Carlos Gildardo Delgado Estrada
Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Gildardo Delgado Estrada
- Juez de Paz Municipal de Emiliano Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo *********, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos del juicio de amparo 1022/2021-III, promovido por la Carlos Gildardo Delgado Estrada; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, Carlos Gildardo Delgado Estrada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Juez de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse un acto de autoridad con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La diligencia de requerimiento de pago o embargo ordenada sobre bienes del inmueble ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, que refiere es de su propiedad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y Actuaria adscrita, pues así lo informaron al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con las constancias que el Juez responsable anexó a su informe justificado, en las cuales obra el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el que radicó el juicio ejecutivo mercantil 57/2021, promovido por Grupo Cultural Progreso, S.A. de C.V., por conducto de sus endosatarios en propiedad, contra Claudia Susana Pantaleón Martínez, y en el cual se ordenó el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, en su caso embargo y emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio referido por el hoy quejoso, es decir, el ubicado en "CALLE Y/O AVENIDA LAS FLORES SIN NÚMERO Y/O NÚMERO 12, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS". Además, de las constancias remitidas, no se advierte que el ahora quejoso sea parte en el juicio natural. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. Resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Por otra parte, atendiendo a las particularidades del caso, destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los cuales se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, a saber: a) Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b) Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c) Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/98, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." Precisado lo anterior, se concluye que en el presente asunto el quejoso carece de interés jurídico para reclamar la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo ordenada en el inmueble ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, del cual se ostenta como propietario. Esto, pues para que la titularidad de un bien sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrar su origen, esto decir, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo para dar lugar a la protección constitucional solicitada; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete el derecho fundamental de audiencia. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el solicitante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la idoneidad de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la titularidad del derecho defendido, aun cuando la determinación vertida solamente tenga efectos para el juicio de amparo y no la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión o propiedad a favor de la parte quejosa. En el caso, para reclamar los actos aquí combatidos, el quejoso no acreditó con medios de convicción idóneos, ser propietario del inmueble ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, como lo aduce en el presente sumario. Lo anterior, pues el promovente exhibió: fotocopia simple de su credencial para votar, así como de un aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad relativo al número de servicio 2951611388119, documentos que carecen de valor probatorio, de conformidad con el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, al no tratarse de una reproducción certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción sobre la veracidad de su contenido con la facilidad con la que se pueden confeccionar. Además, si bien dichos medios de convicción fueron allegados de manera electrónica por parte del quejoso, la fracción VI, artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre que al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, lo que en la especie no acontece. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, registro: 202550, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página: 510, del siguiente rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE." Asimismo, sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." No obsta a lo anterior, que el quejoso acude al presente juico de amparo en calidad de tercero extraño a juicio; sin embargo, como se indicó, no acredita su interés jurídico con documento idóneo, pues las fotocopias simples exhibidas no resultan aptas para demostrarlo y por ende, tampoco demuestra la afectación a su esfera jurídica; por lo tanto, se insiste, al carecer de interés jurídico no demostró detentar un derecho público subjetivo que deba protegerse en esta vía. Sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, del rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN." Asimismo, el promovente exhibió como prueba una impresión fotográfica del medidor de KWh "CFE352LVG", así como una impresión fotográfica de la fachada del inmueble que refiere es el ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, sin que dichos medios de convicción sean eficaces para acreditar la propiedad con la que se ostenta y por ende para acreditar el interes jurídico en el presente juicio de amparo, pues por sí solas, no son aptas ni idóneas para acreditar la propiedad que ostenta. Lo anterior, pues tratándose del juicio de amparo promovido por un tercero extraño a la controversia de origen, cuando aduce violación a un presunto derecho de propiedad respecto, basta que acredite el interés jurídico que dice tener con un título o figura jurídica de los previstos en alguna norma general, y que éste sea oponible a las partes en el juicio, lo que en la especie no acontece. En este tenor, es evidente que el dicho de la parte quejosa en el sentido de que el inmueble ubicado referido es de su propiedad, es insuficiente para acreditar tal extremo, así, se concluye que no cumplió con la obligación de probar en forma fehaciente la afectación de su interés jurídico, pues no basta para tenerlo por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, sino que también debió ofrecer las pruebas idóneas y suficientes para acreditarlo, en consecuencia, al no haberlo hecho así, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con los numerales 61, fracción XII y 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94 , cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a la Actuaria adscrita al Juzgado de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, al no haberse combatido por vicios propios. Apoya esto último, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, desde rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós en que las labores de este juzgado lo permitieron.
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CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciséis de mayo del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 1022/2021-III, promovido por la Carlos Gildardo Delgado Estrada; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, Carlos Gildardo Delgado Estrada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Juez de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse un acto de autoridad con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La diligencia de requerimiento de pago o embargo ordenada sobre bienes del inmueble ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, que refiere es de su propiedad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y Actuaria adscrita, pues así lo informaron al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con las constancias que el Juez responsable anexó a su informe justificado, en las cuales obra el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el que radicó el juicio ejecutivo mercantil 57/2021, promovido por Grupo Cultural Progreso, S.A. de C.V., por conducto de sus endosatarios en propiedad, contra Claudia Susana Pantaleón Martínez, y en el cual se ordenó el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, en su caso embargo y emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio referido por el hoy quejoso, es decir, el ubicado en "CALLE Y/O AVENIDA LAS FLORES SIN NÚMERO Y/O NÚMERO 12, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS". Además, de las constancias remitidas, no se advierte que el ahora quejoso sea parte en el juicio natural. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. Resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Por otra parte, atendiendo a las particularidades del caso, destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los cuales se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, a saber: a) Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b) Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c) Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/98, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." Precisado lo anterior, se concluye que en el presente asunto el quejoso carece de interés jurídico para reclamar la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo ordenada en el inmueble ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, del cual se ostenta como propietario. Esto, pues para que la titularidad de un bien sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrar su origen, esto decir, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo para dar lugar a la protección constitucional solicitada; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete el derecho fundamental de audiencia. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el solicitante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la idoneidad de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la titularidad del derecho defendido, aun cuando la determinación vertida solamente tenga efectos para el juicio de amparo y no la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión o propiedad a favor de la parte quejosa. En el caso, para reclamar los actos aquí combatidos, el quejoso no acreditó con medios de convicción idóneos, ser propietario del inmueble ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, como lo aduce en el presente sumario. Lo anterior, pues el promovente exhibió: fotocopia simple de su credencial para votar, así como de un aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad relativo al número de servicio 2951611388119, documentos que carecen de valor probatorio, de conformidad con el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, al no tratarse de una reproducción certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción sobre la veracidad de su contenido con la facilidad con la que se pueden confeccionar. Además, si bien dichos medios de convicción fueron allegados de manera electrónica por parte del quejoso, la fracción VI, artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre que al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, lo que en la especie no acontece. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, registro: 202550, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página: 510, del siguiente rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE." Asimismo, sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." No obsta a lo anterior, que el quejoso acude al presente juico de amparo en calidad de tercero extraño a juicio; sin embargo, como se indicó, no acredita su interés jurídico con documento idóneo, pues las fotocopias simples exhibidas no resultan aptas para demostrarlo y por ende, tampoco demuestra la afectación a su esfera jurídica; por lo tanto, se insiste, al carecer de interés jurídico no demostró detentar un derecho público subjetivo que deba protegerse en esta vía. Sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, del rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN." Asimismo, el promovente exhibió como prueba una impresión fotográfica del medidor de KWh "CFE352LVG", así como una impresión fotográfica de la fachada del inmueble que refiere es el ubicado en calle las Flores sin número, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, sin que dichos medios de convicción sean eficaces para acreditar la propiedad con la que se ostenta y por ende para acreditar el interes jurídico en el presente juicio de amparo, pues por sí solas, no son aptas ni idóneas para acreditar la propiedad que ostenta. Lo anterior, pues tratándose del juicio de amparo promovido por un tercero extraño a la controversia de origen, cuando aduce violación a un presunto derecho de propiedad respecto, basta que acredite el interés jurídico que dice tener con un título o figura jurídica de los previstos en alguna norma general, y que éste sea oponible a las partes en el juicio, lo que en la especie no acontece. En este tenor, es evidente que el dicho de la parte quejosa en el sentido de que el inmueble ubicado referido es de su propiedad, es insuficiente para acreditar tal extremo, así, se concluye que no cumplió con la obligación de probar en forma fehaciente la afectación de su interés jurídico, pues no basta para tenerlo por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, sino que también debió ofrecer las pruebas idóneas y suficientes para acreditarlo, en consecuencia, al no haberlo hecho así, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con los numerales 61, fracción XII y 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94 , cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a la Actuaria adscrita al Juzgado de Paz Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, al no haberse combatido por vicios propios. Apoya esto último, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, desde rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós en que las labores de este juzgado lo permitieron.
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