Carlos Gilberto Can Canul

Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 42 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2023
Año
2023
Actuaciones
42
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Gilberto Can Canul
  • Lorenzo Vladimir Góngora Canul
  • Paula Aracely Maldonado Pech y Otros.
  • Lorenzo Vladimir Góngora Canul y Otros.
  • Magistrados del Tribunal Unitario Agrario 34, con sede en Mérida, Yucatán
  • Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Substancias Químicas de la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, los autos la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2023-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se declaró fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Lorenzo Vladimir Góngora Canul, respecto de los actos reclamados al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de esa Comisión, con residencia en Ciudad de México. Segundo. Por oficio sin número enviado en línea de fecha veintisiete de agosto del presente año, remitido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Comisionado Federal de dicha dependencia, con residencia en Ciudad de México, informó sobre el cumplimiento dado a la citada sentencia. Tercero. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el referido oficio y anexos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Cuarto. Por auto de veintinueve de septiembre del año en curso, se reiteró el requerimiento formulado al quejoso y se fijó nuevamente el término de tres días, de lo cual fue notificado el cinco de octubre referido; sin que a la fecha haya comparecido a recibir la autorización sanitaria ante este juzgado. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de las vistas que se le dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En la sentencia de que se trata, se concedió el amparo a favor del quejoso Lorenzo Vladimir Góngora Canul, para el efecto de que Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de esa Comisión, con residencia en la Ciudad de México, realizara lo siguiente: ".Deje insubsistente el oficio 223301EL354279, de veinte de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicte otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. (.)" Del examen del oficio sin número oficio de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, y recibido el veintisiete del propio mes, remitido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Comisionado Federal de dicha dependencia, con residencia en Ciudad de México, los cuales tienen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente: ( Que mediante diverso oficio COFEPRIS-CAS-19405-2023 de fecha dos de agosto del presente año, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), dejó insubsistente el oficio número 223301EL354279 de veinte de octubre de dos mil veintidós y además, emitió la autorización sanitaria a favor del quejoso para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), y del psicotrópico THC [tetrahidrocannabinol, los siguientes, y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocidos como "marihuana; sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). ( Además, estableció las obligaciones adquiridas por el aquí quejoso, con motivo de la autorización sanitaria otorgada, cuyo cumplimiento debía informar por escrito libre a aquella Comisión, a través del Centro Integral de Servicios de aquella institución. Por lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Sin que sea obstáculo, que el quejoso no haya comparecido a recibir el oficio relativo a la autorización sanitaria expedida a su favor como le fue notificado, pues ha quedado expuesto que la autoridad responsable acató los efectos de la sentencia, al dejar sin efecto el oficio señalado y otorgar la referida autorización. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de julio del año en curso, se formó un cuadernillo con el escrito del tercero interesado Paula Aracely Maldonado Pech, alias Paula Araceli Maldonado Pech, con el que señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados y formula alegatos; reservándose sobre su acuerdo, hasta en tanto se dictara la sentencia definitiva en el presente asunto; y, toda vez que el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, se ordena agregar el escrito de cuenta a los autos del expediente principal, para que se acuerde lo conducente. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez, Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 1/2023, que Carlos Gilberto Can Canul promovió contra actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 34 con sede en Mérida y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, compareció CARLOS GILBERTO CAN CANUL a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad; así como del Director del Catastro Municipal de Hunucmá, Yucatán, con residencia en esa localidad. SEGUNDO. Separación de juicios. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Primero de Distrito en Yucatán radicó la demanda de amparo con el número 1/2023; la admitió por lo que toca a los actos reclamados derivados del expediente TUA34/1453/2018, ordenó la separación de juicios respecto de los restantes actos reclamados y ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad, copia certificada de la demanda para que se turnada como corresponda. Se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y seguida la secuela del procedimiento, en su oportunidad se citó a las partes para la audiencia constitucional que previo diferimiento tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo aplicable, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: a) La falta de emplazamiento al expediente TUA 34/1453/2018. b) Y sus consecuencias legales, consistentes en la resolución dictada en el citado expediente y su ejecución sobre el predio rústico denominado San Antonio Número Uno, ubicado en el municipio de Hunucmá, Yucatán, con folio electrónico 961741. Tercero. Actos existentes. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 y el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron ser ciertos los actos que se les reclaman dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo tanto se tienen por existentes los actos reclamados. Por su parte, la Directora del Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán, señaló no ser cierto el acto que se le atribuye; sin embargo al ser autoridad ejecutora del acto que acepta la ordenadora, sus actos se consideran de inminente ejecución y por lo tanto se tienen por existentes. Cuarto. Estudio de la causa de improcedencia que este juzgado advierte de oficio. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Precepto legal que guarda relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que la parte quejosa demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime transgredido por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/2007 , de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros; en consecuencia, el interés afectado que se requiere para la procedencia del juicio de amparo es aquel que es reconocido por el derecho. Por ello, no existe derecho subjetivo, ni por tanto interés jurídico, cuando se tiene sólo una facultad o potestad, reconocida por la norma, sin que tal facultad pueda imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, es indispensable que el ordenamiento jurídico, otorgue la potestad para obtener coercitivamente su respeto. De manera que, para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo realizado con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello traerá como consecuencia el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico del quejoso debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado del quejoso. Bajo ese esquema de pensamiento, este juzgador estima que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de Ley de Amparo, por no haberse acreditado el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al amparo; lo anterior por las razones que a continuación se señalan. En el caso, el promovente se duele de la falta de emplazamiento al juicio agrario TUA 34/1453/2018, promovido por Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz, en contra de Paula Araceli Maldonado Pech, que se siguió ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, porque refiere que la sentencia dictada en dicho procedimiento, afecta su derecho de copropiedad en una parte, del predio rústico denominado San Antonio Número Uno, de Hunucmá, Yucatán, sin haber tenido oportunidad de defender sus derechos en dicha contienda, al no haber sido llamado a comparecer. De las constancias certificadas que remitió el Tribual responsable a este juzgado, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2o. de la Ley de Amparo, se advierte, entre otras cosas, lo siguiente: Que en la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se precisó que la litis en el juicio en lo principal, consistía en determinar si la parte actora Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz, acreditaba o no los elementos de su acción, relativa al reconocimiento como titular y posesionario de la parcela 410, asignada en la asamblea celebrada el siete de febrero de dos mil quince, en el núcleo agrario de "Hunucmá", municipio de Hunucmá, Yucatán, así como el mejor derecho a poseer dicha unidad parcelaria; y demás prestaciones accesorias. Asimismo, se expuso que la litis del juicio en reconvención, consistía en determinar si Paula Aracely Maldonado Pech y/o Paula Araceli Maldonado Pech, acreditó o no la validez de la escritura que avala la titularidad de la superficie identificada como San Antonio Número 1, ubicada en el municipio de Hunucmá, Yucatán, inscrita en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; el mejor derecho a poseer la parcela 410; la nulidad del acuerdo de asamblea celebrada el siete de febrero de dos mil quince, única y exclusivamente en cuanto a la asignación de la parcela 410, a favor de Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz; la declaración como posesionaria de dicha parcela; y demás prestaciones accesorias que deberían acreditarse. En cuyo estudio, el Tribunal del conocimiento, en lo conducente, asentó: "Por otra parte, la demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, con el objeto de acreditar que tiene mejor derecho a poseer la parcela en litigio como quedó establecido con antelación ofreció la documental consistente en la certificación de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y tres, de los autos del juicio de sucesión intestada de menor cuantía del señor José Esteban Pech Acosta (Alias) José Esteban Pech Castro (Alias) Esteban Pech, expedidas por el Juez Único de Paz de Hunucmá, Yucatán, para que le sirviera de título de propiedad a la adjudicataria señora Paula Aracelly Maldonado Pech, respecto de la vigésima parte del paraje denominado "San Antonio número Uno" ubicado en la localidad y municipio de Hunucmá, Yucatán, que provenía de la escritura de compraventa otorgada en escritura de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, ante el escribano público número doce de esta ciudad de Mérida. Así como las documentales consistentes en la constancia de no adeudo predial, plano y cédula catastral del tablaje denominado San Antonio Número Uno, en la localidad dé Hunucmá, municipio de Hunucmá, Estado de Yucatán" expedido por la Dirección de Catastro Municipal de Hunucmá. Sin embargo, ninguno de los medios probatorios aludidos genera a favor de la parte demandada elementos de prueba para justificar sus excepciones y defensas y probar que tiene mejor derecho a poseer la parcela en litigio o, que el ejido debe respetar como propiedad privada. Por el contrario, con el desahogo de la prueba pericial, como se señalará más adelante, en el juicio se demostró que esas tierras son ejidales y propiedad del núcleo agrario de "Hunucmá", municipio de Hunucmá, Estado de Yucatán, así como que no se advierte que los documentos presentados por la parte demandada provengan de la transmisión que hubiese realizado a su favor el ejido de que se trata. [.] Por tanto, si la adjudicación de la superficie en litigio identificada como la vigésima parte del paraje denominado "San Antonio Número Uno" ubicado en la localidad y municipio de Hunucmá, Yucatán y que fue materia del juicio de sucesión intestada de menor cuantía del señor José Esteban Pech Acosta (Alias) José Esteban Pech Castro (Alias) Esteban Pech, expedidas por el Juez único de Paz de Hunucmá, Yucatán, provenía de la escritura de compraventa otorgada en escritura de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, ante el escribano público número doce de esta ciudad de Mérida (Fojas 187 a 197); es incuestionable que tanto la escritura pública aludida como la transmisión efectuada en el juicio sucesorio son nulas de pleno derecho, porque atentan contra lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia agraria, los numerales 138 y 139 del entonces vigente Código Agrario del 31 de diciembre de 1942, 73 y 74 de la Ley Agraria. En este contexto, acorde a la solicitud de nulidad vía excepción de María Natividad del Rosario León Cob, al contestar la demanda en reconvención instaurada en su contra, se declara la nulidad de pleno derecho de los autos del juicio de sucesión intestada de menor cuantía del señor José Esteban Pech Acosta (Alias) José Esteban Pech Castro (Alias) Esteban Pech, expedidas por el Juez Único de Paz de Hunucmá, Yucatán, para que le sirviera de título de propiedad a la adjudicataria señora Paula Aracelly Maldonado Pech, respecto, de la vigésima parte del paraje denominado "San Antonio Número Uno" ubicado la localidad y municipio de Hunucmá, Yucatán; así como la escritura de compraventa otorgada en escritura de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, ante el escribano público número doce de esta ciudad de Mérida, la primera, por contravenir lo dispuesto en los artículos 138 y139 del entonces vigente Código Agrario del 31 de diciembre de 1942, y la segunda, por tener su origen en un acto nulo y contravenir los artículo 73 y 74 de la Ley Agraria. [.] R E S U E L V E: PRIMERO. En el juicio en lo principal el actor Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz, acreditó los hechos constitutivos de su acción; por su lado, la parte demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, no justificó sus excepciones y defensas, conforme los fundamentos y argumentos esgrimidos en los considerandos V, VI, VII y VIII de esta sentencia. SEGUNDO. Por tanto; resulta procedente declarar que el actor Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz, tiene mejor derecho a poseer la parcela 410, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario Hunucmá", municipio de Hunucmá, Estado de Yucatán, con superficie de 00-02-07.376 hectáreas, en relación a la parte demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, acorde a los fundamentos y los argumentos expuestos en los considerandos V, VI, VII y VIII de este fallo. TERCERO. En consecuencia, se reconoce a la parte actora como legítimo poseedor de la parcela 410, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario "Hunucmá", municipio de Hunucmá, Yucatán y se condena a la parte demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, a no perturbar al actor Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz, en la posesión de la parcela aludida, en términos de lo fundado y razonado en los considerandos, V, VI, VII y VIII de este pronunciamiento. CUARTO. En el juicio en reconvención Paula Aracely Maldonado Pech, también conocida como Paula Araceli Maldonado Pech, no acreditó los hechos constitutivos de sus acciones promovidas en contra de Jorge Luis Ceballos Díaz también conocido como Luis Ceballos Díaz; por tanto, resultan improcedentes las pretensiones principales y accesorias que ejercitó; en consecuencia, se absuelve a la parte actora y demandada en reconvención de todas y cada una de las pretensiones ejercitadas en su contra y que se encuentran identificadas en la reconvención; por los motivos expuestos en los considerandos V, Vi, VII y VIII de este pronunciamiento." Como puede verse, la materia del juicio agrario respecto del cual la parte quejosa reclama que no se le haya emplazado, se constriñó a la posesión de la parcela 410, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario Hunucmá", municipio de Hunucmá Ahora, en este juicio de amparo, para acreditar su interés jurídico, el quejoso ofreció las siguientes pruebas: a) Copia simple de la credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. b) Impresión de la inscripción vigente de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, expedida por el Registro Público y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, certificada digitalmente, relacionada con el predio que defiende el quejoso, de la cual se advierte que ante la autoridad registral el quejoso aparece como copropietario de una vigésima parte del predio San Antonio Número Uno, de Hunucmá, Yucatán. c) Copia simple de un recibo de pago de impuesto predial, de doce de enero de dos mil veintidós. d) Copia simple del certificado de no adeudo del impuesto predial, de doce de enero de dos mil veintidós, expedido por el Tesorero Municipal de Hunucmá, Yucatán. e) Copia simple del plano catastral, de doce de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Director del Catastro Municipal de Hunucmá, Yucatán. f) Copia simple de la cédula catastral de quince de agosto de dos mil diecisiete, expedida por el Director del Catastro Municipal de Hunucmá, Yucatán. g) Copia simple de la cédula catastral de doce de mayo de dos mil veinte, expedida por el Director del Catastro Municipal de Hunucmá, Yucatán. h) Historial registral de once de marzo de dos mil veintidós, expedido por el Registro Público y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, certificada digitalmente. Esas documentales aun valoradas en su conjunto, son insuficientes para justificar, por una parte, el derecho de copropiedad que asevera tener el aquí quejoso respecto del predio San Antonio Número Uno, de Hunucmá, Yucatán; y por otro lado, que la vigésima parte del inmueble que le corresponde, sea la que fue materia de la litis en el controvertido agrario - la parcela 410, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario Hunucmá", municipio de Hunucmá-, ya que no son aptas ni idóneas para acreditar su dicho, pues no se advierte elemento alguno que lleve al suscrito juzgador a concluir que tiene algún derecho real sobre el inmueble que defiende en esta instancia constitucional. En efecto, la credencial para votar, el registro de pago del impuesto predial, el certificado de no adeudo de éste, las cédulas catastrales y los planos catastrales, únicamente demuestran la afiliación del aquí quejoso al padrón electoral, el pago de una obligación sobre un inmueble, así como la inclusión de un predio en el padrón catastral, sin que tengan el alcance de demostrar algún derecho real sobre el bien raíz. En cuanto a los medios probatorios expedidos por la oficina registral del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, tampoco tienen el alcance de acreditar la propiedad del inmueble, pues de ellos únicamente deriva, lo que ahí se declara, y que fue inscrito para efectos publicitarios, pero en modo alguno pueden ser constitutivos de derechos. Al caso, se cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 654, del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN EL. La anotación hecha a la escritura presentada ante el Registro Público de la Propiedad para su inscripción, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, pues el derecho proviene del acto jurídico declarado y no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." Aunado a lo anterior, cabe destacar que el quejoso no ofreció en estos autos, la prueba pericial correspondiente, con el fin de acreditar la identidad del inmueble que en esta vía se defiende con el que se ventila en el juicio de origen -la parcela 410, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario Hunucmá", municipio de Hunucmá-, y que efectivamente corresponde a la vigésima parte que afirma le pertenece. Resulta aplicable, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la foja 1606, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190377, que menciona: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." De manera que, el solicitante del amparo debió demostrar fehacientemente, que lo resuelto en el juicio agrario, le genere una afectación a sus derechos fundamentales, primero, con la titularidad del derecho de propiedad de la vigésima parte del predio San Antonio Número Uno, de Hunucmá, Yucatán; y segundo, con la acreditación de que es el mismo bien inmueble controvertido en el juicio agrario de origen, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que el derecho de propiedad derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere; lo que no demostró en el presente juicio. En este orden de ideas, al no acreditarse fehacientemente el interés jurídico que le asiste al quejoso para promover la instancia constitucional; tomando en consideración que dicho interés debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en el caso no se acredita el referido extremo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio constitucional invocada en el presente considerando, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que se le reclaman al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos ejecución atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y a la Directora del Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán, por no haberse reclamado por vicios propios. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo aplicable, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo que promovió Carlos Gilberto Can Canul. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, y toda vez que el quejoso no ha comparecido a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, como se le requirió en acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se requiere nuevamente para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este Juzgado de Distrito, o bien, sus autorizados, a fin de que le sea entregada la copia certificada con firma electrónica de la autorización sanitaria remitida con el oficio de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con sede en Ciudad de México, para los fines solicitados, previa constancia de recibo que se deje en autos. Apercibiéndola que de no hacer lo anterior, se podrá declarar la imposibilidad jurídica de cumplir con la ejecutoria dictada en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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