ocupación por la construcción de alguna vía de comunicación carretera, en el inmueble en que fui constituido y en el que se realizó el estudio técnico de campo. . 9.- Que el perito ubique exactamente el inmueble a que hace referencia la quejosa en su demanda de amparo, de acuerdo a las medidas y colindancias que menciona en dicho documento y que manifiesta es de su propiedad. RESPUESTA: De acuerdo a lo expuesto en el numeral IV.2 de las consideraciones técnicas de la presente opinión técnica, no es posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno, sin embargo, cabe mencionar que el día en que se realizó el estudio técnico de campo, se logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, mismo que guarda cierta correspondencia con el que refiere el Plano de la Inspección física del 10 de octubre de 2016. 10.- Conclusión del dictamen. RESPUESTA: A efectos de llegar al fondo de la cuestión que plantean las partes, en el sentido de ubicar el pozo 18 y el inmueble que defiende el quejoso, se tiene que; el pozo 18 y el inmueble el materia de litis, está sobrepuestos,..; sin embargo, cabe señalar que, si bien es cierto el pozo 18 y el predio que refiere el Plano de la Inspección física del 10 de octubre de 2016, están sobrepuestos, también lo es que, técnicamente existe una diferencia notoriamente excesiva, en cuanto a las medidas y colindancias de los lados Norte y Sur del inmueble que refiere la escritura número 12 673, lo cual da cuenta, que el inmueble referido en esa escritura pública, no corresponde en medidas y colindancias con respecto al lote de terreno en el que fui constituido físicamente por la parte quejosa, por lo que técnica y físicamente no es posible identificar lo que dicho instrumento refiere." 10) Oficio 22090/2017, signado por el Coordinador de Catastro del Ayuntamiento de Tultitlán, a través del cual remitió diversa documentación relativo al predio registrado con la clave catastral número 008-222-057-01-00-0000. 11) Oficio 227B13210/700/2017, signado por la Registradora Público de la Propiedad y de Comercio de la Oficina Registral de Cuautitlán, Estado de México, a través del cual remitió copias certificadas correspondientes a los antecedentes registrales partida 335, volumen 501, libro primero, sección primera. 12) Oficio 1143/017 DGPGI-2017-3115, signado por el Director de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, del que se advierte lo siguiente: ". se localizó el folio real número 448, de fecha 15 de enero de 1979, y página que lo acompaña, en el cual obran inscritos entre otros documentos el Decreto Presidencial expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación 10 de enero de 1979, por medio del cual el Gobierno Federal por conducto de la Comisión de Aguas del Valle de México adquirió 4 fracciones ubicadas en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, con superficie de 1,123.81 M2, para la construcción de un Acueducto del Ramal los Reyes, Línea Ferrocarril los Reyes, Líneas Ferrocarril y de las Instalaciones necesarias para su operación." 13) Copia certificada de la escritura pública que ampara la propiedad del inmueble ubicado en el Pueblo de San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, y que pertnece a la Comisión Nacional del Agua. 14) Dictamen pericial rendido por el perito oficial el diez de noviembre de dos mil veinte, mismo que rindió en similares términos al señalado en el punto número nueve de pruebas, y en el que medularmente indicó que, el pozo 18 y el inmueble el materia de litis en este asunto, está sobrepuestos. Para poder valorar adecuadamente los medios de convicción antes referidos, debe citarse lo dispuesto por los artículos 129, 143, 161, 190, 202, 211, 212 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, numerales que determinan el valor probatorio de los documentos públicos, de la inspección y pericial, así como de las presunciones legales invocadas; preceptos que resultan aplicables con motivo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Amparo. De esta manera, una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera necesario efectuar un estudio de los siguientes medios de prueba, con la finalidad de establecer la manera en la que se determina que la quejosa acredita la titularidad del derecho real que le corresponde con relación a la fracción de terreno que refiere como afectada con motivo de la realización de obra pública, consistente en la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos, en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación de pozo dentro de su predio, a la altura del pozo 18, mismos que fueran precisados en líneas precedentes. Ahora, debe indicarse, conforme a lo antes expuesto, en lo que respecta a la prueba documental marcada con el número uno, se advierte la compraventa del inmueble que por esta vía defiende. Por otro lado, en lo que respecta a la prueba de inspección judicial, se tiene que con la misma se acreditan aspectos que se encuentran relacionados con la afectación aducida por la quejosa, al advertirse de la diligenciada elaborada para tal efecto, el hecho de haberse constituido el funcionario judicial encargado de su elaboración, en el inmueble materia de la litis y se hizo constar que la existencia de maquinaria, como una perforadora, que al momento de la diligencia se encontraba en funcionamiento, una cuadrilla de aproximadamente cinco trabajadores, quienes se encontraban realizando trabajos de perforación, excavación y extracción de agua. Con la documental número cuatro, se advierte la existencia de un convenio por parte de los Ayuntamientos de los Municipios de Tultepec y Tultitlán, Estado de México, con el Organismo de Cuenca, para la rehabilitación y ampliación del cambio de operación el Ramal Norte Los Reyes F.F.C.C:, en el tramo comprendido entre la Avenida San Pablito al Circuito Mexiquense, así como la perforación de un pozo en donde se encuentra el pozo 18. Con la documental cinco, la existencia del decreto por el cual se declaró causa de utilidad pública la construcción del acueducto del Ramal Los Reyes, Línea Ferrocarril, así como la expropiación terrenos de propiedad particular, en favor del Gobierno Federal. Con la documental marcada con el número ocho, se advierte el plano del servicio de inspección física realizada el diez de octubre de dos mil dieciséis, por parte del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, en compañía de la parte quejosa, del que se desprende el inmueble que por esta vía defiende la parte quejosa. Por otra parte, del análisis de los dictámenes periciales marcados con los números nueve y catorce, en materia topográfica, se obtiene que el perito oficial señaló que no era posible identificar técnica y físicamente el inmueble que refiere la Escritura número 12 673, del veintisiete de abril de dos mil uno; sin embargo, señaló que al realizar el estudio técnico de campo, logró identificar al inmueble descrito gráficamente en el croquis ilustrativo número tres, inmueble donde fue constituido por la parte quejosa, pues esta conoce la ubicación física de los linderos actuales del inmueble que defiende, mismo que guarda cierta correspondencia con el que se refiere el Plano de la inspección físicamente del 10 de octubre de 2016, (croquis que fue remitido por el Ayuntamiento de Tultitlán, a través de su jefe de Catastro, una vez que la parte quejosa acudió ante dicha autoridad a efecto de identificar el inmueble); asimismo, señaló que el pozo 18 y el inmueble en que fue constituido por la parte quejosa, está sobrepuesto. Ahora bien, si se toma en consideración que el perito es un auxiliar técnico de los tribunales, y que su dictamen constituye opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de personas versadas en materias que requieren conocimientos especializados, para que con base en ello y expuestos en forma lógica y razonada proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce, entonces basta que el dictamen venga suscrito por un experto para que sea analizado por el juzgador conforme a la facultad que la propia ley le otorga, para que con base en su contenido, así como al propio criterio del juzgador, se determine el valor legal de suficiente para determinar la existencia de la afectación aducida, más aún cuando el resultado del peritaje no es objetado por la parte a la cual le es contraria. Por tanto, al no haber prueba en contrario que desvirtúe los resultados contenidos en el peritaje rendido por el perito oficial, es de considerarse que efectivamente la parte quejosa sufrió una afectación en su propiedad, ya que como se indicó, dicha opinión técnica sirve para evidenciar que tanto el pozo 18, así como el predio de la aquí quejosa se encuentran un una parte sobrepuestos. Aunado a que con los diversos medios de pruebas se advierte la afectación producida en el bien inmueble que defiende la parte quejosa; lo procedente es otorgarle valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales antes invocados. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que la afectación reclamada por la quejosa en su demanda de amparo resulta ser cierta, al encontrarse apoyada en diversos datos medios de prueba. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 97/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 815, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo.". De igual forma, resulta aplicable en su parte conducente, la tesis número I.7º.C.28 C (10ª), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2060, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos.". En tales condiciones, conforme a lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional considera que en el caso particular, se trasgredió en perjuicio de la parte quejosa, lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, en lo relativo al derecho de audiencia previa que debe prevalecer previo a la ejecución de cualquier acto de molestia que se genere en un perjuicio de cualquier persona. Lo anterior es así, toda vez que al margen de que en el presente asunto no se encuentre demostrado formalmente un "decreto expropiatorio" conforme al cual se hubiere afectado a la quejosa el derecho real que posee; lo cierto es que en el caso, la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, ya se encuentra construida, así como la perforación de un pozo a la altura del pozo 18, (de conformidad con lo señalado por la autoridad responsable Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, en su informe justificado) y que con la misma se está afectando un lote de terreno que por esta vía defiende la quejosa. Aunado a que la responsable refiere que: "en el supuesto no admitido, porque no ha sido verificado, de que los trabajos, objeto del convenio de coordinación, se hayan realizado fuera de la superficie de terreno propiedad de la Comisión Nacional del Agua, es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento del Municipio correspondiente", de ahí que se advierta la incertidumbre de la propia responsable, en relación a los trabajos de ampliación realizados, y como consecuencia de ello la afectación al inmueble materia de la litis. De esta manera, se concluye que la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, fue llevada a cabo, sin que la parte quejosa hubiera tenido la oportunidad, de manera previa, de poder argumentar, y en su caso ofrecer diversos medios de prueba, con los cuales hubiera demostrado en su caso, que el inmueble invadido no resultaba idóneo, para la afectación por la construcción de la citada ampliación, circunstancia que se reitera, trasgredió en perjuicio de la quejosa, su derecho de audiencia previa, prevista en el artículo 14 Constitucional. Resulta aplicable al caso concreto, por sus consideraciones, la tesis número 2ª. V/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 468, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "EXPROPIACIÓN. LA LEY RELATIVA VIOLA EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, AL NO CONTENER PROCEDIMIENTO ALGUNO POR EL QUE SE OTORGUE AL GOBERNADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, de rubro: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO.", sostuvo que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, viola la garantía de audiencia previa contenida en el precepto constitucional citado, pues no prevé procedimiento alguno del que se infiera que el gobernado tenga la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en su defensa antes de la emisión del acto de afectación, criterio que tiene como excepción lo considerado por la Segunda Sala en la tesis 2a. LXI/2007, de rubro: "EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA LAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, NO SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A LA OCUPACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO.", en la que determinó que respecto de los supuestos contenidos en las fracciones V, VI y X del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, la ocupación del bien expropiado puede realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír previamente al afectado, pero respetando su garantía de audiencia con posterioridad y antes de que el Estado disponga definitivamente de la propiedad, en virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida en tales casos.". Igualmente, tiene aplicación en su parte conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 4788, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: "EXPROPIACIÓN PARA VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. Cuando se trate de la construcción, establecimiento, reparación o mejoramiento de las vías generales de comunicación, de sus servicios auxiliares y demás dependencias accesorias, y para ello se requiera ocupar terrenos de particulares, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, conforme al artículo 21 de la Ley de Vías Generales de Comunicación debe, como acto previo, declarar y fundar, administrativamente, en nombre del Ejecutivo, la expropiación de los terrenos relativos, y el mismo precepto consigna en sus diferentes fracciones, las bases a que deberá sujetarse la declaración, y el artículo 22 de la misma ley, dispone que: "la sustanciación del procedimiento de expropiación se hará en la forma y términos que fija la ley de la materia, de manera que no basta que la construcción de un camino sea de utilidad pública, para que sin llenarse requisito alguno, se proceda a abrirlo en terrenos de particulares, sino que es necesario que se siga el procedimiento establecido por la ley.". Luego, las autoridades responsables Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, Director General de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Gerente de lo Contencioso y el Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, en representación del Presidente Municipal, debieron haber respetado en beneficio de la quejosa el derecho de audiencia previa previsto en el artículo 14 Constitucional; es decir, de haberla oído y vencido previo a la ejecución del acto privativo, habiéndole hecho de su conocimiento el inicio del procedimiento respectivo, el objeto del mismo, el haberle otorgado la oportunidad de presentar las pruebas que hubiere estimado idóneas, la oportunidad de alegar, ello con finalidad de que se hubiere emitido una resolución respecto de la cuestión sujeta a debate. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número I.7o.A. J/41, emitida por el Séptimo Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, página 799, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.". De la misma manera, resulta aplicable al caso la tesis número V. 2º. 211 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Junio de 1994, página 529, cuyo rubor y texto establecen lo siguiente: "AUDIENCIA GARANTÍA. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN, NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. Aunque del texto del artículo 14 constitucional pudiera inferirse que siempre que la autoridad se apega al contenido de la ley aplicable, la garantía de audiencia no puede conculcarse; lo cierto es que tal derecho subjetivo público consiste en la oportunidad que debe concederse al particular para que intervenga y pueda así defenderse, rindiendo pruebas y vertiendo alegatos que sustenten tal defensa. Por lo tanto, aunque la ley que funde al acto no establezca la obligación de oír al afectado, antes de privarlo de sus derechos, la autoridad debe respetar la aludida garantía y oírlo en defensa, porque en ausencia del contenido de tal obligación para la responsable dentro de la Ley está el imperativo del artículo 14 constitucional.". Por último, no pasa desapercibido a este órgano jurisdiccional, como ya fue expuesto, el hecho de que la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, así como la perforación del pozo a la altura del diverso pozo 18, que afecta el terreno de la quejosa, ya se encuentre construido, y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte materialmente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho transgredido, con relación a la devolución de la fracción de terreno afectada por el mismo, sin embargo, puede ser indemnizada conforme a un procedimiento administrativo con relación a la afectación que le fue producida con motivo de la construcción de la citada ampliación. SÉPTIMO. En consecuencia de lo anterior, al ser fundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es conceder a --------------------, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para los efectos siguientes: Las autoridades responsables Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, Director General de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Gerente de lo Contencioso y el Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, en representación del Presidente Municipal, deberán iniciar y llamar a la quejosa por conducto de quien legalmente la represente al procedimiento administrativo de indemnización, y con libertad de jurisdicción, lleven a cabo las gestiones necesarias con la finalidad de fijar, en su caso, el monto a indemnizar en lo que respecta a la fracción de terreno afectada con la construcción de la ampliación de la Avenida denominada Recursos Hidráulicos en San Pablo de Las Salinas, Municipio de Tultitlán, Estado de México, y la perforación del pozo a la altura del diverso pozo 18, allegándose de las pruebas que estimen necesarias, para tal efecto, lo que será materia únicamente de ese procedimiento. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por --------------------, representada actualmente por su albacea testamentaria ----------------, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a --------------------, representada actualmente por su albacea testamentaria -----------------------, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero y para los efectos indicados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese a las partes por lista electrónica, de conformidad con el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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