Carlos Gilberto Can Canul

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Gilberto Can Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 299/2023-IV; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran la copia certificada del escrito de demanda de amparo; el auto admisorio de diecinueve de enero de este año; los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables; el emplazamiento de los terceros interesados *****, *****, *****, *****, *****, ****, ****** y ***** y los escritos por los que se apersonan; y con el resto de actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa con su escrito de demanda, así como con las remitidas por el tribunal responsable con su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó sus alegatos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordad, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 299/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ******, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad y de la Directora de Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El treinta de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por Carlos Gilberto Can Canul, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad y de la Directora de Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, por providencia de doce de enero de este año, en primer término, ordenó la separación de autos y admitió la demanda únicamente respecto al acto reclamado derivado del juicio agrario TUA 34/1453/2018. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado Por oficio de diecisiete de enero de este año, se recibió en este juzgado la demanda de amparo promovida por el quejoso, respecto a los actos derivados del juicio agrario TUA 34/1423/2018. En auto de diecinueve de enero siguiente este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda y la admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama como acto destacado una omisión de una autoridad jurisdiccional dentro de un procedimiento en el que la parte quejosa es tercera extraña, así como su ejecución; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS a) Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 Mérida, Yucatán La falta de emplazamiento al juicio agrario TUA-34 1423/2018 y, como consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la sentencia. b) Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán Merida, Yucatán c) Directora de Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán Hunucmá, Yucatán La ejecución de la sentencia sobre el predio rústico denominado San Antonio número uno, ubicado en el municipio de Hunucmá, Yucatán, con folio electrínico 961741. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos consistentes en la emisión de la sentencia dentro del juicio agrario TUA-34 1423/2018 y su correspondiente ejecución, que se atribuyen al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad y a la Directora de Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán, pues así lo señalaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 41, 43 y 82); sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado dichas manifestaciones. En efecto, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, se aprecia que el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de integración, como lo refiere expresamente dicha autoridad, pues falta el desahogo de la prueba pericial ahí ofrecida; por ende, aún no sea dictado sentencia y, en consecuencia, tampoco existe su ejecución. Documental a la que se le concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los diversos actos reclamados a la atribuidos al al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de emplazamiento al juicio de origen y todo lo actuado en éste, pues si bien negó los actos reclamados, de las constancias que remitió se advierte la existencia del indicado expediente en el que el aquí quejoso no figura como parte formal, así como su prosecución judicial; por tanto, se desvirtúa su negativa y se tienen por ciertos dichos actos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En la especie, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º y al diverso 6°, todos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que el acto o la ley reclamados, causen una afectación real y actual al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el menoscabo en la esfera jurídica de una persona, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que le corresponde en relación con los derechos o posesiones que se estiman transgredidos o, por su especial posición frente al orden jurídico. Dicho de otra forma, el perjuicio referido es la transgresión que una autoridad realiza cuando lesiona directamente la esfera de derechos de un gobernado, ya sea en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la facultad para promover la acción de amparo para protegerlos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 72, Séptima Parte, visible a página 55, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Con base en lo anterior, se desprende que el criterio general al que debe atenderse para la procedencia del juicio constitucional, es la afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso respecto de los derechos sobre los que aduce ser titular o, que por su especial posición frente al orden jurídico causen la pérdida de su disfrute; es decir, que el acto reclamado vulnere de manera directa o indirecta su esfera de derechos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia I.1o.T. J/38K, que aparece publicada a página 31 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 52, Abril de 1992, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." En ese sentido, debe decirse que para intentar la vía constitucional, la parte quejosa debe acreditar la afectación a sus intereses jurídicos con motivo de los actos de autoridad, es decir que resientan un perjuicio por la trasgresión a derechos legítimamente tutelados como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la comulación de 1988, Primera Parte, página 868, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, el ejercicio de la acción constitucional esta reservado únicamente a quienes resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia". Cabe acotar que el juzgador de amparo debe verificar si la parte quejosa, para efectos del juicio de garantías, demuestra que tales actos agravian su esfera de derechos, sin que pueda pensarse que las simples manifestaciones que se formulan en la demanda de amparo satisfacen dicho requisito. Sirve de sustento, por analogía, la jurisprudencia I.1o.T.J/59, de octubre de dos mil ocho, consultable a página 2180, del Semanario Judicial de la Federación, Cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." De esa forma, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso concreto, la parte quejosa comparece al presente juicio como persona tercera extraña al procedimiento de origen y reclama la falta de emplazamiento a éste y su tramitación; empero, dichos actos no le causan perjuicio alguno a sus prerrogativas constitucionales. Primeramente, es necesario señalar que el tercero extraño al procedimiento, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en el juicio de origen, opuesta a la de parte procesal. Jurisprudencialmente nuestro Máximo Tribunal equiparó a la persona extraña, a aquel sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Por tanto, existen dos supuestos de persona extraña a juicio: a) el tercero extraño en sentido estricto y b) el equiparado. Cuando se trata del tercero extraño propiamente dicho, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos de la concesión del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, visible a página 1305, del rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO." Sentado lo anterior, es evidente que para ser considerado, dentro del juicio de amparo, como tercero extraño al procedimiento de origen y obtener la protección de la Justicia Federal, se necesita demostrar que los actos reclamados ocasionaron un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado que acude a iniciar la acción constitucional respectiva, ya sea porque es parte en el juicio pero no fue debidamente emplazado o porque, no siendo parte tiene un derecho por deducir en el mismo. Sin embargo, en oposición a ello, los actos reclamados antes indicados, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte aquí quejosa, tutelados en la constitución política de los estados unidos mexicanos o en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, como son la vida, la libertad, la propiedad, la salud, el medio ambiente, etcétera. Por ende, sería ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, al no poderse concretar sus efectos, pues al no ser parte formal en la relación procesal, la litis no transgrede en contra del quejoso alguna prerrogativa constitucional. Esto, porque en el juicio de origen *****, reclamó de ******, diversas prestaciones relacionadas con las parcelas 374, 382 y 386 del ejido de Hunucmá, Yucatán; procedimiento en el que, como se señaló en párrafos precedentes aún no se dicta sentencia, por lo que no existe una declaratoria jurisdiccional sobre el derecho de propiedad que corresponde a las partes sobre dichos bienes inmuebles y, por ende, por sí, la falta de llamamiento al juicio y su tramitación no le causan perjuicio alguno a la parte aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/254 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, visible a página 1513, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En ese sentido, será hasta que el procedimiento de origen le cause un perjuicio real y directo, en su caso, cuando la parte aquí quejosa podrá acudir a reclamar, en la vía constitucional la protección de sus prerrogativas fundamentales relacionadas con el inmueble que en esta vía se pretende defender, pues, se insiste, al no ser parte formal de la relación procesal, la tramitación del juicio de origen, solamente afectaría, a las partes del procedimiento, quiénes al estar en condiciones de interponer los recursos de ley pueden lograr su modificación, revocación o nulificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.C. J/9 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, visible a página 150, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que se entenderán por actos consentidos tácitamente, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que la propia ley prevé. Sin embargo, cuando el quejoso no es parte en el juicio del que provienen los actos reclamados sino que es un tercero extraño, no es admisible estimar que deba promover juicio de garantías en contra de las actuaciones previas al mandamiento de la ejecución que se pretenda llevar a cabo en su perjuicio, pues precisamente por ser ajeno a la controversia suscitada, tales actuaciones no le causan por sí mismas el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional, sino que esos actos afectarían por principio a las partes del juicio, quiénes al estar en condiciones de interponer los recursos de ley pueden lograr su modificación, revocación o nulificación. En cambio, cuando las resoluciones dictadas en un juicio pretenden ejecutarse en perjuicio de ese tercero extraño, es cuando a éste se le causa el agravio personal y directo y es hasta entonces cuando se justifica la promoción del juicio de amparo. De ahí que si el tercero no está en condiciones legales de promover juicio en comento contra las actuaciones previas a la ejecución que sí afecta su esfera jurídica, se impone concluir que el conocimiento de esas actuaciones previas sin la consiguiente promoción del juicio de garantías dentro del plazo legal, no implica consentimiento tácito alguno, sino que el mandamiento de ejecución en su perjuicio, la notificación o el consentimiento del mismo constituirán los elementos que deban tomarse en cuenta para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo." No se inadvierte que en el juicio de origen, el Tribunal responsable ordenó el desahogo de una prueba de inspección, así como de una prueba pericial en materia de topografía a llevarse a cabo sobre las parcelas 374, 382 y 386 del ejido de Hunucmá, Yucatán; sin embargo, la parte quejosa no acreditó el interés que le asiste respecto de dichas porciones de tierra. En efecto, si bien obran en autos, copia certificada de a) una credencial para votar a nombre de Carlos Gilberto Can Canul, b) una certificación registral respecto del predio con folio electrónico 961741, c) un recibo de pago del pago de impuesto predial, d) un certificado de no adeudo predial, e) un plano catastral, así como dos cédulas catastrales de fechas quince de agosto de dos mil diecisiete y doce de mayo de dos mil veinte, con sus respectivos planos y f) un oficio con número de solicitud 18841-2022 de once de marzo de dos mil veintidós; lo cierto es que dichas probanzas solamente demuestran los actos que en ellos se consignan. Así, la credencial para votar, el registro de pago del impuesto predial, el certificado de no adeudo de éste, las cedulas catastrales y los planos catastrales, únicamente demuestran la afiliación del aquí quejoso al padrón electoral, el pago de una obligación sobre un inmueble, así como la inclusión de un predio en el padrón catastral, sin que dichos documentos tengan el alcance de demostrar algún derecho real sobre los inmuebles que ahí se mencionan. Además, las probanzas relativas al registro público tampoco tienen el alcance de acreditar la propiedad o posesión del inmueble que en esta vía se defiende, pues, por su naturaleza, tales documentales únicamente son declarativas y no constitutivas de derechos, ya que el vínculo real proviene del acto jurídico declarado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, visible página 654, del rubro y texto siguientes: "REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN EL. La anotación hecha a la escritura presentada ante el Registro Público de la Propiedad para su inscripción, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, pues el derecho proviene del acto jurídico declarado y no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." Aunado a que la parte quejosa no ofreció en estos autos la prueba de agrimensura correspondiente, con el fin de demostrar la identidad del inmueble que en esta vía se defiende con el que se ventila en el juicio de origen o que corresponde a una parte del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.1o.C. J/13 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, visible a página 1606, del rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Por consiguiente, si como ha quedado precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, de conformidad con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******, contra los actos de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Directora de Castro del municipio de Hunucmá, Yucatán, con residencia en la ciudad de Hunucmá, Yucatán, y anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el veintidós de los cursantes, e informa que ya devolvió a este órgano jurisdiccional la pieza postal del oficio 1125/2023; en consecuencia, se ordena glosar dicha pieza postal en autos, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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