Carlos Gómez Díaz
Expediente 706/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2019
Partes del expediente
- Carlos Gómez Díaz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General del Instituto de Salud y Secretario de Salud, a través del Subdirector de Asuntos Jurídicos, con domicilio en esta ciudad, por el cual remite copia certificada del oficio *****, de seis de junio de dos mil diecinueve, dirigido al quejoso *****, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos de dicho Instituto, mediante el cual, se da contestación a los escritos de veintiséis de febrero de esta anualidad y veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable en dar contestación a los ocursos de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y veintiséis de julio de dos mil dieciséis. En el caso es innecesario transcribir y analizar los motivos de inconformidad que hace valer la parte quejosa, en razón que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable en dar contestación a los ocursos de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director General del Instituto de Salud y Secretario de Salud, a través del Subdirector de Asuntos Jurídicos, residente en esta ciudad, se advierte que por oficio *****, de seis de junio de dos mil diecinueve, dirigido al quejoso *****, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos de dicho Instituto, dio contestación a los escritos de veintiséis de febrero de esta anualidad y veintiséis de julio de dos mil dieciséis; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la responsable subsanó la omisión que se le reclamaba, determinación que le fue notificada a través de su autorizada el diez de junio del año en curso. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en dar contestación a los escritos de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y veintiséis de julio de dos mil dieciséis, han cesado, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, procede a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Lo que antecede, se afirma en virtud de que en este juicio el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a los ocursos de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y veintiséis de julio de dos mil dieciséis, por los cuales solicitaba, esencialmente, se le expida nombramiento del contrato definitivo individual a efecto de realizar los trámites correspondientes para asegurarse ante el instituto (ISSSTE), así como la corrección concerniente a la clave del centro de responsabilidad, ya que no se le genera número de seguridad social, lo cual asegura deviene de una obligación a la patronal, derivada de un laudo a favor del actor hoy quejoso, emitido en el juicio laboral *****. Atento a ello, no se estima necesario dar vista al peticionario de amparo con la contestación dada a los libelos mencionados anteriormente, puesto que, en el caso de que ésta no satisfaga sus pretensiones, deberá acudir a la vía ordinaria laboral. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que, el término que se le concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud, a fin de que se impongan del contenido del mismo; dése nueva cuenta con dicho informe en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de dicha autoridad, el que indica en esta ciudad y como delegados a las personas que designa, atento a lo previsto en el numeral 9 de la citada ley. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley en la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones así como la presuncional en su doble aspecto, en los términos que precisa, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional; respecto a la documental pública que refiere, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto sea recibida en este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 9470/2019, dirigido a la autoridad responsable Secretaría de la Defensa Nacional, residente en la Ciudad de México, de tres de mayo del año en curso, en el cual se le comunicó la interposición del recurso de revisión contra el auto de veintiséis de febrero de esta anualidad, por el que se sobreseyó fuera de audiencia este asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el numeral 2, segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de su recepción, remita el acuse de recibo del mencionado oficio, o bien, copia certificada del mismo, anexándole para tal efecto copia de la factura postal correspondiente. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y de Actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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