Carlos González Aispuro

Expediente 914/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
914/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos González Aispuro

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por el cual solicita se le informe, si este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto. Al respecto, infórmese que en proveído de veintisiete de julio del año en curso, se avocó al conocimiento del asunto, se desechó la demanda por notoriamente improcedente y el once de los cursantes, se archivó como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, el citado proveído HA QUEDADO FIRME. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Por tanto, de conformidad con el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Recepción de constancias. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta firmado por la secretaria adscrita a este Juzgado Federal, por medio del cual en atención a la solicitud de compensación, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México remite los autos originales del juicio de amparo 866/2023 promovido por Carlos González Aispuro, por propio derecho, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, formado con motivo del juicio de amparo directo D.C. 517/2023, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, el expediente 521/2005 (cuatro legajos), tres bolsas de plástico con documentos y cinco copias de la demanda de amparo, del que se advierte que en proveído de diecinueve de julio del año en curso, el juez referido declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del citado juicio de amparo. Se acepta competencia. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión. Guárdense en la Secretaría como anexos las constancias que remite la superioridad, ordenándose formar los cuadernos de constancias (tomos I al VII). Acuse de recibo. Por tanto, con copia de este acuerdo acúsese al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y dese curso a la citada demanda de amparo. Generalidades del escrito de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por Carlos González Aispuro, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Juez Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Radicación. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese como 914/2023 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." En el caso, el peticionaria del amparo reclama en esta instancia constitucional: a) La aprobación, promulgación y publicación, así como el refrendo y firma del artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. b) La aplicación del artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al acuerdo dictado en el juicio especial hipotecario 521/2005, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, que ordenó sacar a remate el quince de junio de esta anualidad, el bien inmueble ubicado en Avenida Coyuya número trescientos cincuenta y nueve, deparamento trescientos uno, edificio "E", colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco, en esta Ciudad; por la cantidad de $1'524,000.00 (un millón quinientos veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), siendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. En ese contexto, este juzgador Federal advierte que se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Con forme al primer artículo citado, la improcedencia del juicio de amparo no se constriñe únicamente a las causales invocadas en ese numeral, sino que permite al órgano de control constitucional interpretarla armónicamente con algún artículo de la constitución, de la Ley de Amparo o con una jurisprudencia, por lo que debe ser concatenada con cualquiera de los mencionados. Por su parte, de acuerdo con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede: i) Contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, entendiéndose por tal a aquélla que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; ii) Contra actos que gozan de autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, y, iii) Contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Conforme a los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando no se reclama la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate. Ciertamente, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ésta se encuentra sujeta a la tramitación y firmeza del mandato de escrituración y/o de entrega de los bienes. En efecto, tal circunstancia es toral y definitoria para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en virtud de que, por tratarse de la ejecución de sentencia o actos dictados después de concluido el juicio, cuando la parte quejosa es parte en el juicio y ha sido oída y vencida en éste, debe sujetarse a la regla establecida en el precepto transcrito de la última resolución, en la que se pueden reclamar las violaciones de ese procedimiento y, es precisamente ahí donde, en su caso, podrían impugnase las violaciones cometidas en ese procedimiento. Lo anterior se basa en que, al tratarse de la ejecución de una sentencia para las partes, el presupuesto o condición de la última resolución se hace necesario a fin de evitar indebidamente el retardo o la obstrucción de la ejecución de la sentencia que para las partes impera; en tanto que, por otro lado, no se hace nugatorio o imposible el cuestionamiento de irregularidades de los actos de ese procedimiento al permitirse el reclamo de ellos, precisamente en la impugnación constitucional de la última resolución. De ese modo, salvo la excepción legal para los terceros extraños, los actos de imposible reparación y otros expresamente previstos, las demás actuaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia son susceptibles de impugnación, hasta el momento en que se emita la última resolución, lo que permite armonizar el fin de la ejecución de la sentencia los derechos fundamentales, de las partes directas o indirectas en el remate. Visto de otra manera, esto es, darle la connotación de última resolución a la sentencia que aprueba el remate o alguna otra que no es la que de manera firme y expresa establece el mandato de escrituración y/o la entrega del bien. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de remate es, por connotación legal: 1. La resolución que en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o, 2. La entrega de los bienes rematados. Podrán reclamarse en demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. Por consiguiente, se considera que se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que es evidente y está acreditado que el acto reclamado no constituye la firmeza del mandato de escrituración y/o entrega del bien rematado; y por ende, no debe admitirse el amparo contra este tipo de actos, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por tanto, en virtud de que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de remate y que el acto que se reclama no es la última resolución; no procede el juicio de amparo indirecto en su contra, al no actualizarse las reglas específicas de procedencia previstas por el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.13/2016, emitida por la Primera Sala de la Supérame Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". En relación a lo anterior, el artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución en dicho procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que en que se aprueben o desaprueben. Esta regla especifica de procedencia del juicio de amparo indirecto, rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe. Igualmente, deviene improcedente el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, puesto que el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, por lo que en su caso deberá hacerse valer de manera conjunta con la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, a través de sus conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia p./j. 78/2007, cuyo rubro y texto es como sigue: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Así las cosas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda. En diverso aspecto, se tienen como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que para poder actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis I.11o.A.4 A, de registro digital 175204, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el tomo XXIII, abril de 2006, página 1188, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Autorización para obtener imágenes. Acorde con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los autos quedan a la vista a fin de obtener imágenes. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del precepto 113 de la ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del ordinal 6º del ordenamiento reglamentario en cita Se faculta al actuario y al secretario para que firmen los oficios. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a los quejosos. Lo proveyó y firma Hugo Roberto Pérez Lugo, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de la secretaria Ximena Betzabe López Dávila , con quien actúa y da fe.

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