Carlos Gilberto Gama Gómez

Expediente 1780/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1780/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Carlos Gilberto Gama Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    **. TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 153 a 154 y 163 a 164), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de abril de la presente anualidad (foja 165) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 107 a 123), se determinó, por una parte sobreseer y por otra conceder a Carlos Gilberto Gama Gómez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: **Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 136 a 137). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el uno de febrero y doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 153 a 154 y 163 a 164, respectivamente), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que en treinta de enero de la presente anualidad realizó una transferencia bancaria SPEI por $23,728.69 (veintitrés mil setecientos veintiocho pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional) (foja 154). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 22 y 105), y que se realizó la transferencia bancaria SPEI precisada en el párrafo anterior el treinta y uno de enero de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho al mes de enero del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes diciembre de dos mil dieciocho entre el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020 y para el mes de julio de dicho año fue de 99.909, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.031138336. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) por el documento inscrito, respecto de la cantidad de $23,196.36 (veintitrés mil ciento noventa y seis pesos con treinta y seis centavos moneda nacional) es el importe de $22,889.36 (veintidós mil ochocientos ochenta y nueve pesos con treinta y seis centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.031138336), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $22,889.36 (veintidós mil ochocientos ochenta y nueve pesos con treinta y seis centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $23,602.09 (veintitrés mil seiscientos dos pesos con nueve centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $712.73 (setecientos doce pesos con setenta y tres centavos moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $23,602.09 (veintitrés mil seiscientos dos pesos con nueve centavos moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $23,728.69 (veintitrés mil setecientos veintiocho pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $126.60 (ciento veintiséis pesos con sesenta centavos moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo que obran a foja ciento cincuenta y tres y ciento cincuenta y cuatro, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo que obran a foja ciento cincuenta y tres y ciento cincuenta y cuatro, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; sin embargo, para que dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe comprobar la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada. **

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